Patricia Bullrich señaló que el proyecto de ley que obtuvo media sanción esta madrugada en el Senado “es la que queda, sin cambios”, o sea que el paso por Diputados sería sólo un trámite. El pacto de hierro entre los bloques y partidos que votaron la contrarreforma (libertarios, el PRO y la UCR) fue suscripto por otras bancadas provinciales, como Flavia Royón, la senadora del gobernador Sáenz y del capital minero, o las representantes del “Neuquinismo”, que levantaron la mano por el “futuro de Vaca Muerta”.
En la trastienda de esta coalición antiobrera, está la burocracia de la CGT, que consiguió dos cuestiones vitales para su caja: mantener los “aportes voluntarios” a los sindicatos, al menos durante dos años, y el porcentaje del 6% para las obras sociales. Pero es falso que el gobierno les hiciera “concesiones”: la última versión del proyecto fue un ‘toma y daca’, donde Milei y Bullrich se embolsaron nuevas cláusulas anti-obreras, como la aplicación de descuentos a los trabajadores que deban tomar licencias por accidentes o incapacidades sufridas en actividades de “riesgo” fuera del horario del trabajo -por ejemplo, cualquier deporte-, y también por enfermedades. Las licencias, en estos casos, sólo representarán el 50 y 75% del salario, respectivamente. La salud del trabajador, que siempre es afectada por el desgaste físico de los años en el puesto laboral, pasa a ser un “asunto privado”. La media sanción dispone, además, la digitación, en favor de la patronal, del médico y las juntas médicas que deberán intervenir en estos casos. Naturalmente, la CGT -que negoció la cuestión de los aportes a su caja- no podía desconocer este agregado de último momento. Este es el “paquete” que debe ser votado a libro cerrado en Diputados.
Peronismo
En el coro de complicidades con la contrarreforma está, asimismo, el elenco de senadores del pejotakirchnerismo. Durante dos años, Cristina Kirchner reclamó en sus cartas y pronunciamientos una “actualización laboral”, la misma muletilla utilizada por el gobierno para fundamentar su proyecto de ley. Los senadores peronistas abusaron de la afirmación de que “la reforma no va a crear empleo”, cuando la intención del proyecto no es ese, sino aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Los Gerardo Zamora y varios otros no cuestionaron este único punto vital – el derecho laboral ha sido conquistado por los trabajadores como un medio para atenuar relativamente esa tasa de explotación. Ninguno de ellos defendió al derecho del trabajo, como no podía ser de otro modo. En el mundo entero, el derecho del trabajo fue aceptado por las patronales en períodos de ascenso revolucionarios y revoluciones. En esos períodos, socialistas, comunistas y peronistas sirvieron de puente para esa transacción, en nombre de las llamadas “reformas universales”.
La contrarreforma fue saludada por una suba en la cotización de la deuda pública y de las acciones argentinas en el exterior, porque el proyecto establece, además de lo antedicho, un “Fondo de Asistencia Laboral”, que recaudará una cifra cercana a los 4000 millones de dólares por aportes previsionales desviados del ANSES al fondo de despidos. Como ocurriera con las AFJP, este fondo será generosamente usado para comprar títulos de la deuda pública. Este vaciamiento del Anses será seguido por la reforma jubilatoria, o sea el aumento de la edad de retiro, el cese de la indexación y la liquidación de los regímenes especiales de docentes y profesores. A la vuelta de ese ataque, vendrá otro filón para el capital financiero: la reapertura de la jubilación privada.
En la jornada de ayer se produjo una paradoja: mientras el Senado votaba la condición de “esencialidad” para las fuerzas de seguridad – que obligan a una prestación de tarea al ciento por ciento en cualquier conflicto – los efectivos de Rosario completaban su tercer día de insubordinación para reivindicar un aumento de salarios y la inclusión de los ‘adicionales’ al básico. La necesidad tiene cara de hereje; las fuerzas encargadas de asegurar la vigencia de la contrarreforma laboral se levantan contra sus disposiciones. Cuando se trata de abrir la billetera, las fuerzas de seguridad son consideradas una fuerza de trabajo y no un arma del estado para preservar el orden patronal. La legislación anti-obrera vale el tiempo que los obreros se vean forzados a aceptarla. Cuando las reivindicaciones elementales de la clase unan al conjunto de la masa en una lucha común, esta ‘legislación’ caerá como un castillo de naipes.
Marcelo Ramal
12/02/2026
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