martes, abril 28, 2020
Casa de las Américas expande su creación a las redes durante la Covid19
La Casa de las Américas mantiene la solidaridad en este tiempo de distanciamiento social y lo hace también con la divulgación de la obra de sus creadores a través de las redes sociales con posibilidades de acceso a sus sitios en internet, explicó en entrevista Exclusiva con Prensa Latina el Director de la entidad cultural, Abel Prieto Jiménez, a propósito del aniversario 61 de la institución.
Lenin hoy
En el 150 aniversario de su nacimiento
La actualidad del pensamiento de Marx es incuestionable. Sus análisis del capitalismo son más actuales que nunca. Según la definición precisa de Georg Lukács, «lo que es ortodoxo en el marxismo es la dialéctica». Es decir, la actualidad del pensamiento de Marx es la actualidad de la dialéctica, del método de pensamiento que hace posible aprehender la realidad concreta con todas sus contradicciones.
¿Podemos decir lo mismo sobre el pensamiento de Lenin? ¿Sus análisis le permiten extraer de ellos métodos para enfocarse en la realidad que perdura en el tiempo? En resumen, ¿qué tan actual es el pensamiento de Lenin?
El pensamiento de Lenin siempre ha estado estrechamente relacionado con la Revolución Rusa, con la construcción de la estrategia de los bolcheviques, por lo que no es fácil disociarlo de esas circunstancias concretas. Él mismo siempre indicó el «análisis concreto de la realidad concreta» como el objetivo de sus enfoques. El desarrolló el análisis más impresionante de la realidad concreta de un país con «El desarrollo del capitalismo en Rusia«. No era suficiente afirmar que Rusia estaba integrada en el sistema capitalista mundial. Era necesario comprender las formas de reproducción del capitalismo en un país asiático atrasado, en sus condiciones de subordinación a los poderes económicos europeos. Esta es la primera lección a aprender de Lenin: el análisis concreto de situaciones concretas es lo que permite superar el dogmatismo y aprehender las condiciones en las que se actuará políticamente.
Sin embargo, el aspecto más importante de la obra de Lenin fue su comprensión de que el capitalismo estaba entrando en una nueva fase en su historia: la fase imperialista. Marx fue el mayor teórico de la transición del capitalismo a su fase industrial. Lenin fue el mayor teórico en la transición del capitalismo al imperialismo. «El imperialismo, etapa superior del capitalismo» es el trabajo fundamental en el que Lenin señala el paso del capitalismo a una nueva fase y las consecuencias políticas que resultan de ese movimiento. Lenin inicialmente descubrió que el capital industrial había sido reemplazado por el capital financiero, que no sólo es el capital bancario, sino también el resultado de la fusión de los monopolios, que a su vez se infiltran en todos los ámbitos de la sociedad. Desde un punto de vista económico, los monopolios reemplazan a la libre competencia.
La definición leninista del imperialismo tiene cinco características fundamentales:
Concentración de producción y capital. Elemento decisivo: el monopolio.
Fusión de capital bancario e industrial: constitución de una oligarquía financiera.
Exportación de capital (y no solo la exportación de bienes).
Formación de monopolios de potencias internacionales, que dividen el mundo en zonas de influencia.
Realización final del reparto territorial del mundo por las grandes potencias capitalistas.
Lenin también agrega el carácter parasitario del capital financiero, así como que la exportación de capital se realiza en detrimento del país que lo exporta. De este conjunto de transformaciones, Lenin extrae importantes consecuencias políticas, que permiten comprender el mundo, más allá de las predicciones de Marx. Marx predijo que el socialismo probablemente surgiría en el centro del capitalismo, donde el mayor desarrollo de las fuerzas productivas tenía como una de sus consecuencias la mayor maduración de la lucha y las contradicciones de clase. El proletariado, a su vez, sería una expresión, en estos países, de grados de conciencia de clase, organización y fuerza política incomparablemente mayores que en los países de la periferia del sistema. Un carácter más intenso de las contradicciones de clase y la lucha de clases correspondería a la constitución más completa de las clases sociales. Así, el socialismo tendría las condiciones objetivas y subjetivas más favorables en los países del centro del capitalismo, en Europa Occidental, más específicamente, en aquel momento histórico.
La historia tomó caminos diferentes de los predichos por Marx. El sistema capitalista se rompió primero en la periferia, en Rusia, y las rupturas continuaron no de regreso al centro, sino en la dirección más periférica hasta ahora: en China, en Vietnam, en Corea, en Cuba. ¿Por qué este cambio del centro a la periferia tuvo lugar en los eslabones más débiles de la cadena capitalista?
Lenin logra explicar este giro político de dimensiones estratégicas y sus consecuencias, con los nuevos desafíos que plantea. Por un lado, dice Lenin, los países imperialistas explotan a los países de la periferia y distribuyen parte de lo que obtuvieron en esta explotación con su clase trabajadora. Como consecuencia, los efectos de la explotación de la clase obrera en los países imperialistas, que de alguna manera comparten esa explotación, disminuyen la intensidad de las contradicciones de clase, formando una especie de aristocracia que operaría en los países del centro de los sistemas imperialistas. Por otro lado, como contrapartida, se aumenta la explotación de los países colonizados y dominados por las potencias imperialistas. La intensidad de la lucha de clases disminuye, por ejemplo, en Inglaterra, ya que redistribuye una parte de lo que explota de colonias como India y China, mientras que las contradicciones nacionales y de clase se intensifican en estos países periféricos.
Fue a través de este mecanismo que el eslabón más débil de la cadena imperialista se trasladó a la periferia del sistema, promoviendo la ruptura representada por la Revolución rusa. Rusia se había convertido en el eslabón más débil de la cadena imperialista, por haber sido víctima del dominio de las potencias europeas, mientras experimentaba una situación de atraso interno y, además, había sido derrotado en la guerra contra Japón, a principios del siglo pasado.
Pero, ¿qué cambia con el paso del eje de las luchas anticapitalistas del centro a la periferia? ¿Con ello se ha superado el punto de vista de Marx o hubo simplemente un cambio de los términos de las contradicciones en escala mundial?
Lenin logra nuevamente responder a las nuevas condiciones estratégicas para las fuerzas anticapitalistas. Distingue las condiciones de tomar el poder de las condiciones de construcción del socialismo. Es más fácil tomar el poder en países en la periferia del sistema, donde los sistemas de dominación son más frágiles, pero es más difícil construir el socialismo allí, debido al retraso en el desarrollo de las fuerzas productivas y la constitución de las clases sociales.
Fue más fácil tomar el poder en Rusia, que construir el socialismo en ese país.
Él, el gran estratega de la Revolución Rusa, se da cuenta, en el momento mismo de la victoria, de los desafíos que marcarán toda la trayectoria de la construcción del socialismo en un país periférico. Pero Lenin es responsable de comprender cómo las condiciones históricas planteadas por el imperialismo, la explotación de los países del Sur por los del Norte, divide el mundo en dos partes, un fenómeno que definitivamente marcará la historia a partir de ese momento.
La revolución no tuvo lugar en Europa occidental, ni siquiera en Alemania, que fue el eslabón más frágil en la cadena imperialista, debido a las condiciones brutales impuestas al país derrotado en la primera guerra mundial. El intento revolucionario de los espartaquistas de Rosa Luxemburg y Libknecht agotó esa posibilidad, condenando a la Revolución Rusa al aislamiento histórico durante un largo período, definiendo los dilemas que llevarían a su fin.
Y después de Rusia, la revolución se extendió a regiones aún más alejadas de Europa: a China, Vietnam, Corea, Cuba y Nicaragua. Las mismas condiciones en Rusia se extenderán a otros países.
Lenin, en su obra decisiva «El imperialismo, la etapa superior del capitalismo«, había notado cómo las grandes potencias habían terminado de dividir el mundo entre ellas, a fines del siglo XIX, dividiendo las colonias entre los bloques imperialistas. La Conferencia de Berlin de 1884 consumó esta división, apoderándose del mundo conocido. (Hasta el punto de que algunas fronteras en África se hacen por regla general, en línea recta, sin adaptarse a los pueblos que las habitan).
Con esta apropiación realizada, Lenin dijo que, debido a la dinámica esencial del capitalismo, la expansión de sus sistemas, solo podría suceder, a partir de ese momento, a través del conflicto entre los dos grandes bloques en los que se agruparon las potencias imperialistas. Se estaba entrando en una era de guerras interimperialistas, por intentos de reapropiarse territorios por un bloque a expensas del otro. Fue exactamente lo que sucedió en las dos guerras mundiales, guerras interimperialistas, lo que marcó toda la primera mitad del siglo XX.
El Congreso Socialista Internacional de 1914 reflejó cómo esta división afectará al mismo movimiento socialista. Después de que se hubiese declarado la guerra, los partidos socialistas decidieron la posición ante sus gobiernos. ¿Se mantendría el carácter internacionalista de los partidos socialistas y de la propia Internacional o se acompañaría a sus burguesías nacionales, que llevaron a los países a luchar salvajemente en una guerra mundial de carácter interimperialista? En otras palabras, la prioridad debe estar en la lucha internacionalista y pacifista contra la guerra, denunciando su carácter interimperialista disfrazado de patriotismo, o en la defensa de los intereses nacionales de cada país, haciendo que las clases trabajadoras sigan a las burguesías nacionales, enfrentándose en el campo de batalla a los trabajadores de otros países?
A partir de ese momento, el movimiento obrero y la izquierda se dividieron entre la socialdemocracia y las fuerzas anticapitalistas. Entre mencheviques y bolcheviques, como estas corrientes estaban en Rusia, entre la Segunda y la Tercera Internacional. La socialdemocracia surgió como una corriente de la izquierda moderada, que abandonó el anticapitalismo para el estado de bienestar. Mientras que la Tercera Internacional heredó la tradición de la lucha anticapitalista.
En la teoría de la organización, Lenin también fue innovador. En las condiciones concretas de la lucha contra la autocracia zarista en Rusia, el partido bolchevique surgió como la forma concreta de organización del partido y demostró ser la más apropiada. El centralismo del partido, su carácter clandestino, fueron características que explicaron la victoria revolucionaria de 1917. Pero el contraste entre el tipo de partido legal y de masas en Europa occidental y el tipo de partido propuesto por los bolcheviques no es suficiente. Lenin definió una teoría de la organización del partido que va más allá de esta diferencia de inserción histórica.
