Alberto Fernández insiste por estos días en su propuesta de una reestructuración de la deuda “a la uruguaya”, lo cual implica patear para adelante los vencimientos pero pagando luego la totalidad del monto de capitales e intereses. El planteo fue saludado por los mercados, con subas de hasta 7% en la cotización de los bonos en dólares.
Pero, como una mayoría de especuladores y analistas desconfían -con los números en la mano- de la capacidad del próximo gobierno para cumplir con ese objetivo, Fernández fue precisando algunos planteos. Si ya había desarrollado los incentivos que promoverá para Vaca Muerta y las mineras para juntar los dólares necesarios para pagar (peso devaluado, libertad para girar sus utilidades al exterior, convenios laborales flexibles), en los últimos días deslizó además atisbos de una política impositiva. Es que todos los ojos están puestos en la reducción del déficit fiscal, que fue como se garantizó el pago de la deuda en Uruguay, donde se implementó “una política fiscal y monetaria muy ortodoxa” según Isaac Alfie -el ministro de Economía de entonces (BAE Negocios, 29/9).
Buscando mostrar un planteo tributario progresivo, aseguró en una entrevista que evaluará aumentar los impuestos sobre los Bienes Personales para aquellos de mayores ingresos. Hoy “pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no" (La Nación, 29/9). Si bien evitó precisar de qué se trata, tenemos antecedentes. En el fondomonetarista Presupuesto 2019 ya se aumentó el gravamen a Bienes Personales para compensar otras bajas, de manera que fue alcanzado un amplio sector de las clases medias (como propietarios de departamentos valuados en 52.000 dólares).
En realidad, detrás de estas declaraciones anticipa que no tocará el esquema de exenciones tributarias a las patronales, que tiene su hoja de ruta en el Pacto Fiscal que firmaron Macri y los gobernadores. Resulta que la caída de la recaudación impositiva, que aumenta por detrás de la inflación, tiene uno de sus principales componentes en esas exenciones. Por eso, a pesar del desplome de los salarios y jubilaciones, del ajuste presupuestario a la salud y la educación, el gobierno macrista no logró el objetivo ‘déficit cero’ que se había comprometido con el FMI, ya que el resultado fiscal primario arrojó un -1,5% del PBI.
Las reducciones impositivas al gran capital que fueron establecidas en el Pacto Fiscal apuntan a desgravar a casi todas las ramas del impuesto de Ingresos Brutos, con un esquema de bajas paulatinas que llega hasta 2022. Fernández defendió esa política, afirmando que “el problema fiscal deviene de la falta de actividad económica” y por lo tanto el Estado debe dejar de recaudar sobre impuestos a la actividad (ídem). Es un fraude.
El argumento con el cual el macrismo y los gobernadores promovieron la reducción de lo que pagan las patronales es que de esa forma bajarían los precios, ya que las empresas dejarían de trasladar al consumidor el costo de los impuestos. Sin embargo, mientras en el primer cuatrimestre del año la recaudación de las provincias cayó un 10% por las bajas en Ingresos Brutos, la inflación orilló el 16%. Esa tendencia no dejó de profundizarse.
La misma observación vale para las propuestas que lleva Kicillof a las patronales del campo y a los industriales bonaerenses, sobre créditos baratos y mayores beneficios fiscales. Pero esa es la política con la que fracasaron Macri y Vidal, si tenemos en cuenta que la industria cayó un 30% (BAE Negocios, 22/9) a pesar del Pacto Fiscal. Pero además –contra el relato de la gobernadora- ha aumentado la regresividad del sistema impositivo, ya que mientras los terratenientes aportan sólo un 2,7% de la recaudación y fue eliminado el impuesto a los pooles de siembras por alquiler de tierras, el sector incrementó sus ingresos un 125% en el 2018 y sigue beneficiándose con las nuevas devaluaciones. Las ganancias del capital agrario no fueron un impulso a la provincia, sino que se amasaron a costa del ajuste.
Mientras tanto, según los informes elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), un trabajador medio destina la mitad de sus horas de trabajo para cubrir el pago de impuestos. Es un ejemplo de quiénes son los que pagan las exenciones a las patronales. De hecho, el IVA explica el 39% de lo recaudado por el Estado nacional. Que Alberto se haya opuesto a la temporaria reducción de este impuesto (que pagan los consumidores) revela que mantendrá esta confiscación. Ahora, emulando las preocupaciones de Kicillof, Macri viene de prometer a las Pymes que las que contraten nuevos empleados no pagarán las contribuciones patronales, lo cual implica seguir desfinanciando Anses y las obras sociales. Esta carrera de ver quién ofrece mejores beneficios a los capitalistas confirma, para quien dudara, que el pago de la deuda se carga a cuenta de los trabajadores.
Oponemos un programa de impuestos progresivos sobre las grandes fortunas, empezando por los terratenientes, y la eliminación de los impuestos al consumo y a las familias trabajadoras (como la vivienda única). Pero ello con el objetivo de desenvolver un plan de desarrollo productivo, y no para el pago de la deuda usuraria. Un esquema tributario progresivo es incompatible con un Estado que expolia a la clase obrera para pagarle al FMI y el capital financiero.
Iván Hirsch
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