A los pies del FMI: llega una misión a revisar las cuentas del país

En poco menos de tres semanas viene por segunda vez el organismo. Será para observar los números de la economía del país y mostrar cercanía entre el Gobierno y el Fondo, en el marco de la renegociación de la deuda.

En poco menos de tres semanas viene por segunda vez una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país. Esta vez será para revisar los números de la economía, mientras continúa la renegociación de la deuda con el organismo y los acreedores privados.
La misión será encabezada por Julie Kozack, directora adjunta para el Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina.
Si bien aclararon que todavía no se trata formalmente de la “misión del artículo IV” que acordó recientemente el ministro de Economía Martín Guzmán y la directora del FMI Kristalina Georgieva, desde el Fondo afirmaron que el objetivo es “continuar las discusiones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía sobre el programa económico y la estrategia de deuda” y también “definir los próximos pasos con las autoridades”.
De esta forma, Kozack y Cubeddu junto al equipo de economistas del organismo que arribaron al país, se proponen revisar exhaustivamente la situación fiscal, monetaria y de balanza de pagos de la Argentina, en una agenda de reuniones con distintos funcionarios locales.
Se trata así de la antesala de la revisión de las cuentas del país enmarcadas en la "misión artículo IV", que le permite al organismo involucrarse cada vez más en el control del rumbo económico del país.
Luego del discurso del presidente Alberto Fernández en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso el pasado domingo 1 de marzo, la cartera de Economía difundió un comunicado en el que se daba a conocer que serán dos bancos privados, Bank of America y HSBC, y un Asesor Financiero, Lazard los que llevarán adelante la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.
La deuda que se está renegociando incluye U$S 121.000 millones que tienen los bonistas privados, y por otro, U$S 44.000 millones desembolsados por el FMI de un crédito total stand by de U$S 57.000 millones.
El FMI representa los intereses de los capitales imperialistas. Su definición reciente sobre la "insostenibilidad de la deuda", en un apoyo al gobierno argentino, no debe ocultar sus verdaderas intenciones de avanzar en el sometimiento del país cuando firmó el préstamo con el gobierno macrista.
Cada vez que pone un pie en nuestro país busca controlar que la política económica siga sometida, y a tono con sus exigencias, en función de que se pague la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta con el organismo y con los bonistas privados. Pero como siempre ocurrió en la historia, buscan que el pago de la deuda recaiga sobre el pueblo trabajador, y no sobre quienes generaron la crisis: los grandes capitalistas, los bancos y el propio organismo.

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Lunes 2 de marzo | 21:58

Confiscaciones y nacionalizaciones en Cuba: lo que la prensa mezcla y confunde

En diarios como “El País”, leemos que “la nacionalización sin compensación (…) detonó el embargo norteamericano a Cuba”. Sin explicar por qué no se materializó dicha compensación.

Se viene el Chilenazo

El comienzo del año escolar y laboral ha llenado de aprensión a los círculos dominantes de Chile. La manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, promete ser imponente, lo mismo que la huelga general que el movimiento de la mujer declaró para el día siguiente. La vuelta a clases en todos los niveles asoma como el reinicio de las luchas de la juventud estudiantil. No es que el verano y las vacaciones hayan enfriado los ánimos, porque fueron meses recorridos por manifestaciones y una reiterada brutalidad policial. Han aparecido, asimismo, los grupos de choque de la derecha, como lo dejó de manifiesto el ataque a un intendente en días recientes. Como la recesión comienza a morder la economía y el peso se devalúa sin pausa, la inquietud social, que no ha cesado en ningún momento, cobrará nuevos bríos. Desde el levantamiento popular del 18 de octubre del año pasado no se ha resuelto ninguno de los problemas que se abaten sobre las masas, incluido el veto que ha impuesto el régimen heredado del pinochetismo sobre el ingreso a la Universidad y a la educación en general.

Pactos, grietas y truchajes

En este cuadro de fondo, las grietas del proceso de reforma constitucional pactado por todo el arco político se hacen ver cada día más. La derecha gobernante, por de pronto, se ha dividido en medio de fuertes choques, desde que un sector de ella impulsa el rechazo a la convocatoria de lo que se ha dado en denominar una Convención Constituyente, pues la palabra Asamblea les resulta francamente subversiva. Aunque esta posición no tiene ninguna posibilidad de imponerse en el plebiscito que tendrá lugar el próximo 26 de abril, anuncia una declaración de guerra desde el aparato del pinochetismo y del Estado, que operará bajo la sombra de éste en la etapa que debería culminar con las elecciones constitucionales en octubre. El encauzamiento de la crisis política y la rebelión popular detrás de una Constituyente impotente no ha cerrado filas en la burguesía ni en los partidos pequeñoburgueses de la democracia pinochetista –las ha ahondado.
El plebiscito que debe determinar si se convoca a la Convención, tiene trampas por donde se lo mire. Es presidido por un régimen político que tiene el monopolio de los medios de comunicación y propaganda, y naturalmente de los espacios cedidos. Los términos del plebiscito son premeditadamente confusos: más allá de aprobar o rechazar la convocatoria constitucional, deberá decidir acerca de su composición –si será enteramente electa o la mitad de ella deberá ser ocupada por los miembros del actual Congreso. No están previstos los medios para una representación de sectores ajenos a los partidos ya establecidos o de la importante comunidad mapuche. Cualquiera sea su composición, la Convención deberá aprobar ciertas normas por medio de los dos tercios de los votos, y no podrá aprobar nada que transgreda los tratados internacionales firmados por Chile (de libre comercio o prohibitivo del derecho al aborto). Esto ya da a entender que la Convención quedará sometida a la jurisdicción de la Corte Constitucional, cuya eliminación es fundamental para cualquier tentativa democrática. La Convención no podrá afectar a los otros poderes, lo que deberá esperar a las nuevas autoridades que surjan de una elección posterior. Para entorpecer más lo que ya está desnaturalizado, las elecciones constitucionales tendrán lugar seis meses después del plebiscito y en forma simultánea con las que deben renovar autoridades municipales y regionales. Según encuestas que han comenzado a circular, el “apruebo” a la convocatoria reúne el 80% de la intención de votos, y el 65% acompañaría el planteo de una Convención ciento por ciento electa.

El “apruebo” y la situación en su conjunto

En Chile no ocurre nada que no haya pasado antes en los procesos revolucionarios que buscaron ser distorsionados o canalizados por asambleas constitucionales. Las autoridades y los gobiernos proponen, pero son las crisis y las luchas las que disponen. Una Asamblea Constituyente solamente merece ese nombre si es convocada por un órgano revolucionario que desplaza a los poderes existentes y se convierte de ese modo en soberana. La vanguardia de lucha debe tener en claro esto, en primer lugar; en segundo lugar, debe promover la lucha por las reivindicaciones más sentidas sin esperar a la reunión de una asamblea constitucional, y sobre esta base organizar sindicatos independientes, asambleas populares, comités barriales, comités de fábricas y minas, para que los trabajadores y la clase obrera se conviertan en el órgano de poder –único capaz de convocar a una Constituyente Soberana.
Las asambleas populares comenzaron a reunirse desde el mismo comienzo de la rebelión popular, incluso redactaron cuadernos con peticiones. Con ascenso y bajas, las manifestaciones no cesaron, ni las ocupaciones de edificios, en especial del ámbito educativo. O sea que la convocatoria al plebiscito no frenó la revuelta, como lo dejó en claro esta semana el festival de Viña del Mar. El comienzo de una recesión y la devaluación sistemática del peso anuncian el incremento de los conflictos laborales; algunas compañías mineras han anunciado una reducción de inversiones. Si, con el inicio del año laboral, se intensifica esta rebelión, la convocatoria al plebiscito podría entrar en crisis, o podría dar paso a los reclamos para que haya una participación plena de candidatos al margen de partidos y del pueblo mapuche. Más adelante, podría ocurrir lo mismo con una victoria abrumadora del “apruebo” a una Convención totalmente electa. En las elecciones recientes la participación popular fue inferior al 40% del padrón; en el caso de un ‘urnazo’, Piñera y su clique perderían el respirador artificial.
La campaña política por el “apruebo” o “rechazo”, así como por la constituyente al medio o la constituyente entera, está condicionada por el desarrollo que tenga la situación política tomada en su conjunto. Votar “apruebo” no significa coincidir con el planteo y los propósitos proscriptivos del plebiscito, ni con las posiciones de los firmantes del pacto con Piñera, siempre que se haga una distinción o delimitación política muy clara, o sea una campaña por: Abajo Piñera, Constituyente libre y soberana, Gobierno de Trabajadores. El del 26 de abril no sería el primer plebiscito trucho o condicionado cuyo resultado político acabe siendo distinto al previsto o querido por sus convocantes y organizadores. Por otro lado, atraer la atención del pueblo sobre la opción del ‘apruebo’, cuando faltan dos meses para el plebiscito, sería hacer el juego a quienes quieren ‘calmar las aguas’ en este período vital y subordinar la acción directa y las huelgas al debate constitucional. La situación política en general y la de las masas en particular, ¿se congelará en el inmovilismo, bajo la obnubilación del “apruebo”? La campaña al plebiscito debe desarrollarse, entonces, con las consignas Fuera Piñera, Constituyente Soberana, Abajo las privatizaciones, por un Gobierno de Trabajdores. En una etapa de crisis políticas y rebeliones, las caracterizaciones políticas deben ajustarse y renovarse con acuerdo a la marcha de unas y otras.