Esta teoría define tres niveles de conciencia social por parte de los trabajadores y la masa de la población. Un nivel de conciencia de la vanguardia, que no cambia según los momentos de los procesos políticos, que siempre está en la militancia revolucionaria, que siempre se organiza en partidos políticos. Es la militancia profesional, en el sentido de que su actividad fundamental es la militancia política. Un nivel intermedio, de sectores organizados en general en los movimientos populares, especialmente en el movimiento sindical, que fluctúa en sus niveles de conciencia política. Se radicaliza y se acerca a la vanguardia en el momento de la radicalización política de los procesos, se remonta a la lucha sindical cuando hay reveses, siendo afectada por la desmovilización y los reveses políticos. Hay un sector más amplio, que en general no se moviliza, con un bajo nivel de conciencia, que se moviliza en momentos de radicalización política, de procesos revolucionarios. Este es un síntoma del carácter revolucionario de los momentos históricos. Esta división no se aplica sólo a las condiciones históricas de la tiranía política, como las de Rusia y otros países periféricos. Porque corresponde a las condiciones de producción de la conciencia de clase en el marco del capitalismo, siendo válido para todos los países. El centralismo democrático, tan criticado, es sólo la subordinación de las posiciones minoritarias a las de la mayoría del partido, para garantizar una acción unitaria. Tampoco se debe considerar que el partido sería apropiado por una vanguardia, es el resultado de condiciones concretas de movilización popular.
Emir Sader | 28/04/2020
La respuesta a los desafíos de Cuba no la hallarán en la ‘Crítica del programa de Gotha’
El título de este texto pretende señalar, más que una obviedad, un problema real. En los últimos años se ha asistido en Cuba a varias iniciativas para reflexionar sobre las ciencias sociales, sus limitaciones y posibilidades actuales (Temas, Dialogar, dialogar, Casa de las Américas). Por tomar un precedente convencional, la llamada guerra de los mails (2007) y luego la consulta popular de documentos programáticos de las reformas en curso pudieron servir de motivo inmediato para tales deliberaciones. A raíz de ello, se ha advertido la extensión de mecanismos y canales de diálogos entre científicos y políticos y el incremento de demandas de investigación, con mayor impacto en el diseño de políticas.[1]
Durante tres décadas, las ciencias sociales en el país dirimieron problemas y temáticas cuya pertinencia y legitimidad hallaban fundamento en una común adscripción marxista. Si ello no supuso una homogeneidad de lo que se entendió como marxismo, a la postre prevaleció lo que sancionara como tal el aparato publicista y partidista soviético, extendido no sólo a la educación, las investigaciones y publicaciones, sino al diseño normativo e institucional, e incluso al sentido común de cubanas y cubanos.
La crisis del marxismo nos alcanzó en los noventa en toda su envergadura, como crisis de las “armas de la crítica” y de la “crítica de las armas”. La concepción del mundo, el método “dialéctico-materialista”, como el proyecto socialista y su sistema institucional, su capacidad para transformar y superar nuestro capitalismo dependiente, quedaron en entredicho. El papel y el porvenir de Cuba en el entramado mundial, como del Estado en tanto garante de las demandas de la sociedad y del proyecto revolucionario, tuvieron que ser repensados. En la práctica, los “reajustes” emprendidos desde entonces han derivado en el proceso actual de reformas del modelo cubano de sociedad.
Hubo quienes reivindicaron un marxismo original o bien determinada tradición revolucionaria (incluida la propia) para enmarcar la crisis del marxismo hegemónico y del socialismo realmente existente. Sin embargo, a la par de los nuevos vínculos institucionales, de nuevas demandas, carencias y posibilidades, y de una reorientación hacia tradiciones nacionales y latinoamericanas, las disciplinas sociales cubanas ampliaron y diversificaron sus referentes y temas, aún en ausencia de una crítica sistemática a sus comuniones precedentes y a su modo de funcionamiento dentro de la institucionalidad estatal. No han faltado, como apuntara al inicio, intervenciones y propuestas para repensar la función de las ciencias sociales respecto a la sociedad en su conjunto, al Estado y a un proyecto de país que tome nota de las circunstancias actuales.
Justo dicha función social, o más bien su expresión en un modo usual de proceder que aún se reclama “marxista” y/o se propone discernir sobre viejos y nuevos problemas de nuestra transición socialista, sirve de pretexto a estas líneas.
Existe un modo aún muy socorrido de apelar a Marx, (a Lenin, o más recientemente a Gramsci, a Luxemburgo u a otra figura dentro del variopinto arsenal marxista), bajo la forma del modelo, asumido como norma y no como heurístico indispensable. Este proceder concierne también a valoraciones de procesos revolucionarios (como Octubre de 1917) o de instituciones “revolucionarias” (como el partido bolchevique), pero importa enfatizar ahora su empleo para enjuiciar la actualidad. Pues de lo que se trata es de hacer valer determinados conceptos y principios (socialismo o construcción del socialismo, transición socialista, Estado socialista, propiedad socialista, y de sus vínculos con el mercado, el desarrollo, la democracia, etc.) como imperativos categóricos a los que la realidad debe adecuarse o aproximarse. De hecho, este modo de proceder “marxista” ha sido una forma común de encaminar la crítica (y las propuestas de solución) hacia las desviaciones en el comportamiento real de instituciones y prácticas, de documentos oficiales, de relaciones sociales.
Se trata de oponer un “deber ser” o un ideal a una realidad que no cumple con los principios por los que debería regirse, o que se descarriló de una senda asumida (a priori) como correcta. Uno se ve tentado a interpretar esta posición como un “teoricismo” que reacciona a una desvalorización (política, social) de la teoría, ante una exacerbada función diagnosticadora de las ciencias sociales. En todo caso, hablamos de una actitud “ilustrada” que pretende que el desconocimiento de los contenidos de la verdadera teoría (sea por su vulgarización, por pragmatismo institucional, o aún por intereses de grupos dominantes) se halla detrás de las carencias y deformaciones de la realidad. No importa ahora si como modelo se asume un marxismo mucho más diverso y contradictorio del que prevalece (aún si no es ya hegemónico o se ha vuelto mera envoltura formal), o si se trata de apelar a un pasado en que determinadas relaciones funcionaron “como era debido”, o bien si se postulan principios revolucionarios que fungen como trascendentales, con independencia de las circunstancias específicas y de su historia.
Lo que es común, como tendencia, a esta clase de procedimientos, es un uso de la teoría que excusa el análisis de las contradicciones concretas de la realidad, y sólo puede oponer a cierto fenómeno real unos principios normativos que la “contradicen” o la rectifican.
No menosprecio el valor estratégico y ético de determinados principios normativos. Niego que esta clase de crítica, que pretende corregir la realidad por la teoría, sea el tipo de crítica que el propio Marx preconizara. Si Marx no combate el valor de las utopías o ideales, sí denuesta, en cambio, el uso doctrinario y programático de las mismas, por no considerar el análisis de las condiciones concretas en que el cambio deseado es posible. Dicho análisis debe dar cuenta de tendencias reales que pugnan por reconfigurar tales condiciones en sentido (al menos potencial) de una subversión que supere el orden establecido. Tales contradicciones y antagonismos reales, de que la teoría debe dar cuenta, no se desprenden de principios normativos que pasan por alto el análisis crítico de la evidencia empírica, tanto como de los conceptos y representaciones que pretenden darle significado.
No fue Marx quien descubrió la lucha de clases, sino quien analizó cómo se condensan sus múltiples expresiones en la dualidad inherente al valor/trabajo en los marcos de la sociedad capitalista. No le bastó esbozar una fenomenología del trabajo enajenado (Manuscritos de 1844): inventó un sistema categorial propio, en torno a las relaciones sociales de producción capitalistas, para explicar el antagonismo entre capital y trabajo. No fue pionero en emplear la dialéctica categorial de Hegel para la crítica de la economía política; sin embargo, desde su diatriba contra Proudhon en 1847 pasaron veinte años para que comenzara a divulgar, tras muchas revisiones, su propio análisis dialéctico del movimiento de valorización del capital. Sus escritos sobre el fracaso de la revolución del 48 o sobre el sorprendente estallido de la Comuna de Paris, pero también su actividad frente a la Liga de los Comunistas o su modo de lidiar con las diversas tendencias al interior de la Internacional, muestran un apego a la enunciación teórica de antagonismos reales, más que a su “doctrina” particular. Hasta sus últimos años, el reconocimiento de un devenir múltiple y abierto a partir de contradicciones concretas, le hizo volver una y otra vez, limitar incluso, la validez de sus propias premisas y conclusiones, aún si le faltó tiempo y salud para una revisión sistemática de las mismas (cf. progreso y mundo colonial, comuna rural rusa).
Hoy, contra quienes inventariaron su pensamiento entre los modernos metarrelatos, o le exorcizan en los límites de problemas y procesos específicamente decimonónicos, o bien pretenden hacerle cómodo sitio en los predios universales de la academia, hay quienes declaran la validez actual de su desvelamiento del ADN de la dinámica capitalista, argumentan que lo que Marx advirtiera como tendencia en el siglo XIX ha asumido una actual y desquiciada universalidad, o demuestran la capacidad de sus análisis para articular con demandas ecologistas, feministas, anticoloniales. Sin embargo, a diferencia de décadas atrás (cuando el marxismo-leninismo campeaba como ideología de Estado y doctrina de partidos), sus epígonos más heterodoxos no proclaman ya un marxismo originario e impoluto contra las posteriores deformaciones doctrinarias y estratégicas. Tampoco pretenden que el estudio de la obra de Marx (cuya edición aún no acaba) o de cierta tradición marxista, por necesario que sea, basta para comprender e intervenir sobre las contradicciones contemporáneas.
