La oficialista Asamblea Nacional Constituyente le quitó el martes la inmunidad al golpista Guaidó abriendo la puerta a enjuiciarlo o detenerlo. Qué hay detrás de esta política en un momento de impasse en la ofensiva del imperialismo.
El gobierno de Maduro, vía la fraudulenta "Asamblea Nacional Constituyente” (ANC), compuesta en su totalidad por los leales a Maduro, dio luz verde este martes para que se le pueda abrir un enjuiciamiento a Juan Guaidó, la cabeza de la avanzada golpista en el país organizada por el imperialismo.
En una sesión con gritos de "¡paredón!", la ANC retiró en los hechos la inmunidad de Guaidó, luego que el lunes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, otro órgano estatal al servicio de Maduro, le “solicitara” el “allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó por desacatar en febrero una decisión que le prohibía salir del país.
Recordemos que la Asamblea Constituyente, montada bajo uno de los procesos electorales más viciados y fraudulentos, a mediados del 2017, se autoproclamó plenipotenciaria y supraconstitucional, siendo en los hechos un instrumento de las camarillas bonapartistas del régimen político de Maduro. En tal organismo no existe siquiera el llamado chavismo disidente o crítico, que fue anulado bajo los más variados artilugios, y sobre los electos no se sabe incluso hasta hoy por cuántos votos fueron elegidos, nunca se hizo público.
Electa bajo mecanismos amañados favorables a las estructuras del partido de gobierno, con participación solo de candidatos afines al mismo y con unos “resultados” cuya única prueba son las declaraciones de los propios funcionarios gubernamentales, este suprapoder, que se arrogó las potestades del poder legislativo y que pudo imponerse como tal por contar con el apoyo de las FF.AA., lejos de expresar algún verdadero poder constituyente del pueblo, significó todo lo contrario, el fortalecimiento del poder constituido.
El punto primero del decreto de la fraudulenta Constituyente establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá "en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".
Como la Asamblea Nacional está considerada en “desacato” por el propio gobierno, también vía el afín Tribunal Supremo de Justicia, las facultades del legislativo se las arroga la susodicha Asamblea Constituyente que prácticamente solo se reúne para levantar la mano para dar visto bueno a todo lo que emana del Ejecutivo.
"Queda el Supremo autorizado y démosle el tiempo a la justicia", señaló Diosdado Cabello, presidente de esa instancia. El conocido como el número dos del chavismo en el poder, defendió la tramitación de la notificación del Supremo a través de la ANC afirmando que la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el máximo tribunal, no funciona. "No hay una Asamblea Nacional en ejercicio, está en desacato", dice Cabello.
La fiscalía, cuya principal cabeza, Tarek William Saab, es otro funcionario más del gobierno, nombrado por esta misma ANC quien destituyó a la anterior fiscal, mantiene una investigación abierta a Guaidó después de que este se autoproclamase “presidente encargado” el 23 de enero, para lo que el TSJ aprobó el 29 de enero, y ratificó este lunes, medidas cautelares de prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes.
El gobierno de Maduro también, a través de la Contraloría General de la República, prohibió a Guaidó ocupar un cargo público durante 15 años por supuestamente ocultar o falsificar datos en su declaración jurada de activos, puesto que, de acuerdo con el gobierno, no concuerda la cantidad de viajes y gastos que ha hecho con lo que puede cubrir con el sueldo de diputado y los ingresos que declaró.
Por su parte, Guaidó reaccionó llamando a una "mega protesta estratégica organizada" desde este sábado cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad". Reiterando además que la ANC, "no existe". "Tendrán que responder a esos países del mundo al dar un golpe de estado", declaró, informando que ha tenido conversaciones con cancilleres de varios países que le “manifestaron preocupación” por la medida de la ANC.
Lo dijo en la misma tónica de Marco Rubio, el senador republicano que más ha venido estando a la cabeza de la avanzada imperialista del golpismo quién declaró, vía Twitter, que “Cualquier esfuerzo para secuestrar a Guaidó debe ser considerado un golpe de estado por cada nación que lo ha reconocido como el legítimo Presidente interino de #Venezuela. Y cualquier persona que coopere con esto debe ser tratada como un trazador de golpe y tratado en consecuencia”.
El discurso de Marco Rubio fue el mismo repetido por Guaidó en Venezuela e incluso por sus seguidores y representantes en Estados Unidos, lo que expresa bien claramente cómo desde Washington se sigue marcando la línea política a la derecha local.
