Entrevista a Diego Ancalao, candidato mapuche al Senado de Chile por el Frente Amplio
Como mapuche dice estar alarmado por la muerte de Santiago Maldonado, un artesano que vivía en una comunidad indígena de la Patagonia argentina y cuyo rastro se perdió durante las protestas comunales contra el saqueo de tierras que practica la multinacional Benetton en esta zona del mundo. Pero como presidente del Instituto del Desarrollo Indígena (ILDI) asegura que no le sorprende su asesinato. “Tanto Argentina como Chile mantienen un conflicto histórico con mi pueblo por la usurpación de tierras que, a menudo, tratan de resolver con métodos violentos”, asegura. Diego Ancalao es maestro de escuela, tiene 36 años y nació en Purén, en pleno corazón de la Araucanía chilena, la referencia territorial para dos millones de mapuches. Inquieto y culto, concurre el próximo 19 de noviembre como candidato a senador por el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que se plantea superar la dicotomía tradicional del bipartidismo chileno. La pelea en la que está embarcado es por devolver a su pueblo el reconocimiento como nación que le arrebató la administración criolla. La muerte de Maldonado, presumiblemente a manos de la gendarmería argentina, lo trastoca todo. Los mapuches han vuelto a hacer sonar los tambores de guerra en una vasta región fracturada por dos Estados clave en la prospección de las tinieblas patagónicas, donde tantas atrocidades se han cometido y se siguen cometiendo en nombre de la codicia humana. “Puede producirse un gran levantamiento mapuche a ambos lados de la cordillera”, advierte Diego Ancalao en conversación telefónica sobre un conflicto olvidado pero que ha vuelto súbita y efímeramente a las primeras páginas de la actualidad.
¿Le sorprende que detrás de la muerte de Santiago Maldonado planee la sombra de la gendarmería argentina?
Lamento mucho decirlo pero no me sorprende. Es algo que viene sucediendo desde el siglo XIX con la ocupación de la Araucanía chilena y la guerra del desierto argentina donde el general Julio Roca proclamó aquello de que el único indio bueno es el que está muerto. Puede sonar fuerte dos siglos después pero la cultura de despojo y asesinatos practicada por ambos países contra el pueblo mapuche ha sido una constante desde 1861.
¿Cómo han encajado la muerte de Maldonado?
Con mucha preocupación. Porque lo que le ha sucedido a Santiago también está pasando en Chile, que es un voladero de luces. Es importante que la gente conozca, por ejemplo, que la mayor parte de los desaparecidos mapuches se han producido durante los gobiernos socialistas. En 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, desapareció José Huenante, un chico de Puerto Montt de 16 años. Se lo llevaron los carabineros y nunca más se supo de él. Tenemos a 14 mapuches muertos en los últimos años a manos de la policía, unos con tiros por la espalda, otros a golpazos. Es una realidad que nos duele mucho y que nos hace desconfiar bastante sobre la buena intención del Estado en reconocer nuestros derechos como pueblo.
¿Por qué?
Porque estamos convencidos de que los intereses económicos, tanto chilenos como argentinos, están por encima de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus tierras. Aquí se han restituido tierras, mediante una ley diseñada para el desarrollo indígena, que sólo suman alrededor de 900.000 hectáreas, una minucia si se compara con los tres millones de hectáreas apropiadas en Chile por la celulosa Mininco, de la familia Matte, y por la Arauco, de la familia Angelini. O sea, que dos familias poseen tres veces más de territorio que todo el pueblo mapuche desde el río Biobío hacia el sur. Para el Estado chileno son más importantes los derechos económicos de esas dos familias que los derechos políticos de un pueblo.
La situación parece peor en Chile que en Argentina
Así es. Uno de los motivos es que, a diferencia de Chile, Argentina es un Estado federal. Aunque mínimamente, esto ha servido para que se reconozcan algunos derechos a la comunidad de Río Negro, o para que se permita la existencia de un canal televisión mapuche. De hecho, la Constitución argentina permite la reclamación de tierras de los pueblos originarios. Sin embargo, esos derechos tan solemnes han comenzado a ser recortados con la política del actual gobierno que, como el chileno, ha decidido beneficiar a empresas como Benetton. Esta firma compró en 1991 cerca de 900.000 hectáreas de tierra para la explotación ovina en la Patagonia. Además, ha rechazado públicamente el derecho constitucional de los mapuches a reclamarlas porque considera que no son ciudadanos argentinos originarios sino chilenos.
¿Cuál puede ser la reacción del pueblo mapuche al asesinato de Santiago Maldonado?
Si se confirma esa brutalidad, puede producirse un gran levantamiento del pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, en el Puelche chileno y en el Wallmapu argentino. No podemos permitir más que los Estados sigan maltratando y matando a quienes tratan de resistir pacíficamente a la dominación de su territorio. Sería una prueba más de la violación total de los derechos humanos y supondría una transgresión completa de la soberanía de nuestro pueblo. Esto situaría en el centro del debate público y político los derechos que nos han sido arrebatados por estos dos Estados a lo largo de la historia.
¿Cuáles son sus reivindicaciones políticas?
La primera es la devolución del territorio. En segundo lugar, restitución de los derechos políticos para decidir el futuro como nación del pueblo mapuche que vive a ambos de la cordillera. Exigimos una compensación por los tratados que, especialmente el Estado chileno, ha violado con mi pueblo. Reclamamos que los 22 presos políticos mapuches sean liberados y también pedimos la derogación de una ley antiterrorista vigente que niega un proceso judicial justo a nuestros ciudadanos encausados.
¿A qué atribuye esta actitud implacable hacia los mapuches?
Los dueños del territorio que nosotros reclamamos han comprado la voluntad política de la mayoría de los parlamentarios chilenos. Eso está comprobado. Un ejemplo es que algunos de los presos mapuches se encuentran en prisión en función de la ley de pesca. Y otro elemento es que en Chile se ha instaurado lo que llaman en Alemania el derecho penal del enemigo. Es decir, considerar a toda persona que hable otro idioma, tenga otro origen y posea reclamaciones políticas no recogidas en la Constitución como enemigo del Estado. Esta anomalía no sólo justifica la violencia contra los mapuches, sino que nos mantiene en una permanente lucha para demostrar que no somos terroristas. Tanto es así que aprovechando esta batería de medidas, el ministro de Interior implementó la Operación Huracán el pasado mes de septiembre en la Araucanía, un operativo utilizado para allanar viviendas sin orden judicial y para detener a ocho personas acusadas de pertenecer a una supuesta asociación ilícita. Pues bien, todos ellos acaban de ser puestos en libertad por la Corte Suprema por falta de pruebas.
Parece que habla de la época de Pinochet
Es que para nosotros es muy similar. Hay miedo en las comunidades indígenas a la impunidad con la que actúa la policía. Los candidatos conservadores para las elecciones presidenciales de noviembre ya han anunciado que tienen previsto aplicar el estado de sitio en la Araucanía, lo que significará militarizar toda la región. Esa es una amenaza muy grave y dramática.
Gorka Castillo
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