Su obra, fragmentada y coyuntural, prematuramente codificada, puede ser hoy acicate y desafío, pero no atalaya ni excusa. Su legado, y el de generaciones de pensadores y luchadores que inspirara, no es meta sino punto de partida, ni acabado ni excluyente, para hacer del comunismo (cualquiera sea su forma) ese “movimiento real que aniquila y supera el orden social existente” (La ideología alemana), y no un fin último, un estado o meta inalcanzado y quizás inalcanzable. Menos aún, un programa de relaciones y etapas preestablecidas.
La actual diversidad de las ciencias sociales en Cuba es una fortaleza si supone la toma de partido para dilucidar las contradicciones y antagonismos derivados de las relaciones realmente actuantes, en el plano institucional, de las representaciones sociales, de las prácticas cotidianas. En su imbricación histórica y en su comportamiento tendencial. Esta fue una apuesta crítica (teórica y práctica) de Marx, premisa para cualquier cambio posible.
Wilder Pérez Varona | 24/04/2020
La Tizza
Nota:
[1] Rafael Hernández y Jorge I. Domínguez (coord.) Cuba, la Actualización del Modelo. Balance y perspectiva de la transición socialista, Ediciones Temas y David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2013.
Durante tres décadas, las ciencias sociales en el país dirimieron problemas y temáticas cuya pertinencia y legitimidad hallaban fundamento en una común adscripción marxista. Si ello no supuso una homogeneidad de lo que se entendió como marxismo, a la postre prevaleció lo que sancionara como tal el aparato publicista y partidista soviético, extendido no sólo a la educación, las investigaciones y publicaciones, sino al diseño normativo e institucional, e incluso al sentido común de cubanas y cubanos.
La crisis del marxismo nos alcanzó en los noventa en toda su envergadura, como crisis de las “armas de la crítica” y de la “crítica de las armas”. La concepción del mundo, el método “dialéctico-materialista”, como el proyecto socialista y su sistema institucional, su capacidad para transformar y superar nuestro capitalismo dependiente, quedaron en entredicho. El papel y el porvenir de Cuba en el entramado mundial, como del Estado en tanto garante de las demandas de la sociedad y del proyecto revolucionario, tuvieron que ser repensados. En la práctica, los “reajustes” emprendidos desde entonces han derivado en el proceso actual de reformas del modelo cubano de sociedad.
Hubo quienes reivindicaron un marxismo original o bien determinada tradición revolucionaria (incluida la propia) para enmarcar la crisis del marxismo hegemónico y del socialismo realmente existente. Sin embargo, a la par de los nuevos vínculos institucionales, de nuevas demandas, carencias y posibilidades, y de una reorientación hacia tradiciones nacionales y latinoamericanas, las disciplinas sociales cubanas ampliaron y diversificaron sus referentes y temas, aún en ausencia de una crítica sistemática a sus comuniones precedentes y a su modo de funcionamiento dentro de la institucionalidad estatal. No han faltado, como apuntara al inicio, intervenciones y propuestas para repensar la función de las ciencias sociales respecto a la sociedad en su conjunto, al Estado y a un proyecto de país que tome nota de las circunstancias actuales.
Justo dicha función social, o más bien su expresión en un modo usual de proceder que aún se reclama “marxista” y/o se propone discernir sobre viejos y nuevos problemas de nuestra transición socialista, sirve de pretexto a estas líneas.
Existe un modo aún muy socorrido de apelar a Marx, (a Lenin, o más recientemente a Gramsci, a Luxemburgo u a otra figura dentro del variopinto arsenal marxista), bajo la forma del modelo, asumido como norma y no como heurístico indispensable. Este proceder concierne también a valoraciones de procesos revolucionarios (como Octubre de 1917) o de instituciones “revolucionarias” (como el partido bolchevique), pero importa enfatizar ahora su empleo para enjuiciar la actualidad. Pues de lo que se trata es de hacer valer determinados conceptos y principios (socialismo o construcción del socialismo, transición socialista, Estado socialista, propiedad socialista, y de sus vínculos con el mercado, el desarrollo, la democracia, etc.) como imperativos categóricos a los que la realidad debe adecuarse o aproximarse. De hecho, este modo de proceder “marxista” ha sido una forma común de encaminar la crítica (y las propuestas de solución) hacia las desviaciones en el comportamiento real de instituciones y prácticas, de documentos oficiales, de relaciones sociales.
Se trata de oponer un “deber ser” o un ideal a una realidad que no cumple con los principios por los que debería regirse, o que se descarriló de una senda asumida (a priori) como correcta. Uno se ve tentado a interpretar esta posición como un “teoricismo” que reacciona a una desvalorización (política, social) de la teoría, ante una exacerbada función diagnosticadora de las ciencias sociales. En todo caso, hablamos de una actitud “ilustrada” que pretende que el desconocimiento de los contenidos de la verdadera teoría (sea por su vulgarización, por pragmatismo institucional, o aún por intereses de grupos dominantes) se halla detrás de las carencias y deformaciones de la realidad. No importa ahora si como modelo se asume un marxismo mucho más diverso y contradictorio del que prevalece (aún si no es ya hegemónico o se ha vuelto mera envoltura formal), o si se trata de apelar a un pasado en que determinadas relaciones funcionaron “como era debido”, o bien si se postulan principios revolucionarios que fungen como trascendentales, con independencia de las circunstancias específicas y de su historia.
Lo que es común, como tendencia, a esta clase de procedimientos, es un uso de la teoría que excusa el análisis de las contradicciones concretas de la realidad, y sólo puede oponer a cierto fenómeno real unos principios normativos que la “contradicen” o la rectifican.
No menosprecio el valor estratégico y ético de determinados principios normativos. Niego que esta clase de crítica, que pretende corregir la realidad por la teoría, sea el tipo de crítica que el propio Marx preconizara. Si Marx no combate el valor de las utopías o ideales, sí denuesta, en cambio, el uso doctrinario y programático de las mismas, por no considerar el análisis de las condiciones concretas en que el cambio deseado es posible. Dicho análisis debe dar cuenta de tendencias reales que pugnan por reconfigurar tales condiciones en sentido (al menos potencial) de una subversión que supere el orden establecido. Tales contradicciones y antagonismos reales, de que la teoría debe dar cuenta, no se desprenden de principios normativos que pasan por alto el análisis crítico de la evidencia empírica, tanto como de los conceptos y representaciones que pretenden darle significado.
No fue Marx quien descubrió la lucha de clases, sino quien analizó cómo se condensan sus múltiples expresiones en la dualidad inherente al valor/trabajo en los marcos de la sociedad capitalista. No le bastó esbozar una fenomenología del trabajo enajenado (Manuscritos de 1844): inventó un sistema categorial propio, en torno a las relaciones sociales de producción capitalistas, para explicar el antagonismo entre capital y trabajo. No fue pionero en emplear la dialéctica categorial de Hegel para la crítica de la economía política; sin embargo, desde su diatriba contra Proudhon en 1847 pasaron veinte años para que comenzara a divulgar, tras muchas revisiones, su propio análisis dialéctico del movimiento de valorización del capital. Sus escritos sobre el fracaso de la revolución del 48 o sobre el sorprendente estallido de la Comuna de Paris, pero también su actividad frente a la Liga de los Comunistas o su modo de lidiar con las diversas tendencias al interior de la Internacional, muestran un apego a la enunciación teórica de antagonismos reales, más que a su “doctrina” particular. Hasta sus últimos años, el reconocimiento de un devenir múltiple y abierto a partir de contradicciones concretas, le hizo volver una y otra vez, limitar incluso, la validez de sus propias premisas y conclusiones, aún si le faltó tiempo y salud para una revisión sistemática de las mismas (cf. progreso y mundo colonial, comuna rural rusa).
Hoy, contra quienes inventariaron su pensamiento entre los modernos metarrelatos, o le exorcizan en los límites de problemas y procesos específicamente decimonónicos, o bien pretenden hacerle cómodo sitio en los predios universales de la academia, hay quienes declaran la validez actual de su desvelamiento del ADN de la dinámica capitalista, argumentan que lo que Marx advirtiera como tendencia en el siglo XIX ha asumido una actual y desquiciada universalidad, o demuestran la capacidad de sus análisis para articular con demandas ecologistas, feministas, anticoloniales. Sin embargo, a diferencia de décadas atrás (cuando el marxismo-leninismo campeaba como ideología de Estado y doctrina de partidos), sus epígonos más heterodoxos no proclaman ya un marxismo originario e impoluto contra las posteriores deformaciones doctrinarias y estratégicas. Tampoco pretenden que el estudio de la obra de Marx (cuya edición aún no acaba) o de cierta tradición marxista, por necesario que sea, basta para comprender e intervenir sobre las contradicciones contemporáneas.
Su obra, fragmentada y coyuntural, prematuramente codificada, puede ser hoy acicate y desafío, pero no atalaya ni excusa. Su legado, y el de generaciones de pensadores y luchadores que inspirara, no es meta sino punto de partida, ni acabado ni excluyente, para hacer del comunismo (cualquiera sea su forma) ese “movimiento real que aniquila y supera el orden social existente” (La ideología alemana), y no un fin último, un estado o meta inalcanzado y quizás inalcanzable. Menos aún, un programa de relaciones y etapas preestablecidas.
La actual diversidad de las ciencias sociales en Cuba es una fortaleza si supone la toma de partido para dilucidar las contradicciones y antagonismos derivados de las relaciones realmente actuantes, en el plano institucional, de las representaciones sociales, de las prácticas cotidianas. En su imbricación histórica y en su comportamiento tendencial. Esta fue una apuesta crítica (teórica y práctica) de Marx, premisa para cualquier cambio posible.
Wilder Pérez Varona | 24/04/2020
La Tizza
Nota:
[1] Rafael Hernández y Jorge I. Domínguez (coord.) Cuba, la Actualización del Modelo. Balance y perspectiva de la transición socialista, Ediciones Temas y David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2013.
La pandemia habilita el debate sobre el Estado y las políticas públicas
La economía está en debate en todo el mundo. Lo que preocupa es la recesión en curso y el paro forzoso de la producción, con un elevado porcentaje de población mundial en aislamiento. Las cuarentenas se mantienen y amplían, con mucha discusión sobre el impacto en la salud y en la economía.
Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.
Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.
La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.
Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.
Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.
Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.
Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.
La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19” [1].
El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.[2]
Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.
