Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se han recrudecido desde el pasado 20 y 21 de septiembre, cuando anunció una impopular reforma del sistema de pensiones (aumento de la edad de retiro y de las comisiones, apuntado a una completa privatización – actualmente es un sistema mixto).
La juventud peruana -que ha sido el principal actor de lucha contra el golpe de 2022- realizó movilizaciones al Congreso secundadas por los transportistas de Lima. Las protestas se vienen repitiendo cada fin de semana. Llegaron a tomar un importante protagonismo el fin de semana pasado, con la ocupación de la plaza del Congreso. Allí tuvo un feroz enfrentamiento con la policía nacional, que arrojó un saldo de 74 heridos entre manifestantes, policías y periodistas. Diversas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado la dureza de la represión policial y un accionar ilegal de su parte, como el uso indiscriminado de gas lacrimógeno, garrotazos y balas de goma.
En el interior del país, se replican las movilizaciones y piquetes de las comunidades indígenas que luchan contra las bandas criminales que monopolizan la minería ilegal, así como sus efectos devastadores sobre la naturaleza. En el último período, el alza del precio internacional del oro ha reforzado una lucha cada vez más intensa por monopolizar el negocio del oro y, especialmente, del cobre, del cual Perú es el mayor productor a nivel internacional.
Las manifestaciones se efectúan al margen de la burocracia de las organizaciones obreras tradicionales, como la CGTP, que agrupa a la enorme mayoría de los sindicatos del país. Los transportistas, estudiantes e indígenas han protagonizado diversos paros obrero-patronales a lo largo de 2024 y 2025. El rechazo a Boluarte es prácticamente unánime en la población – 98% desaprueba a su gobierno y el 95%, al Congreso en general. El reclamo por elecciones generales se ha reiterado como consigna desde el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Incluso, sectores del movimiento estudiantil reclaman la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana.
Boluarte sigue en el poder es por su asociación internacional a la banda de fascistas trumpistas. La burguesía peruana, que acompañó sin divisiones el golpe de 2022, ahora busca una alternativa que le permita garantizar la gobernabilidad de Perú. Si esa vía es democrática o policiaco-militar, esto se ha convertido en un problema de segundo orden. Este debate en las altas esferas de la oligarquía limeña contrasta con la ausencia de un planteo propio de los trabajadores, a pesar de su intensa movilización callejera. La agitación por un gobierno obrero y campesino en el Perú sería un paso adelante y la recuperación de una larga tradición histórica del proletariado peruano.
Joaquín Antúnez
30/09/2025
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