La Unidad Popular

El proceso constitucional es el resultado de un pacto que apoya la totalidad del arco político parlamentario, aunque algunos partidos no lo hayan firmado. El llamado centroizquierda se ha dividido y el Frente Amplio ha tenido escisiones. Es una evidencia de que ese pacto constitucional es impopular, pero al mismo tiempo el recurso que hay para evitar la desintegración del régimen político. La vigencia de ese pacto se demuestra en el repudio de todos los partidos a “la violencia”, como si un proceso ‘pacífico’ sirviera de algo para acabar con el pinochetismo ‘democrático’ y su secuela de superexplotación y pérdida de derechos. La violencia revolucionaria ha sido la partera de todas las experiencias constituyentes avanzadas; el ataque a “la violencia” es la contraseña en la que se reconoce el arco político y su apoyo a la continuidad de Piñera. “La violencia” es el pretexto de Carabineros para acentuar la represión criminal. En este juego de encubrimiento del pacto con el gobierno, el papel principal lo desempeña el partido comunista.
De modo que la rebelión popular ha devuelto a Chile la cuestión de la Unidad Popular –la denominación del frente de colaboración de clases del que se vale el capital como un recurso extremo contra la revolución. Como en la memoria y la historia de Chile la UP sigue siendo una brasa ardiente, el partido comunista se ofrece a actuar como una Celestina, midiendo cada paso antes de incorporarse a un frente popular. La democracia cristiana lo mira con recelo, al igual que el PPD, o incluso en el Frente Amplio y el PS. Pero la dinámica política va en esta dirección – un recambio izquierdista que evite el avance de una situación revolucionaria o que la contenga y derrote una posibilidad revolucionaria. Esta cuestión del frente popular es la más estratégica, especialmente en Chile, por su historia.
Este escenario político determina la importancia que la izquierda revolucionaria debe dar a la lucha por las libertades democráticas, y las reivindicaciones decisivas como la jubilación privada, la educación de lucro, los derechos de la mujer, las paritarias y salarios, la cuestión de la dirección de los sindicatos y, no menos importante, la Asamblea Constituyente. Se trata, por un lado, de una orientación para unificar las luchas y desarrollar un poder de los trabajadores. Por el otro, es el método para desenmascarar el pacto político constitucional y el frente popular, que encubre su defensa del régimen político con la pretensión de que promueve el avance de la democracia. El frente popular opone a las privatizaciones pinochetistas las llamadas “políticas públicas”, o sea un presupuesto de estado más generoso con las necesidades del pueblo. Se trata de patrañas: el aumento a la prestación básica a jubilados no pasa de unas monedas y no podía ser de otro modo. Hay que “remover todas las trabas”: nacionalizar las AFP, la salud y la educación, la minería, la banca y el comercio exterior. Sin resarcimientos. Hay que revolucionar las relaciones sociales, no solamente toquetear las partidas de gastos y recursos.
Fuera Piñera, disolución de los poderes del Estado, Constituyente Soberana, gobierno de trabajadores.
Las perspectivas revolucionarias están todas abiertas.

Jorge Altamira

Las elecciones en Hamburgo y la batalla contra las bandas ultraderechistas

El pasado fin de semana se realizaron las elecciones de la ciudad autónoma de Hamburgo, en Alemania. La elección estuvo marcada en el último tramo por los acontecimientos en Turingia, donde la democracia cristiana y el partido liberal intentaron cerrar una coalición de gobierno junto con los nazis del AfD (Alternativa por Alemania), coalición que no logró superar las 24 horas, y por el atentado xenófobo de Hanau (Hesse), donde un atacante abatió a nueve personas.

La elección

A pesar de que los ganadores formales de la elección en Hamburgo fueron los socialdemócratas del SPD con el 39%, éstos retroceden siete puntos respecto a la última elección. En cambio, sus socios en el gobierno local, los verdes, duplicaron su crecimiento, logrando un 24,2%, por lo que son los grandes ganadores del comicio. Se especula que se repetirá la coalición de gobierno, con un mayor lugar político para los verdes.
El salto electoral de los verdes, que se ha visto ya en otros estados alemanes y en otros países europeos, muestra que están logrando canalizar –con independencia de su política procapitalista- la inquietud de franjas populares ante el calentamiento global y la depredación ambiental.
Los grandes perdedores fueron los compañeros de la canciller Angela Merkel, la democracia cristiana local (CDU), que cosecha el peor resultado de su historia en la ciudad, con el 11,2% (contra el 16% de la última elección). Algunos creen que los hechos de Turingia, donde el acuerdo electoral de la CDU con la AfD desató una crisis en el partido, explican este retroceso.
Die Linke (Izquierda) obtuvo el 9,1% (contra 8,5% de la última elección). En tanto, los nazis de la AfD lograron mantener su presencia en el parlamento regional, aunque sufren un retroceso (5% frente al 7,4% de la elección previa).

La xenofobia, el nazismo y el AfD

La política alemana se ha visto sacudida por los hechos ya mencionados de Turingia, donde la democracia cristiana y los liberales violaron por primera vez el llamado “cordón sanitario” para forjar un acuerdo de gobierno con los nazis de AfD, que habían obtenido un resonante segundo lugar en la elección provincial. Este acuerdo pretendía bloquear un nuevo gobierno de Die Linke (ganador de la elección) con la socialdemocracia.
Si bien la fracción de Merkel terminó dinamitando el acuerdo, se ha roto en la CDU (que a nivel federal cogobierna con la socialdemocracia) el tabú sobre los acuerdos políticos con los nazis. Esto es una muestra de la enorme hipocresía de la fraseología “democrática” del gobierno alemán.
La AfD tiene su fuerte en las regiones del este. Si bien ya pasaron 30 años de la caída del muro de Berlín, y de la reunificación, las diferencias entre este y oeste siguen siendo muy pronunciadas. El este está menos industrializado, es más pobre, y ya ni siquiera cuenta con la protección estatal que había en la época del estado obrero burocrático. Sufre, a su vez, la dominación del oeste.
Este cuadro ha sido aprovechado por la AfD para crecer en los sectores populares, responsabilizando falsamente por la debacle alemana a la ola de refugiados que llega al país.
Se ve cómo surgen en el este, y en particular en ciudades como Dresde, organizaciones paraestatales de caza de migrantes y en particular de sirios, árabes y turcos. Claro está, el antisemitismo sigue presente y vemos ataques a sinagogas, aunque el principal eje xenófobo está hoy en día, en los migrantes refugiados. Vimos en 2016 la gran marcha nazi de Chemnitz. Vimos hace un par de meses cómo se declaró ciudad en emergencia nazi a Dresde, si bien se trató de una medida puramente demagógica, dado que las autoridades no dan un solo paso para desmantelar esa clase de grupos (al revés, proliferan las denuncias de la conexión de dichos grupos con los servicios de inteligencia y el aparato estatal).
En este contexto, en las elecciones del 2019, los nazis se transformaron en segunda fuerza en el estado federado de Sachen, lugar donde estos acontecimientos sucedieron. Con un aumento del 17,8% de la elección del 2014 hasta llegar a un total de 27,5%. Aquí también se verificó un gran retroceso de los cristianos de Merkel de 7,3% y de la socialdemocracia (de casi cinco puntos), pero también un descenso de la izquierda, que retrocedió un 8,5%. No obstante, los verdes avanzaron un 2,9%.

La debacle de los partidos tradicionales

Podemos ver cómo en dos regiones diferentes (Hamburgo y Sajonia), con realidades diferentes, hay una dispersión del voto de los partidos tradicionales, de los cristianos y de los socialdemócratas, que hoy gobiernan Alemania en una coalición. Por un lado, hacia un sector pseudoizquierdista (verdes) y por otro de extrema derecha (AfD), de lo más rancio que podemos encontrar.
Si bien es claro que existe una tendencia alcista de la extrema derecha nazi en Alemania, también es cierto que la población está dividida. Parte de la juventud busca una salida por izquierda, sin xenofobia, sin racismo y sin dar los pasos del pasado. Su expresión más notable son las grandes movilizaciones contra la derecha. Pero no encuentra un camino, no encuentra su lugar y termina dando paso hacia caminos reformistas, ecologistas y “amigos de la naturaleza”, pero sin una crítica a las grandes corporaciones industriales, por lo tanto, sin un cambio de fondo. Y así vemos crecer a los verdes. Die Linke, por su parte, desarrolla una política de adaptación a la socialdemocracia.
Ante la agudización de la crisis alemana y el desarrollo de tendencias a la radicalización política, se pone de manifiesto la necesidad del frente único contra las bandas fascistas y el desarrollo de una fuerza política revolucionaria que plantee la unidad socialista de Europa.

Demian Molina Towers
Desde Alemania

Coronavirus: las condiciones para la lucha contra una pandemia

Se ha escrito más acerca del efecto deletéreo del coronavirus sobre la economía mundial que sobre su contrapartida: las consecuencias de la crisis capitalista global sobre la propagación y efectos de la enfermedad.
El brote de Coronavirus del tipo COVI–19 con origen en China se está extendiendo rápidamente a más países –55 y en crecimiento. Esta característica, su velocidad de propagación –superior a epidemias anteriores, de otros coronavirus como el SARS y el MERS- hace que el número de casos fatales crezca, a pesar de que se considere que la mortalidad es baja (de 3 a 4%). Especialistas coinciden en que el control de su difusión de fronteras adentro es una utopía y que va a llegar a afectar a un 40 a 70 por ciento de la población mundial (Marc Lipsitch, Universidad de Harvard), esto entre casos manifiestos y portadores asintomáticos. Debe preverse que la enfermedad estará entre nosotros a pesar de las declaraciones optimistas del ministro de Salud.

