martes, febrero 04, 2025

Israel trasladó la limpieza étnica a Cisjordania y anunció que el ejército permanecerá en Yenin


El gobierno de Netanyahu anunció que el ejército israelí permanecerá en Yenín cuando termine la operación “Muro de Hierro”, que es como llaman a los ataques iniciados contra Cisjordania el 21 de enero. Según informes de la prensa israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, “ordenó la escalada debido a las amenazas de los partidos de derecha de derrocar a su gobierno por el alto el fuego de Gaza”. Cientos de fuerzas de seguridad israelíes respaldadas por helicópteros, drones y vehículos blindados han sido desplegadas en Yenín y su campo de refugiados, considerado desde hace tiempo un bastión de los grupos armados palestinos (BBC 30/1). 
 En Cisjordania, además de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, actúan grupos de adolescentes y jóvenes, nacidos en los campamentos y hostilizados permanentemente por los colonos, que han formado grupos de autodefensa y repudian el gobierno colaboracionista de la Autoridad Nacional Palestina. Desde el inicio de la operación militar, han muerto hasta 30 palestinos, 17 de ellos en Yenín, tres en Tulkarem y diez en un ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Tammun. 
 El anuncio sobre la ocupación militar a largo plazo de Yenín, forma parte del nuevo “enfoque” militar de Israel en Cisjordania. Según los informes, más de 20 000 personas han huido de sus hogares en el campo, donde muchas casas han sido demolidas y las carreteras han sido excavadas por excavadoras israelíes. 
 “Es aterrador, las explosiones, los incendios, las casas que fueron demolidas”, dijo Intisar Amalka, una residente desplazada del campamento, a la agencia de noticias Reuters el miércoles. “El campamento de refugiados de Yenín no será lo que era. Cuando la operación concluya, nuestros efectivos permanecerán en el campamento para garantizar que no regrese el terrorismo”, amenazó el ministro de Defensa Katz durante una visita a las tropas.
 “El anuncio supone un salto cualitativo: muy rara vez desde la Segunda Intifada (2000-2005) Israel ha mantenido tropas en el interior de ciudades de Cisjordania”, bajo control administrativo y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (EP 30/1). Katz le ordenó al gobierno títere de la Autoridad Nacional Palestina que ellos también comiencen a “combatir el terrorismo”. 
 Israel también ha continuado los ataques contra la ciudad de Tulkarem y sus dos campos de refugiados, arrestando a docenas de palestinos y desplazando a cientos de familias. 
 Según la agencia de noticias oficial palestina Wafa, el ejército israelí demolió más de un centenar de casas en Yenín y prendió fuego a otras, lo que obligó a la mayoría de los residentes a abandonar sus hogares. La demolición de casas abarca toda Cisjordania, incluida la capital y sede de la ANP, Ramallah. Las imágenes de vídeo de la ciudad de Tamun mostraban escenas caóticas, edificios gravemente dañados y calles manchadas de sangre. 
 Además, mantienen el cerco a los hospitales Thabit Thabit y Al-Israa, allanan los edificios comerciales circundantes, obstaculizan el trabajo de las ambulancias y el personal médico para someterlos a registros y controles al entrar y salir de los centros de salud. 
 Antes de los tanques y los bombardeos por aire sionistas, la policía de la ANP había atacado ferozmente Yenin con el propósito de desarmar las milicias, muchas formadas por adolescentes. A imagen y semejanza de sus patrones en Gaza, cortaron el agua, la electricidad y no dejaron pasar alimentos al campamento. También, como Israel, prohibieron a la agencia de noticias qatarí Al Jazeera por sus informes sobre la represión a su propio pueblo. 
 Mientras que la ANP señaló que pretendía desarmar a lo que llaman “proscritos” y “delincuentes”, los militantes de Hamas y la Yihad afirman que lo que preocupa al gobierno palestino es la unidad entre las diferentes milicias. Algunas fuentes aseguran que Israel ha puesto como condición para entregarles el gobierno de Gaza que sean capaces de aplastar la resistencia en Cisjordania (El País 6/1). Hamas instó a los palestinos de Cisjordania “a participar por todos los medios en la resistencia a la ocupación, sus soldados y milicias de colonos”.
 Desde el comienzo de la invasión a Gaza en octubre de 2023, al menos 890 palestinos fueron asesinados en Cisjordania por el ejército y colonos israelíes. 
 Israel construyó unos 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 judíos desde que ocupó Cisjordania en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional, pero reciben financiamiento no solo del gobierno sionista sino de grupos de la derecha religiosa cristiana de Estados Unidos. 
 Los partidos religiosos tienen como bandera la recolonización total de Cisjordania, lo que aboliría cualquier base material para la conformación de un Estado palestino. Desde el 7 de octubre, el gobierno sionista autorizó la conformación de batallones del ejército integrados solo por éstos y armó hasta los dientes a los civiles. 
 Los asaltos a las aldeas y cultivos de los palestinos se multiplicaron como una de las herramientas de la añorada expulsión. El emplazamiento del ejército en Yenin, que junto con Tulkarem son dos de las ciudades más importantes de Cisjordania, es un paso en ese camino. Tendrán que medir fuerzas con la resistencia palestina.

 Olga Cristóbal
 31/01/2025

lunes, febrero 03, 2025

Despidos, cierre de programas y recortes en medicamentos para privatizar la salud


El ataque a la salud pública perpetrado por el gobierno liberticida de Milei y el ministro de salud Mario Lugones está generando graves consecuencias en la población trabajadora. Comenzó en 2024 y continúa en 2025 con la intervención del Hospital Laura Bonaparte y el despido de 1400 trabajadores de distintas dependencias del Ministerio de Salud. De esta forma, se produjeron ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-48 %), ANMAT (-17 %), hospitales nacionales, en el Instituto Nacional del Cáncer (-13 %) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15 %). En total se contabiliza una reducción del 16 % de personal que depende del Ministerio De Salud. En este contexto, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte convocan a un nuevo abrazo este viernes 31.

  Recorte de medicamentos, un crimen social 

Una de las situaciones más graves es la que se atraviesa en relación a la entrega de medicamentos por medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), organismo que entrega medicamentos y/o elementos de tecnología sanitaria a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que presenten un problema agudo o grave de salud en el que corre riesgo cierto su vida (enfermedad terminal o patología crónica grave), y que no cuenten con obra social, ni cualquier otro tipo de cobertura de salud. La demora en la entrega de los medicamentos y los recortes resultaron en la muerte de al menos siete pacientes oncológicos, aunque desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), contabilizan más en todo el país. Frente a esto, organizaciones de la sociedad civil realizaron un amparo en abril del 2024 por el cuál obtuvieron una respuesta favorable el 30 diciembre del 2024. La respuesta del gobierno fue disolver la Dadse, bajo el argumento de que el Ministerio de salud “absorbería” las funciones de la disuelta dirección. Por su parte, las exigencias para el acceso a la medicación gratuita de PAMI también se volvieron más restrictivas y se denunciaron más de 550 despidos en los últimos 13 meses, 200 de los cuales ocurrieron en las primeras semanas de enero. 

 El cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis 

El ataque a la salud incluye también el cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis. Mario Lugones y el viceministro Alejandro Vilches argumentaron que las funciones de estas coordinaciones serán mantenidas en la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. Pero circuló una documentación oficial que expone que los contratos de todas las personas que trabajan y forman parte del equipo de la Dirección tienen fecha de vencimiento el 31 de enero de 2025 (Perfil 25/01). Esta situación se da en el marco del aumento de los casos de tuberculosis, el crecimiento de la sífilis, el VIH y la mortalidad por SIDA. Mientras que las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país (Ídem 25/01). Enfermedades como la tuberculosis están relacionadas con el empeoramiento de las condiciones sociales, situación que se va a ir agravando a medida que la crisis social aumente producto del programa recesivo de los liberticidas. Por otro lado, se evidenciaron fuertes recortes en los programas destinados a las personas con discapacidad. 
 La decisión de ejecutar en 2025 el mismo presupuesto aprobado en 2023 agrava la situación de la salud pública. La privatización de la salud empieza llevándose por delante a los más vulnerables, quiénes no pueden costear tratamientos y los necesitan de suma urgencia. Pero el acceso a la salud no sólo se ve dinamitado por la privatización: el aumento de las tarifas del transporte afecta considerablemente la concurrencia a turnos médicos o consultas por guardias o la realización de trámites sumamente burocráticos para poder acceder a un tratamiento o la medicación. 

 Una lucha en defensa de la salud pública 

En este contexto, la lucha contra los despidos en el Bonaparte, el Sommer, Posadas, PAMI, y en Salud en general toma un aspecto fundamental que debe ser tomado por toda la población trabajadora. No se trata de un conflicto meramente sindical; se trata de evitar una reforma reaccionaria de la salud, que tiene como objetivo beneficiar a los dueños de las prepagas, laboratorios y farmacéuticas. Las direcciones burocráticas que intervienen (UPCN, ATE) sólo se limitan a armar mesas de negociación y a realizar acciones aisladas que sólo llevan a desgastar el conflicto. Esperar de ellos la convocatoria a un paro cae en saco roto. La contracara a la complicidad sindical es la masividad con que la población (no solo trabajadores de la salud) apoya por ejemplo las convocatorias del Hospital Bonaparte. Un escenario similar se reprodujo el sábado pasado en el Parque Lezama, aunque sin aparatos sindicales imponiendo vallados de por medio. 
 Este viernes, día en el que efectivamente cierran los contratos y se efectivizarían los despidos, los trabajadores del Bonaparte están convocando a una nueva acción en las puertas del Hospital, participemos masivamente.

