Elecciones el 5 de junio
La algarabía de los capitales financieros al conocerse el resultado electoral del 10 de abril fue el síntoma más claro de lo que viene en Perú: profundización de la liberalización económica y de la asociación con Washington. Cuando se supo que Keiko Fujimori (Fuerza Popular, 39,81% de los votos válidos) y Pedro Kuczynski (PPK, 20,98%) disputarán la segunda vuelta el 5 de junio, la bolsa de Lima registró la mayor suba en ocho años (8,61%) y la moneda su mayor revalorización porcentual en un día desde 1992.
El giro a derecha del electorado no impidió sin embargo que Verónika Mendoza, candidata del Frente Amplio (FA), quedara a poco más de un punto del balotaje (18,85%) y su fuerza conquistara la segunda mayor bancada en el Congreso con 20 diputados tras ganar en siete departamentos. Pero no fue suficiente. En parte porque la otra candidatura de izquierda (Gregorio Santos, Democracia Directa) alcanzó un 4% y en mayor proporción porque los cinco años de gobierno del presidente Ollanta Humala, que culminan el 28 de julio, implicaron una decepción para el electorado que apostó a un cambio a través de su figura, por entonces representante de un nacionalismo de izquierda.
Fin del “modelo exitoso”
La prensa continental ha presentado hasta el hartazgo a Perú y a Chile como presuntos modelos exitosos de política económica para Suramérica. A partir de esa premisa los medios tradicionales interpretaron el resultado electoral como una prueba irrefutable de la satisfacción de los peruanos con el rumbo adoptado por el país. Pero sobran evidencias de lo contrario.
En primer lugar la elección registró más de 3 millones de votos blancos y nulos, el 17% del total, casi cinco puntos y un millón de votos más que hace cinco años. Si se los calcula sobre la base de los votos válidos, como se hace con los candidatos, esta opción fue en rigor la tercera más votada con un 20,5%. Y si se sumaran los ausentes, el total supera en un millón de votos a Keiko Fujimori. En esta ocasión influyó la polémica decisión judicial de apartar al candidato liberal Julio Guzmán –que estaba segundo en las encuestas- y al millonario empresario César Acuña, cuya fuerza obtuvo 11 bancas. De todas maneras hubo una participación electoral considerable (81,9%).
En segundo lugar, la debacle de los últimos tres presidentes demuestra el descontento social con el rumbo adoptado. Humala decidió retirar días antes de la elección la candidatura presidencial de su fuerza política, el Partido Nacionalista Peruano (PNP), que estaba por debajo del 2% según algunos sondeos. Lo mismo hizo con las listas para el Congreso porque no iban a superar el piso del 5% que establece la ley, siendo esta la primera vez desde 1980 que un oficialismo no tendrá representación parlamentaria tras dejar el poder.
Alan García (2006-2011), el predecesor de Humala en la Presidencia, quedó quinto con 5,82% tras una alianza entre dos partidos tradicionales y rivales históricos: el Aprista (PAP) y el Popular Cristiano (PPC). Su derrumbe electoral lo obligó a dejar la jefatura del partido después de más de 30 años. Gracias a un fallo del tribunal electoral el día previo a la votación que quitó el piso de 7% para las alianzas y dejó el mismo 5% que rige para los partidos, el PAP tendrá cinco diputados, pero el PPC ninguno por primera vez en su historia. Acción Popular, el otro partido tradicional, quedó cuarto con 6,97%.
El caso del ex presidente Alberto Toledo (2001-2006) no requiere mayores análisis: terminó octavo con 1,3% y su fuerza perdió la inscripción electoral.
No es un dato menor que, aunque con diferencias, estos ex presidentes para ser electos en los tres períodos anteriores se presentaron como alternativas a fuerzas de derecha. Distintas encuestas indican que alrededor de tres cuartos de la población desean cambios en la política económica y un 40% clama por “cambios radicales”, aunque todavía no logran que eso se exprese en el Palacio de Gobierno. El resultado es la crisis de los partidos tradicionales y sus figuras.
Resurgimiento del fujimorismo
En medio de este cuadro, el partido Fuerza Popular se transformó en la principal organización política del país. Tuvo un gran crecimiento en cinco años: pasó de 23,6 a 39,8% y alcanzó la mayoría parlamentaria -71 bancas sobre 130- tras ganar en 15 de las 24 regiones, incluida Lima.