Un mundo mal preparado

Otros científicos (Osterholm, de la Universidad de Minnesota) sostienen que el mundo “está mal preparado para enfermedades trasmisibles potencialmente mortales”, tanto en materia de la protección del personal sanitario, como en la previsión de lugares masivos de aislamiento, hasta en la provisión de insumos y medicamentos. La producción y comercialización de los mismos están alteradas. De un lado como consecuencia del brote, que trae aparejado cierres de plantas, cuarentenas de regiones geográficas y poblaciones enteras y caída del transporte; pero también por las medidas proteccionistas y bloqueos propios de una guerra comercial entre las principales potencias. China e India son productores importantes de dichos productos.
Tanto la recolección centralizada de la información, como la difusión de medidas preventivas elementales, se ven dificultadas por un cuadro internacional de anarquía capitalista en términos de choques monetarios, comerciales y militares en curso. El coronavirus agrava la crisis económica mundial y, a su vez, esta interfiere con la lucha contra su propagación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que no llega la información, de todos los países, necesaria para establecer mayor conocimiento de la enfermedad y mejores medidas de lucha. Según la OMS, la fiabilidad de la información es crucial y de ella depende la posibilidad de superar la emergencia global. La cadena BBC ha difundido que Irán no ha informado la cantidad real de personas que han fallecido a causa del coronavirus en el país. Tratándose de un país asediado por una ofensiva de EE.UU. y aliados, da cuenta de interferencias políticas en lo que debería ser el rigor científico en el desarrollo de una campaña internacional de lucha contra la propagación de la enfermedad.
Tan trastocado está todo que ambientalistas han destacado hasta un rasgo positivo de la cuestión: la emisión de gases de efecto invernadero ha disminuido un 25% en China debido al parate de la economía y la desaceleración de la demanda energética del país, un 6% de la emisión global de dióxido de carbono. Claro que esperan que, a su turno, el rebote pueda ser peor.

¿Pandemia sí o no?

Otro dato significativo del trasfondo político subyacente lo da la controversia sobre la declaración de pandemia (enfermedad de propagación mundial). La OMS subió a nivel “muy elevado” la amenaza del nuevo coronavirus e instó a los países que todavía no se han visto afectados a prepararse para la llegada del COVID-19. Pero no ha declarado la Pandemia y ha manifestado que “lamenta la presión política (de algunos medios y políticos) para que se declare la pandemia del coronavirus y advierte de sus riesgos”. A su juicio, dicha calificación “puede indicar que ya no podemos contener el virus, lo cual no es cierto”. Y agrega: “El uso descuidado de la palabra pandemia no tiene ningún beneficio tangible, pero tiene un riesgo significativo en términos de amplificar el miedo y el estigma innecesarios e injustificados, y los sistemas paralizantes”.
Debe inferirse de esto que existe una diferencia, entre las potencias centrales, relativa al efecto de la declaración dep sobre el crack económico vinculado al coronavirus, que ya provocó una caída excepcional de las bolsas y los mercados en todo el mundo.

Sergio Villamil

El poder no está en el cañón del fusil

EEUU sufrió su más dura derrota militar en la guerra de Vietnam. Tras haber derrotado a varios enemigos, no habría de ser un pequeño país asiático, con un economía primaria, quien habría de derrotar a los EEUU. No por haber derrotado a los franceses, podría representar una amenaza para el poderío militar norteamericano.
Pero poco tiempo después de haber minado los puertos de Vietnam del Norte y de desplegar a más de 700 mil militares para ocupar militarmente el país, el último helicóptero salio de Saigon, con los últimos soldados disputando desesperamente un lugar que se había vuelto un infierno para ellos.
EEUU no sacó las debidas lecciones de esa derrota. La desaparición de la URSS renovaba el espíritu invencible de los norteamericanos, que ya no tendrían un gran enemigo a escala mundial. EEUU consagró su estrategia de militarizar todos los conflictos, transfiriendo el enfrentamiento al plano en el que su superioridad es indiscutible. El gasto militar de EEUU es más grande que el de los demás países.
Así EEUU retomó su estrategia en escala mundial. Víctima de los atentados de las Torres Gemelas, el imperio logro reunir apoyos generalizados para invadir Afganistán, considerado el responsable de los atentados, aun sin prueba alguna, que remitían más bien a su gran aliado en la región: Arabia Saudí. La invasión serviría no solamente para destruir el país, si no también para dar una lección a los talibán, identificados como el gran agente del terrorismo a escala mundial.
El mismo tipo de acción se repitió después en contra de Irak, acusado, igualmente sin pruebas, de poseer armas de destrucción masiva. Pero en esa ocasión EEUU ya no consiguió un apoyo tan generalizado, tuvo que contentarse con su aliado histórico: Gran Bretaña.
EEUU se enfrentaba al reto de ser capaz de enfrentar dos guerras a la vez. Los dos países fueron destruidos por la arrasadora superioridad militar norteamericana. Pero no ha logrado salir, hasta ahora, de ninguno de los dos países. La victoria militar no se traduce automáticamente en victoria política.
Solamente ahora, casi dos décadas después, los EEUU se retiran de Afganistán, pero no con la derrota de los talibán sino, al contrario, con un acuerdo y la retirada de sus tropas, política y militarmente derrotadas. Los EEUU se dan cuenta, dolorosamente, de que no es suficiente la superioridad militar. Tendría que tener una alternativa política para consolidar la victoria militar.
Los EEUU siempre se han comportado como si la abrumadora derrota que ha impuesto a Japón -con dos bombas atómicas de por medio-, pudiera repetirse. Un país tan lejano geográfica y culturalmente, derrotado militarmente, se ha trasformado en un gran aliado de EEUU.
Pero las condiciones y sobre todo los tiempos, son distintos. Irak y Afganistán no se han transformado en un nuevo Japón, sino más bien en nuevos Vietnam. EEUU ha puesto una fecha para la retirada de todas sus tropas de Afganistán. En Irak no consigue encontrar interlocutores para firmar un acuerdo similar, que es lo que más quiere el gobierno de Trump: abandonar ese país, que se ha convertido en un pantano para los norteamericanos.
El siglo XXI se confirma así como el siglo de la decadencia norteamericana. No es la superioridad militar lo que puede impedir esa tendencia. Con el agravante que ahora ya hay otros síntomas de que nace un mundo multipolar, en que el eje económico del mundo ya se ha transferido para Asia, con una decadencia no sólo de EEUU, sino de todo Occidente, incluyendo a Europa.
El siglo XXI se caracteriza también por una disputa y una transición hegemónica. En términos económicos ya es un siglo chino. Políticamente, las alianzas en torno al eje Rusia/China van aglutinando fuerzas que aceleran la decadencia norteamericana.
La salida de sus tropas de Afganistán representan, en este sentido, un símbolo evidente de la incapacidad de los EEUU para seguir definiendo los rumbos del mundo. Irak y Siria, entre otros países, son los epicentros de otros tantos conflictos que en el siglo XXI tienden a confirmar la más importante transición hegemónica desde hace más de dos siglos en el mundo.

Emir Sader

Deuda externa: la dependencia sigue

La crisis de deuda fue (no podía dejar de ser) el primer eje del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso.

Además de catalogar la deuda externa de insustentable, el Presidente criticó el hecho de que fue contraída “sólo para beneficio de los especuladores y prestamistas”. Tras volver a asegurar que con ella se financió la fuga de capitales, anunció una investigación para identificar “quiénes permitieron que eso suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”.
Pero resulta que no es ningún secreto quiénes fueron los principales beneficiarios del hipotecamiento del país: los grandes fondos de inversión internacionales, como Pimco, Blackrock, Templeton y Fidelity. El propio Martín Guzmán aseguró recientemente que los títulos emitidos fueron diseñados a medida de estos pulpos financieros. Es el rescate de esta deuda fraudulenta, la tarea asumida como principal por el gobierno de Fernández.
Las versiones que se barajan en los medios financieros sobre la oferta que realizará el gobierno a los bonistas estiman que las posibles quitas de capital e intereses rondarán el 15 o 20%, es decir que significaría un reconocimiento por el doble del valor que cotizan esos bonos en el mercado, que promedia un 40% del valor nominal. Al FMI, que fue el garante necesario para concretar este fabuloso enjuague financiero, le reconocerán la totalidad del capital.
Para colmo, Alberto Fernández definió que en el rumbo que adoptará la Argentina hacia el futuro “no sólo debemos evitar la dependencia económica de la deuda, sino también la dependencia intelectual”. Lo dice cuando estamos en las vísperas de una nueva misión de los funcionarios del Fondo Monetario en el país, y tras comprometerse con Georgieva a ponerse bajo la supervisión del organismo (en los términos del famoso artículo IV de su estatuto).
Ante la Asamblea Legislativa, Fernández saludó a la oposición por la aprobación de la Ley de Sustentabilidad de la Deuda que implica un cheque en blanco para ejecutar este rescate. En ese marco, afirmó que el tratamiento y la aprobación parlamentaria en materia de endeudamiento es la garantía para decirle “nunca más a un endeudamiento insostenible, nunca más a decisiones que se toman en perjuicio del pueblo, nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejan tierra arrasada a su paso”. Es un fraude, porque desde el Pacto Buitre a la sanción del Presupuesto dictado por el FMI el macrismo contó con los votos necesarios por parte del PJ, el massismo y el kirchnerismo, que hoy conforman el oficialista Frente de Todos.
Agreguemos a estas imposturas que en estos primeros 81 días de gobierno ha seguido aumentando la deuda pública en miles de millones de dólares, principalmente por los títulos que el Tesoro enchufa al Anses y al Banco Central, y siguiendo por el canje de los bonos en pesos. En ese terreno, para revertir el fracaso de las últimas licitaciones, el viernes el gobierno adelantó en Boletín Oficial que tomarán a “valor técnico” (nominal) títulos que cotizan en el mercado por debajo de la mitad de ese número.
Por lo demás, el fantasma del default sigue sobrevolando. El éxito de Guzmán en lograr la adhesión de los bonistas a la oferta de reestructuración no está ni mucho menos asegurado. Tras la euforia gubernamental por el supuesto apoyo del FMI al planteo sobre la insostenibilidad de la deuda, un vocero oficial del organismo afirmó que solo han comenzado las “discusiones” entre el país y el Fondo, pero aún no las “negociaciones”. Aún el “logro” de una reestructuración sería, además de una enorme carga financiera, a cambio de ofrendar como garantía el saqueo de los recursos naturales del país y de un mantenimiento de la parálisis industrial para evitar un incremento de las importaciones.
La pose crítica de Fernández no llega a esconder el rumbo de sometimiento de su gobierno al capital financiero.