El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.
Recesión, impacto social y salida de la cuarentena
Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2% [3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.
Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.
¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?
¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?
¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?
Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.
La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?
A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.
No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.
El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas medidas preventivas.
Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.
Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.
Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.[4] Todos por encima de la media.
De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.
El Estado y su intervención en la economía
En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.
Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.
El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.
Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.
Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.
Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.
Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.
¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?
Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.
No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.
En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.
No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).
Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.
Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.
Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.
El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.
La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.
Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.
El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.
Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.
La transición necesaria
En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.
La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.
Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.
¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.
Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.
Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.
Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.
Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.
Julio C. Gambina | 27/04/2020
Notas:
[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)
[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)
[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)
[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.
[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.
Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.
La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.
Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.
Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.
Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.
Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.
La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19” [1].
El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.[2]
Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.
El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.
Recesión, impacto social y salida de la cuarentena
Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2% [3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.
Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.
¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?
¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?
¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?
Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.
La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?
A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.
No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.
El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas medidas preventivas.
Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.
Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.
Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.[4] Todos por encima de la media.
De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.
El Estado y su intervención en la economía
En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.
Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.
El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.
Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.
Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.
Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.
Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.
¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?
Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.
No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.
En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.
No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).
Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.
Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.
Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.
El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.
La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.
Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.
El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.
Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.
La transición necesaria
En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.
La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.
Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.
¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.
Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.
Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.
Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.
Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.
Julio C. Gambina | 27/04/2020
Notas:
[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)
[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)
[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)
[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.
[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
lunes, abril 27, 2020
Costa Rica: pandemia, recesión y endeudamiento
La pandemia ha llegado a Costa Rica en medio de un retroceso económico y financiero, atado a la crisis mundial capitalista y su traducción en la guerra comercial y de monedas que precedieron al estallido de la crisis sanitaria. Esto se ha expresado en varios planos: la deuda pública asciende a un 64,7% del producto bruto, han bajado drásticamente las exportaciones (entre un 10% y un 15%) y el déficit fiscal alcanza al 7%. El gobierno de Carlos Alvarado Quesada (Partido de Acción Ciudadana), acorralado por la crisis y las exigencias de la banca acreedora sancionó una ley (de fortalecimiento de las finanzas públicas) que pretendía una reforma del Estado que atacaba el empleo público, y congelaba los salarios y jubilaciones en caso de que la deuda pública superara el 60% del PBI, suprimiendo además un plus salarial para los empleados estatales, e incluyendo un impuesto al consumo (IVA) del 15%, todo lo cual desató una huelga general que duró desde septiembre a diciembre de 2018. No asombra, porque el gobierno costarricense levantaba como bandera tributaria los criterios de la OCDE y su política social contaba con el asesoramiento de la universidad británica de Oxford. Cabe señalar que el presupuesto costarricense se está sosteniendo en un 52% con impuestos y en un 48% con endeudamiento, y que el 38% del presupuesto está destinado al pago de la deuda, contra el 6% destinado a salud, lo cual coloca a la economía de la nación centroamericana en una situación de virtual colapso económico, que aún no se ha expresado en toda su dimensión en el aspecto sanitario, a pesar incluso de que la cuarentena ha sido muy leve.
La reforma de Alvarado fue aprobada en el parlamento con los votos de otros partidos patronales, como el Partido de Liberación Nacional (PLN) y los socialcristianos. El arco político patronal cerró filas contra los trabajadores. Mientras se ajustan las clavijas sobre estos, las patronales son favorecidas con zonas francas y todo tipo de exenciones impositivas. La prolongada huelga de los trabajadores estatales de 2018, en que las directivas gremiales jugaron un papel de freno, fue derrotada. Uno de los límites de la lucha es que no logró extenderse al sector privado, donde el despotismo patronal ha hecho muy difícil la organización gremial.
El sistema de salud
El sistema de salud de la nación centroamericana es mixto: el 33% está abarcado por seguros médicos voluntarios que se basan en pólizas vendidas por compañías de seguros que abarcan determinadas prestaciones. El 67% se denomina público pero con varias salvedades porque hay un seguro médico obligatorio que abarca escasas prestaciones básicas y otro constituido por la Caja Costarricense de seguro social sostenida por las patronales, el Estado y los trabajadores a quienes les descuentan el 8,84% de su salario. Cabe señalar que las patronales están vaciando la caja, mediante la evasión de sus aportes por varios miles de millones de colones. Una encuesta nacional de percepción de servicios públicos da cuenta de que los trabajadores que tienen la cobertura de la caja mencionada, al no encontrar satisfacción en la cobertura de sus prestaciones médicas, deben recurrir en una alta proporción a gastos adicionales en servicios de atención y deben realizar largas filas para lograr turnos. Un dato relevante, que cobra importancia mayúscula en las condiciones de la pandemia es que hay 1,4 camas cada mil habitantes, muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, dato que desnuda además la incompatibilidad del sistema sanitario del país, del pago de la deuda pública y del propio régimen capitalista con la lucha contra la pandemia, que arroja 684 infectados en Costa Rica, una cifra que podría ser mayor, si nos guiamos por el exiguo gasto estatal en el sistema de salud.
En este cuadro, el gobierno ha decidido favorecer a la clase patronal, que se puede servir de un pedido de interrupción del contrato laboral con una presentación a la inspección laboral, y les ofrecen a los trabajadores tomarse las vacaciones en tiempos de pandemia (privándolos de su disfrute futuro), esto en un cuadro de 15% de desocupación (300.000), con cesantías de 30.000 empleados de comercio en enero de 2020, antes de la pandemia. Y, aprovechando la norma legal que autoriza los despidos, los patrones gastronómicos han cesanteado cien mil trabajadores.
La memoria colectiva de la clase obrera costarricense en materia de luchas, con antecedentes como la huelga de 2018, ponen sobre el tapete la necesidad perentoria de preparar una nueva irrupción cuyo programa se enfrente al actual gobierno y a todas las variantes antiobreras ya experimentadas con un programa de prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales, reincorporación inmediata de los despedidos, comités obreros y populares que organicen la cuarentena y establezcan las normas de protección de la vida de los trabajadores, centralización estatal del sistema de salud bajo control y dirección de los trabajadores, que la crisis la paguen los capitalistas, desconocimiento de la deuda pública, derogación de los impuestos al consumo, impuesto de emergencia a las grandes fortunas para abordar la potencial extensión de la pandemia y un seguro al desocupado equivalente al costo de la canasta familiar.
Roberto Gellert
De la fiebre amarilla al COVID-19: una cuestión de clase
Un breve repaso por las principales epidemias en Argentina, desde las transformaciones urbanas hasta las luchas sociales en la actualidad.
Al calor de la actual pandemia ocasionada por el COVID-19, ha surgido interés por estudiar episodios epidémicos del pasado. En verdad, han sido varias las situaciones catastróficas, donde las muertes se contaban por miles en lapsos muy cortos de tiempo y primaba un pánico generalizado. Los gobiernos se veían sobrepasados y las contradicciones sociales se expresaban en su versión más cruda. La siguiente retrospectiva se centra específicamente en Argentina, pero ante la extensión de un virus por el mundo a una velocidad nunca antes vista, cabe reflexionar sobre los efectos que pueda tener en el país en plena crisis económica.
La fiebre y los conventillos
En 1871, Buenos Aires contaba con aproximadamente 180.000 habitantes. Era una ciudad muy precaria donde, al no existir cloacas, los excrementos iban a pozos ciegos que contaminaban las napas, y en consecuencia, también aquellos pozos de donde se obtenía agua para consumo humano mediante aljibes. La otra fuente para obtener agua era directamente del río, donde saladeros y mataderos arrojaban sus desperdicios. Estos focos permitirían la propagación del mosquito Aedes aegypti que ocasionó los primeros casos de fiebre amarilla en enero. La enfermedad tuvo su pico en abril donde hubo días con más de quinientas defunciones y para junio, cuando se declara el fin de la epidemia, las muertes totales alcanzaban al menos 14.467 personas (un 8% de la población).
El presidente Sarmiento y su gabinete se retiraron a sus quintas fuera de la capital, al igual que las familias pudientes que abandonaron sus residencias en el sur para recluirse en el norte de la ciudad y ponerse a salvo de la epidemia que tuvo sus primeros casos en los barrios de San Telmo y La Boca. En Buenos Aires, la mitad de la población era extranjera: se trataba de inmigrantes que vivían hacinados en conventillos contra los que se apuntaría como responsables de la propagación de la enfermedad, siendo varios de ellos desalojados, sus viviendas clausuradas y sus pertenencias quemadas. Los precios de los alquileres fuera de la ciudad se elevarían, dejando a los trabajadores más pobres librados a su suerte (1).
Las próximas décadas verían un crecimiento exponencial de la inmigración, siendo utilizados los viejos caserones como casa de inquilinatos. En cada cuarto convivía una familia o grupos de hombres solos; en muchos ni siquiera había cocina, y las letrinas, duchas y piletones de lavar eran de uso común para decenas de personas. La propagación del cólera, el paludismo, los parásitos y las infecciones eran moneda corriente. Los trabajadores, que además pagaban altos alquileres para poder residir cerca de sus empleos, denunciaban estas condiciones tal como se ve reflejado en las prensas de sus organizaciones. En 1886, Ettore Mattei y varios militantes anarquistas fueron encarcelados cinco meses por publicar un manifiesto criticando las medidas adoptadas por la municipalidad para enfrentar la epidemia del cólera (2).
Los patios de los conventillos se fueron convirtiendo en un espacio importante para asambleas de anarquistas y socialistas. Tal fue el caso, que ante el aumento en el precio de los alquileres en 1907 se produjo una huelga de inquilinos, donde los residentes se negaban a pagar los alquileres. Con gran protagonismo de las mujeres que enfrentaron los desalojos a escobazos y manteniendo guardias durante día y noche, se produjo un gran movimiento en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Entre sus reclamos, exigían la disminución en un 30% de los valores y la higienización de las habitaciones a cargo de los propietarios. En algunos casos, los inquilinos conquistaron completamente sus demandas, en otros se les concedió solo parte de lo reclamado. Donde la organización era más débil, algunos desalojos avanzaron (3).
