jueves, febrero 27, 2020

Coronavirus, la verdadera "pandemia"



En cuestión de horas, la cuestión del coronavirus ha superado todos los anuncios pretendidamente “tranquilizadores”, para poner de manifiesto un desastre sanitario, social y económico de alcance mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) convoca ahora a prepararse para una pandemia, esto es, la propagación del virus de un modo perdurable e internacionalmente extendido. En China, ya se han producido más de 2.500 muertes, mientras que se registran 80.000 casos en el mundo. El virus ya se ha alojado en Italia y, por lo tanto, en Europa, mientras que los casos y la alarma se extiende a Irán y Corea del Sur, entre otros 37 países.
La tesis de la baja tasa de mortalidad del virus -del 3 al 4% en China- , que alimentaba los mensajes apaciguadores de las primeras semanas, comienza a mostrar sus falacias. Ocurre que el bajo porcentual de muertes debe contraponerse con la muy fácil propagación, debido a que el contagio tiene lugar antes incluso que las personas evidencien síntoma alguno. A término, esta difusión fulminante debe llevar a un aumento absoluto de personas muertas. Al mismo tiempo, la velocidad de contagio desborda las medidas de atención que apuntan a morigerar la enfermedad, lo que conduce a un mayor número de casos fatales.
La paralización económica que acompaña a la epidemia en China -y las medidas similares que comienzan a tomarse en otros países- han desatado un derrumbe de las bolsas mundiales, que se extiende hasta infectar a los títulos de la deuda pública norteamericana. El valor bursátil de las sociedades que cotizan en las bolsas europeas sufrió una pérdida de 400.000 millones de dólares en los últimos días. Lo mismo ocurre con los precios del comercio internacional, comenzando por el petróleo. Los especuladores descuentan un agravamiento de la catástrofe y de sus consecuencias. Pero el pulgar hacia abajo es, en este caso, un veredicto respecto de todo un régimen social.

El virus está adentro

Un artículo publicado por el New York Times días atrás, con la firma del Dr. Michael Osterholm, infectólogo de la Universidad de Minessota, pone de manifiesto los límites de las medidas adoptadas hasta hoy. Por empezar, caracteriza a los bloqueos y cuarentenas como “tácticas dilatorias” de la propagación de la enfermedad. La dilación, señala, puede ser valiosa, a condición de que exista “un sólido sistema de salud”. Pero en su valoración, la propagación del virus terminará desbordando “rápidamente todos los recursos, tanto en China como en Estados Unidos”. La explicación del autor no admite ambigüedades: estamos “en un mundo mal preparado para enfermedades potencialmente mortales y de fácil transmisión”. Y señala luego que la primera ausencia de preparación se relaciona con el mundo del trabajo: “la prioridad número uno de todos los países debería ser proteger a sus trabajadores de la salud”. En el corazón de la epidemia, en la provincia china de Hubei, se han registrado 1.500 casos de médicos infectados.
Los autores recomiendan el desarrollo de “instalaciones ad hoc de emergencia” -carpas en grandes playas de estacionamiento- ante el evidente desborde de los hospitales públicos. En efecto: los dispositivos de emergencia que se han adoptado en diferentes países están centrados en los hospitales estatales. Pero tropiezan con los límites crecientes de este tipo de atención, en el marco de un progreso general de la privatización de la salud. Un reciente informe de la OMS señala que “en los países de ingresos bajos y medianos, los nuevos datos sugieren que más de la mitad del gasto sanitario se dedica a la atención primaria de la salud. Sin embargo, menos del 40% de todo el gasto… proviene de los gobiernos”.
El Dr. Osterholm añade luego que los implementos sanitarios de protección –barbijos y otros- se están “agotando rápidamente” en los hospitales norteamericanos, lo que coloca a enfermeras y médicos en la desprotección. Recomiendan entonces que “las cadenas de fabricación y distribución de medicamentos y otros productos vitales, como agujas y jeringas, no deben interrumpirse y, dada la naturaleza global de esa industria, para eso es necesaria la cooperación internacional”. Sugieren, en definitiva, una gigantesca articulación mundial que, claramente, es antagónica con el lucro privado y la competencia entre monopolios capitalistas. “Los países no deberían ser aislados”, señala el autor, y alude, sin mencionarlo, a los choques relacionados con la guerra comercial y la crisis mundial.
En su paneo sobre este desastre “sanitario”, el especialista termina abordando un punto neurálgico: anticipa una crisis “farmacológica”, relacionada con la posible escasez mundial de medicamentos genéricos, que tiene como principal productor a la paralizada industria china. Tanto para superar esa penuria, como para producir los medicamentos necesarios para enfrentar el coronavirus, la sociedad choca con las barreras impuestas por las patentes farmacéuticas, el derecho de propiedad sobre un conocimiento que, sin embargo, suele originarse en universidades y centros de investigación de carácter público.
El revelador diagnóstico de Osterholm conduce a una conclusión de fondo: un abordaje integral de la pandemia del coronavirus colisiona con el orden social existente. Al socializar la producción e integrar en conjuntos gigantescos y multitudinarios a la humanidad, el capitalismo ha facilitado las condiciones para una recreación y multiplicación de las dolencias virales o contagiosas. Pero la lucha por el beneficio privado, a escala planetaria, es un bloqueo definitivo para la resolución de esos males. Incluso cuando el trabajo humano -en la cabeza de científicos e investigadores- ha creado los principios activos para su tratamiento.
El desastre del coronavirus nos exige un programa, que debemos “propagar” y debatir, con los trabajadores de la salud de todo el mundo:
-Protección integral sanitaria –con implementos y medidas de prevención adecuadas, para médicos, enfermeras y demás trabajadores. Control obrero de las condiciones sanitarias, en hospitales y todo lugar de trabajo.
-Expropiación de predios vacantes para la instalación de predios sanitarios de emergencia.
-Nacionalización de la industria farmaceútica y abolición del régimen de patentes, para asegurar la provisión de medicamentos al conjunto de los afectados.
-Gobierno de trabajadores, para planificar y coordinar una acción sanitaria que exige la solidaridad universal, no la rapiña capitalista.

Marcelo Ramal
26/02/2020

El Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) ¿un frente único de clase o frente popular? (1971-1976)

Resumen:

El presente trabajo pretende abordar la experiencia del Frente Antimperialista y por el Socialismo (FAS) impulsado por un número de organizaciones de izquierda, entre ellas el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), El Obrero, El Frente Revolucionario Peronista, etc. En primer lugar veremos como el FAS pretendió ser la respuesta al “desvío democrático” impuesto por la burguesía y las Fuerzas Armadas para derrotar al ascenso de la clase obrera argentina luego del Cordobazo, y cuyo principal operador fue Juan D. Perón.
En segundo lugar, analizaremos el FAS dentro de la experiencia de la clase obrera argentina a partir del Cordobazo (1969) hasta el Golpe militar de 1976, en el sentido de visualizar las estrategias que impulso el activismo obrero en conjunto con la organizaciones de izquierda con el intento de construir una alternativa política que defienda sus intereses genuinos. En tercer lugar, pondremos en debate esta experiencia colocando sobre la mesa si el FAS constituyó un “frente único de clase” o un “frente popular” lo cual abordaremos metodológicamente no sólo a través de las caracterizaciones de la etapa que poseían las distintas organizaciones de izquierda que conformaron el Frente. En cuarto lugar, abordaremos el FAS desde la etapa previa a formación en 1971 hasta el año 1976 en plena dictadura militar. Para ello nos valdremos no tanto de la documentación de la época sino también de la bibliografía complementaria. En este sentido, y para no caer en el acervo de lo ya escrito, analizaremos las diversas etapas por las que atravesó el FAS teniendo en cuenta sus perspectivas y limitaciones en términos de estrategia y programa, es decir expondremos sus contradicciones y como éstas actuaron hasta su disolución.
Por último es importante destacar la necesidad por estudiar las diversas experiencias de la clase obrera argentina, cuyo interés no recae en un aspecto meramente académico, sino que el mismo surge por demostrar la vigencia como la construcción de una alternativa de los trabajadores.

Introducción

El 9 de marzo de 1971, el semanario Panorama nombraba a la provincia de Córdoba como la “vanguardia opositora” a la dictadura militar. A su vez, caracterizaba al movimiento obrero de la provincia a partir de la existencia de tres tendencias que convergían en su dirección. La primera, estaba reflejada en “la Hora del Pueblo” que fue constituida bajo la orden de Perón; la segunda, la del “Encuentro de los Argentinos”, asociada al Partido Comunista; y por último, aquellos “núcleos obreros” que proponían como salida “un orden socialista”.
El Cordobazo, en mayo de 1969, dio inicio a una nueva etapa en la situación política argentina. La huelga política impulsada por los trabajadores cordobeses se extendió no solo a nivel territorial sino hacia el conjunto del movimiento obrero del país. La maduración política de un sector de la clase obrera – como los obreros de la fábricas de IKA, Perdriel y Transax- se expresó tanto en la organización de las columnas que confluyeron al centro cordobés como en el famoso cántico: “luche, luche y no deje de luchar, por un gobierno obrero, obrero y popular”.
La situación que describía la revista, expresaba la preocupación de los principales círculos en las fuerzas armadas, de los partidos tradicionales y, por supuesto, del empresariado nacional y la Embajada norteamericana. Es por ello que a finales de 1970 y durante el año siguiente, que se constituyó el operativo del Gran Acuerdo Nacional´ que preparaba el camino para la vuelta de Perón y laapertura democrática´ como el recurso para `desviar´ y reprimir la tendencia revolucionaria abierta por el Cordobazo.
Pero a su vez, la irrupción de los obreros cordobeses generó un debate en el seno de las organizaciones de izquierda. La gran mayoría de las corrientes de izquierda no visualizaban una intervención independiente del proletariado en el escenario nacional, y por lo tanto establecía como salida la organización de frente populares´. La política del frente popular traslucía la caracterización de que la clase obrera no constituía una vanguardia y por ende no estaba preparada para emprender el camino de la liberación nacional y latinoamericana. Es por ello, que estas corrientes veían necesaria lasalianzas´ con sectores pertenecientes a la burguesía nacional. En el mismo sentido, planteaban la formación de `focos insurreccionales´ que reclutase a aquellos sectores provenientes del campesinado y del proletariado rural. Esta tesis fue desarrollada en el Congreso de la OLAS en 1967. No obstante, no nos interesa ingresar en el debate sobre la estrategia en torno a la lucha armada sino analizar su trasfondo: la conformación de frentes con sectores provenientes de la pequeña burguesía y de la propia burguesía en detrimento del imperialismo y sus socios en los distintos países del continente americano. El desarrollo de los frentes políticos en la Argentina va a tener un carácter distintivo a partir del período abierto por el Cordobazo. Esto es justamente lo que describe el artículo de la revista Panorama citada anteriormente. A partir de entonces nos preguntamos ¿Qué características tenían dichos frentes? ¿Cuál debían ser su composición, programa y estrategia? En el presente artículo nos proponemos abordar la historia del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) en la Argentina en el período comprendido entre los años 1971-1976. En un principio, el FAS pretendía ser una respuesta al “desvío democrático” impuesto por la burguesía y las Fuerzas Armadas para derrotar al ascenso de la clase obrera argentina luego del Cordobazo, y cuyo principal operador fue Juan D. Perón. En el presente artículo, analizaremos al FAS en el sentido de visualizar las diversas estrategias que impulso el activismo obrero en conjunto con la organizaciones de izquierda por construir una alternativa política que defendiese sus intereses genuinos. El frente estaba conformado por diversas organizaciones de izquierda como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, El Obrero, el Frente Revolucionario Peronista, entre otros. También llegó a contar con la incorporación de activistas obreros como Gregorio Flores, Domingo Bizzi, Leandro Fote, Eduardo Castelo y Armando Jaime además de la adhesión de Agustín Tosco entre otros dirigentes con una reconocida trayectoria y autoridad en el movimiento obrero. En su último congreso en la ciudad de Rosario en 1974, el FAS llegó a convocar alrededor de 25 mil personas. De aquí surgen una nueva serie de interrogantes ¿Por qué tuvo una existencia efímera dada la capacidad creciente de convocatoria? ¿Cuáles eran las contradicciones que habitaban en su interior?
Por último, en cuanto al recorte temporal partimos desde el año 1971 donde comienza a tener un mayor sustento las diversas tendencias frentistas al interior del movimiento obrero y que se va a reflejar en la dispersión de la vanguardia obrera y clasista surgida al interior del Cordobazo en las elecciones de 1973. Para ello nos valdremos tanto de la documentación de la época sino también de la bibliografía complementaria. En este sentido, y para no caer en el acervo de lo ya escrito, solamente analizaremos las diversas etapas por las que atravesó el FAS teniendo en cuenta sus perspectivas y limitaciones en términos de estrategia y programa, es decir solamente nos detendremos a exponer sus contradicciones y como éstas actuaron hasta su disolución. Es por ello, que nuestro recorte temporal culmina en el año 1976, con el golpe militar del 24 de marzo que condujo a la disolución del FAS y la eliminación (o desaparición) física de una parte importante de su dirigencia.

