lunes, junio 01, 2026

La historia desconocida de la madre del Che detenida


Celia de la Serna detenida es entrevistada por un periodista del diario La Calle de Concepción
 En abril de 1963

 El expediente que cuenta el encierro de Celia de la Serna de Guevara en una cárcel entrerriana. Para los jueces, era la “madre de un notorio comunista mundialmente conocido”. Los interrogatorios por sus viajes y por “abandonar sus ocupaciones”.

 “A poco que se analice aquella conducta, puede verse con claridad que la indagada abandona sus pretendidas ocupaciones habituales durante largos meses viajando”. Eso escribió en 1963 el juez Daniel Albornoz Suffern, para decidir qué hacer con Celia de la Serna de Guevara, la madre del Che, detenida en Concepción del Uruguay cuando regresaba de su último viaje a la isla con fotos, libros y una bandera cubana. 
 “Cuando me preguntan a qué tipo de feminismo pertenecía ella digo que era feminista de hecho. No porque tuviera militancia. Sencillamente, desde muy joven montaba caballo con pantalón y botas, fumaba, usaba pelo corto, manejaba automóvil. Dentro de lo que era esa familia, era una persona totalmente rupturista”. Juan Martín Guevara habla de Celia, su madre y madre del Che. 
 La semana pasada él viajó a Concepción del Uruguay donde se encontró con la historia del expediente judicial que casi no conocía. A pedido suyo el juzgado federal buscó el archivo que sobrevivió casi milagrosamente. Durante los años 70 se ordenó la destrucción pero un trabajador vio el expediente, lo guardó en un cajón y lo conservó. Hoy esas páginas guardan varias historias. La detención de la madre del Che, el interrogatorio al que fue sometida, la conmoción que causó su llegada al pueblo y finalmente la historia de su pasaporte: un documento lleno de sellos que su hijo nunca había conocido.

 


Juan Martín Guevara con el pasaporte recuperado de su madre. 

“La primera fecha que aparece en el pasaporte es 5 de enero del 59″, dice Juan Martín. “Es decir: ¡la vieja lo sacó para viajar a Cuba! El aeropuerto de La Habana se llamaba Boyeros. Todavía me acuerdo cuando llegamos. Estaba Ernesto. El abrazo con ella es una foto, pero en realidad el abrazo también fue una foto: no se desprendían más. Ella le da un abrazo que parecía eterno. ¡Largá vieja!, le dije yo".
 La columna del Che había entrado en La Habana el 1° de enero de 1959. Y ella sacó el pasaporte inmediatamente después, agrega Darío Fuentes, creador de La Pastera, museo del Che en San Martín de los Andes y de Mundo Che. Ambos viajaron a buscar el pasaporte de Celia. Revisaron páginas y descifraron los datos de un visado de la Embajada de Cuba en Argentina. 
 “El visado tiene un texto escrito a mano con fecha 7 de enero del 59”, dice Fuentes. “Eso significa que ellos están en Cuba el 8 o el 9 de enero, en un avión preparado para llevar exiliados, pero en el que Camilo Cienfuegos decide cargar a la familia sin avisarle al Che. Ellos llegan así”.
 Con ese primer viaje, Celia empieza la historia que termina con el expediente en el que muchos años después iba a ser detenida.

El interrogatorio.