Gripe española y desigualdad regional
La pandemia de la gripe española, la más mortífera a nivel mundial en los últimos siglos, tuvo impacto en Argentina. La enfermedad llegó en 1918 por barcos provenientes de Europa, se expandió por todo el territorio nacional pero tuvo mayor repercusión en las provincias más pobres. Buenos Aires, beneficiaria directa de la pujante economía agroexportadora y tras la traumática fiebre amarilla, desarrolló políticas higienistas y pudo afrontar la situación en mejores condiciones. En cambio, las provincias del norte del país y de Cuyo se vieron en peor situación.
El gobierno de Yrigoyen, a partir del Departamento de Higiene, tomó medidas como la suspensión de clases, la internación de los viajantes que venían de Europa en un lazareto en la isla Martín García, se decretaron inspecciones a talleres y la prohibición o limitación de la mayoría de los eventos masivos. Para la segunda oleada, en 1919, se envió un médico y una guardia sanitaria a cada una de las zonas más afectadas para coordinar con los departamentos de higiene provinciales. Las solicitudes de medicamentos y suministros que ellos hacían al poder central demorarían en llegar si es que efectivamente lo hacían. Además, las reglamentaciones se mostrarían ineficientes al contrariarse con los intereses de los dueños de talleres y con los de la Iglesia católica. En el primer caso, aunque hubiera talleres donde las inasistencias por enfermedad llegaran al 40% o 50%, el Departamento de Trabajo proponía la notificación de los propietarios cuando ésta superara el 20%, medida que los dueños no tomaban porque podía provocar el cierre de sus locales. En el segundo, hubo mayor conflicto sobre todo en el Interior. La Iglesia consideraba a la enfermedad un castigo lanzado por la ira de Dios, y ante el “fracaso de la medicina”, realizó concurridas procesiones y enfrentó con éxito las limitaciones en el horario de las misas en zonas como Córdoba y Salta. Precisamente, Córdoba sería la provincia con más mortalidad entre las del área central más desarrollada y Salta, la más afectada del país con 118 muertes cada 10.000 habitantes (4).
Polio: del peronismo a la Revolución fusiladora
Tras la crisis económica de 1929, surgiría la política de los Estados de bienestar en los principales países capitalistas, que ante la amenaza del comunismo, concederían mejoras en aspectos de la vida de la clase trabajadora. Con la llegada del peronismo al poder en 1946 en Argentina, la cartera dirigida por Ramón Carrillo registró la centralización de instituciones sanitarias, la creación de nosocomios, una duplicación en el número de camas hospitalarias y la realización de campañas educativas. Pero aún en estas condiciones, la temida poliomielitis que ya había registrado un importante brote en 1942, trastocó el sistema sanitario argentino durante la década del cincuenta. Si bien en 1947 se sancionó una ley para la construcción de un Hospital de Niños con Enfermedades Infecciosas y se estipuló la realización de un Censo de Enfermos y Lisiados por la Parálisis Infantil para establecer montos de subvenciones, cuando azotó la epidemia de 1953, el hospital estaba aún sin licitar y el censo jamás se realizó. Las autoridades de ese entonces, en un primer momento negaron la existencia de la epidemia y luego justificarían su aparición como parte de una “ola epidémica mundial” (5). Tres años más tarde se daría el peor y más recordado brote: en 1956, se producirían 6500 casos, siendo el 71% de los pacientes menores, de entre cero y cuatro años. El gobierno militar, que había tomado el poder meses antes eliminó el Ministerio de Salud e ignoró durante varios meses las noticias sobre la proliferación de los casos. Las 140 camas del Hospital Muñiz estaban desbordadas y familias de diferentes pueblos acudían a Buenos Aires buscando atención. Se generaron espacios improvisados para la atención de niños y la población tomó medidas poco efectivas ante la falta de información, como pintar con cal las paredes y cordones de las veredas, poner collares con bolsitas de alcanfor a los chicos y las madres envolvían a sus bebés en sábanas. La mortalidad fue del 10%, y muchos niños quedaron con secuelas; mientras que los hijos de familias con mayores ingresos podían afrontar la rehabilitación, los más pobres quedaban por fuera al implicar costos muy elevados. El ingreso al país de la vacuna Salk y posteriormente Sabin prevendrían nuevos casos (6).
Los últimos años
La segunda mitad del siglo XX se caracterizó a nivel mundial por importantes avances científicos ligados a descubrimientos de agentes productores de enfermedades y la elaboración de sueros, vacunas y antibióticos. Sin embargo, con la irrupción del neoliberalismo se han atacado muchas de las conquistas de los trabajadores y se produjeron constantes recortes en salud pública e investigación en diferentes países, generando nuevamente problemas a la hora de controlar epidemias en las últimas décadas.
La pandemia de Gripe AH1N1, cuyo virus se originó por las formas de producción de carne porcina de la empresa alimenticia Smithfield Foods, se desarrolló de manera sostenida durante el invierno de 2009 en Argentina; en julio fue el segundo país con más víctimas fatales y durante la duración de la pandemia 685 personas perdieron la vida (7). Los hospitales nuevamente se verían desbordados y en condiciones deplorables, sin insumos ni medicación suficiente en momentos críticos. Los trabajadores en diferentes fábricas denunciaron la situación en sus plantas; algunas empresas anunciaron despidos. Ese mismo mes, los obreros de Kraft-Terrabusi, una de las mayores alimenticias del país, solicitaron a su patronal la desinfección de la fábrica, elementos de higiene y licencias para las madres; ante la negativa de tomar medidas hasta que “hubiera un muerto en la planta, como en México”, los trabajadores se movilizaron a la jefatura de la empresa y realizaron una semana de paro. Más de un mes después, la empresa despediría a 158 operarios remitiéndose a esos hechos. Los despidos, especialmente orientados a delegados y activistas, desencadenaron una de las huelgas industriales más importantes de las últimas décadas, con una toma de 38 días que se volvió un hecho político nacional. Se lograría la reincorporación de una parte de los despedidos y no se alcanzaría el objetivo de la empresa de desarticular la organización gremial, que contrariamente, se fortalecería tras esa lucha con la elección de delegados de izquierda (8).
En la actualidad, la pandemia del coronavirus no solo está saturando los sistemas sanitarios de los principales centros capitalistas, sino que está acelerando los tiempos de una nueva crisis económica mundial. Mientras cientos de miles de trabajadores mueren, los Estados se encargan de garantizar las ganancias de las empresas. En Argentina, los despidos se cuentan por miles desde que llegó al país la enfermedad pese a la prohibición gubernamental y los subsidios estatales están lejos de alcanzar a una familia para sobrevivir. Como muestra el recorrido histórico, existe un problema estructural donde en cada epidemia las más perjudicadas son las franjas más vulnerables de la población.
Sin embargo, también se ven significativas muestras de solidaridad entre los trabajadores, como la de las gestiones obreras de MadyGraf y las textiles neuquinas que están produciendo elementos sanitarios y los docentes que desde las escuelas se encargan de distribuir alimentos entre la población. Los jóvenes precarizados, que trabajan en lugares de comida rápida, call centers, locales comerciales o aplicaciones han sido de los primeros en denunciar la reducción en sus ya bajos salarios y mostrar un camino de organización. En la medida que la crisis se profundice, se abre un nuevo episodio de luchas sociales porque no la paguen con su vida los mismos de siempre.
Joaquín Moyano
Consejero estudiantil Junta de Historia (FFyL-UBA)
Sábado 18 de abril | 10:28
Notas:
(1) Crego, Mabel Alicia. Historia de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, En San Telmo y sus alrededores.
(2) Poy, Lucas. Tu quoque trabajador? Agitación obrera en Buenos Aires (1888-1889), Serie Documentos de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 2010.
(3) Ceruti, Leónidas. "Huelga de las Escobas" o huelga de inquilinos en Buenos Aires y Rosario, Argentina (1907), 2011.
(4) Carbonetti, Adrián; Rivero, María Dolores; Herrero, María Belén. Políticas de salud frente a la gripe española y respuestas sociales. Una aproximación a los casos de Buenos Aires, Córdoba y Salta a través de la prensa (1918-1989), Astrolabio Núm. 13, 2014.
(5) Ramacciotti, Karina. Política y enfermedades en Buenos Aires, 1946-1953, Revista de la medicina y de la Ciencia, Madrid, Vol LVIII, Num. 2, 2006.
(6) Testa, Daniela. Poliomielitis: “La herencia maldita” y la esperanza de la rehabilitación. La epidemia de 1956 en la Ciudad de Buenos Aires. Intersticios, Vol 5, 2011.
(7) Ministerio de Salud de la Nación. Gacetilla de Prensa: Influenza Pandémica (H1N1) 2009, 2010.
(8) Varela, Paula; Lotito, Diego. La lucha de Kraft-Terrabusi. Comisiones internas, izquierda clasista y “vacancia” de representación sindical. Conflicto Social, Año 2, Num. 2, 2009.
Justicia por Julio Castro pero la lucha sigue
En la semana el poder judicial condenó al genocida José Gavazzo por el asesinato del maestro y periodista Julio Castro, un triunfo en la lucha contra la impunidad que aún permanece.
En la semana el poder judicial condenó a José Gavazzo por el asesinato en la dictadura del maestro y periodista Julio Castro. El juez Nelson Dos Santos condenó al genocida por coautor de homicidio muy especialmente agravado. Se concluyó la responsabilidad de Gavazzo al estar al mando del departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID). Bajo sus órdenes Juan Ricardo Zabala (Guardia Metropolitana) y Julio César Barboza (Ejército) secuestraron a Castro durante la dictadura en 1977. Pasando a ser un detenido- desaparecido, hasta el hallazgo de su cuerpo en 2011 con un orificio de bala en el cráneo y señales de tortura, durante las excavaciones del Batallón 14.
Zabala había confesado su participación en el operativo contra Castro bajo las órdenes del teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, miembro de la SID. Por su parte Barboza inculpó a Gavazzo sobre su responsabilidad en el asesinato de Castro: "El jefe del departamento III en ese momento era el teniente general Gavazzo. Nada de lo que se hiciera allí era sin su consentimiento". De acuerdo al juez: "No es necesario que el jefe haya apretado el gatillo para comprometer penalmente su responsabilidad".
