La reforma laboral ´de Milei´ ya tiene casi dos años de extensión, desde la votación por parte del peronismo y la burocracia sindical de la Ley Bases, que fue el primer paso de la misma en materia de salarios, condiciones de trabajo y el alargamiento del periodo de prueba, y también, sinuosamente, del recorte de las indemnizaciones.
Aunque el sistema de indemnizaciones se mantiene dentro de la vieja ley Centeno, la aceptación del conjunto de la burocracia de miles de “Procedimientos Preventivos de Crisis” que permiten indemnizaciones en cuotas y recortes de hasta el 50%, actuó como una forma de recortarle a los trabajadores a casi la mitad sus derechos indemnizatorios, anulando en los hechos aplicación del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (de despido sin causa).
En relación a las indemnizaciones, Milei ha mandado al cajón su proyecto original de armar fondos de cese laboral en los sindicatos con el modelo de Gerardo “Batallón 601” Martínez, cambiándolo por un sistema “a la uruguaya”, con indemnización en cuotas y con limites en el reconocimiento de los años de antigüedad. El cambio no es menor pues, además de ser un brutal ataque a los trabajadores, es un recorte al propio poder económico de la burocracia.
El sistema de indemnizaciones de la UOCRA no pudo aplicarse en estos dos años en ningún sindicato. Aunque Gerardo Martínez les explicó a los jerarcas de los gremios de las ventajas que tendría el sistema para los fondos sindicales, el asunto no prosperó por dos cuestiones fundamentales: 1) En la industria no rige la inestabilidad general del trabajo como en obras – la capacitación del obrero -que favorece su explotación - el capitalista lo perdería con la rotación permanente; 2) Pero lo sustancial del rechazo es que quieren un recorte brutal del pago de las indemnizaciones por ley, sin los intermediarios que aparecerían a través en esos “fondos de ceses laborales” a los que las patronales tendrían que pagarles una comisión por la administración de los mismos.
En la UOCRA este fondo se llama IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción) donde cada trabajador tiene que pagarle una cuota mínima y las empresas también. La administración de esos fondos implica miles de millones de pesos y sus inversiones las decide su directorio, del cual la Uocra “formalmente” no participa, pero con un rango privilegiado en el directorio hay funcionarios pertenecientes a los asuntos jurídicos de la UOCRA, asesores de Gerardo Martínez en el ámbito sindical, nacional e internacional.
Milei ha tomado nota de este resorte económico de los fondos de Ceses laborales y ya no quiere dárselos a los sindicatos. Entiende que la burocracia sindical no juega el papel decisivo de contención de los gremios y además que pierde peso dentro de las propias áreas políticas del peronismo. Antes, en la llamada “rama sindical” del peronismo, habían encuadradas gobernaciones y concejales y sus representantes pululaban en el parlamento. Entonces un 30% de las listas peronistas era de la burocracia. Ahora, esa burocracia es considerada piantavotos y casi no ocupa cargos parlamentarios por su elevado desprestigio.
Las iniciativas del proyecto de Reforma Laboral para que las discusiones se hagan por empresa es otro ataque a los trabajadores que pierden la fuerza de una negociación general y, por elevación, también es un tiro a la propia burocracia, que ya se restó ella misma poder de negociación al discutir cada año sólo los salarios de convenio con techos digitados por el gobierno, que son solo un 50% del sueldo neto, pues lo demás es un “conformado” de premios de presentismos, producción, extras y acuerdos de planta. La discusión de que haya convenios por empresa está destinada a aumentar aún más el “conformado”, donde el convenio de rama juega un papel muy relativo y el destajo (“bonificaciones por producción”, etc.) es el factor central de los salarios.
La actual crisis de la dirección de la CGT, crudamente manifiesta en la elección de la nueva cúpula gremial, es antes que nada una expresión de su inmensa decadencia. La burocracia está debilitada, además, por la enorme pérdida de afiliados por los despidos masivos por un lado y, por otro, por una tendencia creciente a la desafiliación. Como lo adelantamos en Política Obrera, las actuales discrepancias en la burocracia son, antes que cualquier otra cosa, una pelea por sobrevivir en sus cargos.
Aún están en carpeta los proyectos de Ley mal llamados de “democracia sindical”, que circunscriben las reelecciones indefinidas y las “cuotas solidarias” de la patronal por la totalidad de trabajadores afiliados y no afiliados, que va a las arcas de cada sindicato. La discusión de estos proyectos fue parada temporalmente por Milei, pero los reflotará si logra establecer que se aprueben los convenios por empresa.
Juan Ferro
03/11/2025
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