Solo una movilización antiimperialista de los trabajadores puede terminar esta rapiña.
El fallo del tribunal de Nueva York que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a un buffet de abogados buitre es la coronación de uno de los capítulos más infames del saqueo de la Argentina por el imperialismo, los capitalistas criollos y sus gobiernos. Milei le echa la culpa al "inútil soviético" de Kicillof para presentarlo como el resultado de un estatismo negligente, cuando por el contrario es una muestra del carácter buitre del capitalismo argentino.
Toda la trama que termina en este juicio es una estafa monumental, en la que dejaron sus huellas digitales los gobiernos capitalistas de todos los colores que se alternaron en las últimas décadas .
La demanda alega que cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, en 2012, se incumplió un estatuto que ordenaba compensar por igual al resto de los accionistas. Esa norma, alevosamente inconstitucional, pretendía bloquear toda posibilidad de intervención estatal en la petrolera que rige la industria energética en el país. De respetarse se hubiera duplicado la usura que pactó el gobierno de Cristina Kirchner con Repsol en 2014, con Axel Kicillof como ministro emisario, fijando una indemnización de 8.900 millones de dólares (si contamos los intereses de los bonos con que se pagó) a pesar del vaciamiento perpetrado por el pulpo español y los pasivos ambientales con que dejó a YPF.
El "damnificado" sería el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que en aquel momento controlaba el 25% de las acciones de la compañía, adquiridas por medio de un fraude concertado para terminar de vaciar la petrolera. Fijémonos.
Los Eskenazi son un exponente del empresariado que hizo buenos negocios con el remate de las empresas públicas en los '90, cuando entre otras se quedaron con el Banco de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, quien por entonces desde la provincia petrolera apoyaba también la privatización menemista de YPF. Años después, el mismo Kirchner impulsaba desde la presidencia la “argentinización de YPF”... para que los Eskenazi se hicieran con el 25% de la compañía sin poner un solo peso.
Para eso, los Eskenazi crearon en España las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma sin activos ni actividad. Compraron las acciones de YPF gracias a un préstamo de un consorcio bancario y de la misma Repsol, que ni siquiera le pidieron garantías porque acordaron que se repagaba con el giro de utilidades de la propia empresa. Una maniobra fraudulenta por la cual entre 2008 y 2011 se repartieron entre ambos grupos empresarios dividendos por casi 6.000 millones de dólares, a pesar de que las ganancias fueron de unos 4.000 millones.
Sin reinversión alguna, YPF fue sobreendeudada (su pasivo saltó de 3.000 a 9.000 millones de dólares) mientras la producción de petróleo cayó 21% y la de gas un 10%, las reservas netas se desplomaron un 24% y la exploración tocó el punto más bajo de su historia. El país, mientras tanto, caía en un descomunal déficit en su balanza energética debido a la necesidad de importar combustibles.
En aquellos años, Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera respectivamente, y cobraban millonarias bonificaciones extrasalariales que no eran aprobadas por la asamblea de accionistas. Luego de la expropiación a Repsol la administración prohibió el giro de dividendos y el Grupo Petersen se declaró en quiebra por no poder afrontar las deudas con los bancos extranjeros. En 2015 vendió el derecho a litigar a un estudio de abogados inglés, Burford Capital, por 15 millones de dólares (menos del 0,1% del monto fijado ahora por el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska).
Burford es un fondo de cobertura (hedge fund), lo que significa que es un buffet de abogados caranchos que hacen negocios con la compra de derechos de litigio de empresas quebradas para después cobrar los juicios. De hecho, vendiendo parte de esos derechos ya multiplicó por 20 su "inversión" inicial en este caso. Es análogo a lo que hacen fondos buitre que compran títulos de deuda defaulteada que valen centavos para exigir después el pago total. Los argentinos ya conocemos esta carroña.
Es un secreto a voces que entre los que se asociaron a Burford en este megaestafa hay varios empresarios argentinos. Una prueba es que parte de la sentencia sería cobrada por el fondo buitre Eton Park Managment, socia de Pampa Energía en el negocio con las privatizadas energéticas, incluidos enjuagues como la compra fantasma de la empresa Iecsa al entonces presidente Macri y su primo Ángelo Calcaterra. Usó para eso la plata que cobró del fallo de Thomas Griesa (precursor de Preska), que obligó a pagarle casi 10.000 millones de dólares a un puñado de fondos buitre que no ingresaron a los canjes de deuda de los Kirchner.
Burford supo aprovechar los tiempos políticos. Inició sus acciones legales cuando Cristina y Kicillof ya ensayaban su política de “vuelta los mercados”, que incluía el pago de todas las sentencias contra Argentina en los tribunales internacionales del Ciadi -que insumieron 1.000 millones de dólares durante los últimos años del mandato de CFK. Como todavía hoy tenemos a un gobierno cuya estrategia se reduce a lograr acceder al mercado de crédito internacional, podemos descontar que la apelación de Milei a este fallo solo busca ganar tiempo y finalmente negociar el pago multimillonario mediante una nueva megaemisión de bonos de deuda.
Lo dicho permite ver que la política de intentar complacer al capital financiero internacional es como un barril sin fondo, y que el saqueo del país por estos buitres es lo verdaderamente inviable. No el "sovietismo", sino el estatismo capitalista. Por eso en solo una semana el "market friendly" Milei vio cómo el JP Morgan le bajó el pulgar a la bicicleta financiera con bonos de deuda y el Morgan Stanley mantuvo la peor calificación para la inversión en acciones argentinas. Ahora, con el fallo buitre, se recrudecen las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda, y además se complican operaciones de endeudamiento corporativo como la que iba a financiar el oleoducto Vaca Muerta Sur para exportar crudo.
Esta estafa es el corolario lógico de la "renacionalización" trucha de YPF por el kirchnerismo, que mantuvo a la compañía como sociedad anónima que cotiza en Wall Street y se asoció a la yanqui Chevron para impulsar el negocio de Vaca Muerta. Hoy los habitantes del país pagamos el triple por calefaccionarnos y la nafta a precio internacional, mientras un puñado de pulpos hizo grandes negocios exportando petróleo. Por esa orientación social, y cuando su estrategia es que el gran capital los vaya a buscar cuando fracase el experimento Milei, el peronismo ni insinúa la necesidad de una movilización popular contra esta intromisión buitre de un juzgado de Nueva York que ni siquiera tiene competencia en el asunto.
Solo la clase obrera tiene un interés en combatir este saqueo, y puede impulsar una movilización antiimperialista del pueblo argentino para impedir que se consume esta nueva estafa, reclamar la nacionalización integral de la industria energética en función de las necesidades del país, y en definitiva pelear por la ruptura con el capital financiero internacional que hunde a la Argentina en un espiral descendente de devaluaciones, defaults, tarifazos y empobrecimiento.
Iván Hirsch
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