El gobierno nacional está aprovechando el receso de enero para avanzar en las negociaciones de cara al tratamiento de la pospuesta reforma laboral, con varios obstáculos en el camino. Uno de los más importantes es la afectación de la caja de las provincias con la modificación del Impuesto a las Ganancias, que acumula rechazos entre los gobernadores. Mientras que en el oficialismo también desconfían de que con el llamado a extraordinarias podría venir también una embestida contra el DNU de reforzamiento de la Side.
Tras su victoria en las pasadas elecciones de medio término, el gobierno anunció que iría por una paquete de reformas de fondo, con la reforma laboral, tributaria y penal como principales bastiones. Sin embargo, a la fecha, el oficialismo ha puesto de manifiesto sus limitaciones y debilidad, con inconvenientes incluso para tratar en tiempo exprés la reforma laboral; una reforma tributaria que aparentemente vendría en “cuotas” y una reforma del Código Penal sin proyecto concreto que conozca la luz.
La reforma laboral antiobrera, cuyo tratamiento tuvo que ser pospuesto hasta febrero, también encuentra sus limitaciones. Los gobernadores –propios y ajenos- se resisten al apartado tributario de la misma, donde las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias afectan a los ingresos coparticipables, redundando en menos recursos para las provincias.
El proyecto oficial plantea reducir las alícuotas para sociedades en los tramos más altos y eximir del tributo a los alquileres destinados a vivienda. Según cálculos de un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), estas modificaciones representarían un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones, de los cuales Nación solo absorbería $790.000.
En un cuadro de recorte de la obra pública y giros discrecionales a las provincias los gobernadores no estarían de acuerdo con resignar otra de sus cajas, lo que podría frustrar la reforma de insistirse en el todo o nada.
Otras de las preocupaciones del gobierno sería que con el llamado a sesiones extraordinarias se filtrara la iniciativa de la oposición para voltear el DNU presidencial de reforzamiento de la Side, tal como ocurriera en el pasado con los $100.000 millones asignados de un plumazo a la Side, lo que también podría complicar el tratamiento de la reforma antiobrera.
En el mientras tanto, desde el gobierno buscan negociar con todos los sectores, incluida la burocracia sindical cegetista, permeable a transar siempre y cuando se respeten su privilegios de casta, como la continuidad de los descuentos compulsivos, y la modificación de aquellas reformas que atacan directamente a la existencia de los sindicatos –y por ende al poder de la burocracia sindical- como la defensa de los convenios nacionales y el derecho a huelga, virtualmente suprimidos en el proyecto oficial.
Contra lo anunciado por el gobierno nacional, tras su reforzamiento legislativo, de que iría a fondo por la totalidad de las reformas y modificaciones antiobreras planteadas, tenemos un gobierno obligado a negociar con los gobernadores, la burocracia sindical y los distintos bloques políticos la letra definitiva de la reforma laboral y el ajuste en marcha, retocando artículos, poniendo y sacando y postergando proyectos, lo que habla de las limitaciones de los “libertarios” y de la posibilidad de los trabajadores de intervenir para derrotar estas reformas antiobreras.
Así como los capitalistas y sus representantes dialogan y negocian para profundizar el ajuste, los trabajadores debemos ampliar la deliberación obrera, con asambleas en los lugares de trabajo y gremios, preparando las condiciones para el paro y la huelga para derrotar esta ofensiva patronal que busca liquidar los derechos y condiciones de vida de los trabajadores.
Marcelo Mache
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