El veto presidencial dictado contra la ley jubilatoria votada por las dos cámaras del Congreso es el último acto de guerra de Milei contra la clase trabajadora. Varias encuestas comienzan a mostrar un giro en la posición ambivalente y confusa que ha mostrado la opinión pública hasta el momento. El Gobierno se juega a quebrar los dos tercios de los votos que reunió el Parlamento cuando aprobó la ley. Desde varios ámbitos patronales le dicen que comete un error, porque la ley no modifica, ni mínimamente, la confiscación de las jubilaciones que se viene cometiendo desde 2017, acelerada a partir de la hiper desatada en diciembre último, ya bajo el gobierno actual, cuando la inflación alcanzó el 25 % mensual. Le advierten, además, que la adopción de una ley para esta consolidación del desfalco contra la población que ha superado la edad laboral ofrece mayor seguridad que un decreto como al que recurrió Milei para "corregir" con un aumento del 12 % la inflación del 20 % de enero pasado. Le recuerdan, finalmente, que la modificación que ha introducido el Congreso al incorporar la mitad de la diferencia entre la inflación y los salarios, si estos fueran superiores, en marzo de cada año, no tendrá efecto práctico, porque los salarios mantendrán, a esa fecha de 2025, el rezago anual con la inflación.
Los críticos no saben, o fingen no saber, que Milei y Caputo están embarcados en una política deflacionaria que impone un corte creciente del gasto público; por eso golpea también a las universidades y ha anunciado que las paritarias no podrán recibir aumentos salariales superiores al 2 % mensual. El veto no es una medida aislada: es una lluvia de drones para golpear las defensas de los trabajadores. El mismo personaje que había declarado su intención de destruir el peso ahora proclama su propósito de querer valorizarlo. Es que como toda la deuda pública se compone de títulos en dólares o ajustados por dólar o inflación, no podría pagar los intereses y el capital de corto plazo si ocurre una devaluación, sino que debería declarar un default. Para la consultora de Martín Redrado, los vencimientos de capital e intereses en dólares “se perciben importantes”, es decir, impagables. La participación de bancos en licitaciones de deuda interna es elevada, pues representa más del 65 % del pasivo, y el único préstamo externo que puede obtener es ofreciendo como garantía las reservas de oro del Banco Central a un plazo no mayor a los seis meses, aunque su monto no supere los 3.000 millones de dólares. Como consecuencia de esta deflación, la industria ha caído, en ocho meses, un 16 %. El llamado “equilibrio macroeconómico” tiene lugar hacia abajo, no hacia arriba, con un producto bruto caro en moneda extranjera, pero en caída en términos de volumen de producción. Caputo se propone alcanzar tasas positivas de interés para los bancos locales, mediante una continua deflación del peso. Esta orientación delata la hoja de ruta del capital financiero.
Aunque Martín Tetaz, el diputado de la UCR que ha presentado un proyecto de ley para abolir la jornada de ocho horas, le diga a La Nación (2/9) que “los resultados fiscales son consistentes y buenos”, la realidad es la contraria, porque el Gobierno ha inflado un superávit financiero a fuerza de convertir el pago de intereses en nueva deuda, sin registrar el pago sino como un gasto devengado. Ese impago alcanza al billón de pesos mensual: mil millones de dólares. Milei y Caputo fuerzan un choque con el Congreso por la ley jubilatoria porque su política económica está fundida y no se observa que tengan otra de repuesto. El dúo de la deflación ha pagado en los últimos días los intereses y vencimientos de la deuda pública en dólares -mil millones de dólares, aproximadamente- mediante el uso de depósitos en dólares privados, que los bancos guardan como encaje en el Banco Central. En diez días más, la Administración de LLA deberá presentar el proyecto de Presupuesto para 2025, donde presentará cifras sin sustento, que un Parlamento normal no dejaría pasar. La ley que Milei ha vetado le servirá al Congreso como excusa para votar a favor un Presupuesto ficticio.
El cepo al dólar se ha convertido, como nunca antes bajo los “despilfarradores fiscales”, en la valla defensiva del plan económico de un gobierno partidario de la libertad comercial y empresarial. Es el ancla del programa deflacionario. Lo celebró Caputo hace un mes como el muro protector contra el derrumbe que sufrieron las Bolsas de Nueva York, Tokio y Shanghai. Pero los agujeros del muro se dejaron ver enseguida con la devaluación del real brasileño, que encarece las importaciones del vecino país y abarata sus exportaciones. Con eso en vista, VW anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Brasil y el despido de 600 obreros en Argentina. El real tiene por delante un recorrido de crisis, desde que acaba de anunciarse que el déficit fiscal de Brasil ha alcanzado el 10 % del PBI. En junio pasado, luego de que una reducción de la tasa de interés del Banco Central desatara una corrida cambiaria y llevara el dólar paralelo a más de 1.500 pesos, Caputo puso a fondo el freno de mano y reforzó el retiro de pesos del mercado, incluso vendiendo dólares en el mercado paralelo. La baja del paralelo ha servido para que las grandes empresas repatrien dinero a sus casas matrices en el exterior. El ministro de Economía es un operador de los fondos financieros.
La cuestión del veto tiene una arista incluso más relevante que servir como muestra de que las finanzas públicas ‘libertarias’ están en ruinas. Milei la ha emprendido contra el subsidio a las personas descapacitadas que paga ANSeS y se apresta a anunciar una fuerte reducción de las pensiones no retributivas. Como lo dijo a un periodista en la semana que pasó, tiene el propósito de abrir el negocio de la previsión social a la compañías de seguros nacionales y especialmente extranjeras. El negocio asegurador apunta a obtener las ventajas que ofrece el RIGI y, para el Gobierno, constituye una fuente de dólares, junto a la minería, Vaca Muerta y las privatizaciones masivas, pero de acceso más rápido. Lo que está en juego no es la diferencia del 8 % entre lo que determina el decreto de Milei y la ley del Congreso, sino la apertura de una veta de negociados para el capital financiero. Con este objetivo, el régimen actual quedará como una pensión a la vejez, para lo cual cualquier mejora del haber jubilatorio es negativa. Milei y Caputo, como antes Carlos Menem, procuran “monetizar” activos económicos y ambientales y derechos sociales. En el caso del nuevo Fondo de Empleo que sustituirá a las indemnizaciones actuales, su manejo servirá para lucrar con el dinero acumulado en diversas inversiones financieras de corto plazo, probablemente a cambio de una aseguradora.
El episodio del veto ha servido para mostrar que a pesar de los reclamos internacionales para que Argentina respete la división de poderes y la seguridad jurídica, Milei está forzado a gobernar por medio de decretos y de vetos para sostener una política económicamente costosa e inviable. La burocracia sindical de todos los colores se declaró prescindente frente a la amenaza del veto y luego a su ejecución. Fue el período más intenso de colaboración de la CGT con el gobierno. Pero desató una valiente reacción del activismo de los jubilados y golpeó políticamente al conjunto de los trabajadores. Desató también una rebelión de la docencia de Entre Ríos, que obligó al arbitraje del Poder Judicial de la provincia. La deliberación en los lugares de trabajo y estudio crece todos los días. A nueve meses de la asunción de un gobierno que ha actuado como una topadora contra los trabajadores, ni el régimen se ha fortalecido, ni su política se ha tornado viable -al contrario- y sube la caldera popular. El escenario de una gran confrontación sigue abierto.
Jorge Altamira
02/09/2024
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