 Daniela Magoc 
 01/02/2025

Auschwitz: el manto de complicidad e impunidad que escondió el 80° aniversario


La ceremonia realizada en conmemoración del 80° aniversario de la liberación de Auschwitz tendió un nuevo manto del silencio que hace ocho décadas cubre la atrocidad de los crímenes nazis. Comenzando por el mismo gobierno polaco, en cuyas tierras ocupadas por la Alemania de Hitler se levantaron los más descomunales campos de exterminio. La participación de la clase dirigente de Polonia con la política criminal del nazismo se ha declarado un crimen político en suelo polaco. Hace apenas tres años, la Justicia de Varsovia ordenó a los historiadores Barbara Engelking y Jan Grabowski a disculparse por haber acusado al ya fallecido alcalde de una región ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Edward Malinowski, de complicidad con el régimen nazi, en su libro titulado Dalej jest noc (traducida como "La noche sin fin"), publicado en 2018. La demanda estaba respaldada por una fundación polaca llamada "Reduta", organización ultranacionalista que dice “luchar por el buen nombre de Polonia y contra toda sospecha de complicidad con el régimen nazi” (Clarín, 9/2/21). El libro de los historiadores acusaba al alcalde de entregar a 22 judíos que se encontraban ocultos en un bosque y que terminaron su vida en los campos de concentración nazis. Según relata el libro, Malinowski fue exonerado de culpabilidad en un proceso durante la postguerra gracias a una declaración falsa.
 No es la primera vez que el Estado polaco actúa para encubrir su complicidad con la ocupación nazi. En 2018 el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS) aprobó una ley destinada a impedir que se realizaran contra formulaciones, inclusive involuntarias, que apuntan a una complicidad con la ocupación nazi y tipifica penalmente las acusaciones a Polonia de complicidad con los crímenes del Tercer Reich. Polonia tenía la mayor población judía antes de la II Guerra Mundial y tres millones de los seis millones de judíos aniquilados por los nazis en la “solución final” fueron asesinados en campos de concentración ubicados en la Polonia ocupada por los nazis, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Sólo 380,000 de los tres millones de judíos polacos sobrevivieron al exterminio. El entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, consideró inaceptable la adopción de una ley que limita la investigación de crímenes contra ciudadanos ucranios en el actual territorio polaco. 
 Pero Polonia no fue el único país que contó con colaboradores de los nazis entre las esferas del Estado. Otro gran colaborador en el exterminio fue el gobierno de Bélgica. Más de 25.000 judíos y 352 gitanos fueron deportados de la ciudad belga de Malinas hacia Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Herman Van Goethem, del museo Kazerne Dossin y profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Amberes, asegura que “en 1941 fue la administración belga la que tomó la iniciativa de deportarlos y ordenó a la policía que los arrestase”. El historiador denuncia la complicidad del Estado belga, empezando por el rey Leopoldo III, “colaboracionista durante la ocupación entre 1940 y 1944” y agrega que “casi nadie pagó por la complicidad con los alemanes, excepto doce personas ejecutadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial” (El País, 6/12/12). A pesar de este colaboracionismo de la clase dirigente, las familias belgas escondieron a 30.000 perseguidos que lograron así sobrevivir al Holocausto. Recién en el año 2012, Bruselas celebró la primera ceremonia oficial para reconocer y pedir disculpas por la implicación de las autoridades de la capital belga en las deportaciones de judíos hacia Auschwitz. La complicidad fue moneda corriente también en Amberes y en Flandes.
 El caso de colaboración más emblemático sigue siendo el gobierno de Vichy, encabezado por Pierre Laval. El momento más tristemente célebre de Francia es la redada del Velódromo de París, cerca de la Torre Eiffel, en el distrito XV de París, que fue la mayor deportación de judíos que hubo en aquella época del país ocupado por los nazis. El operativo fue llevado adelante por la policía francesa e incluyó la detención de más de 13.000 judíos extranjeros residentes en París, luego traslados a los campos de concentración. El gobierno francés se había comprometido con los alemanes a arrestar a todos los judíos extranjeros censados en la capital. “Las SS pidieron al principio que solo se incluyera a adultos de ambos sexos, en condiciones de trabajar, pero la policía parisiense decidió incluir a los niños de 2 a 12 años, pese a que muchos de ellos habían nacido en Francia. En menos de 48 horas, la policía francesa detuvo a 13.152 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños” (Infobae, 5/4/24). El artículo agrega que “en cuanto a los niños, que la policía francesa había incluido en la redada sin que los nazis se lo pidieran, después de consultar con Berlín, se decidió enviarlos al campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada, donde fueron llevados directamente de los trenes a las cámaras de gas. Ninguno de los niños detenidos en el Velódromo sobrevivió”. 
 El Estado francés, por otra parte, destinó hacia el campo de concentración de Mauthausen a miles de republicanos españoles que se habían exiliado en Francia y fueron capturados allí por la policía local. “Fueron unos 7.000, considerados por el régimen hitleriano apátridas enemigos del Reich no reeducables, con la categoría de "Rotspanier", rojos españoles, identificados con el triángulo azul y una S (de Spanier, español) y privados de todo derecho jurídico” (El País, 6/5/19). El diario español asegura que “en total 190.000 presos fueron deportados a Mauthausen, cerca de Linz, a 170 kilómetros de Viena, y sus campos satélites, el peor de los cuales era Gusen, donde la esperanza de vida se reducía a seis meses. Más de la mitad de los presos de Mauthausen murieron en el campo y el porcentaje entre los españoles sube al 65 %. (...) De las condiciones del lugar dio fe el peso medio de los presos tras ser liberados: 40 kilos” (ídem). 
 La complicidad de las autoridades de los países ocupados por los nazis nunca fue juzgada por ningún tribunal, salvo muy contadas excepciones. Esta política de impunidad fue sólo una extensión de la impunidad que las fuerzas aliadas tendieron sobre la Alemania nazi una vez finalizada la guerra. “Un cálculo del Centro Simon Wiesenthal apunta que desde los juicios de Nuremberg unos 106.000 nazis han sido acusados de crímenes de guerra, de los que cerca de 13.000 han sido hallados culpables, y más o menos la mitad, sentenciados. Sin salir, por ejemplo, de las SS, la organización del aparato nazi más íntimamente implicada en el Holocausto, la mayoría de sus líderes 'fueron tratados con una magnanimidad considerable', en palabras del historiador y periodista Heinz Höhne” (El País, 18/3/17). Al estilo de la ley de obediencia debida argentina, el sistema judicial de Alemania impidió durante décadas la condena de guardias y trabajadores de bajo nivel. Eso recién cambió con la condena de John Demjanjuk en 2011, quien había sido guardia en el campo de exterminio de Sobibor en Polonia y fue condenado por 28.000 cargos de complicidad en el homicidio de miles de personas. Pero ya era demasiado tarde. En el año 2017, murió sin haber entrado en prisión Reinhold Hanning, el último nazi condenado por su accionar como guarda del campo Auschwitz. Condenado como cómplice en la muerte de 170.000 personas, fue sentenciado a ... cinco años de cárcel. “La Audiencia admitió como atenuantes su avanzada edad, el tiempo transcurrido desde los hechos -más de 70 años- y también el arrepentimiento demostrado ante los supervivientes y familiares de víctimas que formaban la acusación particular” (ídem). Su muerte impune se produjo cuando tenía aún pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo el recurso presentado contra su sentencia. 
 La impunidad de todo el aparato estatal que colaboró con el nazismo, en Alemania y en el resto de los países europeos, fue una política deliberada de las potencias imperialistas vencedoras, en complicidad con el stalinismo, para contener la ola revolucionaria que levantó cabeza con la caída de los regímenes fascistas. Con la reconstrucción de Europa como objetivo inmediato, se tendió aquel gigantesco mando de impunidad sobre los crímenes del nazismo, dejando incluso intacto gran parte de sus organismos de gobierno. Los gobiernos que hoy impulsan nuevas masacres y genocidios en diversas partes del mundo son incapaces de reconocer los crímenes perpetrados en el pasado por regímenes que llegaron al poder producto de la misma descomposición del sistema capitalista que hoy está en evidencia nuevamente

El Be 
 01/02/2025

EEUU: Trump afirma a los tumbos la dictadura de poder personal


Tanto las acciones como declaraciones de Donald Trump en su primera semana de mandato pusieron de manifiesto la intención del presidente norteamericano de imponer un cambio en el régimen político. La tentativa es establecer un régimen con superpoderes para el presidente, pasando por arriba de las leyes existentes, del Congreso y de la propia Constitución. 
 Trump apunta a realizar una depuración ideológica y política de los funcionarios públicos, además de un “achique del Estado”; impulsa detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes, generando un clima de terror; ha lanzado una persecución a activistas solidarios con Palestina (en especial estudiantes extranjeros amenazados de ser expulsados); y busca ejecutar recortes de gastos sociales ya votados por el Congreso. 

 Motosierra 

El presidente y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) emitieron un memorando que congelaba temporalmente “todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”, lo cual paralizó a unos dos mil programas que dependen del financiamiento del gobierno federal, tanto de gobiernos estatales y locales, universidades y escuelas públicas, comunidades indígenas y diversas ONG que atienden la alimentación u otras ayudas sociales a los sectores más empobrecidos de la población. La orden, firmada por el director interino de la OMB, instruía a todas las agencias federales a dejar de gastar en los programas que administran si “pueden estar implicados por cualquiera de las órdenes ejecutivas del presidente” o si “promueven la equidad marxista, transgénero y las políticas de ingeniería social del Nuevo Trato Verde”. La confusión sobre qué situaciones abarcaba este decretazo de tintes fascistas paralizó diversos servicios, incluidos los vinculados a la salud y las medicinas para una gran parte de la población, y generó una gran conmoción. La medida fue cuestionada por la oposición del Partido Demócrata y en forma no tan pública fue criticada incluso por sectores Republicanos, y finalmente fue dejada en suspenso por un juez federal. Trump debió recular al menos transitoriamente. Es el segundo revés judicial en apenas una semana (el anterior fue el referido a la orden ejecutiva que quita el derecho a la ciudadanía a los nacidos en EE.UU. de padres inmigrantes ilegales). 
 La crisis judicial que se ha instalado promete continuar. Elon Musk (el encargado de la motosierra) afirmó en el Wall Street Journal que Trump consideraba inconstitucional la Ley de Control de Embargos de 1974: esta ley obliga al gobierno a ejecutar los gastos votados por el Congreso, justamente el mandato que acaban de violar con la congelación decretada. “La congelación del gasto federal fue el primer paso de una enorme batalla constitucional sobre la separación y el equilibrio de poderes legales en Estados Unidos, en la que Trump y su equipo pretenden transferir la mayor cantidad posible de poder del poder legislativo al poder ejecutivo”, afirmó un articulista del Financial Times. El mismo analista destaca una frase del memorando de la OMB respecto a “alinear el gasto y la acción federales con la voluntad del pueblo estadounidense expresada a través de las prioridades presidenciales” (no del Congreso), y concluye: “El gobierno, en definitiva, de un solo hombre”. Y concluye: “Este ataque tanto al poder del Congreso sobre el dinero como al estado administrativo de Estados Unidos es un autogolpe de Estado tan grande como lo fue el acicate de los insurrectos el 6 de enero de 2021.” 
 El gobierno también ha lanzado una amenaza masiva de despidos, ante lo cual ofrece la alternativa de un retiro “voluntario”. Unos dos millones de funcionarios públicos han recibido un correo electrónico donde se les da la opción de renunciar antes del 6 de febrero, lo cual les permitiría continuar en planilla cobrando el sueldo hasta el 30 de septiembre. La oferta aplica a todos los empleados federales de tiempo completo, con algunas excepciones (personal militar, Servicio Postal, servicios de migración y seguridad nacional). Como han denunciado varios sindicatos (como por ejemplo el del Tesoro, que agrupa a unos 150.000 funcionarios) se trata de una intimidación y una amenaza de ser despedido sin indemnización alguna en caso de no acogerse a este plan. Los sindicatos han convocado a no aceptar el despido incentivado. 
 Otro elemento que generó gran confusión fue cuando el gobierno anunció la suspensión por 90 días de las ayudas establecidas a diversos países, tanto económicas como militares, lo cual obligó al Secretario de Estado Marco Rubio a aclarar que este congelamiento no afectaba a Ucrania. 