La etapa previa al FAS (1971-1972)

La situación que describía Panorama en marzo de 1971 reflejaba mucho más que la combatividad del movimiento obrero cordobés. La situación en Córdoba produjo un realineamiento al interior de las fuerzas armadas. El relevo del Gral Levingston por Lanusse expresaba la necesidad por reconstruir el régimen político en crisis por el mayo cordobés. Aquí tuvo lugar, la constitución del `Gran Acuerdo Nacional´ (GAN). Este acuerdo implicaba un nuevo realineamiento de las fuerzas políticas donde, bajo la orden del propio Perón, la dirigencia sindical y agrupaciones peronistas fueron exhortadas por su líder para encolumnarse bajo esta perspectiva. Bajo este acuerdo, surgirá la necesidad de preparar el retorno del líder, lo cual debía reflejarse en el inmediato apoyo por parte de las organizaciones políticas, sindicatos o agrupaciones gremiales al GAN. Quienes no apoyasen esta salida fueron reprimidos por el régimen gubernamental y con el visto bueno de Perón.
El Gran Acuerdo Nacional produjo una serie de movimientos al interior de las organizaciones de izquierda. En lo que a nosotros nos concierne, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), uno de los fundadores del FAS, desarrolló un cambio de su estrategia durante el año 1972 en función de la presión que ejercía el GAN sobre el conjunto de las organizaciones políticas. Es decir, comenzó a abarajar la posibilidad de la participación en las elecciones. De ser así, esto implicaba un cambio en la estrategia de intervención sobre las masas que sostenía hasta el momento. De una orientación fuertemente “militarista”, es decir donde se concentraba sus recursos y militantes principalmente a la lucha armada, se pasó a una actividad combinada entre el trabajo sobre los frentes fabriles y estudiantiles junto a la actividad militar. Principalmente esto obedecía a seguir las resoluciones del V Congreso de 1970 orientada a desarrollar –lo que para el PRT era primordial- los tres pilares: un partido marxista-leninista; un ejército revolucionario según el modelo vietnamita y sanmartiniano; y por último “la conformación de un Frente de Liberación Nacional” (De Santis, 2015: 309). Para citar un caso, durante su confinamiento en el Penal de Rawson, Gregorio Flores –quien fue encarcelado luego del Viborazo- comenzó a adherir al programa del PRT aunque todavía no efectivizaba su incorporación. Especialmente coincidía tanto con la creación de un partido marxista-leninista como con la conformación de un Frente de Liberación Nacional. Junto a Alfredo Curuchet, Flores apoyó desde la cárcel todas aquellas campañas políticas a conformar un frente común “contra el GAN” que reuniese a todas las organizaciones armadas, marxistas, peronistas y radicales. Un claro ejemplo fue la campaña por la liberación de los presos cuya consigna principal era la de “articular un vasto frente obrero y popular antidictatorial que encare enérgicamente la solidaridad con los presos sociales y políticos”. El 3 de diciembre de 1972, en un local en la provincia de Córdoba, alrededor de 200 personas representando a diversas organizaciones políticas, conformaron el Frente Antiimperialista Antidictatorial (FAA). La reunión estuvo presidida por Silvio Frondizi, director de la revista Nuevo Hombre. Un tiempo después, Gregorio Flores, quien participó del evento como delegado en representación del PRT, manifestó que la reunión solamente “tuvo un carácter partidario” (Flores, 2006: 117). Una segunda reunión tuvo lugar el 21 de enero de 1973 en la Ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos, en un local de la CGT de “Los Argentinos” (CGTA). En aquella reunión se incorporaron a sectores provenientes del peronismo como el FRP (Frente Revolucionario Peronista). Entre sus principales referentes podemos citar a Armando Jaime de la CGT de Salta, Martín Federico uno de los abogados del SiTraC-SiTraM, y Manuel Gaggero también abogado y ligado al movimiento obrero en Entre Ríos. Existió una tercera reunión, la cual no hemos podido confirmar fecha, en un local del Partido Intransigente, lo cual el dato relevante era la idea de ampliar el frente a otros sectores vinculados a la clase media o pequeña burguesía. Las diversas reuniones fueron arrojando como conclusión la necesidad de conformar un frente “con otras corrientes afines, (…) con un programa por la guerra y el socialismo, a nivel fabril, local, provincial y nacional”. De estas reuniones surgió el Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS). Su nombre también fue motivo de debate. Esto lo expresó en sus memorias el propio Flores: “para disgustos de algunos compañeros del PRT, en un momento iba a llamarse Frente Popular de Liberación que era la propuesta que traía Mariano (Benito Urteaga). Luis Fabbri (…) militante de El Obrero, fue quien propuso que se llamara FAS” (Flores, 2006: 118).

Las contradicciones en el FAS (1973-1974)

