La DEA -dice Marcos León Calarcá- no está interesada en la paz de Colombia. Acusar a las FARC de hacer negocios con el Chapo Guzmán es una maniobra de la agencia estadunidense para mantener la clasificación de la guerrilla como organización narcotraficante. Para ellos es una fuente de finanzas.
Marcos León Calarcá es parte de la delegación de paz de las FARC en La Habana. Nacido en Cali en 1957, quiso estudiar Ciencias Sociales, se incorporó a la Juventud Comunista y con 20 años de edad se unió a la guerrilla. Conoce muy bien México y la política mexicana, pues entre 1903 y 2002, estuvo a cargo de la oficina que esa organización tuvo legalmente en nuestro país, hasta que el entonces presidente Vicente Fox la cerró.
Domina a detalle los vericuetos del actual proceso de paz, también de los anteriores. Fue parte de los acercamientos entre el gobierno de César Gaviria y los alzados en Tlaxcala, México, e integrante del comité temático durante los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y su organización.
De hablar pausado, explicó en La Habana a La Jornada, a lo largo de más de una hora, los retos y acechanzas que pesan para terminar por la vía de la negociación un conflicto armado interno de casi 52 años. Esta es parte de la conversación con él.
La ruta de la paz
¿Por qué un proceso de paz después de más de 50 años de guerra?
Desde nuestro origen levantamos la bandera del diálogo como forma de solución. Fueron innumerables los esfuerzos que hicieron los camaradas marquetalianos -que fueron nuestros fundadores- para evitar la confrontación. Pero fracasamos en eso. Y a partir de que nos cerraron violentamente la puerta de la política abierta, de masas, se impuso la vía armada, la vía revolucionaria. Desde entonces hemos insistido en alcanzar la paz en distintas ocasiones.
Esta vez se conjugan diversos elementos que nos permitieron decir que era posible. De nuestro lado, el ánimo de buscar la salida política siempre ha estado presente. Y pensamos que de la contraparte hay una necesidad de paz. Esta convicción de nosotros, y necesidad de ellos, pasa también porque es un clamor nacional, es un anhelo de las mayorías nacionales.
¿Qué ha hecho la Mesa de Diálogo para acerca las partes?, ¿cuál es la lógica con la que se desenvuelve?
La mesa ha tenido que ensamblar su necesidad de paz y nuestra convicción de alcanzarla. Ellos quieren una paz: la que le favorece a sus intereses económicos, políticos, sociales, que son los intereses de una minoría. De la minoría que siempre ha estado en el poder. Nosotros queremos una paz transformadora. Una paz que resuelva las necesidades de las mayorías empobrecidas, carentes de sus derechos básicos. La Mesa trata de articular estas dos lógicas.
Sabemos que no logramos el triunfo militar. Pero tenemos claro que no lograron derrotarnos. La mesa no es para derrotar a nadie. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Es para flexibilizar las posiciones hasta tal punto que logremos identificar una paz que es incompleta tanto para ellos como para nosotros, pero que permite seguir la lucha por los ideales políticos sin necesidad de las armas.
Ustedes han sufrido en poco tiempo la muerte (algunas violentas) de dirigentes nacionales claves como Raúl Reyes, de Iván Ríos, de Alfonso Cano, del 'Mono Jojoy', de Manuel Marulanda. ¿Hasta dónde esos golpes forzaron que se sentaran a dialogar?
Esas muertes nos golpearon, nos afectaron. Eso no vamos a decir que no. Pero nunca como para decir que eso nos obligó. No es lo que nos tiene en el diálogo. Nuestra bandera de diálogo ha estado ahí desde el principio. Hay analistas que plantean nuestra victoria militar como guerrilla, al haber sido capaces de seguir existiendo después de semejante ofensiva de las fuerzas armadas colombianas, con asesoría directa y participación de las fuerzas del Imperio. El resistir eso es ya un triunfo. Nosotros no creemos eso. Sencillamente vamos a la búsqueda de una solución política entre partes iguales.
Generalmente cuando hay procesos de paz entre grupos insurgentes y gobiernos, los elementos más conservadores que se oponen al proceso dicen que se trata de una trampa de la guerrilla para ganar tiempo y recomponer fuerzas. ¿Están ustedes ganando tiempo ahora?
