Solo faltaba Nueva Gales del Sur, donde fue aprobado el jueves. Sigue la lucha para que se garantice el acceso a la práctica.
Tras más de 70 horas de debate y semanas de movilización popular, se aprobó este jueves 26 una ley para despenalizar el aborto en el parlamento de Nueva Gales del Sur, el último estado de Australia en el que esta práctica estaba penada -y en el que se encuentra Sidney, una de las ciudades más populosas del país.
Se trata de una reforma histórica que modifica una legislación de 119 años de antigüedad, que promovía penas de hasta 10 años a las mujeres que llevaban a cabo la interrupción del embarazo. Hasta ahora, la misma solo estaba permitida si la salud física o mental de la mujer estaba en riesgo; ni siquiera contemplaba los casos de violación. El mayor antecedente se encuentra en una disposición del parlamento de crear áreas de seguridad alrededor de las clínicas que realizan los abortos, para evitar el escrache a quienes allí acudían.
Además de eliminar la penalización del aborto, la flamante ley permite a las mujeres su realización hasta las 22 semanas de gestación, practicada por un médico registrado. En caso de querer hacerlo luego de ese período, deberá contarse con el consentimiento de dos médicos. De cualquier manera, la legislación está a cargo de los gobiernos regionales y las leyes varían según el territorio.
Pese a la presión del ex primer ministro Tonny Abbott y de los sectores religiosos y conservadores, que realizaron manifestaciones en las afueras del parlamento, la despenalización logró la aprobación con el voto afirmativo de la mayor parte de los miembros legislativos (26 votos a favor y 14 en contra).
Scott Morrison, primer ministro del país y ex ministro del gabinete de Abbott, dijo a los medios que no “intervendría” en la votación pero que tenía una “visión conservadora” sobre el tema (SBSNews, 28/8). A principios de este año, en la previa de las elecciones federales, Morrison había calificado a los planteos electorales de la oposición laborista para mejorar el acceso a la práctica en los hospitales de ser un intento de “dividir a los australianos”, asegurando que eso era “un tema de los estados y territorios” (The Guardian, 6/3). Al partido oficialista pertenecen los diputados neogaleses que fueron más activos contra la despenalización, amenazando con presentar una moción contra la gobernante del estado si se aprobaba.
En el caso del laborismo, su conferencia nacional en diciembre votó llevar los planteos mencionados pero rechazó eliminar la “libertad de conciencia” que su plataforma confiere a legisladores del partido desde 1984 (ídem). En la votación de Nueva Gales del Sur, mientras parlamentarios laboristas como Penny Sharpe fueron presentantes de la ley, otros como Courtney Houssos y Greg Donnelly trabajaron por modificaciones restrictivas a la legislación de despenalización y mantuvieron reuniones con grupos pro vida.
El arzobispo católico de Sydney, Anthony Fisher, sostuvo que la legislación “representa una abdicación tan dramática de la responsabilidad de proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad” y que “desde la abolición de la pena capital en Nueva Gales del Sur en 1955, es la única forma legalizada de asesinato en nuestro estado”, calificando a la ley como la peor aprobada en Nueva Gales en los tiempos modernos (Aciprensa, 26/9). La declaración va en defensa no solo de la clandestinidad y criminalización del aborto, sino también de la imposición de la maternidad amparada en discursos oscurantistas sobre la familia.
Si bien se trata de un avance para las mujeres, la ley solo abarca la despenalización, es decir que no impide que los abortos sigan desarrollándose en condiciones clandestinas y precarias o en el extranjero, con grandes costos, ya que no obliga al Estado a garantizar la práctica en condiciones seguras y de manera gratuita, o las mujeres desisten de acceder a centros públicos en cuyas entradas son asediadas por grupos oscurantistas. Para el movimiento de mujeres, el desafío es conquistar la accesibilidad de la práctica en todo el país y para todas las mujeres, en particular en las áreas no metropolitanas. En el caso del Estado de Australia del Sur, se multiplican las denuncias por complicaciones y demoras, luego del cierre de dos centros que practicaban abortos quirúrgicos; y actualmente se debate una reforma de la legislación, ya que la existente coloca requisitos como la residencia de dos meses en el Estado.
Por otra parte, la reforma repercutió directamente en Nueva Zelanda, donde comienzan a discutir un proyecto similar para tratar en el parlamento.
La votación de Nueva Gales del Sur es un impulso más para que todas las mujeres de la región se organicen y sigan movilizadas para conseguir en todos los lugares la legalización del aborto. Se trata de una lucha que requiere de la independencia de los partidos de la burguesía, entreverados con las iglesias y vinculados a instituciones de la salud que hacen negocios millonarios con la clandestinidad, una herramienta de disciplinamiento social que somete y lleva a la muerte de miles de mujeres.
Tomás Eps y Paula A. Lagomarsino
No hay comentarios.:
Publicar un comentario