El FAS desde su formación tenía dos propósitos. El primero es que pretendió ser una plataforma política para presentarse a las elecciones presidenciales de setiembre de 1973. Especialmente se pretendía impulsar la fórmula Tosco-Jaime. Luego de la renuncia de Cámpora, Flores junto al “Negro” Germán fueron al local de Luz y Fuerza para tener una entrevista con Agustín Tosco y proponerle candidatura presidencial. El recuerdo de aquellas conversaciones son traídas gracias a Gregorio que comentó: “en esa entrevista y en otras que estuve con el gringo Tosco me dijo “si mi candidatura sirve para unir a la izquierda, yo no tengo ningún inconveniente en ser candidato. Pero si es factor de que la izquierda se divida, yo no puedo aceptar” (Flores, 2006: 83-84). La fórmula Tosco-Jaime no fue solamente levantada por el PRT y las organizaciones que formaban el FAS. También las organizaciones como Política Obrera y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) apoyaron esta iniciativa. Sin embargo Agustín Tosco, y luego Armando Jaime, declinaron a ser parte de una lista para enfrentar al FREJULI y a Perón en las elecciones de 1973. En el caso de Tosco, su postura consistía en que su candidatura “no se convertiría en un polo antiperonista” (Carrera; Grau; Martí, 2014: 323). Las elecciones presidenciales de 1973 generaron una crisis no solamente en el PRT, sino en el conjunto de las organizaciones de izquierda en el sentido de que caracterización, posicionamiento e intervención debía adoptarse frente a la situación que se presentaba. En primer término, ante la negativa de Agustín Tosco a encabezar la fórmula presidencial manifestó que ningún agrupamiento de izquierda pudiese ocupar sus listas y capitalizar a sus dirigentes proyectados por el Cordobazo.
Las elecciones expresaron un inconveniente en gran parte de los agrupamientos: cómo enfrentar a Perón. El Partido Comunista no solamente se negó a esta iniciativa sino que convenció a Agustín Tosco que su candidatura era inviable frente a Perón. La JTP-Montoneros y Peronismo de Base llamaron a votar explícitamente por la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) con el objeto de conformar un frente nacional´ bajo la dirección de Perón. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) fue uno de las pocas organizaciones que concretó ese requisito. En una declaración llamaron a Gregorio Flores, Leandro Fote, José Guillán, Agustín Tosco y varios referentes sindicales de diversas corrientes políticas a constituir “candidaturas obreras”. La campaña por las candidaturas obreras también reflejaba una suerte defrente amplio´ ya que planteaba la inclusión de dirigentes provenientes de distintas corrientes políticas sin una delimitación frente a Perón. Por último, el FAS, luego de la negativa de Agustín Tosco y Armando Jaime, no fijó una posición electoral de cara a los comicios del 23 de setiembre donde se presentaba la fórmula Juan D, Perón-Isabel Perón. Al tratarse de un frente heterogéneo, que albergaba entre ellas a organizaciones como el PRT y El Obrero y agrupaciones peronistas, solamente se limitó a resolver la libertad de voto. Esta decisión reflejaba una cierta confianza hacia el gobierno de Perón y sobre todo que la libertad de voto se sometía a favor de “un frente nacional antiburocrático y antipatronal en el cual tengan cabida todas las corrientes gremiales y políticas”. El segundo propósito recaía en conformar un frente amplio que aglutinase a sectores provenientes tanto de la clase obrera como de los sectores populares. Esto lo afirmo Gregorio Flores en la inauguración del IV Congreso del FAS, llevado a cabo el 18 de agosto en la ciudad de Villa Luján en la provincia de Tucumán. Allí afirmó lo siguiente:
Los convocamos a este congreso para que todos depongamos actitudes partidistas y construyamos realmente este frente, a los compañeros peronistas, radicales, marxistas, cristianos, a que salgamos de aquí y que llevemos al seno de nuestros barrios, de la fábrica y la villa, la idea, la necesidad y la posibilidad de construir un frente de los explotados contra el frente de los explotadores que es histórico y no se desarma en forma circunstancia.
Durante el congreso se corearon numerosas consignas y cánticos, entre ellos: “vea, vea que cosa más bonita, peronistas y marxistas por la Patria Socialista”. Entonces conviene preguntarnos ¿Qué carácter político poseía el FAS? ¿Un frente cuya dirección estaba bajo la clase obrera o un frente de colaboración de clases sociales dirigido por la pequeño burguesía o una fracción de la burguesía nacional? Según Mario Santucho en un folleto titulado Las definiciones del peronismo, afirmaba la intención del PRT de formar un “frente popular” que se podría sintetizar en el siguiente párrafo:
Nuestro Partido ha llamado y llama al Peronismo progresista y revolucionario, a las organizaciones armadas peronistas y no peronistas, al Partido Comunista, a las demás organizaciones de izquierda, a la Juventud Radical, al Sindicalismo Clasista y a las Ligas Agrarias, a estrechar relaciones, a defenderse mutuamente, avanzar en el conocimiento mutuo en relaciones políticas fraternales, hacia la más amplia unidad obrera y popular. A partir de ella, las fuerzas populares podemos darnos después una política de Frente Popular más amplio y dirigido a neutralizar y después ganar a sectores de la burguesía media o nacional uniéndolos al pueblo bajo la firme dirección Antiimperialista y Revolucionaria del proletariado (Santucho, 1973: 16).
En cuanto al programa votado en el IV Congreso, si bien planteaba la expropiación y el control obrero solamente se dirigía a las “grandes empresas monopólicas”. Es decir, se podría decir que la misma consigna no incluía a las propiedades de la burguesía nacional. Este aspecto no era menor, porque evidenciaba por un lado una concesión para constituir un “amplio frente de todas las fuerzas sociales y políticas del pueblo contra el imperialismo y sus lacayos”. Por el otro, evidenciaba una caracterización por la cual tanto en la economía como en la dirección del régimen político argentino existen dos sectores: uno expresado por las empresas extranjeros y sus socios nacionales con lazos en las fuerzas armadas, y el otro compuesto por una fracción de la burguesía nacional y ante el presente cuadro de situación cumpliría una función `progresiva´. Pero sobre todo expresa una suerte de fetiche hacia las expropiaciones. Porque su progresividad y carácter solamente depende de quién dirige el proceso expropiatorio: la burguesía nacional o la clase obrera. Esta es la esencia de la transformación socialista de los medios de producción, lo cual reflejaba que para llevarse a cabo debía enfrentar políticamente el liderazgo de Perón.
Entonces de acuerdo al carácter contradictorio reflejado no solamente en su programa sino al interior de las organizaciones que componen el FAS, se publicó un folleto titulado Política de Frente ¿Colaboración de clases con dirección burguesa, o frente único de la clase obrera y el pueblo? que recogía una serie de artículos del dirigente comunista Giorgio Dimitrov sobre la situación de clase obrera búlgara durante 1921-1923. Este material pretendía clarificar o despejar toda inquietud acerca del `frente popular´, pero sobre todo su objeto recaía en:
hacer un llamamiento muy especial a los compañeros que pese a tener objetivos semejantes a los que nosotros expresamos en nuestro programa, confían excesivamente en las direcciones burguesas, llegando a colaborar abiertamente con ellas, integrándose en casos a una experiencia que están muy lejos de controlar, y en la que no son aceptados más que temporalmente. E igualmente a los compañeros que mantienen posiciones de ultraizquierda, creyendo que la clase obrera puede prescindir de otras clases populares, también interesadas en la liberación social.
El texto de Dimitrov, se contextualiza en el golpe del 9 de junio de 1923 en Bulgaria orquestado por la Unión Militar frente a un gobierno de coalición que contaba con el apoyo de la Unión Agraria y la socialdemocracia búlgara. El autor concluye a un `frente único del trabajo´ donde confluyen tanto la clase obrera como los sectores provenientes de la pequeña burguesía en una plataforma común:
El frente único no significa en la práctica un abandono de sus principios de partido, ni tampoco perder su fisonomía como partido, sino la adopción de una plataforma anticapitalista común, concreta en defensa de las masas trabajadoras y en defensa de las masas trabajadoras y de lucha conjunta por la realización de esta plataforma (Dimitrov, 1973: 6).
Los editores del folleto no tomaron en cuenta que el golpe de junio en Bulgaria contó con el inmovilismo del Partido Comunista búlgaro que a su vez tuvo una posición neutral ante el hecho porque lo caracterizaba como un enfrentamiento al interior de la burguesía de aquel país. Esto valió una respuesta de la Internacional Comunista y particularmente de León Trotsky.
Para la mesa nacional del FAS la presentación del folleto con el artículo de Dimitrov permitía extraer una serie conclusiones para la Argentina. La primera es que la conformación del frente sería una respuesta ante un sector reaccionario que conformado por un sector de la burguesía nacional, que cuenta con sólidos lazos con el imperialismo y que se encuentra referenciado en las Fuerzas Armadas y el ala derechista´ del gobierno de Perón. La segunda, es que era necesaria la conformación de una plataforma o programa de características anticapitalistas´ para incluir además de la clase obrera a aquellos sectores vinculados a la pequeña burguesía y de la burguesía que se enfrentasen al capital internacional. La tercera era claro que la intención del folleto era la de llamar a Montoneros y al Partido Comunista a sumarse al FAS para conformar “un frente sólidamente unido del campo popular”.
En el marco preparatorio al V Congreso del FAS, que iba a desarrollarse en la ciudad Roque Saenz Peña en la provincia de Chaco, se presentó un “proyecto de declaración” a la dirección nacional. En dicho documento, se establecía una serie de lineamientos programáticos como la disolución de la clase obrera en un concepto más amplio como “los de abajo”. Si bien el texto reconoce al proletariado como la “columna vertebral de la nación”, bajo la terminología “los de abajo” se incorpora a los pequeños comerciantes y productores que no se encuentran catalogados en su antagonismo: “los de arriba” que estaría conformado por “un grupo de privilegiados que viven de la miseria de los demás”. El documento destacaba la línea histórica de las luchas obreras, donde se incorpora al Cordobazo y el surgimiento de los sindicatos clasistas como el SiTraC-SiTraM. Pero menciona a las elecciones de 1973 “como una victoria” dado que “la elección de Campora primero, y luego de Perón, después, fueron triunfos populares”. Es decir, para el FAS las elecciones de 1973 no fue el intento del régimen político por desviar el carácter revolucionario del Cordobazo y los sindicatos clasistas. Como conclusión a esta tesis, es que dicho triunfo puede ser arrebatado por la “derecha, representada por los políticos “antipueblo” y en la burocracia sindical”. Por último, el documento propone la “unificación de las fuerzas progresistas y revolucionarias” sean “peronistas, radicales, cristianos, comunistas o socialistas” en la lucha común por el socialismo. Este documento llevó a una serie de debates hacia el interior del frente, superando incluso la instancia congresal, lo cual se decidió que fuese debatido por el conjunto de los militantes del FAS.
Pero no obstante la tesis de la presencia de un ala derechista´ ofascista´ en el gobierno nacional fue sostenida y especialmente por los principales oradores en el V Congreso del FAS el 23 de noviembre de 1973. Agustín Tosco planteó un llamado a “fortalecer el frente con todas las organizaciones populares” para formar “un frente antisfacista”. En el mismo sentido intervino Alicia Eguren (Cooke) quien caracterizó la lucha interna dentro del peronismo entre un sector de derecha y otro revolucionario. Entonces para ella el FAS “debía tener una política sumamente flexible” para incorporar a aquellos sectores peronistas. Por último a la plataforma programática del V Congreso resolvió la conformación de un “frente antisfascista” a través de la “unidad amplia y fraternal entre todas las organizaciones y sectores populares comprometidos en la lucha por la libertad y la democracia” sin mencionar el carácter de la represión llevado a cabo por el gobierno de Perón. En un comunicado posterior al congreso, la mesa nacional FAS caracterizó al gobierno nacional como de “antiimperialismo limitado” ya que para llevar a cabo la liberación nacional sólo se podría concretar a través de: “efectivas medidas que tiendan a expropiar a todas las empresas monopolistas y llevando a cabo una profunda reforma agraria. Desconfiamos de su cumplimiento, pues lejos de aproximarse a ella, toda la política económica mantiene vivos los vínculos de dependencia con el imperialismo”. Para el FAS el proceso de expropiación de los medios de producción podría llevarlo a cabo Perón o un gobierno peronista para lo cual convertía en innecesario un gobierno de los trabajadores.

El Ocaso del FAS y la Dictadura militar (1974-1976)

El 15 de junio de 1974 se desarrolló el VI Congreso del FAS en la ciudad de Rosario. En este caso, la consigna principal era la “formación de una coordinadora de lucha de las organizaciones revolucionarias y populares” para fortalecer el Frente Antifascista. Esto se puede reflejar en la declaración final cuando afirma:
las organizaciones políticas y sindicales del pueblo como la JP, el peronismo de base, la izquierda revolucionaria, los diputados del pueblo, la juventud Radical, el Movimiento Sindical Combativo, el Movimiento Sindical de Base, la Intersindical, fueron madurando desde las entrañas mismas de la clase obrera y el pueblo, desde su conciencia, su organización y sus luchas, el proyecto de la Patria Socialista. En cuanto a las resoluciones, la propuesta principal estaba en la formación de un “Frente Antifascista y Antirrepresivo” conformado por “todas las fuerzas progresistas, patrióticas, antiimperialistas, democráticas y revolucionarias” para “ampliar la brecha abierta por el pueblo el 25 de mayo de 1973”. Las contradicciones políticas al interior del frente estallaron previamente, durante y después del congreso con el abandono de la delegación y posterior renuncia al FAS de OCPO. El motivo de su renuncia se deduce en la declaración de convocatoria al Congreso que firmaron junto al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y El Obrero. El eje polémico del documento se resume:
Si los revolucionarios nos planteamos estrategias, programas y frentes tratando de “no espantar” a los reformistas, no llegaremos a la revolución porque los reformistas pretenden llegar al socialismo con estrategias, programas y frentes que no asusten a la burguesía (…) seguimos levantando la bandera de la formación de un frente revolucionario como una de las tareas políticas de la hora. Pero lamentablemente resulta que evidente que no es esa la orientación y el objetivo que se plantean otras fuerzas en el FAS (…) Estamos convencidos que la unidad orgánica con el reformismo debilita y divide a los revolucionarios.
La declaración expresaba una diferencia política en torno a la estructuración del frente, pero especialmente apuntaba al FRP y al PRT respectivamente por convertir al programa del FAS en un instrumento flexible para poder integrar a Montoneros y al Partido Comunista. Estas contradicciones al interior de la dirección del frente la confirma el discurso de cierre de Armando Jaime: “en la propuesta actual que nosotros hacemos, no solamente tratamos de unir estratégicamente a las distintas fuerzas populares, sino que también hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas que quieran unirse (…) todas las fuerzas políticas que quieran luchar contra el fascismo”.
En una carta dirigida a la militancia, Armando Jaime planteó su renuncia a la mesa nacional del FAS: “siendo mi interés luchar por una ampliación política de alianzas, he decidido renunciar a la presidencia del FAS y al Comité Permanente, a fin de poder trabajar por la unidad en un marco más amplio de fuerzas revolucionarias, progresistas y populares” (Silva Mariños, 2017: 224). La acefalia en su dirección, luego de la renuncia de Jaime, se intentó resolver con el nombramiento de Gregorio Flores. Pero para evitar la profundización de las críticas referidas al FAS “como un apéndice del PRT”. En la presidencia se nombró a Manuel Gaggero. En una editorial en la revista Nuevo Hombre, la dirección del FAS respondió a la renuncia de Jaime con un nuevo llamado hacia la “unidad entre el peronismo y la izquierda” para derrotar al partido militar que está desplazando al sector “progresista” del gobierno.
La muerte de Perón, en junio de 1974, no solamente acrecentó la crisis política que asistía el régimen argentino. Sino, que evidenciaba el fracaso del operativo en torno a su regreso para “desviar” a las masas laboriosas detrás de su figura y liquidar la tendencia abierta por el Cordobazo. El conjunto de estas contradicciones llevaría a una situación límite. A comienzos de 1975, el gobierno nacional impulsó una serie de operativos represivos: la intervención de los sindicatos como luz y Fuerza y el SMATA en Córdoba; la invasión y represión sobre los obreros y el pueblo de Villa Constitución y los ingenios tucumanos. En cuanto al FAS, el 10 de abril de abril de 1975 salió una solicitada denunciando la embestida gubernamental sobre algunos sindicatos cordobeses y el operativo represivo en Villa Constitución. En dicho comunicado, se anticipaba que la respuesta frente a la situación que vivía la provincia se debía “respetar la Constitución y el llamado a elecciones democráticas”. En una carta a la militancia del Partido Comunista en el mes de junio, Santucho volvía a insistir con la idea de formar un Frente Democrático y Patriótico afirmando: “no puede haber obstáculos inmediatos (…) expresa claramente las intenciones del PRT de luchar hombro con hombro con el PC y otras organizaciones populares” (Silva Mariños, 2017: 237-238).
En una solicitada publicada en el diario Córdoba el 16 de julio, el FAS propuso: “ante la situación de aguda crisis política provocada por la fuerza de las masas obreras y populares en la calle que hicieron tambalear al núcleo fascista gobernante (…) proponemos un Frente Democrático y Antiimperialista (…) con sectores radicales y peronistas honestos y combativos, los cristianos y comunistas”. Frente al clima huelguístico y la profundización de las coordinadoras interfabriles, el planteo del Partido Comunista ante la crisis nacional no estaba alineado con la formación de un “frente democrático” sino más bien la conformación de un gabinete cívico-militar. La JTP no pretendía “romper con el frente nacional burgués” sino que su política sindical se integraba al interior del Partido Peronista Auténtico. Tiempo después, Gregorio Flores afirmó que los propósitos detrás de Montoneros estaba el de establecer “una alianza con la burguesía, una salida dentro del capitalismo” (Sartelli y Camera, 2001: 20).
Frente a un cuadro de irrupción de clase obrera a nivel nacional de manera inversamente proporcional las intervenciones del FAS comenzaron a mermar. A comienzos de marzo de 1976 se concretó el II Congreso del Partido Intransigente, en Capital Federal. Del mismo participaron sectores provenientes del Partido Auténtico, Partido Comunista, etc. Una comitiva del FAS concurrió al acto y lo caracterizó como “progresivo” dado que expresaba “el ánimo favorable a la construcción de un “Frente de Liberación Nacional” de que están imbuidos los partidos y organizaciones populares que se declaran antiimperialistas y democráticas”. Luego del golpe del 24 de marzo, se conformó la Organización para la Liberación de Argentina (OLA) donde convergían Montoneros, OCPO y el PRT. La idea era constituir un movimiento nacionalista para “convergir en un solo Partido Revolucionario” (Mattini, 2007: 348). La conformación de este nuevo frente quedaría solamente en las tratativas – por ejemplo en ese momento fue informado al conjunto de la base del PRT- ya que entre abril a julio, las tres organizaciones vivieron una sangría en sus fuerzas, cuyo resultado fue la eliminación física de casi toda su dirección, tanto en Montoneros como en el PRT.