Eso dicen también ahora. Los enemigos de la paz tienen un libreto para incentivar más la desconfianza, y esa acusación es parte de él. Pero con las medidas que hemos tomado se puede demostrar nuestra voluntad de paz. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a modificar la edad de vinculación de las FARC, de 15 años como estaba a 17. Ante la insistencia de muchas organizaciones, entre ellas la ONU, acordamos modificarla a 18 años.
Dijimos: vamos a abandonar las retenciones de tipo económico, y las abandonamos en 2012. Hemos dicho: vamos a abandonar el entrenamiento militar. Vamos a dedicar ese tiempo a la formación cultural e ideológica. Hemos dicho: vamos a parar la fabricación de explosivos. Hemos dicho: no compremos más armas. Esas son medidas prácticas que muestran nuestro compromiso.
Se dice que esas medidas son mentira, pero ante eso, nosotros no podemos más que mostrar lo que estamos haciendo. Una prueba de nuestra voluntad es la tregua. Durante este periodo hemos hecho 6 treguas. Estamos manteniendo con bastante dificultades la que decretamos el 20 de julio.
¿Por qué con dificultades?
Porque esto sectores que son contrarios a la paz, están aprovechando para penetrar militarmente en lugares donde nunca habían estado o de donde hace mucho tiempo habían salido, para acosar a la guerrilla. Estamos en una tregua ofensiva, pero eso no significa que estemos dispuestos a dejarnos matar.
Sabemos que cualquier respuesta de la guerrilla daría pie a que sus enemigos hablen y hagan fiesta porque el proceso quedaría maltrecho. Por eso hemos insistido en denunciar ese hostigamiento y en llamar a las organizaciones sociales y políticas a estar vigilantes de esa tregua y denunciar ese tipo de hostigamiento; y ahí estamos, aunque hay momentos en que parece ser insostenible.
En estos tres años de negociaciones ustedes han alcanzado tres acuerdos. De manera resumida, ¿en qué consisten?
De tres partes: la introducción, la agenda y las normas de funcionamiento.
La agenda, que son los puntos a tratar, tienen seis temas. De esos seis hemos llegado a acuerdos -hay que aclarar que con salvedades- en tres: tierras, participación política y cultivos ilícitos.
En tierras, lo esencial, lo que guía todo el acuerdo, es que hay que fortalecer la economía campesina. Hay que darle a los campesinos las posibilidades para que lo sean, con tierra, asistencia técnica, y la infraestructura para poner a producir los campos. Eso va acompañado también de reformas en la educación, salud... En general, reformas destinadas a alcanzar el buen vivir. Siempre, teniendo en cuenta el tema del ambiente. Hablamos de un proyecto de economía campesina sustentable, que cuide el medio ambiente.
Tenemos un acuerdo sobre participación política. La esencia del acuerdo es la democracia plena. Suena como pleonasmo pero hablamos de democracia popular. Que se abran las posibilidades para que la gente de verdad participe en política. Que participar en política y ser contrario a la política oficial no implique un riesgo de vida, no implique que sean declarados objetivos militares. Planteamos que se cumpla el estatuto de oposición, que es un acuerdo de la Constitución de 1991, y que no se ha podido hacer. Que haya un espacio de garantías para el quehacer del movimiento social.
En esencia: democracia. Allí se plantean las dos posiciones.
Unos sostienen que hay que ampliar la democracia. Nosotros decimos que en Colombia no hay democracia. E l acuerdo sobre cultivos ilícitos está encaminado a resolver ese problema, atacándolo en la parte que corresponde al país: la producción de materia prima y la producción de coca. La producción de materia prima se liga con el tema de fortalecimiento de la economía campesina. El día en que el campesinado pueda tener opciones de vida digna que no tenga que ver con lo ilegal, lo va a hacer. La gente no cultiva coca porque quiere sino porque necesita subsistir. El campesino que cultiva coca no se enriquece, subsiste. Se enriquece el narcotraficante.
A ustedes se les ha acusado de ser una 'narcoguerrilla'. ¿Lo son?