Iván Hirsch

La burguesía brasileña apuesta por Bolsonaro

Detener la escalada golpista

Ordenada por el Palacio del Planalto, la convocatoria por parte de las hordas de bolsonaristas de un acto a favor del cierre del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal, para dar poderes absolutos al presidente, materializa el mayor objetivo de la extrema derecha neofascista. La estrategia de Bolsonaro es establecer un régimen dictatorial en el país.
Aunque no se está preparando ningún golpe militar para este día -lo que nos parece más probable- se ha dado un paso peligroso en esta dirección. La trama del golpe debe ser derrotada antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, sólo los ilusos creen que vivimos en una situación de «normalidad democrática».
No es una mera coincidencia que el general Braga Netto haya sido nombrado para la Casa Civil, reforzando el control de la alta jerarquía militar sobre los principales ministerios y puestos gubernamentales, el estallido de un motín policial (con métodos de terror paramilitar) dirigido por líderes bolsonaristas en Ceará, los insultos misóginos de Jair Messias (Bolsonaro) contra la periodista Patrícia Campos Mello (de Folha de São Paulo) y las sucesivas amenazas y provocaciones autoritarias de sus hijos, Paulo Guedes y partidarios influyentes.
Bolsonaro actúa sabiendo que producirá choques y crisis institucionales. Ante la evidencia de que la economía sigue estancada, la dificultad de conseguir una mayoría parlamentaria en las votaciones importantes (como en el caso de las enmiendas fiscales), la próxima disputa electoral en los municipios y el turbulento escenario internacional -ahora impactado por la propagación del coronavirus- el bolsonarismo apuesta por la radicalización autoritaria. Así, mantiene su base social de apoyo más extremista cohesionada y movilizada.
Jair Bolsonaro dio la contraseña a sus seguidores compartiendo el contenido de WhatsApp en apoyo de la demostración. Luego, como en otras ocasiones, dio un paso atrás ensayado, diciendo que eran sólo mensajes de naturaleza personal, una puesta en escena que no engaña a nadie. Asimismo, los generales Augusto Heleno y Hamilton Mourão declararon que no autorizaban la publicación de sus imágenes en la convocatoria del acto, pero que no lo condenaban, sino todo lo contrario: aseguraban su legitimidad.
Ante la gravedad de la situación, la construcción de la más amplia unidad democrática para detener el golpe de Estado es una tarea urgente. La lucha en defensa de las libertades democráticas no puede reducirse a palabras y declaraciones bien intencionadas. Es necesario tomar medidas inmediatas y enérgicas.
La Cámara de Representantes, el Senado Federal, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, los partidos políticos, los dirigentes políticos, la OAB (Orden de los Abogados del Brasil), y entidades de derechos humanos, tienen el deber de adoptar medidas concretas contra el plan puesto en marcha para socavar el régimen democrático. Todos los demócratas deben estar en primera línea contra los ataques a los derechos y libertades democráticas, construyendo acciones amplias y unitarias.
En este sentido, los tímidos y vagos pronunciamientos de Rodrigo Maia (Ndt.: Partido Demócratas, presidente de la Cámara de Diputados) y Dias Tofolli (Ndt.: presidente del Supremo Tribunal Federal), y el silencio hasta ese momento de David Alcolumbre (Ndt.: partido Demócratas, presidente del Senado y del Congreso Nacional), demuestran la debilidad de quienes deberían estar interesados en defender las instituciones de los ataques insultantes perpetrados por el presidente de la República y sus secuaces.
Su tibieza tiene una explicación. Aunque se enfrentan a un tira y afloja político-institucional, Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, Dias Tofolli y David Alcolumbre están unidos en la aplicación del programa económico de destrucción de los derechos sociales y laborales. Todos se inclinan ante Paulo Guedes que, a su vez, es el servidor de confianza del gran capital financiero del gobierno.
En nombre de la política económica y las reformas neoliberales, la burguesía brasileña no quiere el fin del gobierno del Bolsonaro, incluso frente a las repetidas amenazas de destruir el actual régimen institucional. La clase dominante busca, en el mejor de los casos, contener al neofascista dentro de ciertos límites, que resultan cada vez más flexibles.
Es decisivo que entre en escena el movimiento organizado de los trabajadores, sobre todo de sus sectores más oprimidos y jóvenes, porque no se puede esperar una lucha consecuente de los sectores burgueses que hoy se oponen públicamente a las ambiciones dictatoriales de Bolsonaro. Los movimientos sociales (MTST, MST, entre otros), las centrales sindicales y los sindicatos, los frentes nacionales de lucha (Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular) y los partidos de izquierda (PT, PSOL, PCdoB, PCB, PSTU) deben reaccionar inmediatamente. Un llamamiento conjunto de Lula, Guilherme Boulos, Manuela d’ Ávila, entre otros dirigentes públicos de la izquierda, que pidiera una movilización democrática, tendría una enorme importancia.
En un momento en que las libertades y los derechos fundamentales están seriamente amenazados, es hora de dejar las disputas electorales en un segundo plano. La prioridad es disputar la conciencia de los trabajadores y tener la fuerza social para luchar en las calles. Para ello, es urgente la construcción de un Frente Único de movimientos, sindicatos y organizaciones de izquierda.
Con unidad, coordinación e iniciativa, se puede construir un poderoso 8 y 14 de marzo contra Bolsonaro y por Marielle Franco y una fuerte manifestación en defensa de los derechos y libertades con maestros y funcionarios públicos el 18 de marzo. Al formar un Frente Único Nacional, con un comando central, es posible tener un día de luchas que culmine en una manifestación masiva en abril.
Es cierto que una parte de la población apoya al gobierno; pero hay otra parte, tan expresiva como la primera, que se opone a Bolsonaro. Y esa parte está formada por una mayoría de mujeres, negros, jóvenes y los más pobres. Creamos en la capacidad de lucha de nuestro pueblo trabajador, que ha demostrado su valor en tantos momentos históricos. La huelga nacional de petroleros fue la prueba de que es posible resistir. ¡A luchar!

¡Golpe no! ¡Por las libertades y los derechos!

¡Dictadura nunca más!

¡Derrotemos a Bolsonaro en las calles!

Editorial Esquerda Online

Bacardí: la guerra no tan «oculta» contra Cuba

El siguiente texto fue publicado en el diario cubano Juventud Rebelde. Es un fragmento de la nueva edición, revisada y actualizada, del libro Ron Bacardí: la guerra «oculta», de Hernando Calvo Ospina, obra coeditada por la Casa Editora Abril y Resumen Latinoamericano, que se presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana, febrero 2020.