Conclusiones

A partir del mayo francés, la clase obrera irrumpió en el escenario internacional con una clara perspectiva política y revolucionaria. Es bajo este escenario donde debemos circunscribir al Cordobazo, quien fue encabezado principalmente por el activismo de las fábricas automotrices y reparticiones estatales bajo la consigna `gobierno obrero y popular´. Sin embargo, esta consigna nunca logró desenvolverse a lo largo de la etapa histórica que culminó con el golpe militar de 1976. Ahora bien ¿Por qué no logró desenvolverse?
Una de las principales causas, y es la que tratamos de desarrollar en el presente artículo, la debemos buscar en la estrategia del frente popular que se manifestó en la mayoría de las organizaciones de izquierda y que prácticamente primó a lo largo del periodo histórico analizado. Una cruel paradoja si partimos que el `mayo cordobés´, como intervención independiente y organizada de clase obrera tiró abajo todas aquellas tesis que favorecían la constitución de frentes populares, focos insurreccionales y el regreso de Perón como medios para impulsar la liberación nacional de la clase trabajadora.
Si bien a nivel internacional el frente popular fue impulsado desde Moscú, en el continente americano podemos extraer una característica distintiva. El frente popular impulsado por las organizaciones de izquierda se desenvolvió de manera subordinada a los movimientos nacionales de contenido burgués. En nuestro país, la conformación de un frente popular implicaba colocar a la clase obrera detrás de la figura de Perón, sin delimitarse de él y sobre todo detrás de algún sector `progresivo´ de la burguesía nacional. Detrás de esta perspectiva podemos enumerar a las corrientes peronistas, estalinistas, maoístas e incluso trotskistas que atravesaron la historia argentina.
El caso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo no escapó a esta tesis con solamente tomar sus reiterados llamados a incorporar a sus filas a aquellos sectores provenientes del peronismo, estalinismo y el radicalismo. También se lo pudo visualizar en el análisis de su programa expresado en el listado de reclamos de carácter `anticapitalista´. En su programa, se expresaba la ausencia de la disputa por el poder político o, mejor dicho, la lucha por romper la subordinación del movimiento obrero frente a Perón. La movilización de importantes contingentes y concentraciones, que incluso podría llenar un estadio de futbol, no deben hacernos obnubilar el aspecto esencial por lo que obstaculizó al FAS, a tal punto de desaparecer del escenario político un año antes del golpe militar de 1976.
Detrás de un debate acerca de cuál estrategia es más acertada a la hora de intervenir sobre un determinado momento histórico se expresa una postura o un posicionamiento programático. Para casi todo el conjunto de las organizaciones políticas, la independencia de la clase obrera y su correspondiente estructuración política -que tuvo su máxima expresión con el Cordobazo- debía subordinarse a la necesidad de impulsar alianzas con sectores de la burguesía nacional.
Como cierre del presente artículo, nos parece sumamente importante destacar las conclusiones que elaboraron aquellos activistas obreros que participaron de la experiencia del FAS. Lo hicieron pensando que construían una alternativa política para los trabajadores. El caso de la trayectoria de Gregorio Flores nos parece ilustrativo, porque por un lado nos abre la posibilidad de extraer las enseñanzas políticas que nos ofrece el estudio de nuestro pasado. Pero por el otro, nos permite vincular su trayectoria con nuestro presente, de lo contrario nunca podremos puntualizar su vigencia.

José Barraza
22/01/2020

Notas

[*] Josè Barraza es historiador y trabaja junto al equipo de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Córdoba a cargo de Daniel Gaido. Mail: kbzonbarraza@hotmail.com
[1] “Córdoba: se necesita comisionado popular y de buena presencia” en Revista Panorama, Argentina, 9 de marzo de 1971, pág. 14. [2] Desde España, Perón apuntaló para la dirección de la CGT a José Rucci proveniente del Unión Obrera Metalúrgica. Su principal objetivo partía de “contrarrestar la eventual expansión del clasismo o, en todo caso, absorber los brotes rebeldes, mediante la articulación de un abanico de líneas divergentes entre sí pero convergentes en Puerta de Hierro” en Revista Panorama, 19 de febrero de 1973. En los primeros meses de 1973, los obreros metalúrgicos de la fábrica SOMISA ubicada en la ciudad santafesina de San Nicolás ocuparon la planta e iniciaron una huelga con un petitorio de demandas que incluía el aumento de salarios la insalubridad en algunas tareas, y los despidos selectivos a los activistas fabriles. Esta huelga, en el propio bastión gremial de Rucci, desató la ira de Perón que se refirió al conflicto de la siguiente manera: “el reciente caso de una entidad estatal por un grupo de agentes de la provocación (…) fabricando a la vez el dirigente de la “triste figura” [se refiere a Agustín Tosco] para armar un conflicto artificial con la finalidad de crear gremios independientes como lo habían hecho ya en Córdoba con SiTraC-SiTraM (…) Rucci anunció medidas para depurar de marxistas los sindicatos” en Diario Mayoría, 26 de enero de 1973. Ambas citas reflejan que elregreso´ de Perón venía con la clara intención de liquidar a la corriente clasista y antiburocrática en los gremios.
[3] Bajo el GAN, el gobierno de facto de Lanusse se propuso una cacería sobre la dirigencia obrera clasista y combativa cordobesa. Activistas y delegados gremiales pertenecientes al SiTraC-SiTraM, Luz y Fuerza, etc fueron encarcelados y confinados en Rawson. En el mes de octubre de 1971, por orden nacional se decretó la represión y la ocupación sobre los sindicatos clasistas de Fiat, la disolución y el cesanteo de la comisión directiva del sindicato de Empleados Públicos y el cesanteo del ala clasista del gremio de municipales. Mientras Perón apoyó y exhortó a Atilio Lopez a normalizar la CGT cordobesa en el apoyo al Acuerdo Nacional.
[4] “La desviación militarista” o el énfasis en la actividad militar produjo una fuerte crisis al interior del PRT. Esto se expresaba en un reclutamiento prácticamente molecular que no contrarrestaban las bajas de militantes. Esta situación se empeoró entre mayo a junio cuando prácticamente la mitad de la dirección nacional del partido culminó en prisión, creando enormes inconvenientes en la estructuración nacional de la organización. [5] El nombre de “Viborazo” se debe a los dichos del entonces gobernador de Córdoba, José Felix Uriburu: “por definición se anida una venenosa serpiente cuya cabeza Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo” La Nación, 8 de marzo de 1971. El 15 de marzo, se decretó un paro con movilización en la provincia que movilizó y concentro alrededor de 12 mil personas en el centro de la provincia. Si bien excede a nuestro trabajo, muchos historiadores colocan al Viborazo en la misma sintonía que el Cordobazo. Si bien el primero reflejó la disposición al combate de los trabajadores cordobeses, no se evidencio el frente único que sí había caracterizado al Cordobazo. En este último se puede visualizar las columnas obreras ingresado al centro de la ciudad dirigidas y encabezadas principalmente por los trabajadores mecánicos de IKA, Transax y Perdriel superando a la dirección de la CGT Regional. En cambio, durante las jornadas de marzo de 1971 estuvieron marcadas por un lado, por la dispersión de los activistas: algunos se encontraban ocupando reparticiones estatales como el caso de municipales, empleados públicos y el sindicato encabezado por Agustín Tosco. Otros fueron a la Plaza Velez Sarfield quien ante el llamado de Bagué (del SMATA) los manifestantes se dispersaron y fueron a los barrios donde ocurrieron una serie de saqueos a comercios y supermercados. Estos hechos fueron relatados en un documental por Domingo Bizzi y Gregorio Flores del SiTraC que durante el Viborazo se replegaron a barrio Guemes. Alli, los manifestantes saquearon un supermercado mayorista llamado “El Tabano”, y sobre aquel episodio Flores relato lo siguiente: “cuestión que estaba un negro del PRT y se subió arriba y grito: “Compañeros el pueblo ha expropiado este supermercado y vengan a llevar la mercadería” y los negros iban en carretilla, en carros y cargaban bolsas de azúcar, de todo” en “La Política sindical del PRT-ERP” De Mascaro Cine Argentino (Argentina, 2014). Por el otro lado, esta dispersión también se manifestó en la llamada “guerra de consignas” reflejada en los cánticos “ni golpe ni elección, revolución”, “el pueblo unido jamás será vencido”, “Perón y Evita, la patria socialista”, “lucha armada viva el Che Guevara”, entre otros. En cambio, durante el Cordobazo la canción más vociferada fue “Luche no deje de luchar por un gobierno obrero y popular”. A pesar de la extensión de la cita podemos visualizar que en las jornadas del Viborazo comenzó a manifestarse la ausencia del frente único por parte de las organizaciones de izquierda para plantear que el movimiento obrero debía colocarse como furgón de cola de la burguesía nacional abandonando su independencia de clase. [6] Según el PRT, esta línea política debía expresar una unidad frente al GAN “en una estrategia de guerra revolucionaria popular (…) hacer todo lo posible por lograr un acuerdo operativo con todas las demás organizaciones armadas” En “Resoluciones del Comité Ejecutivo del PRT”, enero de 1972. [7] “Para SiTraC y Activistas del SiTraM” Penal de Rawson, 2 de mayo de 1972. En Archivo del SiTraC, Subarchivo N°1, Ficha N°5 [8] “Resolución sobre sindical” en Resoluciones del Comité Ejecutivo del PRT, abril de 1973. [9] En una entrevista de Pablo Pozzi a Jorge Canelles, dirigente del Partido Comunista y del gremio de la construcción en Córdoba, afirmaba: cuando a Tosco le comunican desde… creo que fue Jaime quien le comunicó telefónicamente, la candidatura, yo estaba presente. Y adelante mío llamo a Zarate por teléfono para preguntarle qué opinaba. Zárate sin tener tampoco en ese momento todavía la opinión orgánica del partido, le dijo que le parecía una barbaridad porque era enfrentarlo a Perón y que no correspondía en ese momento políticamente dar ese paso, porque no íbamos a enfrentar con el peronismo. Eso, la opinión que le dio Zarate. Y Tosco, sin esperar la opinión orgánica del partido, decidió no hacerlo” (Pozzi, 2004:317) [10] El candidato a presidente por el PST, Juan Carlos Coral afirmaba que la “legalidad para Perón y su derecho a ser candidato pueden ser la prenda de unidad de los trabajadores argentinos y su vanguardia revolucionaria” en Avanzada Socialista, N° 19, 13 de setiembre de 1972. [11] Había diversas apreciaciones en torno a la fórmula Tosco-Jaime. Como se analizó anteriormente, para el Partido Comunista era negativa dada su inviabilidad para enfrentar a Perón. Para el PRT constituía una herramienta para impulsar la conformación de un Frente Nacional de Liberación. Según el PST, la fórmula presidencial era una fórmula independiente´ pero que no constituía una alternativa política dado que en su plataforma no figuraba una delimitación de conjunto acerca de Perón. En cambio para la organización Política Obrera, era necesario impulsar realizó una campaña a favor de la fórmula Tosco-Jaime porque constituíaun bloque obrero independiente para romper “con la subordinación a Perón y con los frentes burgueses” en “Declaración del Comité Ejecutivo Nacional”, Política Obrera, 10 de noviembre de 1972. Ante el fracaso de la fórmula, la organización trotskista no se presentó a ninguno de los comicios por no tomar recaudos para legalizar una lista independiente culminando a llamar a votar por la lista del PST. [12] “Declaración política” documento elaborado por El Obrero, agosto de 1973. [13] “El frente en Tucumán: la unidad combativa” Nuevo Hombre N°47, primera quincena de 1973 pág. 5. [14] “Surge en Tucumán el Frente Antiimperialista” en El Combatiente N°88 31 de agosto de 1973, pág.8 [15] “Lo que decían los carteles” en Nuevo Hombre N°47, primera quincena de 1973 pág.12 [16] “Prólogo de Política de Frente ¿Colaboración de clases con dirección burguesa, o frente único de la clase obrera y el pueblo?”, setiembre, 1973, p. 1. [17] El historiador francés Jean Jaques Marie una breve descripción sobre el dirigente comunista búlgaro y secretario general de la Komintern: “Dimitrov, cuya reputación de aficionado a las faldas y el vodka no le sirve en las oficinas del Komintern, tiene sobre todo un enorme pasado político: había pertenecido a la dirección del Partido Socialista llamado tesniak (que significa estricto) y convertido en Partido Comunista, que se distinguió desgraciadamente por un sectarismo asesino en 1918 y, luego, en 1923. En 1918, los soldados búlgaros, cansados de la guerra, se sublevaron en Radomir; la monarquía estaba al borde de la caída; ahora bien, los “tesniaks” se negaron a aliarse con los labradores (Partido Campesino) por un sencillo desacuerdo en el programa relativo a los pequeños campesinos, contribuyendo de este modo a salvar la monarquía. En 1923 dejaron que un golpe fascista aplastara, sin mover un dedo, a aquellos labradores que habían llegado al poder el año anterior” (Marie, 2001: 464). [18] En un artículo titulado “¿Es posible fijar un horario preciso para una revolución o contrarrevolución?” en septiembre de 1923, León Trotsky había Incorporado el golpe de estado en Bulgaria con los hechos ocurridos en España e Italia extrayendo un elemento en común: la ausencia de una estrategia de preparación, organización e intervención de los partidos comunistas en los respectivos países culminando en la desilusión y apatía de la clase obrera para propiciar el terreno para un golpe militar organizado y preparado. [19] “Política de Frente ¿Colaboración de clases con dirección burguesa, o frente único de la clase obrera y el pueblo?” setiembre, 1973, pp. 1-2. [20] “Proyecto de Declaración política del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Regional Córdoba” en Archivo del SiTraC, Subarchivo N° 18, Ficha N°14 pp1-5. [21] “La Fuerza del FAS” En Nuevo Hombre N°52, 1° quincena de diciembre de 1973, pp.11-17 [22] La escalada represiva del gobierno de Perón se puede apreciar en su propia declaración llamando a “terminar con las organizaciones de base” La Nación 23 de enero de 1973. [23] “El FAS contra el terrorismo blanco” en Revista Nuevo Hombre, N° 49 2da quincena de octubre de 1973 pág 10. Esta cita viene a alusión a que el centro de la denuncia para el FAS se centraba en el Imperialismo y no en Perón. [24] “Resolución Política” en VI Congreso del FAS, 14 de junio de 1974, pág.23. [25] “Documentos del VI Congreso del FAS” en Nuevo Hombre N°65, pág. 22. [26] “Frente Revolucionario o Frente Popular”, mayo de 1974 [27] “Unir a todas las fuerzas populares” en Nuevo Hombre N°66, 2da quincena de julio de 1974 [28] En una reunión de la dirección cordobesa del PRT, Gregorio Flores llevo como inquietud un debate en la mesa del FAS de la misma provincia. Dicha preocupación, o mejor dicho debate, radicaba en que un sector de su dirección manifestaba que el frente era un “apéndice del PRT”. A modo de un apparatchik soviético, German Gomez alias “el Negro Mauro”, responsable del PRT en Córdoba, le respondió a Gregorio: “el PRT pone el 80% de los militantes, el 80% de los locales y el 80% de la guita. Entonces, con todo derecho tiene que poner el 80% de la política” (Flores, 2006: 125) [29] “Como en Trelew, Izquierda y Peronismo unidos” en Nuevo Hombre N° 67, 1ra quincena de agosto de 1974, pp 2-3 [30] “El pueblo de Córdoba exige el respeto por la libertad y la democracia” en solicitada del FAS, 6 de abril de 1975. [31] “Solicitada” Diario Córdoba 16 de julio de 1975, s/n. Según Silva Mariños: “Bajo esta perspectiva estratégica, el PRT impulsó desde un primer momento a través del frente la necesaria alianza con el PC y Montoneros, sin temor alguno de ser caracterizado de estalinista o peronista (…) Incluso iba más allá de los esperado, cuando llevaba a fondo la idea de conformar el FLNyS y se hizo presente el 17 de octubre del 75 en Plaza de Mayo, o evaluó la posibilidad de levantar la candidatura de Cámpora-Alende (Silva Mariños, 2017: 251) [32] En “Hacia el Frente” en Nuevo Hombre N° 9, 3 de marzo de 1976, pág. 12.