 Guantánamo 

Tras la primera oleada de detenciones y deportaciones masivas, Trump provocó una crisis con el gobierno de Colombia, enviando cientos de personas en aviones militares y esposadas como si fueran criminales. De hecho existía ya un protocolo entre EE.UU. y Colombia que se había llevado a la práctica en gobiernos anteriores, que Trump no respetó. Lo mismo ha sucedido con otros países, como por ejemplo ha denunciado el gobierno de Brasil.
 Luego, y mientras le ponía la firma a la ley fascista “Laken Riley” (que permite detener y deportar a inmigrantes sin papeles acusados de delitos menores), Trump anunció que instruyó al Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional que ampliara las instalaciones del Centro de Operaciones para Migrantes de la Bahía de Guantánamo (GMOC) para que pueda encarcelar a 30.000 migrantes. Se trata de la cárcel de la base de Guantánamo (base instalada ilegalmente en territorio cubano), conocida como un verdadero campo de concentración y de torturas, que ha sido utilizada para encerrar indefinidamente a detenidos sin orden ni proceso judicial de todo el mundo (particularmente del Medio Oriente), y también en determinados momentos a inmigrantes ilegales latinoamericanos bajo administraciones anteriores (de Haití, Cuba, etc.). En este, como en muchos aspectos, Trump no inventa nada, sino que lleva al extremo las tendencias más reaccionarias de la política del imperialismo, saltándose toda restricción legal y proclamando abiertamente lo que antes se hacía en secreto. Esto no es solo un cambio en cantidad, sino que implica un salto en calidad que impulsa un gobierno y un régimen que no admite restricciones legales para llevar adelante el programa que demanda el capital imperialista. 
 En el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, el jefe del declinante imperialismo anuncia la instalación de un campo de concentración para detenidos sin proceso ni garantías. 
 La “oposición” del Partido Demócrata parece emular a los gobernadores y parlamentarios peronistas: una parte de los Senadores y Congresistas del PD votaron la fascista Ley Laken Riley, lo cual fue elogiado por el presidente: “Esto es algo que ha unido a demócratas y republicanos”. El senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, estuvo presente en la firma del proyecto de ley por parte de Trump.

 Aranceles 

La palabra preferida de Trump en este inicio del gobierno es “aranceles”, con los cuales amenaza a diestra y siniestra, no solo a los competidores comerciales (China, Rusia) sino también a los socios y aliados (México, Canadá, Unión Europea). 
 Trump reiteró que a partir del 1° de febrero se establecerá una tasa del 25 % a las importaciones provenientes de México y Canadá, países integrantes del tratado de libre comercio de Norteamérica, que sería así olímpicamente violentado. Una medida de este tipo, que hasta ahora no ha sido descartada, sería un golpe brutal a la economía de estos países. Por otra parte, tendría un impacto sobre la carestía de la vida en los propios Estados Unidos, por más que Trump diga que no necesita el petróleo y la madera proveniente de Canadá, porque podría producirlos en el propio país. De hecho, Canadá tiene una balanza del comercio industrial deficitaria con EE.UU., o sea que es un destino de exportaciones importante para la producción yanqui. El pretexto de Trump es que así propiciará el trabajo dentro de EE.UU., pero los aranceles de la principal potencia del planeta no tienen un objetivo meramente defensivo sino ante todo ofensivo. Apunta a descargar la crisis sobre los competidores en el mercado mundial. Más que “proteccionismo” es una agresión económica, un arma en la guerra por la dominación del mercado mundial. 

 Resistencia 

Mientras tanto, aumentan las protestas en diversas ciudades contra la política represiva contra los inmigrantes. Fue el caso de la manifestación del 28/1 frente a la Junta de Educación del Estado de Oklahoma, repudiando la resolución que exige pruebas de ciudadanía o estatus migratorio a las familias de las escuelas públicas. La resolución viola la 14a Enmienda, y jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que los Estados deben permitir que los hijos de inmigrantes sin papeles asistan a escuelas públicas en las mismas condiciones que los hijos de los ciudadanos. El gobierno de Trump, del cual el superintendente de las escuelas estatales de Oklahoma es partidario, ha convertido las escuelas públicas en un coto de casa de inmigrantes ilegales. Esta persecución ha generado un temor generalizado pero también las primeras protestas públicas. 
 Unos días antes, el 17 de enero, los estudiantes de las escuelas US Grant y Capitol Hill organizaron una manifestación y un paro escolar, en el que se movilizaron acompañados de sus padres y educadores, y portando pancartas y carteles muy contundentes: “Desde Palestina hasta México, todos los muros tienen que caer”; “Los niños inmigrantes son niños”; “Las familias no tienen fronteras”; “Ser mexicano no me convierte en un criminal”. Aun más clara era una pancarta que recordaba: “Hitler comenzó con deportaciones masivas”. 

 Rafael Fernández 
 31/01/2025

Mieli sigue robando a los jubilados


Reduce nuevamente el presupuesto para las sentencias firmes

 El gobierno redujo la partida para el pago de las sentencias firmes a los jubilados en un 13,2 % en relación al mismo presupuesto de 2024, y así quedó en $ 160.751 millones. 
 Ya ese mismo presupuesto había sido reducido en un 63 % con respecto al de 2023 en términos reales gracias al método de no votar presupuesto y prorrogar el anterior, utilizando a la inflación como método de ajuste. La reducción por lo tanto es del 70 % en dos años. 
 Esto va a empeorar una situación que se viene dando desde el gobierno de Cristina Kirchner y que consiste en el atraso durante años de las liquidaciones de las sentencias firmes de los jubilados qué le reclaman y le ganan en la justicia a la ANSES por el mal cálculo de sus haberes. En este 2024 las sentencias firmes pendientes de liquidación superan los 98.000 casos.
 Por su parte, los juicios iniciados aún sin sentencia firme superan los 200.000, pese a que una buena parte cuenta con fallos favorables de primera y segunda instancia. Y no avanzan a pesar de que se dictaron hace más de 10 años porque aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, que se toma sus tiempos pese a que son miles de casos similares (Clarín, 30/01) 
 Y esto se da a pesar de que el gobierno está obligado por ley a pagar el ajuste y el retroactivo dentro de los 120 días de producido el fallo. Por la falta de presupuesto, la ANSES separó el ajuste para pagarlo antes que el retroactivo, el cual es postergado hasta el infinito. 
 Los abogados de los jubilados están logrando embargar directamente las cuentas de ANSeS para efectivizar el cobro de esas sentencias firmes. 
 El proceso judicial ya es largo de por sí, porque la ANSES apela cada uno de los fallos para postergar la liquidación y porque una vez salidas las sentencias realiza mal los cálculos, lo que genera nuevos pleitos judiciales. 
 De esta manera, al igual que lo hicieron los gobiernos anteriores, Milei posterga los ajustes previsionales y los retroactivos que los jubilados que pudieron litigar consiguieron, impidiendo que muchos de ellos los cobren en vida, violando, una vez más, la propiedad privada de los trabajadores.

 Aldana González
 02/02/2025

domingo, febrero 02, 2025

Susana Fiorito (11/03/1928 - 23/01/2025)


“Hierve La Mugre”

