El gobierno de Milei ha colocado en el tope de su agenda una nueva reforma laboral. Aunque todavía no ha presentado su proyecto, el gobierno liberticida salió a buscar en el actual y futuro Congreso el refuerzo de sus habituales aliados, así como de una amplia parte de los gobernadores. La reforma ya había sido planteada en el “Consejo de Mayo”, que integra la CGT a través de Gerardo Martínez, burócrata sindical de la UOCRA. Cristina Kirchner, Itaí Hagman y Juan Grabois se han pronunciado reiteradamente a favor de una “modernización laboral”.
El Gobierno impulsa la reforma y la “reducción del costo laboral” en nombre de “promover la creación de empleo y las inversiones”. En verdad, el “costo laboral” se encuentra por el piso, sin que ello haya redundado en ningún relanzamiento económico. La crisis industrial se ha agravado en medio de la caída permanente del salario. En las últimas décadas, el retroceso en el derecho laboral va de la mano con la reducción de los planteles, no de su crecimiento. Las patronales reclaman bajar “el costo de contratación”, pero lo que aprovechan es el menor costo de despedir trabajadores.
La reforma laboral es un intento por legalizar los avances estratégicos antiobreros que ya se han consumado en los lugares de trabajo. El capital no quiere pagar en juicios laborales los derechos que ya incumplen en los hechos. Pero la llamada “industria del juicio laboral” es una impostura, porque sólo una minoría de los trabajadores agraviados van a juicio. La enorme mayoría renuncia a esa instancia, coaccionada económicamente por las patronales.
El proyecto de reforma laboral ha sido presentado por la diputada santafecina Romina Diez. El texto replica casi en su totalidad la reforma laboral de la Ley Bases, que fue frenada en primera instancia por la Justicia del Trabajo. Veamos sus principales puntos.
Renunciabilidad
La reforma pretende terminar con la irrenunciabilidad de derechos laborales, un principio legal que invalida cualquier “acuerdo interno” que resulte violatorio del convenio colectivo o de la Ley de Contrato de Trabajo. La derogación de la “irrenunciabilidad” convierte a las leyes laborales y convenios en papel mojado y abre la puerta a las negociaciones por empresa y por trabajador.
Indemnizaciones
El proyecto también sustrae a los beneficios sociales y extrasalariales del cálculo de la indemnización. Actualmente, cualquier pago o estipendio que se repita todos los meses (viático, comedor, pago de teléfonos, etc.) es considerado parte del salario por la ley laboral y se contabiliza en el cálculo de las indemnizaciones.
El proyecto modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total no podrá superar al capital -actualizado por la inflación- más una tasa de interés del 3 % anual". Esta disposición salda a favor del capital una larga discusión, porque muchos jueces venían imponiendo tasas de interés punitorias y elevadas a las empresas que dilatasen el pago de los fallos indemnizatorios. Adelantándose a la reforma, la Corte Suprema falló contra estas tasas punitorias, fomentando la dilación en los pagos. Aun así, varios jueces laborales continúan fijando tasas de interés más altas que el 3 % anual.
La ley permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias e indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales. De esa manera, legalizan lo que las empresas vienen haciendo actualmente, con la anuencia de la Secretaría de Trabajo.
Vacaciones
La reforma flexibiliza la época de otorgamiento y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. La garantía de gozar de sus vacaciones en temporada de verano queda reducida a una vez cada dos años. Una vez más, sancionan lo que ya existe en los lugares de trabajo, pues las vacaciones se otorgan según la necesidad productiva del capitalista y no de la familia obrera.
Banco de horas
El texto de Romina Diez incorpora los “regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando (¡) un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.” En nombre de la “modernización laboral”, el Gobierno busca derogar la jornada de 8 horas de trabajo, volviendo a jornadas extendidas adaptadas a la necesidad productiva del capital. Además, se busca terminar o reducir sustancialmente el pago por horas extras, que pasarán a ser parte del cómputo de las “horas flexibles".
El sistema de banco de horas admite la extensión de la jornada a 13 horas diarias. Una disposición similar ha desatado en Grecia una huelga general.
Como esto ya ocurre con un sinfín de fábricas y establecimientos que tienen sistema americano de turnos, jornadas de 12 horas y turnos rotativos insalubres, lo que se busca ahora es darle un marco legal para generalizarlo.
Licencias médicas
Se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos gestionado por la Secretaría de Trabajo, que permite convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes en el otorgamiento de licencias. Si actualmente obtener un certificado médico que otorgue reposo laboral es una tarea compleja, esta disposición intimidatoria lo dificultará hasta lo imposible.
Incentivos al despido
La ley incorpora beneficios fiscales para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100 % para microempresas, 75 % para pequeñas, 50 % para medianas y 25 % para el resto, todos aplicables durante doce meses. Estos incentivos favorecen el despido de los antiguos planteles laborales, para reemplazarlos por trabajadores bajo las condiciones de la “reforma”.
Un ataque al conjunto de la clase obrera
La reforma laboral busca desmantelar el derecho del trabajo en beneficio del capital. Establece con carácter permanente los efectos de los recursos “preventivos de crisis”, donde se suspenden las leyes laborales y se pagan las indemnizaciones a la mitad y en cuotas. El desconocimiento de convenios colectivos y de leyes laborales, a cambio del contrato individual, conduce al desconocimiento de la organización obrera de fábrica encargada de defender esos derechos colectivos. La reforma, por lo tanto, apunta a imponer la autoridad indisputada de la patronal dentro del lugar de trabajo.
Los últimos conflictos obreros tuvieron relación directa con la anunciada reforma laboral y la que ya se implementó con la Ley Bases. En el último período, las patronales explotaron la parálisis de las ventas para despedir masivamente, limpiando la plantilla de trabajadores bajo el régimen de contratación anterior para reemplazarlos por una nueva generación de obreros, ajustados a las nuevas condiciones precarizadoras. Muchos trabajadores dentro de convenio se preguntan si la nueva ley los afectará. Los despidos de ILVA, Cortines, Pirelli, Volkswagen, Toyota, etc., responden por sí mismos a la pregunta. Ni qué decir que la cercanía de una nueva reforma acentuará la escalada de despidos en la industria.
En todas esas fábricas, las patronales han contado con el concurso de la burocracia de los sindicatos para hacer pasar los despidos. Es claro que este posicionamiento anticipa la connivencia de la CGT con la nueva reforma laboral.
La lucha contra la reforma dependerá de las organizaciones de base de los trabajadores, de la reacción que se promueva en las fábricas y del impulso de los activistas. Está planteada una gran campaña de agitación y organización contra la reforma laboral antiobrera de Milei, que debemos desarrollar en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos.
Pablo Busch
29/10/2025