Bibliografía Utilizada

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Enlace Audiovisual “La Política sindical del PRT-ERP” De Mascaro Cine Argentino (Argentina, 2014) https://www.youtube.com/watch?v=xFJYyb2-P5I

Uruguay en el torrente latinoamericano

El inicio de transición convulsiva

Mi pueblo no estuvo ausente, Ni mucho menos de espaldas A la trágica y amarga, Historia del continente. Fuimos un balcón al frente, de un inquilinato en ruinas -El de América latina frustrada en malos amores-, Cultivando algunas flores, Entre brasil y argentina.

Alfredo Zitarrosa

Introducción

La cita de marras del cantante popular uruguayo Alfredo Zitarrosa resume en buena medida el momento político-económico que transita Uruguay en el momento actual. Como se sabe, varios países de América Latina atraviesan una etapa de agudas crisis políticas, movilizaciones populares e incluso golpes de Estado. En una breve trayecto podríamos mencionar el golpe en Honduras en 2009, en Paraguay en 2011, en Brasil en 2016 y recientemente en Bolivia; pero también los sucesivos recambios políticos en Argentina, Perú, Colombia o México; las enormes movilizaciones recientes en Chile, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Haití y por supuesto, la honda crisis en Venezuela en medio de una ofensiva estadounidense. América Latina se encuentra en una convulsión histórica desde Río Grande a Tierra del Fuego.
El origen de este proceso radica en la crisis económica mundial que comenzó en 2007/2008, una crisis en dos actos cuyo primer episodio lugar una década antes con la crisis de los “tigres asiáticos” cuyo contagio fue global, con efectos devastadores en Latinoamerica (Rieznik, 2009; Marrero, 2019). Durante la primera década del siglo XXI, los gobiernos denominados progresistas en América Latina subieron al poder como resultado concreto de esta bancarrota capitalista y el hundimiento de diversos gobiernos neoliberales. Este ascenso coincidió con la suba de dos ciclos cortos de los precios internacionales de los productos exportables, el abaratamiento del crédito internacional y, en consecuencia, un fenomenal endeudamiento público y privado. Esta fue la base que permitió el desarrollo de programas sociales donde unas 40 millones de personas salieron de la pobreza absoluta. Por supuesto, las condiciones de retroceso de la pobreza estaban vinculadas al desempeño económico de la coyuntura. La constitución de una población cuya supervivencia dependía de programas de asistencia social no incorporados estructuralmente a la dinámica productiva de los países se configuró en extremo inestable. De otro lado, comercial y financieramente, América Latina continuó dependiendo de Estados Unidos, Europa y crecientemente de China. Las economías latinoamericanas también siguieron dependiendo en gran medida de la venta de materias primas (más del 60% de sus exportaciones), experimentando un desempeño económico convulsivo, expresado en fuertes caídas y auges, cuyas economías con bajo grado de autonomía (financiera, industrial y comercial) y altamente dependientes de las inflexiones del mercado mundial. (Coggiola, 2019).
Durante el período 2003-2007, América Latina recibió un volumen récord de inversión extranjera directa de más de US $ 300 mil millones. En parte, incluso compañías de Brasil, México, Argentina se lanzaron a mercados en la propia región, comprando activos importantes, en especial en países como Brasil, Argentina, México y Chile. El PIB de la región creció en un promedio de 5% anual entre 2003 y 2008, con un aumento promedio de más del 3% en la producción per cápita. Después de 2007/2008, las economías regionales experimentaron un breve ciclo de crecimiento impulsado por una combinación de circunstancias: la demanda de China de materias primas y la migración de capital especulativo parasitario o ficticio(2) de los países centrales, impulsada por la inyección de liquidez, esto es el aumento exponencial del capital en dinero como consecuencia de la política de la Reserva Federal y el gobierno de los EEUU de inyectar miles de millones de dólares para sostener a las instituciones financieras, como bancos y fondos de inversión, en quiebra. Desde 2013, la curva económica internacional ha vuelto a caer; con una caída internacional de los precios con un fuerte impacto en los países latinoamericanos. Desde finales de 2017, las salidas de capital de América Latina han aumentado debido al aumento de las tasas de interés internacionales y la guerra económica. Por su parte, China ha cambiado su papel como amortiguador internacionalde la crisis económica mundial y se enfrenta a la posibilidad de graves crisis financieras (idem).
De este modo, las perspectivas económicas y políticas de América Latina se encuentran condicionadas por el desarrollo de esta crisis. Por su puesto que juegan la particularidades nacionales en un contexto de fluctuaciones de los precios de las materias primas y alimentos así como de la importación de capital; aún no se asistió a una crisis de incapacidad de pagos externos, siempre se pagaron las utilidades de las IED y los intereses del capital financiero -por supuesto que en base a la pauperización de enormes capas de la población. Los virajes políticos marcan el tono de la etapa: en Argentina y México el peronismo y la centro izquierda sustituyen a los liberales, en Brasil triunfa la ultraderecha por una mayoría aplastante, en Paraguay y Honduras se retornó a una democracia recortada. En Chile, Nicaragua y Venezuela las movilizaciones populares ponen en jaque a los gobiernos, en el primer caso empujando hacia la izquierda cuestionando la vigencia de la mercantilización iniciada con la dictadura y en los dos segundos cuestionando elecciones dudosas.
En este contexto, algunos analistas señalaron que Uruguay era una “isla” pacífica en este desarrollo latinoamericano. Sin golpes de Estados recientes, conflictos de baja intensidad, estabilidad política y económica, una desigualdad social relativamente menor que en el resto de la región parecen mostrar una sociedad democrática y con una fuerte amortiguación social. La noción de la excepcionalidad del Uruguay se instaló para propios y ajenos como un lugar común. El fin de 15 años de gobiernos del Frente Amplio y el inicio de un gobierno derechista de coalición inauguran un nuevo período, de características excepcionales. Por tanto, se vuelve necesario desenvolver apreciación de conjunto del período histórico que transita Uruguay en el cuadro convulsivo de Nuestra América Latina.