 Susana Fiorito (11/03/1928 - 23/01/2025), también conocida por su pseudónimo Natalia Duval, acaba de morir un templado día de enero, a sus 96 años. Nacida en una familia Patricia de Buenos Aires, dedicó su vida desde los 18 años a la militancia clasista. 
 Junto con Ismael Viñas fundaron el Movimiento de Liberación Nacional, conocido como Malena, y tiempo después encabezó, ya en Córdoba donde desarrolló la mayor parte de su vida, la comisión interna del Sindicato de los Trabajadores de Fiat Córdoba (Sitrac) en el año 1973, antes de la última dictadura argentina.
 Esa es considerada la mayor experiencia de organización clasista que tuvo el movimiento obrero en Argentina, dónde los negros de la fábrica, tal como se les decía por entonces, decidieron organizarse y avanzar en consignas que fueron mucho más allá que un aumento salarial, o comer Congrio, como quiso hacer pensar a las masas una expresidenta en un discurso deleznable que dio un reciente 1° de Mayo (llamaba a los trabajadores a "aguantar el modelo").
 Sin embargo, el mayor legado que se asocia al nombre de la Susana, una petiza indomable, es el de haber creado, junto con su segundo esposo, el escritor argentino Andrés Rivera (Marcos Ribak Schatz) la Fundación Pedro Milesi y Biblioteca Popular de Bella Vista, que abrió al público un 4 de junio de 1990. 
 Allí los chicos de los barrios de Córdoba, entre ellos yo mismo, aprendimos a leer y a escribir. Aprendimos a pensar. Susi, con la alocución Medio Pan y un Libro de García Lorca, le explicaba a quienes la rodearon durante años en esa monumental tarea de cambiar las condiciones de vida (preciosas personas con las que no todo el tiempo se llevaba bien), que la comida se daba en los comedores. Y que la lectura era tan (sino más) importante que la comida. Entonces que la función de la Biblioteca era hacer amar la lectura.
 Siempre eligió tareas difíciles. Nunca quiso perder una discusión o un debate. Discutió, entre otros, con Salvador Allende, con Robi Santucho, con el Gringo Tosco. Solo paraba de discutir cuando, a veces, se acostaba a dormir la siesta (porque de noche rara vez dormía).
 Andrés Rivera le dedicó páginas hermosas en sus novelas más recordadas. 
 Hoy, la Biblioteca de Bella Vista sigue siendo un faro y una firme enseñanza: se puede resistir. 
 Resistir era uno de los verbos preferidos de Susi. Cuando era joven y había renunciado a la riqueza familiar, laburó en una imprenta algunos años, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. No tenía ni un mango para comer. Y había un viejo que juntaba verduras y alguna carne, de vez en cuando, y cuando estaba la comida gritaba "Hierve la mugre". Era la hora de comer, después de imprimir libros y volantes para que otros, con la misma o más hambre que ella, pudieran leer barato. 
 Gracias Susi. Estas palabras incompletas, torpes e igual de emocionadas, son un escupitajo de recuerdos. 
 Quienes realmente la quieran conocer, vayan a ver los registros del Sitrac-Sitram que con su vida cuidó durante los años de plomo. 
 O lean a Rivera.
 O visiten la Biblio de Bella Vista. 
 Chau Susi. 

Política Obrera
 26/01/2025

Elon Musk encabeza un frente internacional de apoyo al neo-nazismo alemán


A 80 años de la liberación de Auschwitz, Milei forma parte del pelotón de X.

 Elon Musk se ha puesto en campaña para apoyar a Alternative für Deustchland (AfD) en las elecciones generales que tendrán lugar en Alemania el próximo 27 de febrero. Ha puesto al servicio de esta campaña la maquinaria de la poderosa red X, sin que lluevan sobre él las acusaciones de manipulación extranjera que regularmente se adjudican a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Las autoridades que supervisan la transparencia de la información digital en la Unión Europea sospechan de la realidad de esa injerencia, pero dicen que es muy difícil probarla. Elon Musk integra el gobierno de Donald Trump en la condición de ministro sin cartera, encargado de llevar un gigantesco serrucho contra los gastos sociales en Estados Unidos. En la asunción de Trump, hace pocas semanas, Javier Milei y Georgia Meloni compartieron el palco de la barra trumpista con Musk, un propagandista fervoroso del uno y la otra. Ambos integran el frente internacional de hecho de apoyo al neonazismo germano, aunque no pueden darle forma política abierta a ese apoyo sin comprometer la supervivencia de las coaliciones de los gobiernos que encabezan. Las luminarias que se posan sobre AfD son muy ilustrativas, porque las dos coaliciones internacionales en que se encuentra dividida la ultraderecha, la que encabeza la francesa Le Pen y la de Georgia Meloni, han rechazado una adhesión de AfD. La AfD ocupa un espacio solitario, aunque con el apoyo del neonazi Partido Popular de Austria. Vox, sin embargo, la corriente del falangismo español que impulsó la proyección de Milei y es parte de la coalición de Meloni, está llamando al voto por AfD. Este cuadro general ayuda a contextualizar las circunstancias de la convocatoria del movimiento de disidencia sexual de Argentina a una movilización en defensa de sus derechos bajo la bandera del “antifascismo”. La cruzada que Musk tiene en la mira excede a Alemania; plantea, por ejemplo, la sustitución del gobierno laborista de Gran Bretaña por el Partido de la Reforma, que dirige el neofascista Nigel Farage. No hay nada bizarro en que se catalogue como fascista a una corriente que apuntala a una Internacional fascista y es apuntalada por ella. El antiwokismo de Musk (oposición al derecho al aborto, al matrimonio igualitario, a la promoción de programas de apoyo social a las disidencias, liquidación de los presupuestos de salud y educación, represión a la inmigración) no es de naturaleza clerical, como lo revela la oposición del Papa o el pronunciamiento de esta semana contra cualquier alianza con AfD, de parte de las iglesias católicas y protestantes de Alemania; es de carácter fascista. Lo mismo pasa con Milei.
 El fascismo de Musk tiene sus "principios": la Unión Europea ha condenado a las grandes tecnológicas norteamericanas con multas de 6.000 a 15.000 millones de dólares por elusión fiscal, y les ha impuesto un piso fiscal del 15 % en todas sus jurisdicciones. Estos monopolios son grandes demandantes de apoyo estatal, porque tienen presupuestos de inversiones enormes sin la certeza de que obtendrán los lucros correspondientes. Lo demostró el derrumbe de Nvidia frente a la aparición de una start-up competidora de China. La contrapartida de esta ofensiva antiimpositiva es la destrucción casi completa de los gastos sociales, en momentos en que los presupuestos de guerra crecen sin parar, como también los intereses por las deudas públicas descomunales. Este "ajuste" en escala histórica sólo es viable con un ataque a fondo contra la clase obrera y los derechos democráticos. La UE no tiene ningún ‘campeón europeo’ de economía digital e IA para disputar el mercado a las norteamericanas. 
 Cuando algunos woke del medio pelo internacional procuran calmar conciencias asegurando que el fascismo es un fenómeno fuera de época, la democracia cristiana de Alemania depositó dos mociones no vinculantes en el Parlamento -contra la inmigración y por el aumento de penas-, que sólo podían prosperar con los votos de AfD, el segundo en número de bancas –una condición hasta ahora proscrita para los partidos establecidos-. Aunque una mayoría de la prensa no comparte la caracterización, el episodio apunta a la formación de un gobierno de coalición con los neonazis. Mientras que la aceptación del voto de AfD fue duramente criticado por el Socialismo y los Verdes, no ocurrió lo mismo con el contenido de las normas, que fue apoyado por el resto de las bancadas en su totalidad; un partido fascistizante de orígen stalinista (PSW), exmiembro del Partido de Izquierda, se abstuvo. Los sondeos electorales los encabeza la Democracia Cristiana con un módico 30 %, seguido por AfD, con 25 % –la única fuerza en crecimiento-. Luego del hundimiento de la coalición de gobierno Verde-Socialista-Liberal, no hay cómo formar gobierno sin AfD. Es lo que ha ocurrido en la vecina Austria, donde el neonazi PPA, de Herbert Kicki, ha sido llamado a formar gobierno con el exoficialismo conservador.
 La Unión Europea no se encuentra solamente atravesada por un proceso de desindustrialización, sino también por un realineamiento político inédito –las coaliciones con la ultraderecha y los neonazis-. Esta ultraderecha está lejos de pretender ni plantea gobernar mediante una “ley habilitante” (“enabling act”), o sea, facultades extraordinarias y excluyentes de gobierno, como la que impuso Hitler a sus socios conservadores en una pseudocoalición que duró un par de semanas. En los parlamentos, en el gobierno y en la Comisión Europea, la ultraderecha y el neonazismo se ajustan a los reglamentos constitucionales; se presenta, de este modo, un escenario de normalización política con los extremos. Meloni ha llegado a prohibir la defensa del fascismo en su partido fascista, los Hermanos de Italia, a cambio de puestos en el Consejo Europeo y del derecho de la italiana Unicredit para quedarse con la alemana Commerzbank. Debajo de la superficie operan otros factores: la (como repite Trump) “declinación” de Estados Unidos, o sea del capitalismo; la acentuación de la guerra mundial; la derechización (“chauvinización”) del voto popular. Como en la escena célebre de Woody Allen, se asiste a un “match-point”. 
 El destino de la pelota está en manos de la lucha de clases (incluida la guerra) internacional.

 Jorge Altamira 
 31/01/2025

La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces


La marcha antifascista que tuvo su centro en Buenos Aires, con actos y marchas que se desarrollaron en más de un centenar de ciudades, movilizó en las calles de todo el país a cerca de un millón de personas. Entre la Plaza de Mayo y Congreso hubo medio millón, igualando a la gran jornada del 2x1 a los genocidas en 2016. La movilización en Córdoba y Rosario superó las 50.000 personas. Lo mismo ocurrió en Tucumán y Mendoza, con entre 15 y 20.000 manifestantes. Las demostraciones se prolongaron en el interior de las provincias, como los balnearios de la Costa, en Buenos Aires, o Villa María, Cruz del Eje y muchas otras localidades de la provincia de Córdoba. Frente a los consulados y embajadas de Europa, se convirtió en una jornada internacional contra la entente fascista de los Milei y los Trump. 
 Cristina Kirchner redujo esta gran marcha (a la que no concurrió) a una expresión de “aspiraciones y emociones”, que ella, además, no comparte como expresión de la libertad individual. Es un fracasado intento de malversación política. CFK tiene una larga tradición clerical en oposición al derecho al aborto y a otros derechos (así como una pasión mileista por la destrucción de glaciares y perjuicios al equilibrio climático), que tuvo que replegar ante la demostración de fuerza del movimiento de la mujer, bajo el gobierno de Macri, para imponer el derecho al aborto. La prensa patronal fue todavía más siniestra: luego de una semana de advertencias al gobierno contra el peligro de politizar su hostilidad a los derechos de la mujer y a los derechos de las disidencias sexuales, los editoriales del domingo privaron a la marcha de su carácter político antifascista. Aprovecharon para esta marcha atrás el recule del ‘gatillo fácil’ Bullrich, que entregó a la metropolitana la supervisión policial de la demostración; el macrismo se ganó, así, su momento ‘wok’. En algunos medios se ha intentado iniciar una pseudo discusión respecto de lo que es o no es fascismo, incluido el intento de psicoanalizarlo, cuando lo que importa, en concreto, cuando una parte considerable de las masas convoca a un lucha contra el fascismo, es reforzar todavía más la agitación contra él. Por otro lado, Milei es un aliado estratégico de Trump y Bolsonaro, los organizadores de los asaltos al Capitolio norteamericano y a la sede de los Tres Poderes, en Brasilia, acciones directas incuestionablemente fascistas. Es además un aliado de sangre de Netanyahu, el perpetrador del bombardeo de quince meses de la Franja de Gaza, carente de defensa antiaérea, para proceder a una “limpieza étnica” – típicamente fascista -, que Trump acaba de oficializar con todas las letras. Ante el hecho consumado de una convocatoria antifascista, la izquierda ‘wok’ se empeñó en aligerar la carga bélica de la consigna. 