Alberto Fujimori (1990-2000) logró que una de sus hijas sea la candidata presidencial más votada y que otro de sus hijos, Kenji, fuera el congresista más votado del país. Su fuerza política podrá ahora aprobar una ley para que cumpla su condena en “prisión domiciliaria” o incluso indultarlo si Keiko llega a la presidencia, aunque aseguró que no lo hará. Otra referente del fujimorismo, Cecilia Chacón, resaltó apenas terminada la elección que el ex dictador debe salir de la cárcel “por la puerta grande”.
Fujimori está preso desde 2005 por violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción, con una condena de 25 años, y tiene pendientes otros procesos como el de la esterilización forzada de unas 250 mil mujeres. Por eso su figura y la de su hija generan el rechazo de al menos la mitad de los peruanos, que el último 5 de abril marcharon masivamente a 24 años del golpe de 1992 en contra de la candidata.
Kuczynski necesita aprovechar ese rechazo para llegar a la presidencia pero los antecedentes no lo ayudan: en 2011 apoyó a Keiko para la segunda vuelta y fue orador en el acto de cierre de campaña. “¿Quién acabó con el terrorismo? ¿Quién acabó con la hiperinflación? Yo no lo olvido”, celebró aquella vez ante una multitud que vitoreaba a Fujimori. Además, tiene un caudal de voto muy bajo en los sectores de menores ingresos, donde sí llega el populismo conservador de Keiko.
Quien sea electo deberá enfrentar una dificultad principal: el sur del país se manifestó en contra de ambos candidatos y dio la victoria a la izquierda en ocho de las 24 regiones. Es la zona más excluida, con mayores niveles de pobreza, menor desarrollo y a la vez el lugar donde se desarrolla la explotación minera. Sortear esta barrera para garantizar la gobernabilidad en todo el territorio y construir una base social sólida será una tarea principal y decisiva para la derecha. No lograrlo podría provocarle una herida incurable al actual orden político y económico del país.
Balance de la izquierda
“Era indispensable, urgente e imprescindible que se constituyera una fuerza política de izquierda para generar un mínimo de equilibrio que no teníamos en los últimos años”, analizó Verónika Mendoza (Frente Amplio, FA) luego de las elecciones y celebró haber instalado “una agenda de cambio”. La candidata, de 35 años, abandonó en 2012 al Partido Nacionalista, liderado por el presidente Humala.
Cuando comenzó la campaña, el Frente Amplio estaba muy lejos en las encuestas. Entre sus debilidades estaba la fragilidad del proyecto de unidad de las izquierdas, ya que la mayoría de los partidos y dirigentes más conocidos decidieron quedarse afuera, aunque ahora el apoyo a Mendoza ya es mayoritario.
Su propuesta de campaña tuvo como ejes la reforma constitucional, diversificación económica, renegociación de los contratos de exportación del gas de los yacimientos de Camisea ante las estafas de compañías transnacionales, no criminalizar la protesta social, no rebajar estándares ambientales, permitir el matrimonio homosexual y el aborto terapéutico, fortalecer el papel del Estado. Con la promesa de esas reformas ganó en la mayoría de los distritos mineros y alcanzó porcentajes altísimos en departamentos como Apurímac (60,6%) y Ayacucho (58,4%) para pasar a ser la segunda fuerza territorial del país. Habrá que esperar dos años para saber si el FA puede lograr resultados similares con otros candidatos en las próximas elecciones municipales y regionales de 2018.
Mendoza mostró también síntomas positivos en comparación con Humala. Pese a la presión de los medios, no moderó, negoció ni traicionó los principales puntos programáticos y se negó a hablar de “presos políticos” en Venezuela. En el debate presidencial condenó el modelo económico y aseguró: “No creemos que Perú deba seguir siendo una simple despensa de piedras”, en rechazo a la dependencia de la exportación de minerales. También es cierto que si bien el FA se define como “socialista” no tiene un programa anticapitalista, aunque va más allá de los límites que tolera el sistema político nacional.
“El pueblo peruano nos ha dado un mandato de ser una oposición firme y fiscalizadora. Ese será el rol del Frente Amplio”, afirmó Mendoza. “Lo que vamos a vivir los próximos cinco años, cualquiera que gane, sea PPK o Keiko, va a gobernar la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), los grandes bancos que manejan el Estado y la política real”, completó el diputado electo por el FA Manuel Dammert.
Resta saber si las movilizaciones y protestas de calle darán continuidad a los votos para empezar a torcer el rumbo de Perú.
Ignacio Díaz
América XXI
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