De la “Suiza de América” al umbral del siglo XXI

Uruguay ocupó un lugar peculiar en el desarrollo histórico de América Latina. Su propio nacimiento como Estado se encuentra vinculado a la integración como semicolonia inglesa, un “Estado tapón” lo han llamado, entre Brasil y Argentina. Una renta agraria excepcional permitió a esta economía del Río de la Plata un alto registro de producción per cápita a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, junto a reformas institucionales (ley de 8 horas, nacionalizaciones de la banca, energía, comunicaciones, etc), le dio la apariencia de un país moderno cuando, al mismo tiempo, se consolidaban las raíces de una inserción subordinada en la división internacional del trabajo de características muy perdurables en el tiempo. La mirada histórica sobre Uruguay debe realizarse sobre el lente de su principal motor: la naturaleza específica de un capitalismo dependiente agroexportador y su particular integración al mercado mundial dominado por el capital financiero de los países centrales.
La debilidad de las clases dominantes nativas sufrió muy tempranamente, desde el siglo XVIII, la presión del mercado mundial. La eventualidad de una acumulación de capital de la burguesía local en función de un rol de intermediario con el centro de la economía colonial en el Alto Perú -donde Buenos Aires era el eje de esta intermediación- se vio rápidamente frustrada por las trabas paraadueaneras. Luego de las vicisitudes del proceso independentista, las posibilidades ulteriores de capitalizar la renta agraria enfrentaron los límites de un débil mercado interno, un resultado del régimen de la gran propiedad agraria (específicamente la ganadería bajo relaciones sociales capitalistas (3), con su correlato, la estancia, en el marco de una escasa población agraria). Esta limitación se manifestaría en la incapacidad de creación de una clase media agraria a partir de la inmigración en masa. La formación de capital nativo original se dio en el marco comercial y, tardía y limitadamente, en la explotación productiva del trabajo agrario. Si la integración de la Banda Oriental al mercado mundial fue prematura, la de la burguesía agraria, primero, e industrial, después, fue definitivamente tardía (Finch, 2005). El capital nativo no pudo encontrar un lugar propio en su anticipado intento por arrimarse al capitalismo mundial en su etapa de ascenso y llegó tarde cuando buscó superar su base agraria en la etapa de copamiento del mercado planetario por el imperialismo. No es una línea recta la que traza la explicación de lugar subordinado de Uruguay respecto de la economía mundial.
La apariencia de modernidad dio lugar, a mitad del siglo XX, al mote de la “Suiza de América”. Sin embargo, la imagen de subordinación se renovó con las crisis que comenzó a mediados de la década de los ‘50 y se prolongó durante las siguientes décadas, y en el umbral del siglo XXI, cuando Uruguay sufrió agudamente los efectos de la crisis mundial (al que Argentina y toda la región estuvieron envueltos). Fue a principios de este siglo, en ocasión de una profunda crisis de la economía nacional sin precedentes -resultado de lo que podemos considerar el primer acto del quebranto general de la economía internacional, al cual todavía asistimos.
Esta breve historia tiene otros condimentos. Durante la década de los ‘90 en Uruguay los gobiernos de los partidos Nacional, primero, y Colorado, después, intentaron aplicar los llamados principios del Consenso de Washington, al igual que en Argentina lo encarnó el peronismo con Carlos Menem. El “neoliberalismo” criollo se expandió en un momento de euforia internacional, con George H.W. Bush (presidente de Estado Unidos entre 1989 y 1993) en la Casa Blanca. El capitalismo mundial celebraba lo que suponía una suerte de victoria definitiva: la restauración del capitalismo que se extendía sin freno en la disuelta Unión Soviética y en China, bajo la tutela de un igualmente restaurado Partido Comunista.
El credo “neoliberal” en Uruguay que consistía en apertura comercial, privatización de los servicios y empresas estatales, desregulación de los mercados y, en particular, flexibilización y precariedad laboral fue contenido relativamente por el movimiento sindical -que logró parar la privatización de los servicios públicos, pero el gobierno avanzó con desarmar la negociación colectiva y el capital instauró un régimen de precariedad laboral que arrasó con muchas décadas de conquistas.
En esa década de los ‘90 la economía mundial conoció sucesivas bancarrotas: la crisis mexicana de 1994-95 y el tsunami económico que se desató en el sudeste asiático en 1997 acabaron por recalar en Brasil, luego en Argentina y finalmente en Uruguay, provocando una depresión prolongada desde 1999 que culminó en una crisis generalizada en 2002, luego de la quiebra Argentina. La crisis económica dio paso a la pulverización de los partidos tradicionales (en el año 2000 había asumido la presidencia Jorge Batlle del Partido Colorado) y sólo lograron sostenerse por el compromiso del Frente Amplio de desarrollar una salida en las urnas y no en las calles, como había sucedido con la caída del gobierno de De la Rúa en Argentina en diciembre de 2001.
En Uruguay, durante el período neoliberal se consolidó una matriz de acumulación capitalista que había iniciado, al menos, dos décadas antes con la dictadura militar en 1973. Bajo las dictaduras los sectores de la burguesía agro-exportadora y financiera fueron beneficiados con el impulso de políticas que desregularon las finanzas(4) y liquidaron los mecanismos de protección social, al tiempo que desataron fuertes políticas represivas que incluyeron el encarcelamiento, la tortura, asesinato y desaparición de militantes de organizaciones populares y de izquierda. La reorientación de la acumulación capitalista a partir de los ‘70 se centró en a) la desvalorización de la fuerza de trabajo; b) apertura al mercado de capitales y c) reorientación exportadora. El primer aspecto combinó la extensión de la jornada laboral y la reducción del poder de compra -un 60% de 1971 a 1984 (Oyantcabal, 2016). Según Fleitas y Roman (2010) el deterioro salarial movilizó el ejército industrial de reserva mediante la expansión absoluta y relativa de la fuerza de trabajo femenina y la proletarización de productores mercantiles agrarios. El segundo aspecto permitió la atracción de inversión extranjera directa a partir de “estímulos” como la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras en 1974 -aunque la ley nunca se aplicó, pues la liberalización del movimiento internacional de capitales aprobada a mediados de 1975 la superó- y un enorme endeudamiento (público y privado) que se multiplicó por 9 entre 1973-1985 (478 millones a 3.919 millones de dólares). Finalmente, la desvalorización de la fuerza de trabajo tuvo como consecuencia la retracción del mercado interno y la reorientación hacia la exportación de materias primas (pesca, leche, arroz y ganadería) posibilitada por un breve auge de los precios internacionales y los bajos salarios que elevaron la tasa de ganancia del capital.
Esta llamada “reestructuración capitalista” en Uruguay atravesó sucesivos períodos de recesión que se manifestó entrado los ‘80, con las crisis de deuda en 1982 y el inicio de lo que luego a nivel latinoamericano se denominó como la “década perdida”. La caída de las exportaciones y del ingreso de capital-dinero que financiaba el ciclo de endeudamiento fue la base para la quiebra del esquema económico montado por la dictadura que estalló con una megadevaluación. En medio de una crisis económica y de profundas luchas populares se inició el período de transición democrática a partir de 1985, con el desarrollo de elecciones y el triunfo del Partido Colorado(5). Durante las décadas siguientes, se profundizará el tipo de inserción subordinada de Uruguay en el mercado mundial y la forma de acumulación capitalista: dependiente de las exportaciones de commodities -en especial de la soja y la celulosa y la creciente importancia relativa de China hasta ser el principal comprador- bajo la égida del capital financiero y una precarización estructural de la fuerza de trabajo (Marrero, 2017).
El preludio al inicio de los gobiernos del Frente Amplio en 2005 fue la prolongada crisis que inicia en 1999 y tiene su momento de estallido en 2002. En ese período el PBI cayó 15%, las exportaciones un 33%, el salario real se retrajo un 27%, la tasa de desempleo llegó a la cima histórica de 16%. El colapso incluyó, especialmente, al sistema bancario que perdió en poco tiempo el 48% de los depósitos; cuatro grandes bancos privados (Galicia, Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera) dejaron de tener actividad; la banca pública debió reprogramar la devolución de sus depósitos hasta a tres años, con todo lo cual decenas de miles de personas fueron afectadas en sus ahorros. La deuda externa superaba el 100% del PIB y su pago entró en “default” -la deuda se “reestructuró” luego de la mano del FMI.
La política económica del entonces gobierno del Partido Colorado (Jorge Batlle) que siguió a la explosión social y económica se mantuvo en los cánones clásicos de una política de ajuste. En primer lugar, se procesó una devaluación del 300% durante el 2002. Los efectos inflacionarios de esta megadevaluación fueron contrarrestados, en un principio, por una demanda deprimida hasta límites nunca alcanzados en el país. Toda devaluación tiene, más allá de sus objetivos formales y mentirosamente declarados, dos funciones básicas: devaluar los salarios y devaluar el gasto público como condición necesaria para recrear las condiciones de rentabilidad del capital. Es una variante de las políticas de ajuste clásicas del “liberalismo”. No se trató entonces de un problema del “tipo de cambio”, porque como la devaluación es una consecuencia del vaciamiento provocado por el capital financiero, era una manera de sancionar su resultado en lugar de sancionar a los que habían lucrado con ese mismo vaciamiento, y disponer un plan de reconstrucción económica orientado por los intereses de la mayoría -claro que se trata de una alternativa que supera los límites de una variante capitalista. Con la devaluación se procuró una salida capitalista apoyada en la desvalorización general de los salarios y activos y en la capacidad ociosa creada, pero que, además y fundamentalmente, encontró una oportunidad en la reversión del ciclo económico mundial que se planteo desde 2003, con un crecimiento progresivo y en flecha del precio de los commodities que dominan la pauta de exportación del país.
De modo que, desde 2003, la actividad económica comenzó a repuntar impulsada por los negocios del comercio exterior. En circunstancias de un excepcional freno a las importaciones provocada por la megadevaluación y la crisis, dio lugar a un superávit en la balanza comercial del sector externo inédito en el país. Esto fue acompañado por un superávit fiscal que se apoyó en la ya señalada devaluación de los gastos y, específicamente, de los haberes jubilatorios que habían llegado a concentrar una proporción enorme de la erogación fiscal.