Gavazzo, reconocido genocida responsable de múltiples asesinatos durante la dictadura suma una condena más a su prontuario de lesa humanidad.
Asesinado por su militancia
Julio Castro era maestro, periodista y pensador, reconocido incluso internacionalmente por sus investigaciones pedagógicas y su actividad periodística en el Semanario Marcha. Su asesinato no fue casual sino que fue parte de un plan de exterminio llevado a cabo por las dictaduras sudamericanas contra militantes de izquierda y trabajadores.
Julio Castro también durante el momento en que fue secuestrado, era parte activa de la resistencia a la dictadura uruguaya y fue un activo colaborador en la asistencia a todas las personas perseguidas por la dictadura, ayudando en muchos casos para conseguir el exilio político.
Juzgado pero impune
El genocida Gavazzo ha sido juzgado por este crimen, así como fue juzgado antes por otros que cometió durante la dictadura. Pero goza de una impunidad especial, la que le otorga la prisión domiciliaria para pasar su condena en su cómodo domicilio en las afueras de Montevideo.
No es el único genocida juzgado que goza de este privilegio, además de los que se alojan en la famosa cárcel VIP construida especialmente para ellos.
Todavía estamos lejos de derrotar a la impunidad en Uruguay, por supuesto estas condenas son triunfos logrados por décadas de militancia del movimiento de DDHH.
Pero la lista de represores y crímenes impunes sigue permaneciendo con la complicidad del régimen del Club Naval. Por eso, mientras haya memoria las subsiguientes generaciones mantendremos levantado el puño luchando por la condena de los crímenes de la dictadura.
Sebastián Artigas
Sábado 25 de abril | 18:48
Melancolía de derecha: o cómo el coronavirus desnudó la decadencia capitalista
El mundo y la pandemia: aceleración de la historia y emergencia de nuevas ideas. La revolución NO es un sueño eterno. La eternidad del capital, SÍ.
Allá por los años 90, la intelectualidad liberal se dedicó a la ardua tarea de borrar las memorias de la revolución. Un ejército de teóricos, publicistas y periodistas bombardeó con papers y palabras a la llamada opinión pública. Parándose sobre las espaldas de una clase obrera derrotada tras el ascenso de masas de los 70, creció una generación de negadores seriales de la existencia del proletariado y apologistas de la eternidad del capital.
Sobre esos escombros ideológicos se construyó el mundo posneoliberal. El progresismo latinoamericano, cultor de un posibilismo crónico, edificó su discurso de la “Patria Grande” sobre esa eternización de las relaciones de producción burguesas.
La crisis abierta de 2008 golpeó el andamiaje ideológico en el centro imperialista. Las olas del maremoto económico llegaron, con cierta demora, a las costas de la política, la ideología y la lucha de clases. Por derecha, Trump y el Brexit confirmaron que el mundo se asomaba a nuevos horizontes. Con algo de delay, los Chalecos amarillos y la juventud chilena empezaron a responder por izquierda. De fondo, sonaba el inconfundible clamor de quienes habían perdido algo o mucho en una globalización que, como reza el tango, venía cuesta abajo.
Entonces llegó el coronavirus.
La historia se aceleró. La economía mundial -plagada de tendencias recesivas- se descalabró. El tembladeral vino a hacer descarnada la decadencia capitalista. La semi-paralización del comercio y la actividad económica acrecentaron la miseria de las grandes mayorías. En EE.UU., antiguo “reino” de la libertad y el progreso individual, millones de personas fueron arrojadas a la desocupación, al contagio y a la muerte.
La gestión de la propia pandemia revela la miserabilidad del capital. La salud pública -hostigada por décadas- se revela impotente ante un virus que se expande a velocidad. Médicos, enfermeras y personal sanitario pagan con sus vidas la “minimalización” del gasto público que impuso la desfinanciación previa.
En ese marasmo reemerge el Estado. Su presencia se revela potente, maciza. Pero no se exhibe en tanto contrincante del Mercado, tal como propone el candoroso relato peronista. Por el contrario, la acción estatal viene a confirmar su carácter de clase, al dejar al desnudo la inexorable ligazón entre capital y poder político.
Impulsando masivos salvatajes al empresariado, al tiempo que ejerce un férreo control sobre la sociedad, el poder estatal se convierte en gendarme de las relaciones de producción capitalistas. (Ultra) Modernidad y tradición se fusionan: el “novedoso” big data con las “viejas” Fuerzas Armadas. El Estado, para millones, son cámaras y armas apuntando a sus ojos, su frente y sus nucas. Esa es, a fin de cuentas, su forma de hacerse presente.
A escala mundial, el Estado-nación monta guardia como garante de los intereses nacionales. En el recuerdo lejano queda aquel relato mitológico sobre una globalización armónica y completa. La distancia entre las grandes potencias y los (mal) llamados países en desarrollo de hace patente. La contradicción entre las fronteras nacionales y las relaciones capitalistas de producción también. El mismo New York Times se ve obligado a constatar que “ahora que el mundo requiere colaboración para vencer el coronavirus (…) los intereses nacionales están dominando la situación”.
Esos mismos intereses dominan la escena creada alrededor de la provisión de insumos médicos. En esta área, el comercio internacional ya mutó a una rapiña desmedida, donde los grandes Estados se roban entre sí -y le roban al mundo- respiradores, reactivos para test o cualquier otro insumo médico. El imperialismo se presenta como realidad potente que padecen millones en todo el globo, no ya como una “categoría" anticuada y abstracta del pensamiento de izquierda.
El coronavirus derrumba certezas y economías. Golpea el bolsillo de las masas pobres al tiempo que retumba en sus cabezas. Las viejas ideas entran en colisión con la nueva realidad. Ese proceso se comprime en un tiempo que se acelera sin cesar. Las grandes catástrofes movilizan la conciencia colectiva. Las tensiones sociales, económicas y políticas dejan de ser un secreto reducido a “los profesionales” o los tecnócratas.
La decadencia en curso empieza a sentar las bases de un giro ideológico fundamental. El mundo no puede ser pensado como antes. Ni en los salones lujosos de los Think tank ni en las barriadas obreras del Conurbano o Wuhan.
En la dinámica de los posibles, ese cambio empieza a ser calibrado por la clase dominante y sus voceros. Tal vez sirva de ejemplo lo escrito hace pocos días por Jorge Fontevecchia. “Así como la caída del Muro de Berlín y la implosión del sistema comunista (…) corrieron hacia la derecha la ideología económica mundial originada en los años 70 (…) hoy pareciera que el coronavirus, en sentido metafórico y guardando las proporciones, vendría a derrumbar el Muro de Berlín en sentido opuesto”.
¿Un Muro de Berlín al revés? ¿Por qué no? si la realidad se derrumba sobre la cabeza de los apologistas del sistema. Los liberales paladar negro, muy serios, piden la intervención estatal. No hace falta decir más.
El periodista-empresario (o empresario-periodista, como se prefiera) propone una reformulación de las formas de explotación que ejerce el capital. Exige un cambio de paradigma. Repite, con dos semanas de demora, lo dicho en el imperialista Financial Times, que planteó “reformas radicales, que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas”. Una propuesta -utópica e irrealizable- de “desandar” el neoliberalismo desde arriba y sin traumas.
La ideología capitalista está obligada a proponer una deconstrucción que garantice las raíces del orden. Que le permita ejercer el derecho a su continuidad, a pesar de lo caduco y desvencijado que se presenta ante el mundo.
La (triple) crisis económica, social y sanitaria empuja a sufrimientos inauditos a miles de millones en todo el planeta. La catástrofe se cierne sobre la vida de las grandes mayorías. Y los grandes sufrimientos pueden parir revoluciones. La historia -que intentaron sepultar bajo toneladas de ideología- está allí para recordarlo. Las masas van a la revolución "con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja”, escribía León Trotsky, varias décadas atrás. Esa enseñanza no perime.
La gestión capitalista de la pandemia y la crisis económica camina hacia ese límite. Las mentes lúcidas de la clase dominante recrean advertencias. Henry Kissinger afirmó que “las democracias del mundo necesitan defender y sostener sus valores de la Ilustración (…) El desafío histórico para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo”.
Ese incendio tiene nombre propio: lucha de clases. No en el sentido estricto y limitado de reclamos salariales. El fantasma de la revolución social camina por los salones del poder mundial. Manu Ginobilli, con visceral transparencia, lo resumió nítidamente: “Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer”.
En 2016, el filósofo Enzo Traverso escribió Melancolía de izquierda. Marxismo, historia y memoria. Allí afirmó, entre otras cosas, que “un marxismo correspondiente a nuestro régimen de historicidad (…) adopta inevitablemente una tonalidad melancólica (…) Su dimensión estratégica no consiste en organizar la supresión del capitalismo sino, antes bien, en superar el trauma de un derrumbe sufrido”.
Han pasado apenas cuatro años. Hoy la melancolía corresponde, necesariamente, a los liberales y reformistas de todo el mundo. La clase trabajadora y las masas pobres del mundo tienen el derecho (casi la obligación) de forjar un optimismo de la lucha revolucionaria. Un optimismo que, partiendo de la catástrofe social creada por el capital, se prepare para terminar con ese decadente régimen social. Un optimismo que puede alimentarse del ciclo de lucha que, aun en las duras condiciones creadas por la pandemia, recorre el mundo y EE.UU. en particular.
En las nuevas condiciones, el marxismo puede y debe recrearse como una teoría que prepare los futuros combates revolucionarios de los oprimidos y explotados. La tarea es fundamental y enorme. No por eso, menos apasionante.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Viernes 17 de abril | 22:56
Brasil: la renuncia de Moro pone la crisis al rojo vivo
Fuera Bolsonaro-Mourao.
La renuncia del ministro Sergio Moro agudiza la crisis política brasileña. En su discurso de partida, el hasta ahora titular de la cartera de justicia justificó su salida debido al desplazamiento del jefe de la Policía Federal (una policía de investigación que está a cargo también del control de aeropuertos y fronteras), quien era un hombre de su confianza, y denunció que el presidente Jair Bolsonaro busca copar ese organismo para bloquear investigaciones en su contra.