 Derrota de los liberticidas, los desafíos para los trabajadores 

Milei encomendó a Bullrich no aplicar el protocolo anti-piquetes y retirar de la circulación a todas las fuerzas federales en la tarde del sábado, “para evitar incidentes con los manifestantes”. Los liberticidas cedieron así ante la fuerza de las masas y la simpatía generalizada con la manifestación. El Gobierno se declaró derrotado de antemano. Incluso el Arzobispado porteño, como también ocurre con el rechazo de la iglesias al neonazismo en Alemania, protestó por la decisión oficial de vallar a la Catedral. Lección importante: se puede derrotar al Gobierno y a las patronales dando un impulso de masas a la lucha contra los despidos y por las reivindicaciones de trabajo y salario. En la tarde ayer, los represores debieron meter violín en bolsa ante una movilización de carácter masivo. Cuando los burócratas se refugian en la “pasividad de la gente” o “el protocolo de Bullrich” para no luchar, sólo buscan una coartada para disimular su propia complicidad y compromiso con el gobierno liberticida. La marcha antifascista los ha desenmascarado sin atenuantes.
 Las luchas por delante son enormes: la defensa de la Salud y la Educación Públicas; contra un nuevo acuerdo con el FMI y una mayor esclavización financiera. En cuanto a la Reforma Laboral, avanza a un ritmo impresionante, mediante el despido o la desvinculación de la planta existente para reemplazarla por una fuerza de trabajo sin contratos ni derechos. El pelotón lo encabezan Toyota, Acindar, Bridgestone, Techint, las petroleras, y se difunde en todo el tejido industrial, con la colaboración directa de las burocracias sindicales, que supervisan este desguace, y en otros casos por inmovilismo u omisión. Es la gran guerra de clase que han desatado Trump y Musk a escala internacional.
 Es una lucha que también debe ser encarada internacionalmente por la clase obrera. 

 Marcelo Ramal 
 02/02/2025

La persecución política contra el Polo Obrero


Belliboni presentó una denuncia contra la fiscalía de Pollicita por una escandalosa filtración 

 Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, auspiciado por la Dra. Liliana Alaniz presentó una denuncia para que se investiguen filtraciones de la fiscalía N° 11 a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa judicial montada desde el gobierno que imputa a varios referentes de esa organización.
 “Hemos tomado conocimiento y hemos presentado las pruebas que en los próximos días el periodista Luis Gasulla presentará en el programa de Luis Majul un segmento basado sobre lo que sería parte del requerimiento de elevación a juicio en la causa 4489/23, contando con una copia de la misma, la cual al día 31-1 NO fue presentada ante el juez Casanello. Es decir, que un periodista tendría el texto varios días antes que el juez interviniente y las defensas de los acusados, lo cual reviste una gravedad institucional mayúscula. Sin ninguna duda la filtración es la muestra de un prejuzgamiento, sobre todo cuando dicha información será utilizada para montar un escarnio público que colabore a formar una falsa condena. La justicia filtra a medios oficialistas demostrando que la neutralidad en el proceso penal, que tiene que ofrecer garantías para la legítima defensa, no existe. La filtración forma parte de una maniobra persecutoria en la cual la fiscalía juega abiertamente”, declaró la Dra. Alaniz.
 Belliboni recordó que “no es la primera vez que esto sucede a tal punto que el propio Casanello el año pasado formuló una denuncia porque el contenido de la causa era exhibido en los medios de comunicación con una campaña propagandística de demonización de las organizaciones sociales. El 28 de octubre pasado denunciamos un nuevo hecho que fue el caso del diario Infobae que publicó una nota en la cual se aseveraba desarrollo de la causa que no consta en el expediente. Estamos ante una manipulación de la causa netamente política que fue guionada por Bullrich y el gobierno con la complicidad del aparato judicial, cualquiera que siga las redes y declaraciones de la ministra podrá corrobarlo. El gobierno y la justicia buscan desviar el eje luego de la enorme movilización antifascista, antirracista y de repudio a Milei”. 
 La Dra. Alaniz subrayó la total parálisis de la justicia frente a estas graves denuncias en contraste con la celeridad con que pretende condenar a luchadores, responsables de organizar la defensa de los comedores populares. 

 Prensa Obrera

Marcha del Orgullo Antifascista LGBT: "Que Milei sepa con quién se está metiendo"

El capital digital no es “tecnofeudalismo”


Yanis Varoufakis encabeza la corriente que identifica al fascismo con el pre-capitalismo. El desarrollo de la corriente ultraderechista internacional que encarnan los Trump y Milei, es caracterizado entre la intelectualidad ‘wok’ como un “tecnofeudalismo”. Es lo que sostiene en un libro, videos y reportajes, Yanis Varoufakis, el ex ministro del gobierno ‘wok’ de Syriza que en 2015 capituló vergonzosamente ante la Troika del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. 
 Varoufakis atribuye a los “capitalistas de la nube” la condición de nuevos señores feudales. “La ganancia ha sido reemplazada por la renta (de nube)”. “El capital- nube no produce nada”, asegura Varoufakis; sólo se dedica a “modificar la conducta humana”, moldear “deseos o inclinaciones”, “secuestrar la atención” de los usuarios. “El comercio ya no está en los mercados sino en los feudos de la nube”, afirma, en relación a las aplicaciones que operan como grandes oferentes de mercancías. Según el economista griego, han consagrado el “triunfo de la renta sobre el beneficio”. Para Varoufakis el trabajo aplicado a la economía digital no crea valor, ni por lo tanto plusvalía, ni finalmente tasa de beneficio. Asistimos a un retorno al feudalismo, donde no existe el trabajo “en general” sino los trabajos particulares, no hay creación de valor ni plusvalía, sino “renta”. Si la generación de la riqueza no surge de la ganancia ni del mercado, concluye, “no es capitalismo”. 
 En una operación de malabar, cancela el agotamiento del capitalismo como forma histórica determinada de explotación social, y decreta un pseudo retorno al pasado – pre-capitalista. De aquí nace la ‘tesis’ de que los Trump, Musk o Milei plantean ‘retrotraer’ el capitalismo a formas perimidas de organización social, cuando en realidad se proponen acentuar un mundo capitalista imperialista mediante guerras y masacres. “El capitalismo está muriendo” - dice sin tapujos el ex ministro griego- “víctima de su mayor creación: los cloudistas o nube-listas”. El capitalismo se ha disuelto a sí mismo (algo cuya posibilidad los ‘wok’ negaron todo el tiempo), no por una vía revolucionaria sino contrarrevolucionaria.

 Renta, ganancia y competencia

 El primer exabrupto conceptual del economista griego es asociar a la renta con el feudalismo, y oponerla a la ganancia como dos categorías históricamente excluyentes. Pero la renta es el ingreso de la clase social que monopoliza los medios de producción vinculados a los atributos naturales -el suelo, el subsuelo, las fuentes de agua. Kautsky, gran estudioso de la renta del suelo, señaló que “no (hay que) confundir la renta territorial capitalista con las obligaciones impuestas en otros tiempos al campesino por el señor feudal” (La cuestión agraria). Es, sin embargo, la confusión que exhibe Varoufakis, que ve un renacimiento de la renta feudal (tributos impuestos desde afuera), en reemplazo de la retención de una parte, crecientemente menor, del beneficio capitalista por parte del capital territorial. La renta territorial aparece en el periodo histórico de la subordinación definitiva de la agricultura -y de un modo general, de todas las formas del trabajo humano- al capital. Marx, por eso mismo, consideraba a la renta como una forma particular de la ganancia extraordinaria, es decir, del beneficio adicional que obtenía un capitalista que lograba producir en condiciones medias superiores a los de sus competidores. 
La renta no existe como “nube” -sea digital o no: es una detracción del plusvalor proveniente de la explotación capitalista de la fuerza de trabajo. En la tecnología digital hay trabajo humano, creación de valor y plusvalía. En el “capitalismo en la nube”, no hay nada que no corresponda a una ganancia extraordinaria, cosechada sobre medios estrictamente capitalistas, incluida la apropiación privada del conocimiento generado en la academia -como ocurrió con Google y la Universidad de Stanford- o el financiamiento generoso del presupuesto público, como lo reconoce el propio Varoufakis.
 Trátese de una renta o una ganancia extraordinaria, ella, insistimos, es una detracción del trabajo no retribuido a la clase obrera. El malabarismo conceptual de Varoufakys no tiene otro propósito que el de sustraer a la industria digital del proceso de explotación social, para postular una regulación capitalista del proceso que caracteriza como feudal. 