Crisis mundial, ascenso y caída del “progresismo”

En este contexto de incremento de la pauperización social, descalabro económico e inicio de una lenta recuperación económica se produjo el hundimiento de los partidos tradicionales uruguayos (Partido Colorado y Nacional) y el triunfo del Frente Amplio en 2004 con el 50,5% de los votos y mayoría absoluta en el parlamento. Se inició una período, de una década y media, donde el FA gobernó con mayorías parlamentarias, frente a una fragmentada oposición política -por derecha y por izquierda.
El ‘progresismo’ frenteamplista asumió el gobierno conservando el núcleo de la forma de acumulación capitalista heredada de las décadas anteriores pero en un nuevo contexto nacional e internacional. Esto es a) auge de los precios internacionales de las materias primas, b) caída de las tasas de interés internacionales que impulsó el ingreso masivo de capital ficticio e inversión extranjera directa y c) salarios enormemente deprimidos y una extendida precarización laboral. La acumulación capitalista despegó en base a estos ‘motores’ entre 2004 a 2012.
Todo esto permitió que se incrementaran los ingresos por concepto de exportaciones, pero también que se iniciara un nuevo ciclo de endeudamiento (Dufrechu, H. 2015) -que llevó la deuda externa bruta de 13.717 millones en 2005 a 41.651 millones de dólares en 2019- y se desenvolvieran megaemprendimientos productivos que afectaron el medioambiente, como lo fue la instalación de las mayores plantas productoras de celulosa o la extensión del cultivo soja. La IED acumuló entre 2005-2016 22.151 millones de dólares de los que 61,4% correspondió a aportes de capital, lo que da cuenta de la relevancia de la plusvalía acumulada fuera del Uruguay. En el caso de la renta de la tierra agraria “entre 2005 y 2016, sumando la apropiada por los terratenientes y la apropiada por otros sujetos por sobrevaluación del tipo de cambio, se multiplicó por 10 acumulando 34.222 millones de dólares” (Oyhantcabal, 2019:14). De modo que el capital ficticio o especulativo aceitó, vía endeudamiento público y privado, la inversión rentística. La cuestión de la deuda aparece en el centro de esta dinámica.
De otro lado, la transición política que se inició con el ascenso del Frente Amplio al gobierno afectó a todas las clases sociales, y aunque instaló en la cúpula un régimen de colaboración entre clases, el carácter de sus gobiernos fue de factura netamente capitalista. La articulación entre distintas fracciones capitalistas (agrarias, industriales, financieras) y la clase obrera fue aceitada por la coyuntura relativamente favorable que culminó al inicio del tercer gobierno del FA en 2015. En momentos de agudización de la crisis internacional a partir de 2007-2008, los gobiernos ‘progresistas’ del Frente Amplio buscaron estimular la acumulación de capital profundizando el andamiaje legal heredado del período de los ‘neoliberales’. Se aprobaron leyes para atraer inversión local e internacional, se modificó la legislación tributaria (2007) reduciendo impuestos a las ganancias (de 30% a 25%), se aprobó la ley de Participación Público-Privada (2011) que promueve los contratos entre el capital y el Estado (que traslada los costos y el riesgo fundamental hacia el Estado), se aprobó la ley de Minería de Gran Porte (2013) que permite los emprendimiento de mega-minería a cielo abierto, y además se reglamentó la Ley de Promoción de Inversiones de 1998 aumentando las exoneraciones, la creación de nuevas Zonas francas y los tratados Bilaterales de Inversión. Todo esto acentuó la extranjerización y centralización de los principales medios de producción, especialmente en la agroindustria, incrementando el flujo de ganancias que se remitieron al exterior junto al pago de intereses de la deuda externa que operó como mecanismo de transferencias de excedentes. En este escenario, se consolidó el tipo de inserción en la economía mundial a partir de la producción de bienes agrarios de bajo valor agregado; el perfil de las exportaciones muestran que cerca del 70% de los productos son commodities de origen agropecuario encabezados por la soja, la carne bovina, el arroz, derivados de la leche y pasta de celulosa, al tiempo que en materia comercial, la principal novedad del período fue la aparición y dependencia de China que pasó a ser el principal socio comercial del país en 2013 (Marrero, N., Mañan, O.; 2014).
La colaboración de clases bajo la era del Frente Amplio se caracterizó por una nueva orientación de la intervención del Estado en el conflicto capital-trabajo: por un lado a partir, de las leyes de negociación colectiva y libertad sindical cuya utilización permitió un fortalecimiento numérico y organizativo del sindicalismo (Marrero, 2017); y por otro lado, mediante restricciones a esa libertad sindical y negociación colectiva, a partir de la aplicación del decreto denominado de “esencialidad” contra diferentes procesos huelguísticos (sindicatos docentes, estatales, etc.), aprobación de la ley “antipiquetes”, de la ley “anti-terrorista” que coarta la libertad de expresión y movilización, y la propuesta de modificación (¿o liquidación?) de la negociación colectiva que elimina la ultraactividad en los convenios colectivos y la negociación por rama, entre otros cambios regresivos(6).
Este carácter aparentemente contradictorio de la intervención de los gobiernos del Frente Amplio en el conflicto capital-trabajo se explica por el carácter del propio Estado, que en la sociedad capitalista se orienta a garantizar el proceso de acumulación del capital, es decir, a establecer las condiciones económicas y sociales para que la ganancia capitalista no sea cuestionada y permitir, de este modo, la legitimación de la apropiación del excedente económico que producen los trabajadores. Este fue el norte de intervención del Estado bajo los gobiernos del Frente Amplio, tanto en los momentos de expansión de la acumulación de capital como en los de ajuste.
En una primera etapa la intervención estatal del conflicto capital-trabajo coincidió con el nuevo contexto internacional favorable dado por la expansión de la demanda internacional de materias primas y por la expansión de masas de capital ficticio que ampliaron el crédito y las posibilidades de crecimiento de esa demanda. De este modo, la acumulación de capital tomó forma en una serie de políticas impulsadas desde Estado que buscaron articular la dinamización de la inversión privada con políticas que establecieron techos a la expansión salarial -a través de las pautas restrictivas en la negociación colectiva. Bajo estas condiciones, el salario real creció un 56% de 2004 a 2016 -un 20% desde 1999 año de comienzo de la última crisis-, aunque sólo recuperó niveles de comienzos de los ’70 luego se estancó y comenzó a descender a partir de 2017. En este cuadro, el poder de compra de los salarios en 2019 se ubicó por debajo de su nivel en 1971. Asimismo, el desempleo tuvo una curva descendente hasta 2013 (6,3%) y luego empezó a crecer ininterrumpidamente hasta 2019 (9.8%).
Luego del ciclo corto de ascenso de los commodities en 2010-2013, se abre una etapa de reversión de las condiciones favorables (excepcionales) que habían operado en el período precedente. El ascenso de Trump, el Brexit y desintegración de la Unión Europea, pusieron en el tope la agudización de la guerra comercial (como expresan los choques entre EEUU-China) y constituyeron una manifestación ulterior de la crisis mundial iniciada en 2007-08. La bancarrota capitalista puso en crisis la internacionalización capitalista y produjo un repliegue nacional, entendido como instrumento de guerras comerciales, fiscales y financieras -en definitiva, guerras ‘tout court’. El repliegue nacional se manifiesta en la reducción de la inversión transfonteriza, el comercio mundial, los préstamos bancarios y la cadena de suministros (The Economist, 25/01/2019). El inicio de esta transición convulsiva a nivel internacional y en América Latina, coincidió con el ascenso del tercer gobierno del Frente Amplio y la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. En este cuadro Vázquez buscó, infructuosamente, la firma de Acuerdos de Libre Comercio (con China y EEUU) que dado el contexto internacional no podía dar ninguna salida de fondo a la caída de las exportaciones (en volumen y precio) producidas por la desaceleración y/o recesión económica de los principales socios comerciales de Uruguay (China, Venezuela, Argentina y Brasil) y la reducción del flujo de IED -la contracción de la inversión en capital fijo desde 2014 fue de ¡32%!, mayor incluso que la de Brasil. El escenario internacional agregó un nuevo condimento: toda América Latina se convirtió en el campo de orégano de renovadas disputas internacionales por la apropiación de la renta y su control político como patio trasero del imperialismo yanqui, desatando con ello enormes crisis políticas, e incluso potenciales procesos revolucionarios (y contrarevolucionarios). De este modo, toda la política económica del ‘progresismo’ encontró su límite en la crisis mundial en curso, mostrando con ello que la expansión o ‘coyuntura favorable’ de la economía fue un episodio de la bancarrota capitalista.
En este contexto, a partir de 2015 se asistió a una relentización de la acumulación capitalista y del salario real, crecieron las distintas formas de superpoblación relativa y se impulsaron desde el gobierno medidas de corte ‘neoliberal’ para desindexar los salarios de la inflación y la reducción del gasto público (Marrero, 2018; Notaro, 2015).
Tanto en el período de expansión económica, como ahora en su declive, la acumulación del capital tuvo como una de sus bases principales la precarización estructural del trabajo o superexplotación en sectores de la industria, la agricultura, el comercio y en el propio Estado. Algunas dimensiones de esta precarización de la clase obrera se encuentran vinculadas al uso discrecional de la fuerza de trabajo por parte de las empresas, como la polivalencia que expresa en general la ausencia de definición de categorías y tareas, así como la rotación de funciones entre diferentes puestos de trabajo, sin enriquecimiento de las calificaciones (Marrero, 2017). En el terreno de las condiciones de trabajo la flexibilidad en el horario de trabajo y el aumento de la jornada laboral se manifestó en amplios sectores de trabajadores. Las tercerizaciones se han transformado en un problema de primer orden para el movimiento sindical en todos los sectores de la economía y el Estado, siendo utilizado como una política para reducir el precio de la fuerza de trabajo y dividir la organización colectiva de los trabajadores. La precarización del trabajo también se manifiesta en que una enorme proporción de la clase obrera percibe salarios por debajo del valor de su fuerza de trabajo.
De este modo, el Frente Amplio intentó conjugar una peculiar conciliación entre la clase trabajadora y la clase capitalista bajo políticas que facilitaran la ampliación de la acumulación de capital a la vez que un incremento relativo del salario directo e indirecto. Esta política económica se agotó junto con el fin del auge de la renta internacional, del ingreso masivo de capital ficticio y de la inversión extranjera directa en el que estaba inscripto.
Así como en su momento los neoliberales se derrumbaron en el cuadro de la bancarrota del 2002, el ‘progresismo’ que emergió como respuesta a esa crisis encuentra su límite en el marco de esa misma crisis. Esto porque neoliberalismo y progresismo son también una expresión del ciclo más amplio de la economía mundial bajo la hegemonía del capital financiero. Frente a una expansión del capital a préstamo y de un creciente y explosivo desarrollo de capitales ficticios que buscaban multiplicar las oportunidades de ganancia sin contrapartida en el crecimiento de la actividad productiva, los países "emergentes" fueron parte del mecanismo de absorción de tales recursos. Es un hecho, sin embargo, que toda inversión o crédito extranjero exige en algún momento la repatriación de ganancias e intereses, como es un hecho también que toda bancarrota implica la utilización de fondos que anteriormente circulaban en ámbitos de los cuales son sustraídos para procurar el salvataje de los capitales en quiebra en dificultades en los países dominantes. Uruguay y los países de América Latina se adaptan a esas manifestaciones cambiantes del ciclo capitalista en el mercado internacional con políticas igualmente cambiantes, que deben ser apreciadas de conjunto en relación con los espasmos de la economía global. Es en este sentido que neoliberalismo y progresismo se articulan e incluso se complementan de un modo que sería incomprensible fuera de la apreciación del proceso económico como un todo. Dicho de manera más simple: los liberales crearon una enorme hipoteca en los noventa como agentes del gran capital y el FMI; los progresistas pagaron la factura, sin alterar, por supuesto, la lógica general de la gestión social del metabolismo productivo por el capital, que es la cuestión esencial. Por tanto, el llamado progresismo fue funcional al sistema capitalista viabilizando la acumulación capitalista, con el agregado de su función en la control del conflictos sociales/sindicales. Bajo la apariencia de políticas económicas opuestas se oculta la función común de planteamientos que deben ser integrados en una comprensión integral de los vaivenes de la economía capitalista nacional e internacional (Rieznik, 2009).