 A veces un expediente tiene preguntas que en realidad no son preguntas sino reproches.
 --¿Cuál fue el motivo del viaje? --le preguntaron a Celia. 
 --En Europa, ¿se entrevistó con alguna persona?
 --¿Viajó sola?
 --¿Actúa dentro de una organización legalmente reconocida? 
 --¿Cuáles son sus medios de vida? ¿Cómo se proporciona los mismos? 
 Celia tenía 56 años. Había iniciado otro viaje seis meses antes, en octubre de 1962. Después de pasar una larga estadía en Cuba, visitó varias ciudades europeas en un modesto viaje que, según su biógrafa Julia Constela, le pagó el Che. Estuvo en Praga, París, Florencia y Roma. Desde allí después tomó un vuelo a Río de Janeiro, siguió en micro a Montevideo, luego a Salto y finalmente cruzó en lancha el paso fronterizo hasta Concordia. 
 Era el día 23 de abril, poco después de las once de la mañana, cuando la detuvieron. Una empleada de la Aduana revisó el equipaje y secuestró lo que llevaba por infringir el decreto 8161/62, que prohibía el ingreso de propaganda comunista.
 La escena quedó registrada en el expediente. “Al señor Jefe de la subprefectura del Puerto Local”, escribió el administrador de la Aduana. “De conformidad a lo dispuesto en Circular Secreta del 28 de marzo pasado, tengo el agrado de dirigirme poniendo a su disposición a la señora Celia de la Serna de Guevara y material de propaganda comunista que conducía en su equipaje y fue secuestrado por la empleada del Resguardo Principal Doña Alicia González de Grunvaldt, en circunstancias que pretendía ingresar al país procedente de Salto (ROU). Saludo, muy atentamente”. 
¿Qué le sacaron? Catorce fotografías, cuatro agendas con anotaciones, una insignia de papel con la foto de Fidel Castro, la bandera cubana, distintivos del Ejército de Alfabetizadores, el diario Marcha, tres cartas, la revista Panorama Económico Latinoamericano y libros: La reforma agraria en Uruguay y El Plan Kennedy de Vivián Trías, Los caminos del hambre de Jorge Amado, una autocrítica de Fidel Castro y dos folletos de Andrés Framini y John William Cooke. 
 A Celia la indagaron varias veces. Los interrogatorios empezaban siempre con la formalidad de pedirle su nombre, pero en su caso incluían: “nombre, sobrenombre o apodo si lo tuviera”. 
 Cuando respondía, respondía con ganas. Dijo que ninguno de los libros que llevaba eran de carácter extremista. Que los trajo para conservar “interesantes estudios económicos” de Latinoamérica, artículos de su hijo y publicaciones de interés personal. Que de ninguna manera podían constituir propaganda subversiva ni las cartas particulares, ni sus agendas, “ni la cara del hijo apareciendo en una fotografía” porque entre los efectos secuestrados como “propaganda subversiva” se encontraban numerosas “fotografías familiares íntimas, de su hijo Ernesto, acompañado de su señora, de los nietos de la declarante y suyas”. 
 Y agregó que “todo este material secuestrado por su pequeña cantidad, no puede en ningún momento, ser considerado propaganda, ni pensar que pueda ser utilizados para ello”.

El expediente

 Josefina Minatta, fiscal federal de Concepción del Uruguay, desarchivó ese expediente a pedido de la familia.
 “Una de las cosas que a mi más impresionó fueron las preguntas que le hacen y los criterios machistas que aparecen en la resolución judicial. El juez finalmente la sobreseyó, pero nunca dejó de clasificarla”.

 Los reproches

 El juez firmó personalmente el sobreseimiento pero no dejó los reproches.
 “Puede verse con claridad que la indagada abandona sus pretendidas ocupaciones habituales durante largos meses viajando a Centro América –dice- (único viaje no sospechable, teniendo en cuenta que tiene un hijo viviendo en Cuba), a Europa, donde confiesa haber visitado Checoslovaquia, Francia e Italia, trasladándose siempre en avión, a Brasil, Uruguay, viajes para solventar los cuales cuenta como sola fortuna, la casa donde vive en Buenos Aires, unas clases de idioma francés que no dicta durante ocho meses y la inasistencia económica de su marido de quien se halla distanciada”. 
 Y en otro párrafo dice: “Las largas listas de nombres y direcciones, los escritos de puño y letra, con exteriorización de claros objetivos, algunos detalles de sus declaraciones, permiten inducir la existencia de una determinada conducta, característica de aquellas personas que sin una ocupación seria y regular, y aparentando un turismo oneroso en el uso de los más modernos y eficientes medios de transporte, recorren lugares y países sin otro fin exteriorizado que el solaz del espíritu”. 