 Deseos, necesidades y explotación social 

En sustitución de un análisis concreto que vincule a la industria digital con las relaciones sociales existentes, Varoufakis echa mano de un conjunto de vaguedades que colocan a su análisis en una “nube”. El “cloud capital” (capital en la nube) “no produce nada”, dice, apenas trabaja para “modificar la conducta humana”. “Entrenamos a la red- afirma Varoufakis- para que ella nos entrene en determinar qué queremos”. Esta inocuidad económica no le impide al capital tecnológico encabezar el alza de las Bolsas, lo que probaría que el dinero puede salir de la nada y otros dislates. Entre las ‘modificaciones de la conducta humana” Varoufakis no incluye a las Fuerzas Armadas, que se valen de la IA para masacrar pueblos y establecer nuevas formas de colonialismo sin salir de un escritorio o central de comando. 
 Con este conjunto de afirmaciones, Varoufakis pretende sustraer a la industria digital de las leyes de circulación del capital y de la creación de riqueza social adicional por medio del trabajo humano. Pero ninguna de las funciones de la “nube” puede apartarse de la metamorfosis del capital: las grandes plataformas se nutren de la publicidad, o lucran con la monetización de sus contenidos. Cuando, por fin, contribuyen a la manipulación ideológica o política, lo hacen como parte de una operación mercantil -los candidatos del capital “monetizan” esas manipulaciones con aportes económicos millonarios a la red. De un modo pueril, Varoufakis asume que las plataformas de compra y venta de mercancías o servicios “han terminado con el mercado” (“Amazon determina lo que puedes comprar o no”). No advierte, sin embargo, el carácter contradictorio de esa relación mercantil: Amazon o Mercado Libre ejercen una exclusión sobre los productos o capitales que no participan en su aplicación; pero al mismo tiempo, concentran y potencian la circulación de las mercancías de quienes sí lo hacen. Varoufakis caracteriza a esas empresas dependientes del comercio digital como “capitalistas vasallos”…del “tecnofeudalismo”. Pero no existe entre ellos nada diferente a lo que ya existía entre el capital productivo y otras formas funcionales del capital -como el capital comercial y el financiero. “El Capital” de Marx se ha ocupado extensamente del vínculo dialéctico -de colaboración y antagonismo- entre esas diferentes formas funcionales. El capital comercial asegura a la gran industria la centralización y distribución de mercancías a la mayor escala; el capital financiero, a su turno, los medios para la reproducción ampliada del capital, y para el consumo de las masas más allá de las posibilidades inmediatas y limitadas del salario. A través del comercio y del crédito, ofrecen una salida provisional a la contradicción planteada por la expansión constante de la producción, de un lado, y su realización, del otro, en el marco de “la expropiación y pauperización de grandes masas de productores” (Marx). Entre los emprendedores digitales de “garaje” (Apple) o un gabinete universitario (Google) y los actuales colosos capitalistas, han mediado la Bolsa y los fondos internacionales. A través de la Bolsa, los “capitalistas vasallos” entrelazan su futuro con el de los supuestos “señores feudales”. Por otra parte, la separación entre las diferentes formas funcionales del capital es también premisa de su entrelazamiento: Elon Musk, el “nubelio” por excelencia, se ha ensuciado las manos con los autos eléctricos de Tesla y la industria satelital. La industria digital y de la IA está sedienta de los recursos energéticos que consumen (y que explican la lucha por el acaparamiento de los mismos a escala planetaria). Varoufakis ha convertido en “feudal” a la oligarquía capitalista de la industria digital, por eso se abstiene de explicar las transferencias de valor que tienen lugar en el conjunto de la economía.

 “Nube”, clase obrera y explotación 

Varoufakis describe al empleo derivado de la industria digital como una legión de “Proletarios precarios de la nube”. Afirma que existe un “desvío de la plusvalía” generada por esos trabajadores hacia los “tecnofeudalistas”. Con ello, admite que la supuesta renta de las “Tecnos” es un producto de relaciones sociales capitalistas. Pero lo anacrónico es considerar a ese beneficio como un “desvío”: como ya se explicó, la gran industria actual no podría prescindir de la “nube” para la realización de sus mercancías. En oposición a los idealizadores del capitalismo de robots -o de las máquinas valorizándose a sí mismas- el capitalismo nubelio se ha encargado de articular una gigantesca plataforma de fuerza laboral -solo por citar un caso, los miles de trabajadores concentrados en Amazon. Los tecnofeudales han parido, no un mundo de siervos, sino un salto fantástico de la proletarización general. Nada de esto escapa a las contradicciones del capital, que necesita compensar el incremento extraordinario del trabajo pretérito (no creador de valor), que domina en la industria digital, con un aumento en el grado de explotación absoluta de la fuerza de trabajo en otras ramas vinculadas a esa misma industria. Por las mismas razones, los Musk y sus sirvientes políticos son defensores acérrimos de las reformas laborales flexibilizadoras y de la eliminación de impuestos. Su afirmación de que “los sindicatos sólo se ocupan de los trabajadores formalizados” es notoriamente falsa, porque en todos lados se firman convenios a la baja y suspensiones sin remuneración. 

 Tecnofeudales “en apuros”

 Varoufakis caracteriza al enfrentamiento entre las tecnológicas norteamericanas y chinas como “una rivalidad entre feudos, y no una competencia entre capitalistas”. Según él, los tecnofeudales compiten por otras fuentes rentísticas -el suministro de materias primas y energía. Pero a Varoufakis se le quemaron los papeles después de la emergencia de la start up DeepSeek, cuya irrupción -a costos de producción muy inferiores a las IA americanas- ha provocado un derrumbe, no en un feudo, sino en la muy capitalista bolsa de Wall Street. En un video muy reciente, el economista griego admite ahora que el tecnofeudalismo está “in trouble” (en dificultades). Pero las “dificultades” obedecen a las leyes estrictas del capital. Los expertos empiezan a referirse a una “commoditización” de la industria digital. Varoufakis no se ha detenido en las consecuencias últimas de la competencia capitalista en curso -ni más ni menos que el salto de la guerra comercial y tecnológica a la guerra imperialista. Los recursos de la digitalización y de la Inteligencia Artificial están crecientemente volcados a la industria bélica. No es un retorno al feudalismo: la expropiación del capital y la dirección consciente del proceso social por parte de la clase obrera-se plantean como necesidad histórica. 

 Coalición política

 Varoufakis, en cambio, constata que el socialismo “no llegó”, pero sí un “postcapitalismo” que, como vimos, sería un retorno sui géneris al pasado “feudal”. La organización obrera, de cara a esa realidad, seria “insuficiente”. Lo que plantea es una “gran coalición” integrada por los actuales “vasallos” del tecnofeudalismo -los capitalistas que ofrecen sus productos en la red, sus usuarios y los trabajadores. El programa de este frente no sería siquiera la nacionalización o expropiación de la industria digital sino iniciativas de “boicot a los tecnofeudos” o “huelgas de pagos” -enfrentar al capital en la nube con métodos mercantiles. Varoufakis llama a los trabajadores y a la izquierda a encolumnarse contra los “dueños de la nube”. Trata de “feudales” a los Musk y sus jefes políticos con el propósito de reivindicar a los agentes “democráticos” del capital imperialista, igualmente partidarios de afrontar las contradicciones en curso por medio de la competencia, de la guerra y de la acentuación de la explotación laboral. Nada que no hubiera dicho y hecho como ministro de Syriza hace década y media. Cuanto más ‘innova’, Varoufakis más marca el paso en el mismo lugar.
 A despecho de los Varoufakis, el llamado capitalismo digital ha desplegado sobre la mesa todas las contradicciones del régimen social. Por un lado, permitió un salto en la productividad del trabajo, la producción y la circulación internacional de mercancías a escalas antes desconocidas. A término, ha agravado el choque entre producción y valorización, entre una apropiación de trabajo ajeno que es cada vez más estrecha en relación al capital pretérito que reclama un beneficio. La acentuación de un “polo de riqueza”, de un lado, y un “polo de miseria”, del otro, de guerras y choques entre capitalistas, acentúa la transición histórica entre el capitalismo y el socialismo, y agudiza los antagonismos que preparan la revolución socialista. Pone a la humanidad ante el desafío, no del poscapitalismo o de un tecnofeudalismo, sino del socialismo. El obstáculo para ello no es el “proceso objetivo”, como cree Varoufakis. El gran obstáculo son los izquierdistas “a la Varoufakis”, en especial sus seguidores ‘troskistas’, como el varoufakiano Fernando Rosso. 

 Marcelo Ramal
 01/02/2025

Mudanza de los archivos de la Armada: entre la impunidad y el negocio inmobiliario


La Armada argentina resolvió mudar su archivo general del edificio que ocupa en San Telmo. Aún no hay confirmación si el contenido irá a parar a un edificio ubicado en la Isla De Marchi o a otro ubicado en el barrio de Retiro. En ambos casos, la mudanza no tiene en cuenta las condiciones en los que serán alojados los cientos de miles de documentos. 
 Según la resolución no se trata sólo se trasladar sino de “depurar” y “destruir” y los encargados de resolver qué documentos quedan y cuales no como parte del archivo son las propias autoridades del Archivo General del Armada. Esto generó el rechazo de abogados, historiadores y de organizaciones de Derechos Humanos que señalaron que la información fue y es fundamental en los juicios de lesa humanidad.
 Desde Archivistas en Función Pública Argentina -AFPA- publicaron en sus redes que: “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”. 
 No es casualidad que esa documentación esté vinculada íntimamente con los crímenes cometidos en el predio de la ESMA donde despidieron a cientos de trabajadores, entre ellos muchos de los que trabajaron en la recopilación y sistematización de pruebas y documentos para los juicios. Por el campo de concentración que funcionó en la ESMA pasaron cerca de 5.000 personas. Otros archivos que podrían destruirse están vinculados a Mar del Plata y Bahía Blanca.
 En el día de ayer el Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares por crímenes de Lesa Humanidad. Desde el organismo aclararon que no fue una decisión unilateral, sino que responde a una orden del Poder Judicial: “obligando al cumplimiento de la medida”. Ese tipo de resoluciones se apoyan en los documentos de los que se quieren deshacer, ya que la Armada se encargó de destruir los legajos de todos los marinos implicados en la Dictadura Militar. El trabajo con fuentes y documentos de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa tuvo como resultado reconstruir el listado de quienes habían sido partícipes en los crímenes.
 La apertura de los archivos y que digan dónde están los cientos de hijos e hijas apropiados es un reclamo que no podemos dejar de levantar. A este ritmo cuando se consiga ubicar a los casi 300 adultos que siguen privados de su verdadera identidad no quedará una abuela para recibirlos. 
 El Edificio ubicado en Bolívar 1622 contiene miles y miles de documentos. El traslado de la documentación puede ser fácilmente relacionado con los intereses inmobiliarios que desvela a La Libertad Avanza. El Ministerio de Justicia es uno de los principales agentes inmobiliarios que vacía y ofrece lo que fueran dependencias estatales para la venta. Otros dos edificios que buscaron “poner en valor” son en el que funcionaba el Ministerio de Mujeres y el Museo del Traje, ambos ubicados en San Telmo. 
 En un escenario de ataques constantes, despidos y amenazas la defensa de los archivos se convierte en la defensa de la reconstrucción de la historia reciente. La lucha por que no destruyan esos documentos se enmarca en la reivindicación del derecho a organizarse contra el gobierno prodictadura.