Hasta ahora, el gobierno no había tomado ninguna acción concreta contra Guaidó, y aún no está claro si tomará medidas luego de la “decisión” de la Asamblea Constituyente. La administración de Trump ha amenazado al gobierno con “una fuerte respuesta” si Guaidó es afectado. Aunque Maduro podría estar evaluando fuerzas en medio de la presión internacional.
Es más que claro que Guaidó representa lo más rancio de la derecha venezolana, y se transformó en un títere de Washington cuando se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, en toda una avanzada golpista. Guaidó conspiró y conspira con Estados Unidos y otros gobiernos reaccionarios (como el de Colombia, entre otros), llegado al extremo de “evaluar” pedir una intervención militar, además de venir apoyando las sanciones económicas y el bloqueo de activos del país como Citgo además de la incautación de las cuentas líquidas que perjudican los intereses de Venezuela, medidas que de conjunto llevan a aumentar las miserias y calamidades del pueblo. Pero no nos podemos dejar engañar con estas medidas de Maduro.
No es apoyando ni avalando al gobierno de Maduro y sus medidas que solo perfeccionan todo su régimen autoritario de la mano de los militares, y organismos que nadie eligió como el Tribunal Supremo de Justicia y la fraudulenta Asamblea Constituyente que se va a enfrentar cualquier avanzada golpista. Instituciones a través de las cuales se han venido sometiendo y reprimiendo a los trabajadores.
Maduro se ha llenado la boca hablando contra el imperialismo, pero en toda esta ola de agresiones no ha tomado la menor medida antiimperialista, por el contrario, con sus medidas le ha allanado el camino a toda esta ofensiva, al descargar brutalmente la bancarrota del capitalismo rentístico y dependiente sobre los hombros del pueblo y tomar un curso cada vez más autoritario y represivo ante su pérdida de base social. Lo acabamos de ver incluso recientemente, recurriendo a fuerzas represivas letales como las FAES y a grupos paraestatales armados para enfrentar y reprimir legítimas protestas del pueblo pobre y trabajadores por reclamar por el elemental derecho al agua y la electricidad.
Métodos y medidas que solo descargan la crisis sobre el pueblo, mientras entregan recursos a países como Rusia, China y empresas imperialistas. Por eso también decimos que no será recostándose sobre Rusia que pueda venir algo progresivo, donde lo único que vendrá es dependencia y sometimiento al país al juego político internacional. Además, son medidas que se usarán probablemente para negociar alguna salida que no tiene nada de progresivo para los trabajadores. Por eso profundiza su carácter autoritario y represivo.
Por todo esto, si bien seguimos sosteniendo que hay que derrotar el intervencionismo imperialista y sus objetivos golpistas, del cual Guaidó es la pieza central en el país, no es en modo alguno respaldando medidas que solo buscan fortalecer la capacidad de coacción y represión del mismo régimen que golpea las libertades democráticas del pueblo.
Si realmente se quisiera enfrentar al imperialismo y su ofensiva, el gobierno estaría tomando medidas económicas verdaderamente anti-imperialistas, que golpearan a este realmente, como el desconocimiento de la deuda externa, la nacionalización sin pago de las empresas imperialistas en el país (empezando por las del sector petrolero), la anulación de los tratados de no doble tributación, etc., así como quitando de encima de los trabajadores y sectores populares todo el fardo de leyes que criminalizan las luchas y toda la política represiva que lleva adelante el gobierno.
Al contrario de esta perspectiva, el gobierno solo aprovecha el impasse en que está la ofensiva imperialista –por no poder quebrar a las FF.AA. ni avanzar en sus objetivos inmediatos–, para poner en acción los mecanismos de su régimen bonapartista, el mismo que también golpea al pueblo trabajador y a la izquierda opuesta al gobierno.
Para derrotar realmente al imperialismo hace falta la más amplia movilización combativa de las masas trabajadoras, el despliegue de su iniciativa y capacidad de lucha, si el gobierno realmente estuviese interesado en eso tendría que comenzar por echar abajo el Estado de excepción, anular los juicios a trabajadores por luchar, liberar a los trabajadores presos, cesar el uso de los cuerpos policiales y paraestatales contra el pueblo.
Pero para esto la clave es la organización independiente de la clase trabajadora, los sectores populares y el conjunto de los explotados enfrentando la agresión imperialista y la miseria a que son sometidos.
Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon
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