La amnistía de Delcy Rodríguez

El anuncio de una Ley de Amnistía, que el Parlamento de Venezuela tratará perentoriamente, ha despertado expectativa. Desde el asalto de las fuerzas especiales norteamericanas, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez excarceló a unos 200 detenidos. Los “Foros” que en Venezuela siguen esta cuestión calculan que las cárceles bolivarianas albergan todavía a unos 1200 presos. Aunque los casos más resonantes se relacionan con personeros ligados a la oposición derechista, en los últimos años el número de presos se ha engrosado fuertemente con militantes y organizadores sindicales. Después de las protestas de 2024, fueron encarcelados dirigentes del sindicato de maestros en varios puntos del país y también delegados de la siderúrgica SIDOR, que encabezaron luchas por el cumplimiento del convenio colectivo, entre muchos otros casos. La decisión de cerrar “El Helicoide”, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), confirma las múltiples denuncias que lo identificaron como un centro de vejámenes y torturas. Entre varios otros, en el Helicoide encontró la muerte el exgeneral Baduel, quien encabezó a los cuerpos de paracaidistas que defendieron a Chávez en el golpe militar de 2002 y años después cayó “en desgracia” cuando se opuso a una reforma constitucional, que Chávez de todos modos perdió. Aunque los voceros del SEBIN informaron que Baduel falleció de Covid 19, sus familiares atribuyeron su muerte a torturas. 

 Delcy Rodríguez señaló que la amnistía debía cubrir a “todo el período de violencia política desde 1999 al presente”, o sea, desde la asunción de Chávez a su primera presidencia; el perdón incluiría, entonces, a los opositores exiliados que participaron del golpe de Estado de abril de 2002 y del ‘lock out’ nacional de diciembre de ese mismo año. Pero este período de más de 26 años podría cubrir también a los miembros del SEBIN y a los funcionarios del Helicoide. En este caso, estaríamos ante una autoamnistía. En las negociaciones previas entre el todavía presidente Nicolás Maduro, de un lado, y los emisarios de Trump, del otro, el resguardo jurídico del personal oficialista fue un punto sustancial. 

 María Corina Machado ha celebrado el anuncio de la amnistía, que atribuyó a la “presión real de los Estados Unidos”; Trump dio su acuerdo, sin ponerlo en su red social. La transición que diseña Trump contempla la privatización petrolera, que el Parlamento venezolano acaba de votar en segunda instancia. La reforma de la ley de hidrocarburos habilita a las empresas privadas a producir y exportar petróleo por su cuenta, sin restricciones para remesar utilidades y pagar dividendos sin previa liquidación de divisas. El otro pilar, político, de la “transición”, es el inicio de una articulación entre el ejército y los servicios venezolanos con la CIA. 

 El “Protectorado de facto”, impuesto por Trump, cuenta con la colaboración estratégica del gobierno “bolivariano”. En un cuarto de siglo, el nacionalismo venezolano y sus aliados internacionales han dado un giro de 180º por unanimidad. 

 Marcelo Ramal 

 02/02/2026