No, categóricamente no. No tenemos vínculos y lo hemos demostrado en muchas oportunidades. Por ejemplo, el caso de Simón Trinidad, el camarada que tienen preso en Estados Unidos. Lo extraditaron por supuestamente haber exportado coca a Estados Unidos. Le hicieron tres juicios. No lograron demostrar sus acusaciones. En los 3 juicios lo declararon inocente. Y le tuvieron que hacer un cuarto juicio para sentenciarlo a 60 años de cárcel pero no por el tema del narcotráfico sino por el tema de que, supuestamente, él era responsable de la captura de 3 agentes de inteligencia estadunidenses que estaban en poder de las FARC. Si fuera cierto siquiera la mitad de todo eso que dicen, lo habrían realmente condenado.
Últimamente han salido informaciones provenientes de la DEA sobre la relación de las FARC con el Chapo Guzmán.
Es una provocación. Ahora que vamos avanzando en este proceso, tenemos estos tres acuerdos, y otros parciales como el de medidas de desescalamiento; aparece la DEA con un informe, en el que vincula también al gobierno panameño, en el que dice que somos responsable s de negocios con el Chapo Guzmán, y que supuestamente él, desde Panamá, manejaba los negocios de las FARC. Eso no es cierto. No tienen ningún asidero en la realidad.
¿Por qué hace eso la DEA?, ¿no está Estados Unidos interesado en alcanzar la paz?
La DEA no está interesada en la paz del país. Y, mantener su acusación, o mantener la clasificación de las FARC como organización narcotraficante, es fuente de finanzas para ellos.
¿Estados Unidos está o no interesado en el proceso de paz?
No hay una posición monolítica. Hay sectores importantes, de pronto mayoritarios, que están de acuerdo con la paz. Pero hay sectores, poderosos, que ven afectados sus negocios. Más allá del tema ideológico está el tema económico. ¿Quienes están en contra de la paz? Los que lucran de la guerra. Lucran desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político.
¿La presencia de Bernie Aronson acerca la paz o la boicotea?
Él es enviado especial nombrado por Estados Unidos para el proceso, es el canal oficial. Hasta donde hemos evaluado está interesado en que logre la paz.
Más allá de los tres acuerdos, la negociación está estancada en el punto de la judicatura y de los paramilitares. ¿En qué consiste?, ¿qué está en juego?
Hay un tema serio en el problema de la justicia. Desde un principio fuimos claros y dijimos: no vamos a aceptar cárcel. Ningún grupo alzado en armas va a ir a una mesa de negociación para salir a la cárcel. Eso no tiene sentido. Es un problema de la llamada justicia.
Pusimos sobre la mesa la propuesta de construir un sistema integral basado en la verdad, con el objetivo central de resarcir a las víctimas. La verdad es uno de los derechos fundamentales de las víctimas. Está en el centro de esta propuesta. Hemos avanzado en eso y en medidas de justicia restaurativa, no justicia punitiva.
¿Y los paramilitares?
Es un tema que nos preocupa mucho, no sólo a nosotros sino al país. El gobierno dice que no existen paramilitares, que son bandas criminales. Dice que se acabó, pero la realidad muestra otra cosa. La realidad, ¿qué dice? Que siguen apareciendo retenes en las carreteras, en sitios cercanos a las instalaciones militares. Que aparezcan retenes es grave, pero lo más grave es que maten gente.
Es una preocupación porque nosotros nos hemos enfrentado militarmente con los paramilitares. Y en esa pelea estamos de igual a igual. No nos afecta, pero en general, afecta porque matan a la gente.
Hay un movimiento político que se llama 'Marcha Patriótica'. Es reciente pero ya lleva más de 100 personas asesinadas a manos de estos grupos paramilitares. Hay que recordar que en Colombia hay una realidad que no se puede tapar, que no se puede olvidar: el genocidio a la 'Unión Patriótica'.
¿Ese fantasma los persigue a ustedes al discutir el asunto de la reinserción?
Yo no diría que nos persigue, diría que nos alerta a estar muy expectantes en el tema de garantías de seguridad. Por eso, para nosotros esa comisión que está tratando el tema de garantías de seguridad y paramilitarismo, que está encabezada por un conocido de ustedes que es el coronel Óscar Naranjo y un integrante nuestro del secretariado que es Pablo Catatumbo, es importante que dé resultados. El paramilitarismo hay que desmantelarlo. No sólo reconocerlo sino que hay que desmantelarlo, y más allá de los factores fácticos están aquellos que lo financian, que lo incentivan, que lo promueven como una forma de defender sus privilegios. Muchos de los cuales han sido obtenidos de manera ilícita. Ese es un tema central.