Lo que viene: cambio de régimen en una transición política convulsiva

Comprendida esta mirada global con foco en las contradicciones abiertas es posible comprender el recambio político que se está operando en Uruguay. En 2019 se realizaron las elecciones nacionales que dieron el triunfo en el segundo turno a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional por escaso margen, en una coalición que integró al Partido Colorado, al Partido de la Gente, Partido Independiente y al ultraderechista-militar Cabildo Abierto (cuyo candidato fue el jefe de la Fuerzas Armadas, bajo el último gobierno del Frente Amplio).
Uruguay se suma al proceso de recambios políticos derechistas que, con vaivenes, marca el proceso político latinoamericano desde hace un lustro en un contexto de larga declinación de la economía, un déficit fiscal que crece, coronado por una elevada cuenta de intereses de la enorme deuda externa.
Ahora bien, ¿Qué factores condujeron al recambio político derechista?
Ocurre que cuando las condiciones económicas comenzaron a cambiar a partir de 2015, el gobierno comenzó un persistente proceso de ajuste sobre las condiciones de vida de las clases populares. Las cámaras empresariales, y especial la burguesía agraria, comenzaron a presionar al gobierno exigiendo recortes de gastos sociales, rebajas salariales y devaluación de la moneda. Los acreedores financieros condicionaron el financiamiento público a los recortes presupuestales, al cual el Frente Amplio fue estirando en pequeñas dosis. Finalmente, luego de sucesivos choques, una buena parte de los empresarios rurales, industriales y comerciales se pasaron a la oposición política confiados en que la derecha política podrá comandar una suerte de guerra de clases contra los de abajo. Nuevamente, pasada la bonanza internacional, los conflictos sociales generados por los intentos de recuperar niveles aceptables de la tasa de ganancia –centro del sistema- ocupan nuevamente el primer plano. Difícil escenario para un gobierno declaradamente defensor del capitalismo.
A su turno, los trabajadores, cooperativistas, estudiantes, el movimiento de la mujer y los movimientos ambientalistas desarrollaron importantes luchas frente al estancamiento y deterioro de los salarios, de la inversión en vivienda, por presupuesto público que permitiera viabilizar la política de derechos conquistada o contra la instalación de megaemprendimientos. Durante la década y media de gobiernos del Frente Amplio se procesaron diversos conflictos sociales que horadaron su legitimidad política y la expectativa de que era un canal de transformación social, así como ocurrió con otros gobiernos latinoamericanos.
La coalición “multicolor” que conquistó el gobierno y las mayorías parlamentarias asumirá en un cuadro de agudización de las contradicciones económicas y políticas precedentes.
En el terreno económico una cuestión central que dominará la agenda es la deuda pública y, en particular, la deuda externa. La situación financiera del Estado se ha agravado, con un déficit fiscal que pisa los cinco puntos cubierto en parte con emisión monetaria y, en mayor medida, con emisión de deuda. Si se analizan los informes del BCU, el pago de intereses de deuda y los subsidios al capital más un voluminoso déficit en las jubilaciones y pensiones militares explican el aumento del déficit fiscal. La emisión de deuda a tasas crecientes (notas del tesoro y en especial letras de regulación monetaria) para el financiamiento de los gastos corrientes y la absorción del ‘exceso’ de fondos especulativos circulantes ha encarecido enormemente el costo financiero del Estado, acentuando el desequilibrio económico-financiero estatal. Se proyecta que la deuda del gobierno alcanzara un 66% del PIB en 2019 (sin incluir los miles de millones de se deberá contraer para los compromisos con UPM) -incluidos los bonos para recapitalizar al banco central. Un 53% de la deuda se encuentra nominada en dólares (y, dada la libertad cambiaria, los pagos de la denominada en pesos de inmediato presionan por divisas), por lo que la devaluación exigida por los exportadores afectaría la capacidad de pago. De acuerdo a lo proyectado en la última Rendición de Cuentas, para 2020 las necesidades de fondeo del gobierno central se estiman en U$S 3.581 millones (U$S 1.660 millones son para el pago de intereses de deuda, U$S 1860 millones para amortizaciones de bonos y préstamos, y U$S 50 millones para déficit primario). Para cubrir la factura el gobierno ‘multicolor’ deberá recurrir al financiamiento internacional, local (AFAP’s)(7) y al uso de reservas del BCU. Sin embargo, el capital financiero(8) ya condicionó este financiamiento a un ajuste mayúsculo en el presupuesto público de U$S 1.500 millones, reformas que flexibilicen (abaraten) los salarios, privatización de las empresas públicas (en especial la liberalización del combustible) y la reforma de la previsión social que aumente la edad de retiro y rebaje las jubilaciones. Este programa ya fue recogido en el documento “Compromiso por el País” firmado por los partidos de la ‘coalición multicolor’ antes del 24 de Noviembre y también por las Cámaras Empresariales (Elías A., 2019). El ajuste incluiría, posiblemente, un re-diseño del esquema de subsidios a sectores de la burguesía nacional. Como en toda crisis capitalista, exigen la liquidación del capital sobrante y la rebaja del precio de la fuerza de trabajo en todos sus aspectos.
De este modo, la coalición gobernante derechista recurrirá al viejo libreto de la economía política neoliberal que el país conoció previo a la crisis de 2002 manteniendo o profundizando aspectos centrales de la “economía política progresista”, como la rebaja impositiva al capital, la legislación de inversiones o la apertura al capital extranjero (UPM2) -e incluso la modificación de los Consejos de Salarios ya enviada al parlamento por el Frente Amplio. En definitiva, agotados los motores del ingreso de capital especulativo e inversión extranjera y de la renta internacional, la salida capitalista se orienta a una violenta depreciación del salario directo e indirecto para relanzar la acumulación del capital. Sin embargo, puestas en contexto continental la política de la derecha (Macri, Piñeira, Bolsonaro, Duque, Lenin Moreno, etc) viene naufragando estrepitosamente en medio de crisis políticas y ascenso vertiginoso de las luchas populares.
El armado del régimen político para ir a esta guerra de clases será, sin embargo, sumamente precario en medio de una enorme fragmentación de los partidos patronales. El nuevo gobierno deberá hacer frente al desafío de la ‘gobernabilidad’ con 5 partidos en el Poder Ejecutivo y la primera mayoría en manos del Frente Amplio en el parlamento(9). La publicitada Ley de urgente consideración (de la que nada se sabe aún) buscará cohesionar a la coalición derechista, y aprobar algunas reformas antes los conflictos internos puedan hacerla estallar por los aires. Sin embargo, ya existen divergencias en torno a cuestiones centrales, por ejemplo no han logrado hacer un acuerdo con relación con la reforma de seguridad social, Cabildo Abierto plantea rebajar en un 50% el IASS(10) que implicaría el aumento de 100 millones en el déficit previsional lo cual es rechazado por el Partido Nacional. Aunque la coalición gobernante tiene mayoría ficta en el parlamento, podría llegar a recurrir a los votos de sectores del Frente Amplio(11) para cuestiones claves.
De conjunto, la victoria electoral de la ‘coalición multicolor’ derechista pone de relieve algo fundamental: el derrumbe del Frente Amplio expuso la incapacidad de la burguesía para resolver la parálisis de las fuerzas productivas del país por medio de medidas y demagogias denominadas progresistas. En toda América Latina, con la salvedad de sus particularidades nacionales, el agotamiento de las experiencias progresistas ha dejado expuesta una enorme crisis de poder en el marco de una bancarrota capitalista internacional. Este marco convierte a las tentativas de salidas thatcherianas en recursos políticos anacrónicos; en recursos que carecen, comparativamente, de los medios necesarios para alcanzar plenamente sus objetivos.
En este escenario, las organizaciones sindicales, sociales y políticas de izquierda se aprestan a preparar la pelea para defender los derechos sociales y políticos. La experiencia del ascenso popular en Chile grafica un escenario posible de respuesta a las políticas de avance del capital. El “pacífico” Uruguay se suma al torrente latinoamericano.
El desenlace de la crisis dependerá del resultado de los grandes choques de clases que plantea la nueva etapa.

Nicolás Marrero
26/01/2020

Bibliografía

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Notas al pie

(1) Dirigente del Partido de los Trabajadores (Uruguay). Sociólogo y Docente de la Universidad de la República. (2) El capital ficticio es el resultado de la existencia generalizada del capital a interés. La razón de su carácter ficticio es que es resultado de la apropiación de una parte creciente de la plusvalía por el capital, que no encuentra oportunidades de acumulación en las actividades productivas y se utiliza en nuevas formas de operaciones de préstamo a través de nuevas instituciones y nuevas operaciones; por tanto, no contribuye en nada para la producción o la circulación de la riqueza, en el sentido de que no financia ni capital productivo, ni comercial. Esto incluye las acciones, bonos, deudas del estado o privadas. Consolida la imagen de un capital que se valoriza a sí mismo en el mercado de compra y venta especulativa (Carcanholo, R.; Sabadini, M., 2011). (3) Ver Proceso Económico del Uruguay (1971); Vivian Trías (1956); Maria Ines Moraes (2008) (4) Lo que implicó que se volvieran contra el capital local agro industrial y comercial desde 1980; sólo se benefició la banca trasnacional sostenida por una estrategia de supervivencia acordada con la dictadura; desde 1975 apareció el capital financiero como un cuarto socio en la distribución del ingreso, con poder creciente hasta que en 1980 era hegemónico (5) En 1984 los candidatos para la presidencia y la vicepresidencia de las cuatro principales agrupaciones políticas de Uruguay firmaron conjuntamente una Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Los firmantes -partidos Colorado y Blanco, Frente Amplio y Unión Cívica, (escisión por la derecha del Partido Demócrata Cristiano, integrante del Frente)- alcanzaron acuerdos en materia de restablecimiento de todas las libertades, retorno de exiliados, vigencia de los derechos humanos, levantamiento de proscripciones, política de vivienda y salud, autonomía de la universidad e independencia del poder judicial. No alcanzaron consenso sobre la organización legal de la educación general, la futura legislación sobre relaciones laborales, la ley de seguridad del Estado y la amnistía para presos políticos. (6) En noviembre de 2019, luego de las elecciones primarias donde la derecha conquistó la mayoría de la representación parlamentaria, el gobierno envió al parlamento propuestas de cambios a la negociación colectiva de acuerdo a las recomendaciones dela OIT entre los que se destacan “El artículo 3º modifica el artículo 14, eliminando la posibilidad de negociar por rama de actividad cuando no exista organización de trabajadores en la empresa. El artículo 4º deroga el inciso segundo del artículo 17 que versa sobre la vigencia de los convenios, con lo cual se elimina la ultractividad de estos y se los somete a la propia negociación colectiva” (La Diaria, 31/10/2019). (7) Es importante mencionar que las las afaps no “tienen” fondos; en su enorme mayoría son títulos del gobierno, por lo cual tales “fondos” es un juego de transferencia de títulos. (8) Ver Calificadora Fitch, Comunicado de Prensa (02/12/2019) Fitch Ratings: New Uruguay Government Faces Fiscal, Growth Policy Test en https://www.fitchratings.com/site/pr/10103896 y Standard and Poor’s, Comunicado de Prensa (26/11/2019) Credit FAQ: What Challenges will the new administration in Uruguay face? En https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/191126-credit-faq-what-challenges-will-the-new-administration-in-uruguay-face-11256622 (9) En la nueva Cámara de Senadores (que tiene 30 senadores), el FA mantendrá 13 escaños, y el PN solo 10. El Partido Colorado (PC) tendrá cuatro senadores y el recientemente creado Cabildo Abierto (CA), tendrá tres. En la Cámara de Diputados (que tiene 99 diputados), el FA tendrá 42, en comparación con los 30 del PN, 13 para el PC, 11 para CA y tres para otros partidos. (10) Es un impuesto anual de carácter personal y directo que grava ingresos correspondientes a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad uruguayas, independientemente de su naturaleza contributiva o no. (11) Astori ya anunció la necesidad de “defender la gobernabilidad” (Búsqueda, 20/11/2019)