La ruptura de Bolsonaro con Moro, cara pública de la operación judicial Lava Jato y uno de los dos “superministros” de su gestión, es resultado de un intento del mandatario por relanzar su gobierno, crecientemente desautorizado por las internas en su gabinete, los rumores de una licuación de su poder a expensas de su vice, Hamilton Mourao, y de sectores de las fuerzas armadas (como el jefe de gabinete, Walter Braga Netto), y por la oposición de los gobernadores, sectores de la justicia y del Congreso. Bolsonaro, precisamente, ha denunciado un complot para destituirlo por parte de ministros del Supremo Tribunal Federal (STF, máximo órgano judicial) y el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Además de liquidar al jefe de la Policía Federal, lo que condujo a la salida de Moro, Bolsonaro cambió la semana pasada al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, para reforzar su política anticuarentena. El domingo pasado, a su vez, volvió a encabezar una pequeña movilización que reclamó el cierre del Congreso y reivindicó la dictadura militar, que debe ser leída tanto como una amenaza al parlamento y como un intento de sanar los vínculos con las fuerzas armadas, que parecen deteriorados. Por la participación en dicha protesta, el STF le abrió una investigación.
Mientras tanto, un ministro de ese tribunal le ha reclamado al jefe de la Cámara de Diputados que dé respuesta a uno de los tantos pedidos de impeachment contra Bolsonaro que se acumulan en el Congreso. Ninguno de esos procesos puede comenzar sin la venia del titular de esa cámara, Rodrigo Maia (del partido derechista Demócratas), quien tal vez esté esperando un momento más propicio. Frente a un potencial impeachment, la situación es crítica para Bolsonaro, dado que no ha podido -ni querido- construir una coalición en el parlamento y sólo cuenta con un puñado de legisladores propios. De este modo, la situación política brasileña transcurre entre conspiraciones a uno y otro lado del mostrador, entre amenazas de golpes y autogolpes.
El debilitamiento actual de Bolsonaro está mostrando un naufragio de su tentativa bonapartista, dado que no ha logrado imponerse al resto de los poderes del Estado.
Crisis económica y sanitaria
El telón de fondo de esta gigantesca crisis es una crisis económica que la pandemia ha venido a agravar. El real ha perdido más de un tercio de su valor en lo que va del año, siendo una de las monedas más castigadas del mundo. La salida de Moro ha provocado un nuevo hundimiento de la Bolsa y llevó el real a 5,70 unidades por dólar. Los mercados leen la crisis política. Moro no es Mandetta, el ministro de Salud recientemente eyectado. Es un hombre de peso propio, de fuertes lazos con el imperialismo, que impulsó el Lava Jato contra la corrupta burguesía brasileña como parte de un intento por desplazarla y acaparar negocios.
En el actual contexto crítico, al debilitamiento de Bolsonaro se suma el retroceso de otro de los “superministros” del gobierno, el ultraliberal Paulo Guedes, titular de Hacienda. Este impulsó una política de reformas antiobreras (cuyo mayor éxito fue la aprobación de la reforma jubilatoria, el año pasado), privatizaciones masivas y recorte del gasto público, pero no ha logrado atraer la inversión extranjera y la economía no levanta cabeza. En esta situación, el jefe de gabinete, Braga Netto, anunció en una conferencia de prensa -bajo protesta de Guedes, que no participó- un plan por más de 50 mil millones de dólares de subsidios a la burguesía e inversiones en infraestructura, minería, energía, etc., llamado “pro-Brasil”. Va en línea con los planes internacionales de rescate del capital a través del dinero estatal, en medio de las tendencias mundiales a una depresión económica.
La crisis actual se retroalimenta con el desastre sanitario. El jueves, Brasil tuvo un récord de muertes (400) y las imágenes de fosas comunes en el cementerio de Manaos, capital de Amazonas, empiezan a dar vueltas al mundo. Los gobernadores, que han presumido de ser más responsables que Bolsonaro frente a la pandemia, han empezado a flexibilizar ellos mismos las limitadas cuarentenas que habían impuesto, bajo la presión de las patronales.
Por una salida de los trabajadores
Ante la crisis, el excandidato presidencial del PT, Fernando Haddad, firmó hace algunas semanas (junto a los excandidatos del Psol, el PDT y otros referentes políticos) un documento que reclama la renuncia de Bolsonaro. Pero el PT se limita a activar los resortes institucionales y a tratar de reconquistar el apoyo perdido de los grandes empresarios. En esa línea, el excanciller Celso Amorim ha planteado que el PT tiene que ampliarse, buscando una coalición contra Bolsonaro, incluyendo a muchos de los promotores del golpe contra Rousseff en 2016.
Mientras tanto, la CUT firmó junto a otras centrales sindicales un documento que no plantea medidas de lucha y pone el centro de gravedad en el parlamento, titulado “Que el Congreso Nacional asuma el protagonismo”.
La lucha por derrotar a Bolsonaro debe tener como protagonista al movimiento obrero y popular, que ha dado grandes muestras de su disposición a enfrentarlo (contra la reforma jubilatoria, contra la reforma educativa e incluso contra los despidos y suspensiones, en el marco de la pandemia). Es la manera de evitar, también, que una eventual caída de Bolsonaro dé paso a un relevo patronal y un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el vice, Mourao, es un hombre aun más ligado a ellas que el propio Bolsonaro.
Frente a la agudización de la crisis política en Brasil, está planteado combinar un pliego de reivindicaciones frente a la pandemia (prohibición de despidos, prohibición de toda actividad no esencial, licencias sin afectar el salario, centralización del sistema de salud, no pago de la deuda externa, etc.) con el planteo de echar a Bolsonaro-Mourao por medio de la lucha de las masas. En esa línea, está planteado -bajo las condiciones que lo permita la pandemia- el desarrollo de un congreso de bases, que apunte hacia la huelga general.
Al gobierno de Bolsonaro-Mourao, las fuerzas armadas y toda tentativa de relevo patronal, le oponemos la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana, para reorganizar el país sobre nuevas bases sociales.
Gustavo Montenegro
Bolsonaro "na corda bamba"
“Hoy, nadie se atreve a decir en Brasil si Bolsonaro logrará terminar su mandato”, relata un corresponsal brasileño a La Nación (25/4). “Por otro lado”, agrega, “pensar que el jefe de Estado puede sobrevivir a las diversas crisis que sacuden a su gobierno ... parece casi imposible. Bolsonaro está acorralado”. El Financial Times observa algo parecido: “existe preocupación acerca de la estabilidad de la Administración” (24/4). El ex presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, por su lado, pide, lisa y llanamente, el reemplazo de Bolsonaro por el general Hamilton Mourão, el vicepresidente, en lo que constituye el llamado a un golpe de palacio inmediato, para evitar el largo proceso de un juicio político a cargo del Congreso. De confirmarse estas perspectivas, el fascistoide brasileño caería en medio de una ofensiva capitalista contra los trabajadores y una todavía débil resistencia de las masas - una consecuencia de las contradicciones insalvables de su gobierno y del impacto de la bancarrota capitalista internacional. Los señalamientos de nuestra Tendencia en la fatigosa polémica entablada en la izquierda han sido confirmados sin atenuantes.
El gobierno de Bolsonaro ha estado envuelto en numerosas crisis, pero la que lo ha enfrentado al ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, en estos días, es la más decisiva de todas, porque involucra a quien jugó un papel fundamental en la destitución de Dilma Rousseff, primero, y en la anulación de la candidatura de Lula, con posterioridad, para las elecciones a presidente. Como fiscal del llamado Lava Jato, Moro ayudó a desmantelar a poderosas corporaciones brasileñas y a abrir el mercado de la construcción y del petróleo a las compañías internacionales. Moro trabajó con informaciones que le proveyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos; una investigación del portal Intercept reveló hace poco que usó su posición judicial para conspirar políticamente contra el partido de los Trabajadores. Muchos observadores suponen que Bolsonaro no hubiera podido llegar a la presidencia sin Moro, lo que resume la enorme fractura de poder que ha causado su renuncia.
El choque Bolsonaro-Moro constituye una radiografía del régimen político de Brasil. Bolsonaro se planteó poner tropa propia en la jefatura de la policía federal, y singularmente en Río de Janeiro y Pernambuco. Reclamó incluso la posibilidad de manejar de este modo operaciones de inteligencia interna, algo que la policía federal tiene prohibido, al menos formalmente. En su declaración de renuncia, Moro reveló que Bolsonaro pretende crear un ministerio de Seguridad, separado de Justicia, para mejor concentrar el espionaje político. El propósito de esta panoplia de medidas es proteger a las pandillas que dirigen sus hijos, comprometidos en actos de corrupción, pero especialmente en la organización de milicias, involucradas en acciones criminales y en el asesinato de la concejal y militante de derechos humanos, Marielle Franco.
Carente de un partido o aparato político propio a escala nacional, Bolsonaro ha intentado crearlo desde arriba, bajo el control de una camarilla familiar. Esto explica sus constantes crisis con aquellos aliados en el Parlamento, que defienden sus propios apetitos. Este es el camino que han recorrido algunos gobiernos de derecha en Europa, que han sido caracterizados como ‘proto-fascistas’ o ‘pre-fascistas’, a pesar de carecer de lo fundamental del fascismo, que es una base de masas para destruir a la clase obrera como clase independiente. El sistema político brasileño se ha convertido, como resultado de sucesivas crisis, en un régimen de sellos, con excepción del partido de los Trabajadores, dejando un vacío que el bolsonarismo ha buscado colmar.
La irrupción de la pandemia Covid-19, por un lado, y el desplome económico internacional, por el otro, han alterado radicalmente el escenario de esta crisis política. Bolsonaro ha chocado con los gobernadores de los principales estados de Brasil en torno a la aplicación de la cuarentena o distanciamiento social, a los que considera, sin más, una forma del comunismo. Como jefe de un régimen de camarilla en desarrollo, le ha escapado a una concertación nacional con otros jefes políticos, declarando su oposición a cualquier forma de reglamentación de la economía. Esto llevó a la renuncia del ministro de Salud, un bolsonarista de primera hora, partidario decidido de la cuarentena. Según observa el Financial Times, estos choques políticos han alimentado una enorme “tensión” a la crisis sanitaria; en Manaos (estado Amazonia) se cavan fosas comunes. Bolsonaro ha respondido a estos desafíos con bravuconadas que desprecian la protección de la salud, u otras que alientan la militarización política de Brasil. Bolsonaro despliega una confianza desmedida en que el temor a un vacío político disuadiría a sus rivales a asestarle un golpe de estado. En tanto distintas voces, incluso de izquierda, califican a la cuarentena como un “estado de excepción”, Bolsonaro, figura emblemática de ese “estado”, la denuncia como “comunista”.