La Bacardí ha estado detrás de buena parte de los planes concebidos o apoyados por el Gobierno de Estados Unidos para destruir la Revolución cubana. En el libro aparecen muchos de ellos y se revelan, además, las claves que permiten comprender esta afirmación.
Un lector familiarizado con los temas abordados o que tenga referencia de ellos debe saber que esta «guerra» de la Bacardí, que ha continuado hasta hoy, en realidad ya no es tan oculta como pudiera haberlo sido cuando se terminó, hace casi veinte años, la primera edición de esta obra —lo que justificó entonces su título: Ron Bacardí: la guerra oculta—, a lo que modestamente contribuyó su publicación.
Las causas del enfrentamiento tampoco son un secreto y pueden resumirse fácilmente.
La transnacional no abandonará el obcecado sueño de recuperar las propiedades que le fueron nacionalizadas por el Gobierno cubano —según considera este, con toda razón, en un acto legítimo, soberano y conforme al Derecho Internacional— ni a desempeñar un rol de primer orden en una Cuba restructurada como neocolonia a la medida de los intereses del Gobierno estadounidense, lo que le garantizaría su acceso al poder.
Si existieran dudas, pongo a consideración del lector las palabras de Eduardo Sardina, primer ejecutivo de Bacardí U.S.A. Inc. hasta 2006: «Si Estados Unidos reconoce a Cuba, y las condiciones para los negocios son favorables, entonces Bacardí puede considerar seriamente el volver a Cuba»1. Sin comentarios. Los cubanos, por su parte, harán hasta lo imposible por impedir que el sueño de la Bacardí se haga realidad, como lo dejaron claro, una vez más, el 24 de febrero de este 2019, al aprobar mayoritariamente (el 78,3 por ciento de quienes tenían derecho al voto), en referendo, la nueva Constitución de la República, que en su primer artículo establece que «Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano», y en el cuarto, que «los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución».
Bacardí-Martini tampoco renunciará al mercado estadounidense, pero el levantamiento del bloqueo a la Isla podría poner en riesgo su absoluto control del mismo, si esta última pudiera vender allí su mundialmente reconocido Havana Club.
Es por ello que, probablemente, seguirá apostando por la línea «dura» de la política exterior estadounidense hacia Cuba, que viene de la mano con la rigurosa aplicación de la ley Helms-Burton, la cual contribuyó decisivamente a elaborar y aprobar, con lo cual garantiza ambos objetivos.
Debe haber causado regocijo entre los directivos y accionistas de la Bacardí-Martini la activación, en mayo de 2019, por Donald Trump, del controvertido Título III de la ley, cuya aplicación fuera suspendida por sucesivos presidentes estadounidenses. «Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas», expresa un comunicado de la compañía al conocer la decisión.2
De algo sí hay absoluta certeza: en correspondencia con sus intereses, la transnacional continuará procurando despojar a Cuba de la marca Havana Club, y si no pudiera, no cejará en su empeño de obstaculizar su registro en territorio de Estados Unidos por parte de alguna empresa mixta con participación cubana y extranjera, como es hoy Havana Club Holding, o por alguna empresa de la Isla.
La Bacardí pudo lograr una vez más su propósito en 2006, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro denegó la licencia a Cubaexport para realizar el pago del registro de la marca. Posteriormente, en el proceso judicial promovido por la empresa cubana no fue posible lograr un fallo favorable, que reconociera su legítimo derecho a hacerlo, porque tanto la OFAC como las cortes estadounidenses se parapetaron tras lo establecido en la Sección 211 de la «Ley para la Aprobación del Presupuesto y las Asignaciones Suplementarias de Emergencia para el Año Fiscal 1999, y otros propósitos» (División A, Sección II, de la Ley Omnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia de los Estados Unidos de 1999).
Sin embargo, en 2016, cuando correspondía la renovación del registro de la marca Havana Club en Estados Unidos, Cubaexport sí logró obtener una licencia específica de la OFAC para hacerlo, a pesar de cuanto recurso empleó la Bacardí para impedirlo. El organismo de control financiero había consultado al Departamento de Estado al respecto, y este recomendó su otorgamiento,3 en un contexto en que ya se habían restablecido las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y se habían dado algunos otros pasos en el camino de la normalización de los vínculos bilaterales, muchos de ellos revertidos a partir de que Donald Trump asumiera la presidencia en enero de 2017.
Bacardí reaccionó de inmediato y solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que diera marcha atrás al otorgamiento de la licencia. Eduardo Sánchez, vicepresidente sénior y asesor legal principal de Bacardí Limited, señaló que la OFAC al revocar su decisión anterior de negar esa misma licencia «contradice su propia defensa de esa decisión en varias cortes de Estados Unidos».4 La compañía también solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas que cancelara el registro.
Es solo el comienzo de otro capítulo de final impredecible. En febrero de 2016, Anayansi Rodríguez, en aquel momento embajadora de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros Organismos Internacionales con sede en Suiza, señaló que el peligro de cancelación del registro de la marca seguía latente, ya que la Sección 211 se mantenía vigente, sin cambio alguno.5 Y esto sucede, a pesar de que en 2002, al finalizar en el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC el proceso para conocer de la reclamación presentada por las Comunidades Europeas6 en representación de los intereses de la empresa mixta Havana Club Holding, este órgano constató que la Sección infringía diferentes disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en correspondencia, solicitó que Estados Unidos reformara la misma para adecuarla a las obligaciones jurídicas derivadas de los mencionados acuerdos internacionales.
El peligro de que el registro de la marca pueda ser cancelado es real, no solo porque Estados Unidos mantenga intacta la Sección 211, lo que ha sido sistemáticamente denunciado por Cuba en las reuniones del OSD, sino, al menos, por otros dos motivos: primero, el contexto actual no es el mismo que aquel en que la OFAC otorgó la licencia autorizando que se efectuara el pago del mismo, y segundo, la transnacional nunca va a aceptar que la marca quede en poder de la empresa cubana, pues esta sería, según su lógica, una puerta que habría que cerrar, en previsión de un posible levantamiento del bloqueo, máxime cuando conoce que hay significativas fuerzas al interior del imperio que consideran que este no ha sido eficaz para conseguir sus propósitos, y otras que consideran que perjudica sus intereses. De hecho, Facundo Bacardí, quien dirige la transnacional desde 2005, en una entrevista concedida en 2014 a la revista Cigar Aficionado, admitió que algunos miembros de la familia estaban a favor del «embargo» —en realidad bloqueo— y otros en contra.7
Ahora bien, puede ser que la Bacardí en su «guerra» con la Cuba revolucionaria emplee, para lograr sus objetivos, métodos más o menos sutiles, más o menos agresivos, en dependencia de los contextos y las coyunturas, pero las contradicciones entre las partes en conflicto son, en esencia, antagónicas. Es por ello que esa confrontación tendrá, con seguridad, nuevos capítulos, muchos más, en una saga que parece ser interminable…

Hernando Calvo Ospina

Notas:

1 Benes, Alejandro: «The Spirit of the Bat», Cigar Aficionado, Washington, 1996.
2 Alonso Falcón, Randy, y Edilberto Carmona Tamayo. «El Título III y el amargo trago de Bacardí», Cuba, Cubadebate, 26 de junio de 2019.
3 Gámez Torres, Nora. «Departamento de Estado recomendó permitir a Cuba registro de Havana Club», El Nuevo Herald, 12 de febrero de 2016.
4 Ídem.
5 «Cuba denuncia incumplimiento de EE. UU. de resoluciones de OMC», Prensa Latina, 26 de febrero de 2016, en CubaSí.cu.
6 Las Comunidades Europeas son dos organizaciones internacionales (fueron tres con la extinta Comunidad Europea del Carbón y del Acero) de cooperación económica, infraestructura jurídica y funcional de la Unión Europea: la Comunidad Europea (antigua Comunidad Económica Europea) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estas comunidades surgieron para crear una fuerte unión económica entre sus países miembros.
7 Shanken, Marvin R. «A Conversation with Facundo Bacardí», Cigar Aficionado. julio/agosto 2014.

Símbolo imperecedero de la lucha independendista

Con los pronunciamientos en esta fecha se produjo el reinicio de la guerra emancipadora, que alcanzaría un impulso decisivo con la llegada al país de los principales dirigentes en el venidero abril

Una misma fecha puede estar marcada por disimiles acontecimientos que la hacen importante y significativa. Dentro de ese grupo de momentos gloriosos para la historia patria que guardan en sí sucesos notables, encontramos al 24 de febrero de 1895, celebrado como el reinicio de las guerras de independencia o, de acuerdo con la historiografía tradicional, Grito de Baire.
Después del fracaso de la Guerra de los Diez Años, los intentos de volver a la manigua por parte de los mambises fueron varios, corriendo diferentes suertes. Viejas contradicciones y diferencias entre los hombres llamados a liderar la contienda hacían que organizar el movimiento independentista fuera una tarea titánica. Pero a ello se dispuso el más grande de los cubanos, José Martí, que, sobreponiéndose a mil y más dificultades, le dio continuidad al proceso iniciado en Demajagua. La búsqueda incansable de la unidad por parte del Apóstol, permitió asegurar las condiciones que permitirían lanzarse en 1895 otra vez a la lucha.
Para el comienzo otra vez de la gesta independentista, Martí había ideado un plan que agrupara tanto los factores internos con los externos, es decir, el alzamiento simultáneo con la llegada de los principales líderes. Esto obligaría a la dispersión de las fuerzas españolas y ponía el factor sorpresa del lado de los cubanos.
Un primer plan de alzamiento, conocido con el nombre de Fernandina pues de ese puerto iban a partir las tres expediciones programadas, fue frustrado en enero de 1895. Esto constituyó un duro golpe para los independentistas, pero no disminuyó la disposición de lanzarse otra vez al combate. La acción decidida del Maestro le imprimió nuevas fuerzas a la conspiración y ya el 29 de enero de 1895, ordenaba efectuar el alzamiento no antes de la segunda quincena de febrero. Acordada la fecha del domingo 24 de ese mes por los dirigentes en Cuba, Juan Gualberto Gómez se lo comunicaba a Martí en un telegrama que rezaba: Giros Aceptados.
No se desarrolló según lo previsto
Como resultaba imposible la presencia en Cuba de los principales jefes de la revolución (Maceo, Gómez, el propio Apóstol) para esa fecha, el nuevo plan ideado por Martí tenía en la simultaneidad del alzamiento una de sus cartas de triunfo fundamentales. El 24 de febrero había sido escogido por coincidir con el comienzo del carnaval. Esto permitiría dar tiempo a hacer las coordinaciones pertinentes, y llegado el día, el desplazamiento de grupos de personas armados sin llamar demasiado la atención. Pero a pesar de la idea martiana de alzamiento al unísono en las diferentes regiones del país, la realidad fue mucho más compleja, y no se desarrolló como estaba previsto.
Los alzamientos en la región occidental del país fueron, en sentido general, un fracaso, ya que no se lograron los objetivos propuestos. El principal líder del movimiento en La Habana, el general Julio Sanguily –quien había combatido bajo las órdenes de Ignacio Agramonte–, a última hora vaciló en lanzarse a la manigua y fue sorprendido y apresado.
Otro de los líderes del oeste cubano, el entonces coronel José María Aguirre fue detenido y encarcelado cuando se proponía tomar el tren Habana-Matanzas. En Pinar del Río no estaba previsto ningún hecho significativo, pues no había nadie con experiencia combativa para que actuara de líder, por lo que los patriotas de esa provincia no recibieron la orden de alzamiento, y quedaron prestos a actuar llegado el momento. Camagüey tampoco participaría del alzamiento, pues Salvador Cisneros Betancourt, líder de la región, le había informado con anterioridad a Juan Gualberto Gómez que no se hallaban en condiciones de hacerlo, pero sí manifestó que se sumarian a la insurrección en poco tiempo.
La acción más importante en occidente fue la realizada por Juan Gualberto Gómez en la localidad de Ibarra, perteneciente al actual municipio de Unión de Reyes. Pero la no llegada de la mayoría de los complotados dio al traste con el éxito y terminó con Juan Gualberto Gómez apresado. Otras acciones realizadas en la región fueron los organizados por Martín Marrero, cerca de Jagüey Grande, y por un grupo de patriotas matanceros y habaneros, encabezados por el capitalino Alfredo Arango, luego coronel del Ejército Libertador, cerca de Aguada de Pasajeros.
En la región oriental sí se logró mayor coordinación y fuerza en los alzamientos al contar con la experiencia de las guerras anteriores y el liderazgo decidido de Bartolomé Masó y Guillermón Moncada. Para evitar delaciones e imprevistos de última hora, ambos amanecieron con sus hombres en el monte, a los cuales se unirían otros grupos independentistas.
Guillermón Moncada, enfermo de tuberculosis, se alzó con sus hombres en La Lombriz, región de Alto Songo. Dando cumplimiento a sus orientaciones, además hubo pronunciamientos independentistas dirigidos por el coronel Victoriano Garzón, cerca de El Caney; Quintín Bandera en San Luis; y Alfonso Goulet con Rafael Portuondo Tamayo en las cercanías de El Cobre; Pedro Agustín Pérez, Periquito, en Guantánamo. En la misma región, Enrique Tudela asaltó y tomó el puesto español de Hatibonico.
Bartolomé Masó coordinó una serie de levantamientos en la región del Cauto. Conocedor del peligro que significaba recomenzar la guerra, dictó testamento el día 20 de febrero. Por órdenes suyas partieron hacia diferentes localidades jefes mambises para lograr mayores alzamientos el día 24.
Masó dio el grito de independencia en Bayate, cercano a Manzanillo. Saturnino Lora y sus hermanos en Baire, que fue replicado con fuerza en la prensa de la época, desconociendo los demás alzamientos y confundiendo el grito independentista con algún movimiento autonomista.
De acuerdo con instrucciones de Bartolomé Masó, Enrique Céspedes se alzó en Calicito, cerca de Bayate. Amador Guerra haría lo mismo en Cayo Espino, donde atacó el destacamento de la Guardia Civil. En los alrededores de Bayamo se dieron diferentes levantamientos: Esteban Tamayo y José Manuel Capote, por un lado, y ya día 25, los coroneles Joaquín y Francisco Estrada, en el poblado de Barrancas. En las inmediaciones de Jiguaní, tropas comandadas por José Reyes asaltaron a las tropas allí acuarteladas y luego, al igual que los efectivos de Baire liderados por Saturnino Lora, se pusieron bajo las órdenes de Jesús Rabí y Florencio Salcedo. José Miró Argenter, Rafael Manduley y los hermanos Sartorio se lanzaron a la lucha en Holguín.
Aunque el plan de alzamiento no salió exactamente como lo había planeado Martí, se comenzó otra vez a luchar por el sueño frustrado de la independencia. La multiplicidad de alzamientos, fundamentalmente en las regiones de Matanzas y Oriente, dirigidos por Juan Gualberto Gómez, Bartolomé Masó y Guillermón Moncada, permitió el reinicio de la lucha armada, que alcanzaría un impulso decisivo con la llegada al país de los principales dirigentes en el venidero abril.
Y aunque el sueño martiano de la República nueva no se cumplió con el cese de la dominación española, el 24 de febrero de 1895 devino fecha fundamental en la historia nacional, símbolo imperecedero de las luchas por la independencia de Cuba.