 La defensa 

 La llegada al pueblo causó revuelo. Malisa Grianta tenía 16 años cuando vio llegar hasta la puerta de su casa una combi con dos hijos de Celia y el escritor Ismael Viñas.
 “Bueno, mirá, no éramos muchos en mi ciudad, pero la revolución cubana yo la escuchaba por onda corta”, dice. “Recuerdo el día que llegaron. Ismael militaba en El Malena, Movimiento de Liberación Nacional y evidentemente tenía contactos con Celia. Todos se pusieron a ver cómo hacer la defensa: cómo protegerla, desde lo legal y lo afectivo. Era así, imagínate: conmocionante”. 
 Entre los que llegaron en la combi estaba el hijo de Celia que era abogado, Roberto Guevara, que viajaba para asumir la defensa. Pero en el pueblo se encontró con un grupo de abogados reconocidos y numerosos, listos para presentarse en la causa. Entre ellos estaban dos personas que con el tiempo iban a ser muy conocidas, Miguel Ángel Marsiglia y Roberto Uncal, ya defensores de presos políticos peronistas y comunistas. 
 “Me acuerdo que armamos una ronda para ir a la cárcel y que el jefe de la Unidad Penitenciaria cuando vio tanta gente dijo: ‘¡Bueno!’ Y terminó prestando su escritorio. Ella terminó sentada en la silla, en el escritorio del alcalde. Me acuerdo de su cara, sus ojos, una mujer menudita pero imponente. ¿Cómo decirte? Muy de llevar las cosas adelante”. 
 Celia estuvo en total unos diez días en la UP4 hasta que la sobreseyeron y la pusieron a disposición del PEN con traslado a la cárcel del Buen Pastor en Buenos Aires. GENTILEZA familiares che guevara El expediente de Celia de la Serna Guevara. GENTILEZA 
“Ya no tenía una causa”, dice su hijo Juan Martín. “Evidentemente la causa era ser la madre del Che. No había ninguna duda. Además, ella repetía todo el tiempo que lo que tenía eran cosas que le regaló su hijo: no había posibilidad ninguna de inventar algo, por eso el juez le dio la libertad pero no la dejó libre, la puso a disposición del PEN”.

 ***

 Después de poco más de un mes, Celia salió del país con opción de exilio y volvió con la asunción de Ilia. Murió poco después, cuando el Che estaba en el Congo. Hoy su pasaporte está en manos de Juan Martín, que no quiere tenerlo porque no quiere perderlo.
 Con Fuentes discuten dónde llevarlo: si al Museo de Alta Gracia o a San Martín de los Andes. El pasaporte llegó a la familia. Pudo haber llegado antes, dice Fuentes. O pudo no haber llegado. Contribuyó aquel trabajador homenajeado la semana pasada, Cacho Botti, y hasta la secretaría de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, a cargo de Darío Barón, que motorizó el homenaje.