 Valentina Viglieca
 30/01/2025

Un pequeño Trump la emprende contra el Mercosur


El gobernador de la provincia de Salta dió la nota racista y xenófoba esta semana, con el anuncio de la construcción de un alambrado en el municipio de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. El salteño se cuelga de la ola reaccionaria de los Trump, Milei y compañía. 
 El anuncio desató un revuelo internacional y hasta el cuestionamiento de autoridades diplomáticas del país vecino. La prensa nacional se instaló en Orán y Aguas Blancas y descubrió, entre otras cosas, que los verdaderos cargamentos, que conforman miles de kilos de droga, entre ellas cocaína, éxtasis y en menor medida marihuana, que ingresan y circulan en Argentina, no ingresan por chalanas, ni tampoco en las espaldas de los bagayeros que cruzan el río Bermejo. 
 Un artículo en Clarín denuncia la infiltración del negocio del narco en el aparato del estado (29/01/25). En el caso del "Gringo Palavecino", uno de los "jefes narco" en la zona, detenido hace un año, la investigación judicial encontró videos de torturas a deudores y armas, entre ellos, el vídeo de Nicolás Torres, hijo de un exjefe de Gendarmería de Orán. Recientemente, ambos fueron detenidos por transportar 34 kg de cocaína. Además, la Justicia encontró un video de Palavecino con Darío Monges, acribillado en Salta en 2022 por un ajuste de cuentas. En el vídeo conversan y mencionan a funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz; la Justicia todavía no avanzó en investigarlos. Clarín señala que el negocio del narcotráfico financió campañas electorales para "ganar intendencias". El alambre en Aguas Blancas tiene por blanco el menudeo de los bagayeros, pero jamás a la infiltración del Narco en el aparato del estado, concluye el periodista. 
 La Nación (31/01/25) señala la existencia de fincas privadas, una en particular, que hace las veces de "by pass" de gigantescos flujos de comercio ilegal. Liliana Ledesma, una trabajadora rural de Salvador Mazza (departamento San Martín), la otra frontera de Salta con Bolivia, denunció al clan Castedos hace 19 años por usar sus tierras para el contrabando de cocaína y fue asesinada brutalmente. El poder político, en ese caso, también estuvo implicado, pero no fue juzgado. Gobernaba la provincia en aquel entonces Juan Carlos Romero, ahora Senador aliado a Milei y Sáenz. Las denuncias de pistas de aterrizaje clandestinas en fincas privadas en toda la provincia y en provincias vecinas son históricas; las realizan los lugareños; el ministerio de Seguridad y la Justicia no investiga allí. 
 El comercio ilegal de mercancías sencillas fue lo que evitó que Orán, Tartagal y decenas de municipios de frontera no estallaran, hundidos en el hambre; fue lo que permitió también, el floreciente desarrollo de grandes comercios en la región. Entre ellos el negocio ilegal de miles de toneladas de granos que se fugan por la frontera para no pagar impuestos. Nada de eso detendrá el alambrado de Sáenz.
 Bullrich ha incitado contra los extranjeros para anunciar que reforzará la presencia de Gendarmes en la frontera con Brasil y no descarta la intervención de las Fuerzas Armadas. Sáenz representa, en un acuerdo político con Milei, un choque directo contra los trabajadores a los cuales pretende militarizar y regimentar en nombre de combatir el comercio ilegal y el narcotráfico, la vieja tesis del "enemigo externo". El "muro" en Aguas Blancas no solo es el encubrimiento de una política de regimentación social. Milei encabeza un quiebre comercial con los países del Mercosur, una política que, a lo Donald Trump contra los tratados de comercio con México y Canadá, busca reforzar un monopolio comercial del imperialismo norteamericano en América Latina, con Argentina como principal aliada.
 Está política no será, sin embargo, indolora, ya que Salta, por sus capitales asiáticos en la minería y desarrollos productivos en el campo, fue el promotor del corredor bioceánico, una ruta comercial entre el norte argentino y los puertos en el Pacífico, lo que podría beneficiar directamente a China que acaba de inaugurar un gran puerto en Perú, en contra de los circuitos costosos de exportación por Santa Fe y Buenos Aires. 
 El famoso federalismo de Sáenz choca de bruces con el monopolio norteamericano de los negocios en Argentina que pregona Milei. 

 Violeta Gil
 01/02/2025

A 35 años de la fuga masiva de la cárcel pública organizada por el FPMR


Las herramientas utilizadas no fueron más que cuchillos, cucharas, tenedores y alambres, que emplearon para excavar el túnel, con la escasa iluminación que les proporcionaban algunas bombillas de bajo consumo.

 «La fuga más grande de la historia de Chile». Así es considerada la llamada «Operación Éxito», un operativo organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que en enero de 1990, dos meses antes que Pinochet abandonara La Moneda, logró el escape de 49 presos políticos, entre ellos, siete de los rodriguistas que participaron del frustrado tiranicidio en el Cajón del Maipo.
 En enero de 1990, dos años después del triunfo del «No» en el plebiscito del 88, cuando la población esperaba el 11 de marzo para la salida formal de Pinochet, luego de 17 años de una sanguinaria dictadura militar-empresarial, y poniendo sus esperanzas en que el país cambiaría con la eterna transición de la Concertación que finalmente se dedicó a administrar el legado neoliberal pinochetista, se difundió la noticia de la fuga de 49 presos políticos de una cárcel pública de Santiago a través de un túnel de 60 metros que remeció e incomodó a la clase política que preparaba el cambio de mando, mientras cobró la admiración de la mayoría de la comunidad. 
 La genial obra de ingeniería que permitió el escape fue un túnel que atravesó desde la cárcel a la calle. Fue edificado por más de 18 meses por 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas. 
 A mediados de 1988, mientras la izquierda liberal (Partido Socialista y PPD) junto a la Democracia Cristiana se concentró en la transición pactada «por arriba y a puerta cerrada» con la dictadura y Estados Unidos, un grupo de presos comunistas y del FPMR decidieron fugarse del recinto carcelario en que cumplían condena, mediante un túnel realizado en condiciones del todo adversas que exigió sobrehumano ingenio y esfuerzo.
 «Como no teníamos madera para apuntalar el túnel, optamos por el sistema de bóveda, como hacían los compañeros vietnamitas, pues nos ofrecía mayores garantías ante los derrumbes», explica el militante rodriguista Rafael Pascual, detenido en 1986 por la internación de armas para ser empuñadas por el pueblo antifascista en Carrizal Bajo, y uno de los artífices de la fuga, de acuerdo a un artículo publicado por rebelion.org. Por su parte, Jorge Martín, caído en las mismas circunstancias señala que «el túnel era pequeñísimo: tenía cincuenta centímetros de ancho y otros tantos de alto y en algunas partes sólo cuarenta. Sólo cabíamos estirados, era muy claustrofóbico. De hecho, Rafa, otros más y yo tuvimos problemas dentro del túnel y tuvimos que salir…» 
 Las herramientas utilizadas no fueron más que cuchillos, cucharas, tenedores y alambres, que emplearon para excavar el túnel, con la escasa iluminación que les proporcionaban algunas bombillas de bajo consumo. Martín recuerda que «Los motores que teníamos para pulir la artesanía los empleábamos para ventilar el túnel a través de una tubería que construimos con los envases de bebidas que nos dieron nuestros familiares. Además, empleamos unos walkman para hacer un sistema de comunicaciones en el túnel…» «Sin duda alguna, el principal obstáculo que tuvieron que salvar para no despertar jamás las sospechas de los gendarmes de la prisión fue el ocultamiento de las cincuenta toneladas de tierra que arrancaron del subsuelo de Santiago. ‘Pusimos la tierra en el entretecho de nuestra galería, que tenía una longitud de setenta metros’, detalla Rafael Pascual. Para esta tarea se inspiraron en la conocida película La gran evasión y construyeron un carrito similar al que emplearon aquellos detenidos aliados para sacar la tierra a través de unos rieles construidos con maderas. Durante 18 meses, día y noche, en turnos de dos horas como máximo aquellas 24 personas fueron capaces de culminar su proyecto de fuga» consigna el citado artículo. Ante la necesidad de proteger su intento de fuga, crearon también un auténtico lenguaje para la evasión con palabras como «pera» (el túnel), «maleta» (bolsa de plástico llena de tierra -entre ocho y diez kilos-), «lavado» (transporte de la tierra desde la boca del túnel hasta el entretecho), «comida» (trabajo dentro del túnel), «limón» (aire bombeado). 
 A las siete y media de la tarde del 29 de enero de 1990 los 24 presos políticos entraron en el túnel. Según Pascual, «a partir de la diez de la noche empezamos a salir al exterior uno a uno cada dos minutos e hicimos el contacto con la gente que nos esperaba fuera. Junto al muro que nos hacía invisibles para los gendarmes de la cárcel nos despojamos de las ropas que llevábamos encima de las que íbamos a emplear en el exterior y fuimos subiendo al autobús que nos esperaba. La operación fue un éxito porque a la medianoche ya estábamos todos en casas de seguridad y los gendarmes no descubrieron el túnel hasta las tres de la mañana». 
 Meses después tanto Rafael Pascual como Jorge Martín llegaron de manera clandestina a Madrid, ambos hijos de exiliados republicanos tenían también la nacionalidad española. Durante su estancia en la cárcel sus familiares se preocuparon de tramitarles la nacionalidad española. 
 Vale señalar que la suerte de los que en esta nota ofrecen testimonio de la fuga, no fue la misma que la de muchos otros. Algunos fueron detenidos al día siguiente de la fuga, otros debieron lanzarse al caudal del río Mapocho hasta llegar a casas de seguridad en la periferia de Santiago. Y no sólo escaparon prisioneros políticos ligados al Partido Comunista, sino que también se agregaron a última hora presos de otras militancias políticas antidictatoriales. 