Ernesto Ustariz Ramírez
Investigador y profesor universitario

Intervención en la presentación del libro «Documentos de la Revolución Cubana 1967»

Próximos a concluir el año 61 de la Revolución y cercanos a un nuevo aniversario de su triunfo, agradecemos a todos la voluntad de acompañarnos en el último sábado del libro del 2019. Nuestro saludo especial a los autores, editora y demás realizadores del texto, a los directivos y trabajadores del Instituto Cubano del Libro y su Editorial Nuevo Milenio, casa editora que pone hoy a nuestra disposición ¨Documentos de la Revolución Cubana, 1967¨. También nuestro agradecimiento por invitarnos a presentarlo, lo cual asumí no como una obligación formal por la responsabilidad que represento en la Unión de Historiadores de Cuba, sino por conocer del importante proyecto que desde FLACSO-Cuba, han emprendido los profesores José Bell Lara, Delia Luisa López García y Tania Caram León, en el reto de recopilar documentos de nuestra Revolución desde 1959.
Para algunos la recopilación de documentos es una acción menor en el mundo de la historiografía, pero que útil e importante resulta reunir en volúmenes la información dispersa y muchas veces olvidada o desconocida de textos que nos ayudan a comprender un proceso, un acontecimiento o una figura histórica. En materia de compilaciones, recordamos los tomos de documentos de Historia de Cuba, de la doctora Hortensia Pichardo, que tantas veces consultamos en los estudios universitarios de pre y posgrado, o las compilaciones de discursos de Fidel Castro o colecciones de secciones emblemáticas aparecidas en la prensa periódica. Como reconocimiento a este género, la Unión de Historiadores de Cuba, otorga desde el año 2017 y con carácter bienal el Premio de la Crítica Histórica Hortensia Pichardo al mejor libro en concurso dedicado a la compilación de documentos.
En el año 2006 se publicó el primer libro de esta serie, dedicado al año 1959. Ya los autores que desde años atrás venían preparándolo, declaraban como premisas de su trabajo investigativo:
La necesidad de acudir a documentos originales en el proceso complejo de analizar, explicar e interpretar los acontecimientos de la Revolución cubana.
La posibilidad de que mediante el análisis de los documentos (más las notas aclaratorias que preceden a algunos de ellos), investigadores, estudiantes y lectores acuciosos expliquen e interpreten las circunstancias y el clima político-ideológico de profunda lucha de clases en que fueron llevadas a cabo las tareas constructivas de estos años de Revolución.
La consideración como documentos, no solo de las leyes, decretos, regulaciones emitidos por el Consejo de Ministros, sino también de discursos, comparecencias televisivas, entrevistas periodísticas, notas diplomáticas, declaraciones e, incluso, artículos escritos en publicaciones de la época por los miembros más relevantes del Ejército Rebelde y del Gobierno Revolucionario, es decir, de la vanguardia revolucionaria.
Los restantes títulos, que van siguiendo la periodización anual de la Revolución que triunfó el primer día del año, tienen como años de edición: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2015, aunque en varias oportunidades el año de circulación es posterior al declarado, como sucede en el volumen que hoy presentamos.
1967, conocido como el Año del Viet Nam heroico, tuvo improntas trascendentales en el devenir de la Revolución Cubana.
Es el año en lo externo, que se acrecientan las luchas de las minorías negras en los Estados Unidos, que adoptan diversas manifestaciones de lucha, se producen las masivas protestas contra la intervención de Estados Unidos en la guerra en Viet Nam, ocurre una intensificación de la guerra de guerrillas, en el campo y la ciudades, que tuvo su máximo exponente en el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, encabezado por el Che Guevara y el destacamento internacionalista que lo acompañó desde Cuba, el que es derrotado y donde la mayoría de sus integrantes perdieron la vida. El apresamiento en combate del Che Guevara y su posterior asesinato, y el tributo de recordación, homenaje y compromiso con su legado, tuvo un impacto trascendental, que hoy continuamos. El pensamiento del Che sobre los retos populares de la época quedó expresado en su Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, escrito en 1966, pero publicado en abril de este año. La Habana fue sede del 31 de julio al 10 de agosto, de la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que fue clausurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro. Este discurso y la Declaración de la Conferencia aportan al conocimiento de la base programática de la lucha revolucionaria armada, como expresión principal de lucha popular en aquellos años.
Hacia lo interno. el año 67 encauzó la sustitución de la JUCEI como estructura administrativa local por el Poder Local, a nivel de municipios (en la época llegaron a existir 321), regiones y provincias y una coordinación nacional, con excepción de La Habana, donde se creó la Administración de La Habana Metropolitana, con 6 regiones y 32 seccionales. También es el año de la lucha contra el burocratismo y las medidas tomadas en esa dirección; de un amplio esfuerzo en la zafra azucarera, que llegó a ser la tercera de mayor producción desde 1952, estimulada por el convenio azucarero con la URSS, concluyéndose la primera fase de la mayor terminal de azúcar a granel de Cuba, la Tricontinental de Cienfuegos, de la creación del Cordón de La Habana con masivas movilizaciones populares, de la Brigada Invasora de Maquinarias Che Guevara para acabar con el marabú. Este es el año en que se aceleró el desarrollo industrial y agrícola, creándose varios frentes productivos y es el momento en que también comenzó a desplegarse una distribución socialista con proyección comunista, donde se establecieron varias gratuidades y un sistema de registro económico sustituyó a la contabilidad y se disminuyeron las relaciones monetarias-mercantiles, implementándose una eliminación o disminución de impuestos. También se disolvieron y crearon nuevos ministerios e institutos, como el Instituto Cubano del Libro y se hicieron transformaciones en el movimiento sindical, con la creación del movimiento de avanzada y la eliminación de los estímulos materiales por los morales y se reforzó el apoyo de la clase obrera a la agricultura.
El 67 fue un año también de continuación del desarrollo social, ampliándose las becas, la extensión del plan la escuela al campo, la creación de internados rurales, inauguración de instalaciones de la salud, con el mayor presupuesto del MINSAP desde el triunfo de la Revolución. En el plano cultural se realizó el Festival Internacional de Ballet, el Salón de Mayo en el Pabellón Cuba, la preparación del Congreso Cultural de La Habana, que sería en enero de 1968, y comenzó a editarse la revista Pensamiento Crítico, entre otros.
Sobre estos hechos, podrán los lectores de este libro, conocerlos mejor, así como las circunstancias que los provocaron y en cierta medida el contexto en que se desenvolvieron. No están todos los documentos, pero los seleccionados o a los que pudieron tener acceso los autores, reflejan la esencia de los bloques temáticos en que ha sido organizado el libro.
Si bien hay una deuda documental sobre estos años de la Revolución, textos como el que hoy se presenta, contribuyen a llenar posibles vacios. Por lo pronto, los investigadores, profesores, estudiantes e interesados en la historia podrán tener a mano, – sin necesidad de acudir a bibliotecas y archivos-, declaraciones, leyes, discursos, y otros documentos, que posibilitarán comprender mejor la epopeya revolucionaria en su primera década, definitoria en la consolidación de nuestro proyecto social.
Bienvenido sea entonces, ¨DOCUMENTOS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA, 1967¨. Quedamos a la espera del año 1968, ya entregado a la Editorial y exhortamos y agradecemos a los autores y editores por estas entregas y las que están por venir.

Muchas Gracias.