Alejandra Dandan
Página/12

El gobierno y el CIN negocian para levantar el conflicto universitario


El gobierno viene avanzando en una negociación con los Rectores, y según trascendió, irían camino a cerrar un acuerdo entre miércoles y jueves, antes de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo sobre la ley de financiamiento. 
 La semana pasada, el CIN informó al Frente Sindical que el Gobierno, sin convocar a paritarias, habría ofrecido un reajuste del 21% para los salarios de docentes y no docentes, y alguna suma para becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Se trataría en cualquier caso de montos muy inferiores a lo contemplado por la ley de financiamiento, que constituye un mínimo. El gobierno insiste con un nuevo ofrecimiento a la baja, tras el fracaso en el mes de febrero de su proyecto para reemplazar la ley de financiamiento por otra que establecía un aumento del 12% en tres cuotas.
 La ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre del 2025 plantea, en el artículo 5, que los salarios deben actualizarse por un porcentaje no inferior al IPC acumulado desde diciembre de 2023 hasta la sanción, y luego continuar con actualizaciones periódicas. Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios universitarios aumentaron 128,49%, mientras que, en el mismo período, la inflación acumulada (IPC-INDEC) fue del 220,45%. Para igualar la inflación acumulada, se requería una recomposición adicional de 40,25% sobre los básicos de julio de 2025. Por eso se hablaba de una recomposición total cercana al 52% para recuperar completamente el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Lo que implicaría que el gobierno gire entre 2,5 a 3,1 billones a las universidades para cumplir la ley. 
 Que el gobierno haya abierto una negociación con los Rectores, con una cifra muy por debajo de lo que marca la ley y que tampoco contempla la pérdida del 2026, implica que intentará que el CIN levante su presentación en la Justicia para evitar de esta manera un fallo desfavorable de la Corte Suprema. ¿Podría el gobierno entrar en desacato con un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ley de Financiamiento Universitario? 
 Del 26 al 30 de mayo tuvo lugar un nuevo paro de la docencia universitaria convocado por las dos CONADUs, en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La medida tuvo una adhesión importante en distintas partes del país, aunque no con los niveles de comienzos del cuatrimestre. La política de desgaste de los paros intermitentes y sin perspectiva promovidos por las federaciones sindicales, sumado a la cercanía del cierre del medio año lectivo, tuvieron como resultado una adhesión dispar o más modesta en algunas unidades académicas. 
 El hecho más impactante de la semana de paro, que rompe el inmovilismo de las burocracias, fue la toma por parte de los estudiantes de los colegios universitarios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires. Para los gobiernos y las autoridades universitarias, siempre es potente y peligroso que los secundarios ganen protagonismo. Sólo en Tucumán, una toma por parte de los estudiantes de la Escuela Normal reclamando por condiciones de infraestructura, mobiliario y cobertura de materias, generó que Jaldo, el gobernador, tuviera que abrir paso a una reunión con los estudiantes. 
 Con esta negociación, el gobierno y los rectores buscarán dar por concluido el conflicto universitario. Procuran que el segundo cuatrimestre comience y se desarrolle sin medidas de lucha. La premura con la que las federaciones ligadas a la CGT (FEDUN y FATUN) han convocado a reuniones “de urgencia” para analizar el nuevo ofrecimiento del gobierno, denota que están dispuestas a firmar un acuerdo a la baja en contra de las bases. 
 Será clave esta semana impulsar asambleas y debatir a fondo el escenario universitario. Por la aplicación inmediata de la ley de financiamiento como piso. Salarios no menores a la canasta familiar. Aumento de emergencia de las becas, los salarios y el presupuesto indexados por inflación. 