Rebelión 
 31/01/2025

sábado, febrero 01, 2025

El letal choque aéreo en Washington D.C. y las «fake-news» de Trump


Imagen del momento previo a la colisión 

La colisión entre un helicóptero militar y un avión de la línea American Airlines que se disponía a aterrizar en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, en Washington, dejó 67 muertos este jueves 30. Gran parte de los cuerpos debieron ser rescatados de las frías aguas del río Potomac, que atraviesa la capital estadounidense.
 Cuando todavía se estaban realizando las tareas de averiguación y poco se sabía del suceso, el presidente Donald Trump se apresuró a responsabilizar por los hechos a las políticas de diversidad e inclusión en el empleo público, asegurando que se habrían relajado los estándares de calidad en las contrataciones, reclutándose en los aeropuertos “trabajadores que sufren discapacidades intelectuales graves y problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas”. 
 Esta expresión agraviante hacia las minorías y personas con discapacidad, sin ninguna clase de fundamentación teórica ni empírica (puesto que Trump ni siquiera se tomó el trabajo de verificar que los empleados que estaban esa noche en el aeropuerto padecieran alguna de las patologías supuestamente invalidantes para la tarea), es la misma lógica de los chivos expiatorios que empuja al magnate a culpar a los migrantes del delito y la decadencia estadounidense. 
 Pero sin importarle un pepino el rigor del análisis, Trump también apuntó al piloto del helicóptero. “Tenía la capacidad de detenerse (…) tenía la capacidad de subir o bajar. Tenía la capacidad de girar. Y el giro que hizo no fue el correcto, obviamente”.

 El cielo no puede esperar 

 Se estima que el helicóptero se habría interpuesto en la ruta de aterrizaje del avión. Pero para dilucidar las causas profundas del choque, hay que salir de la lógica estrecha y miserable de Trump que busca lapidar culpables individuales y entender los problemas del funcionamiento del sistema aéreo norteamericano. 
 Con respecto a ello, sobresalen dos cuestiones. 
 Por un lado, la gran densidad que caracteriza al tráfico aéreo en la zona. Según un artículo del Washington Post, “la congestión en los cielos y en las pistas y áreas de maniobras alrededor del aeropuerto ha generado preocupaciones de seguridad durante años. El aeropuerto fue construido para manejar 15 millones de pasajeros al año y ahora maneja 25 millones” (reproducido por La Nación, 31/1). 
 Tras el pico de la pandemia, de hecho, se registraron algunos incidentes ilustrativos, como el de dos aviones, uno a punto de aterrizar y otro a punto de despegar en pistas cercanas, que estuvieron a punto de colisionar. Y otro en que un avión fue habilitado para entrar a una pista en la que aún había otra nave en proceso de despegue. 
 Por estas razones, Michael McCormick, profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, calificó lo sucedido en la noche del 30 de enero como “una tragedia evitable y desafortunada” (ídem). 
 El otro aspecto importante a tener en cuenta es la falta de personal. Un informe de la FAA (Administración Federal de Aviación) reveló que, en la noche del jueves, un mismo controlador estaba a cargo de la supervisión de los vuelos de los helicópteros y los aviones, cuando lo aconsejable es que sean tareas separadas. Y, en el mismo sentido, otras fuentes indican que, el día previo, también se habían fusionado en el aeropuerto las tareas de controlador de datos de vuelo y controlador de entrega de autorizaciones (El País, 31/1). La multiplicación de tareas contribuye a la fatiga del personal y aumenta la posibilidad de errores. 
 En definitiva, el choque en Washington plantea una reorganización del sistema aéreo a cargo de los trabajadores y profesionales del sector, superando las calumnias de Trump y las políticas de ajuste capitalista. 

 Gustavo Montenegro

Incendios en El Bolsón y la falta de previsión estatal


Urgen más recursos para combatirlo y condiciones salariales para las y los trabajadores. 
 El fuego arrasó con 1600 hectáreas de bosque nativo.

 El jueves 30 en horas de la tarde comenzaron fuertes incendios en la zona del Cajón del Azul y Mallín del Medio en la localidad de El Bolsón. Se inició en el sector denominado “Loma de los Piches”, próximo a la confluencia del Río Azul y Blanco, extendiéndose rápidamente para la zona este. Por estas horas, las informaciones indican más de 1.600 hectáreas de bosque nativo (Cipreses, Coihues, Radal, Maitenes etc.) devastado y decenas de viviendas destruidas. Hubo familias evacuadas, animales y turistas que se encontraban en las zonas del camino del Cajón del Azul y los refugios. 
 Hasta el momento, desde el COEM (comité de Emergencia) no se establece la cantidad de familias afectadas. Trabajan en el lugar 54 combatientes y 12 móviles del Splif (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), 25 trabajadores del servicio nacional contra el fuego y un avión de mismo servicio. Junto a ello, bomberos de la Comarca Andina que abarca a El Bolsón con localidades de Chubut. Para la jornada de hoy, 31 de enero, los pronósticos son negativos ya que no se esperan precipitaciones, pero sí aumento de la temperatura y ráfagas de vientos de 25 a 30 kilómetros. 
 Como se verá, se trata de un desastre completamente previsible y se suma a los incendios activos en Parque Nacional Nahuel Huapi, Lanín y Epuyén. Sucede que las altas temperaturas, los vientos cada más fuertes, la implantación de pinos altamente inflamables con fines para las construcciones, lo obsoleto de los tendidos eléctricos y los escasos recursos colocan la responsabilidad de lo sucedido en un Estado que organiza el turismo y sus recursos con fines capitalistas y no en función de la preservación de la flora, la fauna y las familias trabajadoras. 
 Esta caracterización quedó expuesta hace unos días en momentos del aniversario número 99 de El Bolsón. Allí, se anunciaron obras al servicio del negocio capitalista del turismo pero ninguna obra de agua para las barriadas populares, cisternas, equipos de riego para las zonas de interfaces y cambio de tendidos eléctricos. Tampoco se anunció robustecer y fortalecer los equipos del Splif, aviones y la infraestructura necesaria para hacerle frente a una realidad alarmante verano a verano en la Patagonia y en la Comarca.
 Asimismo, la situación de las y los trabajadores del Splif y las brigadas es crítica. Ocurre que desarrollan tareas en condiciones de precarización laboral, con contratos a términos, sin estabilidad y con salarios que no alcanzan a superar la canasta de pobreza. Ante este cuadro, lo que sí se fortalece es la solidaridad popular, que inmediatamente pone sus pocos recursos para acompañar y ayudar a combatir el fuego y trasladar a las familias. 
 Esta solidaridad tenemos que convertirla en organización, lucha y en un programa para arrancarle a los gobiernos soluciones. Hay que poner en pie una campaña por más recursos para combatir los incendios: aviones, cisternas, bombas de agua, recursos móviles, nuevos tendidos eléctricos, condiciones dignas de trabajo y asistencia urgente a las familias afectadas.
 Por otra parte, rechazamos la política de persecución que se impulsa desde el gobierno nacional y los mandatarios provinciales como Weretilneck y Torres que buscan responsabilizar a las comunidades mapuche de los incendios. En el caso de Epuyén, desde el gobierno señalaron que el incendio fue una “represalia mapuche”. Y, en el caso de Río Negro, se busca instalar la idea de que los incendios fueron provocados en la previa de la marcha contra Lewis por la apertura y al defensa del Lago Escondido. Se trata de una campaña de criminalización de la lucha popular y una maniobra para ocultar las responsabilidades estatales en los presentes incendios. 
 Más que nunca, la defensa del territorio, las familias trabajadores, crianceras y el ambiente requieren de la unidad, la organización y la lucha contra un régimen depredador y sus gobiernos. 

 Prensa Obrera

Milei designa a un lobista de los fondos buitre como Procurador del Tesoro


Se trata de Santiago Castro Videla, un hombre de lazos con uno de los abogados elegidos por Burford para litigar contra la Argentina en la causa por la “estatización” de YPF. 

 El gobierno designó como nuevo Procurador del Tesoro a Santiago Castro Videla, un hombre de lazos con uno de los abogados elegidos por el fondo buitre Burford para litigar contra la Argentina en la causa por la “estatización” de YPF. 
 El procurador se encarga de liderar el cuerpo de abogados del Estado y debe «defender los intereses del mismo en los tribunales locales e internacionales». Castro Videla es uno de los constitucionalistas más buscados por las grandes patronales y también fue contratado por organismos internacionales que litigan contra la Argentina en el Ciadi. 
 Burford compró en 2015 los derechos a litigar del holding comandado por el fallecido Enrique Eskenazi, que según la Justicia norteamericana se vio afectado por la expropiación de YPF que llevó adelante el gobierno de Cristina Kirchner. 
 En el caso YPF, Castro Videla declaró como experto para Burford y las malas lenguas dicen que es probable que haya cobrado alguna regalía por la asesoría que uno de sus socios, Alberto Bianchi, dio al fondo. 
 Milei ya había colocado un abogado de lazos con la familia Eskenazi para “defender” al Estado argentino de los mismos Eskenazi y de Burford. Busca hacer buena letra con el imperialismo y los fondos internacionales en momentos en los que el país se dirige hacia una nueva crisis de deuda. El gobierno está desarrollando una política de subordinación en toda la línea a los designios del capital internacional. 
 Los buitres van por todo. La jueza Loretta Preska, quien lidera la cruzada judicial imperialista, condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares a Burford. Además, acaba de amenazar con declarar embargable el oro argentino que fue depositado en el exterior por orden de Milei y Caputo. Si Argentina es derrotada en Nueva York, como parece querer el presidente libertario, se terminaría por consumar un robo brutal contra el pueblo argentino. 
 Cabe destacar, por otro lado, que la política desenvuelta por CFK y Kicillof en su momento constituyó más bien una reprivatización de YPF. Esto, porque se expropió (pagando una indemnización de 6.000 millones de dólares) a la empresa española Repsol para luego entregarle el negocio petrolero a la compañía yanqui Chevron. YPF continuó cotizando en la bolsa de NY y se estableció que el Estado argentino pueda ser juzgado en tribunales internacionales. Una política verdaderamente nacional y popular. 
 Castro Videla reemplazó a Rodolfo Barra, quien militó en una agrupación nazi en los 90 y es conocido por haber sido el autor de un proyecto de ley llamado Ley Mordaza, que estipulaba la limitación de la actividad de la prensa. 
 Estos son los personajes que se codean con Milei. 

 Prensa Obrera