Jorge Luis Aneiros Alonso, Presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba .

Complejidad en el debate sobre la Deuda Pública argentina

La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, por su volumen y la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agrega que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”[1].
Además, se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas. Sin embargo, la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso territorial.
Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora, todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%, incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.
Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos, que atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.
Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión (Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada inflación, interviene también en un complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la riqueza.

Cada quien atiende su juego

Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los Acreedores Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende subordinadas a las definiciones del poder político.
Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.
Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.
¿Cuál será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos ante la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener en cuenta en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.
Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”, porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.
Es más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en 2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años 44.100 millones de dólares.
Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.

El horizonte del default

Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.
¿Qué puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.
Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.
Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.
Aparece, entonces, como necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.

Julio C. Gambina | 29/02/2020

Notas:

[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina 19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)
[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)
[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)
[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020)

Bolivia frente al colapso del sistema de salud

Régimen golpista en medio de dos epidemias

El sistema de salud y su escudo epidemiológico boliviano está quebrado: el gobierno mediante el ministerio del sector enfrenta dos epidemias al mismo tiempo, dengue en expansión y coronavirus cercando el país, y al parecer no se tiene capacidad para resolver ninguna de ellas bajo las actuales circunstancias. También está pendiente la solución de una tercera enfermedad, regionalizada en el norte de La Paz, llamada arenavirus, una enfermedad que produce fiebre hemorrágica con consecuencias letales si no se diagnostica y trata oportunamente.
El riesgo de ingreso de la mortal enfermedad asiática al país ha crispado al régimen al extremo que la Canciller Karen Longaric planteó cierre de fronteras como una medida radical si fuera necesario para evitar infiltraciones epidémicas en el país sin tomar en cuenta que el coronavirus tiene la mala costumbre de ingresar por los aeropuertos porque viene de muy lejos. Por su parte, el ministro de obras públicas, sustituyendo grotescamente al ministro de salud, se puso públicamente a explicar el uso de un escaner de temperatura corporal con rayos infrarrojos, donado por el gobierno chino, ante la mirada atónita del responsable del sector que quedó tan confundido como el propio auditorio. Por cierto, la usurpación de funciones es ya una costumbre en un régimen que secuestró la voluntad del pueblo boliviano.
Los actuales vendedores de ilusiones creyeron que después del golpe de Estado y en el marco de la mal llamada transición y pacificación vendría la luna de miel que los llevaría finalmente a celebrar la victoria electoral de mayo del 2020. Empero subestimaron el conjunto de problemas que enfrenta el país, en particular aquellos que tienen relación con el sector de la salud pública.
El sistema de la salud pública en general y el escudo epidemiológico en particular fueron trabajosamente construidos a lo largo de más de una década pero fueron abruptamente demolidos y ocupados como botín de guerra por la nueva administración golpista que, además de hacer estallar en mil pedazos la democracia boliviana, devastó la estructura sanitaria nacional.
Once millones de bolivianos están a expensas de la improvisación y la escandalosa ineptitud del ministerio de salud que ha perdido toda capacidad de enfrentar la actual crisis a lo largo y ancho del país. En el caso de la epidemia del dengue la situación no puede ser más atroz. Esta enfermedad está causando estragos en la región oriental del país cuyas estadísticas de mortandad, principalmente en niños, están siendo manipuladas en unos casos por el gobierno nacional y los departamentales y encubierta, en otros, por los medios de comunicación. La investigación del corresponsal boliviano Javier Aliaga para un medio francés (El dengue se ensaña con los niños, France24.com) fue silenciado inmediatamente por el oficialismo debido a la escandalosa estadística de niños enfermos y muertos en la capital oriental.
Se estima que más de 30 personas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad, la mayoría niños y personas de la tercera edad. La ciudad de Santa Cruz, la más afectada, a la que siguen Trinidad, capital del Beni y Cobija capital de Pando y que suman dos terceras partes de la geografía nacional, tienen prácticamente sus hospitales colapsados con centenares de enfermos que no acceden a los medicamentes y no cuentan con el suficiente personal profesional ni con el apoyo de los técnicos de salud. El Deber, un periódico conservador, denunció que existen decenas de pacientes tirados en las calles en los hospitales del Plan 3.000 y Villa 1° de mayo esperando durante más de 8 horas atención médica (Pacientes de dengue esperan en las aceras más de 8 horas por atención en salas hacinadas, ED, 16 febrero 2020). El Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, advirtió que el departamento enfrenta una “epidemia explosiva” y reiteró que estaba claro que la epidemia estaba fuera de control. Tan fuera de control se encuentra la expansión del dengue en el país que el propio ministro de Salud, Anibal Cruz, ratificó la información del funcionario departamental señalando que el dengue sería controlado recién en junio, pero no por la eficiencia de su ministerio sino por la llegada del invierno.
De acuerdo a información de prensa, Santa Cruz registra una epidemia explosiva con más de 3.000 casos confirmados y alrededor de 30.000 afectados, calculándose que en los próximos dos meses la población afectada podría sobrepasar los 60.000 enfermos, una verdadera catástrofe humanitaria. Pero eso no es todo, el sistema nacional de salud en general está virtualmente en crisis profunda debido a la falta de transferencias y pagos, déficits de ítems y falta de medicamentos, factores que están poniendo en riesgo la salud de la población además de la falta de coordinación entre el sistema nacional y los gobiernos regionales y municipales.
Respecto a la epidemia del coronavirus hasta el momento no existe ninguna evidencia de su ingreso a Bolivia a pesar de presentarse un caso que se encuentra en plena observación y que habría dado negativo en los primeros análisis. No obstante, la falta de condiciones adecuadas para enfrentar esta pandemia en el país son ciertamente deplorables. No se cuenta con equipos ni personal adecuado en los puntos críticos, – fronteras, terminales de buses internacionales o aeropuertos -, peor aún, los recursos tecnológicos elementales o un sistema de alerta temprana en la población para contener esta pandemia. El solo anuncio del presunto caso en diagnóstico disparó el miedo y el pánico en la población al punto de agotar todo el stock de barbijos en la red de farmacias privadas.
El problema de fondo no fueron las fallas heredadas del sistema de salud del gobierno anterior, sino la dependencia y sumisión ideológica al extranjero así como las decisiones políticas que arrojó al sistema de salud al precipicio. El ministerio de salud y su titular fueron un botín institucional entregado al Colegio Médico de Bolivia por su papel en las protestas callejeras que finalmente condujeron a la renuncia de Evo Morales. En un trabajo previamente coordinado desde la embajada de los EEUU, en complicidad entre los ministros de salud y comunicación, Anibal Cruz y Roxana Lizárraga, durante más de un mes dedicaron toda su atención, trabajo y recursos a la búsqueda de pruebas o evidencias acerca de presuntas actividades de inteligencia que habría desarrollado la brigada médica cubana, desentendiéndose de sus tareas específicas. Durante un tercio de su gestión recorrieron el país entero denunciado la injerencia política e ideológica cubana en el sistema de salud sin mostrar una sola prueba, denunciaron cobros millonarios por los servicios de la brigada médica y el pago de jugosos sueldos que presuntamente habrían recibido los médicos cubanos así como gastos diarios dispendiosos. Todo un arsenal de mentiras prefabricadas deliberadamente con el ánimo de lastimar la reputación de la solidaridad del pueblo cubano que solo entrega lo poco que tiene y no lo que le sobra.
Las autoridades del régimen actuaron con saña digna del peor de los fascismos desplegando una feroz campaña de mentiras y tergiversaciones contra Cuba, en particular contra la cooperación médica cubana cuyo mandato procede de las entrañas oscuras de USAID. Se llegó incluso a incitar mediante los medios de comunicación a la violencia contra el personal extranjero con acusaciones falsas y detenciones arbitrarias y sin debido proceso.
Por decisión de Palacio de Gobierno, que a su vez obedecía disposiciones del gobierno norteamericano, se dispuso que Cancillería proceda a la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, se expulse al cuerpo médico cubano, se allane la clínica del colaborador violando flagrantemente la Convención de Viena, se suspenda todas las atenciones médicas a lo largo y ancho del país y que se rompan contratos o convenios de cooperación y servicios médico-científicos. La consecuencia de este aberrante sometimiento al mandato extranjero dejó en la inermidad a millones de bolivianos que hoy han dejado de recibir la atención médica básica en capitales de departamento, ciudades intermedias, pero fundamentalmente en comunidades rurales campesinas e indígenas. Suspender esos servicios médicos para la gente más pobre del país ha significado un verdadero crimen de lesa humanidad.
Ningún gobierno del mundo en los casi 200 años de vida del país fue tan solidario con el pueblo boliviano como el pueblo cubano. Basta recordar, siguiendo los datos oficiales del MINREX, que “la cooperación médica con Bolivia se inició en 1985 con la donación de tres salas de terapia intensiva para hospitales pediátricos. Desde el año 2006 hasta el año 2012, Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por valor de más de doscientos millones de dólares anuales, lo que incluyó equipamiento médico, medicamentos, insumos y material gastable, sostenibilidad de la brigada cubana, la transportación aérea de los colaboradores y los gastos en equipos médicos. Desde esa fecha, teniendo en cuenta la favorable situación de la economía boliviana, este país asumió los gastos de la prestación de los servicios médicos pero jamás transfirió un dólar a Cuba ni esta recibió ingreso alguno. Simultáneamente, se graduaron de medicina en nuestro territorio 5 184 jóvenes bolivianos, totalmente a expensas de la parte cubana.
Ninguna de las autoridades de facto ha reconocido que, como resultado de la consagración y la conducta profesional y estrictamente humanitaria del personal de salud cubano, cuyo 54% era femenino, se ofrecieron en ese hermano país 77 millones 330 mil 447 consultas, se realizaron 1 millón 529 mil 301 intervenciones quirúrgicas, se asistieron 60 mil 640 partos, se aplicaron 22 mil 221 vacunas y se hicieron 508 mil 403 cirugías oftalmológicas, servicios de los que ha sido desprovisto el pueblo boliviano desde la salida de nuestros colaboradores de la salud”.
La pregunta que cabe hacerse en este momento en el que Bolivia enfrenta esta doble epidemia, dengue y coronavirus, es saber si el ministerio de salud, satélite político de la embajada americana, será capaz de enfrentar estos riesgos que ponen en jaque la vida de millones de bolivianos. Al parecer, la eficiencia con la que se sometieron a tareas políticas indignas es inversamente proporcional a su capacidad con la que hoy enfrentan la responsabilidad de salvar la vida de nuestros compatriotas. Por cierto, no ha sido suficiente llevar a cabo verdaderas masacres blancas en el ministerio de salud como tampoco condenar a cientos de médicos formados en el extranjero a la informalidad profesional.
El ministerio de salud ha sido muchísimo más eficaz en priorizar una política de venganza por encargo extranjero que dedicarse a cuidar la salud de los propios bolivianos. Por ello, en cada enfermo o en cada muerte que pueda ocurrir como consecuencia del dengue o el contagio que pueda producir el coronavirus solo tendrá un responsable: el régimen golpista que le rinde culto a la muerte y un ministro de salud sometido a tareas indignas.
No hay duda que la política de salud, en manos del Colegio Médico de Bolivia, está más enferma que nunca puesto que hasta sus aliados más cercanos cuestionan el desempeño del gobierno nacional. El Secretario General del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, a tiempo de cuestionar la falta de ítems e insumos médicos, advirtió al régimen que se decidiera a atender las demandas de su sector o a la campaña política y que en caso de incumplimiento retornarían a las calles. Más claro, agua.

