Patagonia en llamas: la trama detrás del incendio forestal en Chubut

El 5 enero comenzó el incendio de la Patagonia, en la Comarca Andina de Chubut, que al día de hoy, sigue activo. Los focos se extienden, con distinta gravedad, a zonas de las provincias de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, a pesar del trabajo de los 78 brigadistas que intervienen. Ha consumido casi 15.000 hectáreas, avanzando sobre zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, en un contexto de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. Si bien las causas no están identificadas aún, el fiscal Carlos Díaz Mayer afirmó que el fuego "se inició con un acelerante o nafta". Para enrarecer más las cosas, en la zona del Lago Epuyén se encontraron granadas de mano (con carga explosiva y sin detonador) fragmentarias (modelo FMK2) de origen argentino, provistas únicamente a las Fuerzas Armadas. Dichos artefactos resultan altamente peligrosos en contextos de alta temperatura o golpes y su radio de detonación es de cien metros. 

 El gobierno apunta contra la comunidad mapuche, mientras que la comunidad y las organizaciones ambientales ponen el ojo en los negocios inmobiliarios y mineros que acechan la zona. En esta observación cobra relevancia que el vocero presidencial Manuel Adorni, pocos meses atrás, había anunciado modificaciones en las leyes de tierras y bosques: se liberó la compra de tierras por parte de privados extranjeros y propuso eliminar la prohibición de actividades agropecuarias tras incendios por 30 a 60 años, que rige hasta ahora. Paralelamente la AmCham (la poderosa cámara de comercio norteamericana en Argentina) impuso como necesidad y condición para la inversión en Argentina, destrabar los cambios a la Ley de Glaciares. Es también el reclamo de los gobernadores de las provincias que integran la llamada “mesa del cobre” -San Juan (Marcelo Orrego), Mendoza (Alfredo Cornejo), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Jujuy (Carlos Sadir)-. En consecuencia, el gobierno presentó un proyecto de ley, donde propone eliminar la prohibición de explotación minera en zonas periglaciares, dejando los estudios de impacto medioambiental en manos de las empresas mineras y acuerdos con gobiernos provinciales – antes realizados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET). Ese proyecto ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado, en diciembre de 2025, y será discutido en febrero en el recito. 

 Mientras se trataba esta modificación de la ley, un estudio de la UBA y el CONICET (a cargo de Julieta Caggiano, socióloga, becaria doctoral) señalaba que las tierras en manos de pulpos extranjeros -aun con las limitaciones establecidas en la llamada Ley de Tierras- alcanza al 5% del territorio nacional, una extensión similar a la superficie de Inglaterra. En su mayoría, se trata de lotes donde hay concentrados recursos como agua dulce o tierras raras. Antes los datos de porcentajes se publicaban a nivel departamental, ahora solo se hace a nivel provincial y nacional. El propósito de esto es disimular que hay departamentos donde el 50% del territorio se encuentra en manos extranjeras (Página 12, 12/1). Entre las empresas extranjeras con mayor presencia se encuentran el grupo italiano Benetton (900.000 hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, para producción ovina; cuenta con graves antecedentes de conflictos con comunidades); el magnate británico Joe Lewis (38.000 hectáreas en Río Negro; controla Lago Escondido y tiene su central hidroeléctrica privada y es un ´benefactor´ de jueces, funcionarios y lobistas de todo porte); capitales árabes y qataríes concentran más de 21.000 hectáreas en Río Negro y Chubut. La empresa estatal israelí Mekorot, dedicada a la “gestión hídrica”, ha firmado acuerdos con Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa; y en la Patagonia, en el caso de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Neuquén. La injerencia de Mekorot fue patrocinada por “Wado” de Pedro durante el gobierno de los Fernández. Mekorot está denunciado desde 1992 en la ONU por desviar y privar del vital recurso a la población palestina. Todo esto da una idea de los fuertes intereses mineros, petroleros, inmobiliarios y turísticos que disputan el sur argentino, al que se debe agregar el interés ´geopolítico´, claramente manifestado por el imperialismo norteamericano a través de los representantes de la IV Flota. En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, la jefa del comando sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó la importancia de Latinoamérica por su cantidad de recursos y en el mismo discurso alertó sobre el peligro que les representa China, Rusia, Irán y Corea del Norte en cuanto a la hegemonía, expresando abiertamente que las intervenciones yanquis sobre el continente se enmarcan en una nueva guerra imperialista por nuestros recursos. 

 Volviendo a los incendios, como ya sabemos, el gobierno se encargó de desfinanciar tanto las universidades nacionales como el CONICET, lo mismo ocurrió con el Fondo para el Manejo del Fuego. En el presupuesto para 2026 lo redujo a un 71%. Esto fue aprobado por legisladores de las provincias afectadas. Su primer impacto ha sido una baja de informes de alerta temprana. 

 Abajo el bandidaje de Trump y Milei 

Los recursos de Latinoamérica deben ser para su población, no un botín en una guerra imperialista. Es por esto que debemos salir a las calles, y rechazar este rumbo privatizador. 

 Vamos por presupuesto para ciencia, educación y manejo del fuego. Basta de megaminería, abajo la reforma de la ley de glaciares. Abajo la guerra imperialista.

 Iara Bogado 

 13/01/2026