¿Cómo están abordando el tema de los desaparecidos?
Estamos avanzando. Hicimos un acuerdo para comenzar a buscar los miles y miles de desaparecidos que hay en el país. Es un arma que ha utilizado el Estado colombiano para golpear a los movimientos sociales.
Más allá de los desaparecidos en combate, de los desaparecidos a los que los desintegró el explosivo, a los que quedaron tendidos en el terreno y nadie fue capaz ni pudo recogerlos, más allá de eso, nos interesa que aparezcan los desaparecidos del movimiento social y político. Estamos hablando de gente desaparecida desde los setenta.
¿Qué hicieron con ellos? Primero los desaparecían las fuerzas militares, después los desaparecían indirectamente a través de los paramilitares. Eso es una verdad que no se puede ocultar, es una deuda que tiene la sociedad con esas víctimas.
¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en lo inmediato?
Cerrar el punto de litigio y empezar a cerrar los otros temas. Nos hemos comprometido a cerrar el proceso en seis meses pero vamos a hacer el esfuerzo para que sea antes. Se ha perdido tiempo por la incongruencia del gobierno, pero podemos intentar cumplir el plazo. Pero se necesita, primero, la voluntad política de la contraparte. A veces se enredan demasiado. Y, segundo, para convencerlos, necesitamos que cada vez más gente se vincule a defender este proceso. No decimos a defender las propuestas de las FARC, decimos a defender el proceso. Acompañarnos de lo que nos dijeron las delegaciones de víctimas. La exigencia que hicieron: no se levanten de la mesa. No permitamos que se rompa la mesa.
¿Tiene el presidente Uribe fuerza para descarrilar este proceso?, ¿Él ha hecho de eso el centro de su propuesta política?
No creo. Tiene más rechazo
¿Hay garantías de que las FARC no se van a fraccionar en este proceso y una de sus partes va a seguir con acciones militares?
Una de las fortalezas de las FARC es esa unidad. Estamos en La Habana una delegación de paz, pero este proceso está siendo acompañado por toda la guerrillerada. Todos los pasos que damos aquí se consultan, se comunican a la guerrillerada. El secretariado del Estado Mayor sigue funcionando como lo que es: la dirección máxima.
¿Puede alcanzarse un proceso de paz en Colombia sin que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) forme parte de él?
Con respecto a un eventual proceso de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, nosotros tenemos un acuerdo: dos mesas y un sólo proceso. Entendemos y compartimos cada una de las particularidades que las organizaciones tienen, esperemos de verdad que pronto fructifique el diálogo entre los compañeros de ELN y el gobierno.
Se ha aireado en público pero falta aterrizarla en la Mesa.
Si el proceso de paz se consuma, ¿cómo ven ustedes el futuro de las FARC?, ¿un partido político con representación parlamentaria?, ¿un movimiento no institucional?, ¿qué visión tienen de sí mismos hacia adelante?
Nosotros nos vemos como un movimiento político legal y abierto, ya no político-militar. Luchando por nuestras banderas de construcción de una vida mejor, digna. De una vida que responda a los derechos e intereses de las mayorías y que se logre la paz.
El acuerdo trata de finalizar la confrontación armada, pero tenemos que construir la paz. Es muy violento que haya gente que se muer a teniendo posibilidades médicas de salvación; es muy violento que se mueran niños de pura hambre; es muy violento que la gente tenga las puertas cerradas a la educación, al trabajo… Todo eso hay que solucionarlo.
¿Ese movimiento político que construirían tendría una ideología precisa?
Tendría la misma ideología, la gente nos conoce, no somos nosotros los que vamos a hacer la revolución, es la gente y nos toca convencerla. Esa es la tarea de ese movimiento político.
Estará en todas las partes en las que pueda expresarse. En el parlamento, en las juntas comunales, en los sindicatos, en las organizaciones de barrio, en las organizaciones juveniles, en las de mujeres, de la diversidad sexual, en todas partes.
Luis Hernández Navarro
La Jornada
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