Ernesto Eterno | 29/02/2020

Comenzó la rebelión docente

La tan mentada “vuelta” de la paritaria nacional ha parido una crisis política, por un lado, y despuntado una rebelión, por el otro. Fernández y los gobernadores se topan con una reacción significativa de un sector del movimiento obrero, que transita una nueva experiencia política.
El gobierno y los cinco sindicatos nacionales (CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET) acordaron, en tiempo de descuento, un sueldo mínimo nacional, que el periodista Alejandro Bercovich calificó de “miserable”. El salario inicial, pasa de $20.250 a $23.000 a partir de marzo, un aumento del 13,5 %. Esto deja a los 250 mil docentes del país en la mitad de la canasta de pobreza, hoy de más de $40 mil, y menos de un tercio de la canasta familiar -$75 mil. A partir de julio, se iría a $25.000. Luego, se otorgarían cuatro sumas fijas no remunerativas (continuando con el achatamiento de la pirámide salarial), de $1.210, a cobrarse de abril a julio, y chau cláusula “gatillo”.
Alberto Fernández agradeció a los gremios en la Rosada por el “gran esfuerzo” realizado (Télam 26-2). La oferta nacional tenía el objetivo de allanarle el camino a los gobernadores en las provincias.

Diez provincias van al paro

En Chubut, el congreso de ATECH ya había votado no iniciar las clases, con 72 horas de paro, mientras Arcioni amenaza con sanciones. ADOSAC, en Santa Cruz, había decretado lo mismo, por 48 horas. En las últimas asambleas de ATEN, Neuquén, se ha votado impulsar el no inicio de clases con paro de 48 horas la primera semana y 72 horas la siguiente.
En Tucumán, la asamblea de los docentes autoconvocados le impuso a la dirección de ATEP el no inicio de clases por 48 horas. Manzur respondió con la conciliación obligatoria, que la burocracia se apresuró en aceptar. En Salta es inminente la votación de un paro de, por lo menos, 48 horas. El sector burocrático de los autoconvocados ha tenido que rechazar la propuesta gubernamental, plantear el paro y avalar la asamblea provincial autoconvocada para el sábado 29, en la cual se votarán medidas de lucha. En Misiones se ha producido una rebelión a través de un proceso de autoconvocatorias, luego de que los sindicatos adheridos a CTERA firmaran una paritaria del 20%, para arrancar el no inicio de clases. Los docentes chaqueños también han rechazado la oferta. El Frente Gremial irá a la huelga si se anula la cláusula gatillo.
Bajo la consigna “ellos quieren pagar la deuda, nosotros queremos comer”, en Formosa, el gremio Docentes Autoconvocados ha convocado al paro y a una marcha para este lunes 2, cuando Insfrán y el ministro Trotta encabezarán un acto de inauguración del ciclo lectivo. También van a la huelga por 48 horas los docentes de Catamarca, luego de rechazar sumas fijas de $1.500. El gobierno ha decretado la conciliación obligatoria (Catamarca Actual, 28/2). En Entre Ríos, AGMER, en su congreso extraordinario, votó paro por 72 horas y tampoco inician las clases. Los docentes de Santa Fe también van a la huelga en defensa de la cláusula gatillo y en rechazo a la propuesta de Perotti. Sólo resta definirse si será por 48 o 72 horas, que será decidida en una votación en las escuelas. Sonia Alesso, la Secretaria General de la CTERA, ha quedado en minoría en su propio sindicato
En la Provincia de Buenos Aires, la oferta de Kicillof, 16% en dos cuotas, quebró al Frente de Unidad Docente. Udocba y FEB han rechazado la oferta, pero sin convocar a medidas de fuerza. El Suteba provincial ha aceptado la propuesta, pero La Matanza, Escobar, Tigre, Berazategui, Marcos Paz, Ensenada y General Madariaga, dirigidas por la Multicolor, han rechazado la oferta oficial y votado medidas de huelga y una movilización para el lunes 2 al Palacio Pizzurno. Baradel ha pagado caro el precio de ser el principal “vocero” del gobierno y quedó aislado en la provincia, aceptando un acuerdo ruinoso en soledad. En Capital Federal, UTE rechazó las sumas fijas del macrista Larreta, pero aceptó el resultado de la paritaria nacional y no ha convocado al paro. Por su parte, Ademys resolvió en su asamblea convocar al paro en repudio.

Perspectivas

Cuando Alberto Fernández tuvo que retirar la decisión de suprimir los regímenes especiales de los docentes, en diciembre pasado, ya había recibido la primera advertencia. Ahora, mientras el gobierno negocia el “default” con el FMI, tenemos en marcha un proceso de lucha en numerosas provincias y un descontento generalizado en el conjunto de la docencia. La dirigencia sindical ha salido golpeada.
La rebelión docente recién comienza.

Mariano Hermida
29/02/2020

Treinta guerrilleros españoles contra 1.500 soldados nazis: la batalla de la Madeleine

En el año 1.944 unos 30 guerrilleros españoles de la 21ª Brigada de la 3a división al mando del Comandante Gabriel Pérez apresaban unos 700 alemanes cerca del castillo de Tornac en Francia.
Los capitanes de estos guerrilleros eran Gabriel Pérez y Miguel Arcas, en connivencia con el gendarme Carlo y el mítico Cristino García Granda, uno de los guerrilleros más importantes miembro de la resistencia francesa.
Una columna de la Wehrmacht alemana salía de Toulouse hacía París y debía pasar forzosamente por el cruce de la Madeleine. No se imaginaban lo que les iba a esperar en ese punto.
Los guerrilleros españoles recibieron órdenes de ir a cortarles el paso. Justo después de la llegada de estos aparecerían los francotiradores y partisanos franceses quienes, conocedores del terreno, asesoraron y guiaron a la Brigada para que todo el mundo tomara posiciones de forma estratégica.
La mayoría se colocaron cerca del castillo desde donde la visibilidad era óptima mientras que los especialistas prepararon dinamita y la colocaron debajo de los dos puentes (el de la carretera y el del ferrocarril) de tal manera que cortarían el paso y dejarían a los alemanes encerrados por ambos lados.
Sobre las tres de la tarde se avistaron los primeros alemanes acercándose en motocicleta, detrás hasta sesenta camiones, tres cañones y cinco blindados. Hasta 1.500 soldados se contabilizaron en total.
En el momento en que estos empezaron a cruzar los puentes, los españoles hicieron explosionar la dinamita, volando de esta forma la infraestructura por un lado y por el otro, de manera que la Wehrmacht se quedó aislada por completo y no pudo ni seguir adelante ni retroceder.
Empezó así una dura batalla en la que los alemanes creyeron que su enemigo estaba en superioridad numérica y de condiciones cuando en realidad era totalmente al revés.
Los españoles estaban colocados de manera estratégica y así fue como confundieron a los nazis hasta que estos decidieron rendirse.
La mañana siguiente de la batalla quince oficiales alemanes fueron a parlamentar con el mando español. La guerrilla les propuso acompañar a dos o tres de sus oficiales de alta graduación a ver al comandante de la gendarmería francesa de Anduze y estos aceptaron, acordando una tregua de dos horas.
Los alemanes pidieron que se les dejara el paso libre a cambio de no atacar a los guerrilleros pero Cristino García Granda solamente propuso la rendición incondicional.
Los alemanes rompieron la tregua atacando las posiciones de los españoles durante más de dos horas, tiempo en el que aparecieron refuerzos que habían solicitado a las Fuerzas Francesas del Interior (FFI).
Los alemanes siguieron lanzando ataques hasta que apareció la aviación inglesa y empezó a bombardear las líneas enemigas. Sobre el mediodía, finalmente los nazis acabaron rindiéndose desplegando la bandera blanca.
Más de 600 soldados alemanes se convirtieron en prisioneros en manos de una treintena de guerrilleros españoles. Fueron finalmente reconocidos como héroes por parte de Francia, pues después de la Guerra Civil española todos los que habían tenido que huir a campos de concentración franceses como exilio habían sido tratados como verdaderos delincuentes por parte del gobierno de Daladier.
Su experiencia en el campo de batalla les sirvió para combatir en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y finalmente ganarse el respeto de los aliados.

Meggy Williams