 Patricia Lambruschini y Anahí Rodríguez
 01/06/2026

Las mujeres son asesinadas mientras el estado protege a los femicidas


En las vísperas del 3J, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba mostró obscenamente, una vez más, cómo opera la red de complicidades de todos los estamentos del estado para garantizar la impunidad de los asesinos. Unas horas antes, en Misiones, otra adolescente, Dulce María Candia, de 17 años, fue encontrada ahorcada en una obra en construcción. Según la versión policial, la buscaban “intensamente” desde el 17 de mayo. Pero nunca divulgaron su desaparición ni pidieron colaboración de los vecinos, que fueron los que la encontraron (Agencia Hoy). Este sábado, Noelia Carolina Romero (30 años) llamó al 911 desde su casa en Temperley, y dijo que su pareja la tenía de rehén. La policía fue, ella gritó que no podía salir; él dijo que estaba todo bien. La policía no entró hasta que llegó la autorización judicial. Cuando entraron, estaba muerta. 
 Agostina tenía 14 años y su madre fue a la fiscalía la misma noche que la nena no volvió. El fiscal consideró prematuro tomar la denuncia. Al día siguiente un remisero avisó que había llevado a la nena a la casa de Claudio Barrelier, El fiscal se tomó tres días para allanar la vivienda y una semana para declarar el Alerta Sofía, un protocolo de búsqueda intensiva de menores. Tampoco se apuró en detener a Barrelier, un barrabrava protegido del concejal Ricardo Moreno, líder de la 62 Organizaciones Peronistas. 
 El año pasado, Moreno defendió a Barrelier cuando secuestró e intento violar a una mujer que huyó, desnuda y con precintos en las muñecas de la misma casa donde fue muerta Agostina. Esa causa está dormida por la Justicia cordobesa. 
 Después de que apareció el cadáver de Agostina, la policía reprimió con saña la movilización de la familia y las organizaciones de mujeres que pedían la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, un fascista clerical del partido Encuentro Vecinal, vinculado al Portal de Belén, una organización que obstruyó judicialmente el aborto legal en Córdoba. 
 Los medios y las redes siguieron el juego de la Justicia y la policía, haciendo foco en la víctima –“una nena hipersexualizada”, dijeron- y su madre -supuestamente una adicta. 
 Javier Milei predica que el femicidio vulnera la igualdad ante la ley. "Llegamos al ridículo de normalizar que en muchos países si uno mata a una mujer se llama femicidio y tiene una pena más grave que si mata a un hombre. Legalizando que la vida de la mujer vale más que la del hombre", dice el farsante. ¿De qué igualdad hablará? En todos los países del mundo hay muchos más hombres asesinados que mujeres. La diferencia radica en que a las mujeres las matan, en general, sus parejas o exparejas, y el asesinato viene acompañado de violencia sexual.
 En los últimos años se habían sumado las mafias del narcotráfico y la trata, que reclutan niñas para el narcomenudeo por la vía de la seducción, las prostituyen y las retienen bajo amenazas de matarlas a ellas o a sus familiares. 
 Las estadísticas oficiales dicen que, a contramano de lo que ocurre en todo el planeta, en la Argentina los femicidios descienden. El Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema afirma que en 2025 disminuyeron sensiblemente, pasando de una muerta cada 31 horas a una muerta cada 44. Se puede decir de otra manera: en la Argentina, cada 44 horas un hombre se convierte en femicida. 
 Los observatorios de mujeres consideran que el número se mantiene estable en más o menos 260 y explican algunos factores que inciden en las diferentes estadísticas. La Corte solo registra femicidios informados como tales por las jurisdicciones judiciales. Las causas con carátula de asesinato, en consonancia con la prédica del gobierno, quedan afuera. Eso ocurrió, por ejemplo, con el femicidio (asesinato para el juez de primera instancia) de tres mujeres en una pensión de Barracas por ser lesbianas. Y va a ocurrir con el de Agostina si permanece el fiscal de la causa, Raúl Garzón, que ya tiene un prontuario en encubrir femicidas y violadores, y es el ufano castigador de las movilizaciones y protestas callejeras de Córdoba.
 Los observatorios del movimiento de mujeres dicen que el cierre de Télam los privó de la fuente de información nacional más fidedigna y que existe mucha presión en la Justicia para borrar el femicidio de las carátulas.
 La violencia contra la mujer es parte de la opresión social de un régimen de explotación en decadencia vertical. En algunos países, como Rusia, está despenalizada e incluso reglamentada: se permiten cierto número de golpizas anuales siempre que no superen una gravedad estipulada. 
 La idea de que ese mismo estado puede crear los resortes para combatirla ha sido una fuente de desmoralización para el movimiento de mujeres, que perdió su energía en la redacción de miles de protocolos y campañas de sensibilización a funcionarios que no frenaron ni sensibilizaron nada. 
 Es imperioso retomar el camino de la organización independiente de las explotadas, que enfrente al gobierno de turno y desenmascare las imposturas de un régimen social tanto en sus variantes “progresistas” como en la barbarie mileísta. 
 Es imperioso también sostener este debate dentro de la clase obrera, promover la unidad de clase e invitar a los compañeros a considerar la lucha por la emancipación de las mujeres como parte de la revolución obrera.

 Olga Cristóbal
 01/06/2026