Los cruces políticos que culminan con la renuncia de Moro se producen cuando Brasil, como la mayoría de los llamados países emergentes (¿no sería más adecuado denominarlos ‘submergentes’?), sufren una salida masiva de capitales. En cuatro semanas el real brasileño pasó de 3,80 a 5,40 el dólar; el jueves 23, el Banco Central vendió u$s3 mil millones. Bajo Bolsonaro la economía no salió en ningún momento del estancamiento – ahora se viene una depresión. En respuesta a esta crisis, un sector del gabinete aprobó, sin la presencia del ministro de Economía, el ‘caputista’ Julio Guedes, un operador financiero, un aumento del gasto público del orden de los u$s5 mil millones para obras de infraestructura. Guedes lo denunció de inmediato como un refrito del gasto público de los gobiernos lulistas, lo que ha llevado a una mayoría de observadores a descontar que Guedes será el próximo renunciante. En cualquier caso, el derrumbe internacional ha puesto fin a las posibilidades de financiamiento internacional de Brasil, como impulsa el ministro. Una crisis de la política económica es un golpe en la línea de flotación del gobierno, que no puede ser separada de los reclamos para echar a Bolsonaro por sus operaciones clandestinas de gobierno.
El silencio del PT, en la crisis, es ensordecedor. Ha tomado la decisión consciente de no postularse como alternativa de gobierno, por lo que tampoco moviliza políticamente. A último momento, Lula se ha pronunciado por el debate parlamentario del impeachment, “y que Bolsonaro se defienda” (Página/12, 24/4), lo que significa una dilación y una justificación del inmovilismo del PT, dejando deliberadamente la iniciativa en manos del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia.
El escenario está ocupado por una cofradía de gobernadores sin articulación entre ellos, y un Congreso dividido en innumerables bancadas. La iniciativa se encuentra entonces en las manos de los militares, que deberán improvisar políticamente frente a la pandemia y la estampida financiera, en el caso de fuercen el reemplazo de Bolsonaro por su vice. El tablero internacional de América Latina se modificaría en términos por ahora imprevisibles.
La izquierda y las organizaciones sindicales de Brasil no han ofrecido aún una caracterización de conjunto de este giro enorme de la situación política.
Jorge Altamira
25/04/2020
El gobierno de Bolsonaro ha estado envuelto en numerosas crisis, pero la que lo ha enfrentado al ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, en estos días, es la más decisiva de todas, porque involucra a quien jugó un papel fundamental en la destitución de Dilma Rousseff, primero, y en la anulación de la candidatura de Lula, con posterioridad, para las elecciones a presidente. Como fiscal del llamado Lava Jato, Moro ayudó a desmantelar a poderosas corporaciones brasileñas y a abrir el mercado de la construcción y del petróleo a las compañías internacionales. Moro trabajó con informaciones que le proveyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos; una investigación del portal Intercept reveló hace poco que usó su posición judicial para conspirar políticamente contra el partido de los Trabajadores. Muchos observadores suponen que Bolsonaro no hubiera podido llegar a la presidencia sin Moro, lo que resume la enorme fractura de poder que ha causado su renuncia.
El choque Bolsonaro-Moro constituye una radiografía del régimen político de Brasil. Bolsonaro se planteó poner tropa propia en la jefatura de la policía federal, y singularmente en Río de Janeiro y Pernambuco. Reclamó incluso la posibilidad de manejar de este modo operaciones de inteligencia interna, algo que la policía federal tiene prohibido, al menos formalmente. En su declaración de renuncia, Moro reveló que Bolsonaro pretende crear un ministerio de Seguridad, separado de Justicia, para mejor concentrar el espionaje político. El propósito de esta panoplia de medidas es proteger a las pandillas que dirigen sus hijos, comprometidos en actos de corrupción, pero especialmente en la organización de milicias, involucradas en acciones criminales y en el asesinato de la concejal y militante de derechos humanos, Marielle Franco.
Carente de un partido o aparato político propio a escala nacional, Bolsonaro ha intentado crearlo desde arriba, bajo el control de una camarilla familiar. Esto explica sus constantes crisis con aquellos aliados en el Parlamento, que defienden sus propios apetitos. Este es el camino que han recorrido algunos gobiernos de derecha en Europa, que han sido caracterizados como ‘proto-fascistas’ o ‘pre-fascistas’, a pesar de carecer de lo fundamental del fascismo, que es una base de masas para destruir a la clase obrera como clase independiente. El sistema político brasileño se ha convertido, como resultado de sucesivas crisis, en un régimen de sellos, con excepción del partido de los Trabajadores, dejando un vacío que el bolsonarismo ha buscado colmar.
La irrupción de la pandemia Covid-19, por un lado, y el desplome económico internacional, por el otro, han alterado radicalmente el escenario de esta crisis política. Bolsonaro ha chocado con los gobernadores de los principales estados de Brasil en torno a la aplicación de la cuarentena o distanciamiento social, a los que considera, sin más, una forma del comunismo. Como jefe de un régimen de camarilla en desarrollo, le ha escapado a una concertación nacional con otros jefes políticos, declarando su oposición a cualquier forma de reglamentación de la economía. Esto llevó a la renuncia del ministro de Salud, un bolsonarista de primera hora, partidario decidido de la cuarentena. Según observa el Financial Times, estos choques políticos han alimentado una enorme “tensión” a la crisis sanitaria; en Manaos (estado Amazonia) se cavan fosas comunes. Bolsonaro ha respondido a estos desafíos con bravuconadas que desprecian la protección de la salud, u otras que alientan la militarización política de Brasil. Bolsonaro despliega una confianza desmedida en que el temor a un vacío político disuadiría a sus rivales a asestarle un golpe de estado. En tanto distintas voces, incluso de izquierda, califican a la cuarentena como un “estado de excepción”, Bolsonaro, figura emblemática de ese “estado”, la denuncia como “comunista”.
Los cruces políticos que culminan con la renuncia de Moro se producen cuando Brasil, como la mayoría de los llamados países emergentes (¿no sería más adecuado denominarlos ‘submergentes’?), sufren una salida masiva de capitales. En cuatro semanas el real brasileño pasó de 3,80 a 5,40 el dólar; el jueves 23, el Banco Central vendió u$s3 mil millones. Bajo Bolsonaro la economía no salió en ningún momento del estancamiento – ahora se viene una depresión. En respuesta a esta crisis, un sector del gabinete aprobó, sin la presencia del ministro de Economía, el ‘caputista’ Julio Guedes, un operador financiero, un aumento del gasto público del orden de los u$s5 mil millones para obras de infraestructura. Guedes lo denunció de inmediato como un refrito del gasto público de los gobiernos lulistas, lo que ha llevado a una mayoría de observadores a descontar que Guedes será el próximo renunciante. En cualquier caso, el derrumbe internacional ha puesto fin a las posibilidades de financiamiento internacional de Brasil, como impulsa el ministro. Una crisis de la política económica es un golpe en la línea de flotación del gobierno, que no puede ser separada de los reclamos para echar a Bolsonaro por sus operaciones clandestinas de gobierno.
El silencio del PT, en la crisis, es ensordecedor. Ha tomado la decisión consciente de no postularse como alternativa de gobierno, por lo que tampoco moviliza políticamente. A último momento, Lula se ha pronunciado por el debate parlamentario del impeachment, “y que Bolsonaro se defienda” (Página/12, 24/4), lo que significa una dilación y una justificación del inmovilismo del PT, dejando deliberadamente la iniciativa en manos del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia.
El escenario está ocupado por una cofradía de gobernadores sin articulación entre ellos, y un Congreso dividido en innumerables bancadas. La iniciativa se encuentra entonces en las manos de los militares, que deberán improvisar políticamente frente a la pandemia y la estampida financiera, en el caso de fuercen el reemplazo de Bolsonaro por su vice. El tablero internacional de América Latina se modificaría en términos por ahora imprevisibles.
La izquierda y las organizaciones sindicales de Brasil no han ofrecido aún una caracterización de conjunto de este giro enorme de la situación política.
Jorge Altamira
25/04/2020
Pandemia y capitalismo de vigilancia
La pandemia del COVID-19 es más que un “cisne negro” (un hecho inesperado, poco frecuente). La pandemia seguramente pasará, pero la crisis quedará -la social, la económica, la política-, significando un mundo diferente que ni los más osados científicos sociales y politólogos han podido imaginar, con un estimado de más de tres mil millones de desempleados.
La necesidad de “quedarnos en nuestras casas” obligó a trabajadoras y trabajadores a seguir produciendo desde sus hogares con la modalidad del “teletrabajo”; docentes y estudiantes que continúan con parte de la currícula de manera virtual, así como también los grupos de riesgo dentro de los cuales se encuentran en gran medida nuestros jubilados y jubiladas, el sector de mayor riesgo en la pandemia.
¿Qué mundo les tocará vivir a las nuevas generaciones? En el mundo feliz (1932) del británico Aldous Huxley, las personas viven drogadas con el imaginario “soma” y felices, manipuladas por un plan superior en el que la ciencia de punta sólo sirve a una estructura de dominación.
No tenemos soma, pero sí tenemos Netflix y un número infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en felices adictos y en los auténticos recursos que surten la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo –el capitalismo de vigilancia- que ordena el mundo. Nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso.
El ser humano se ha convertido en un terminal de corrientes de datos. Hoy sabemos que con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas, a través de los algoritmos y la inteligencia artificial. La pandemia despertó la voracidad de los vendedores de dispositivos de vigilancia y tecnología de rastreo de personas, presuponiendo que la ciencia de datos será esencial para derrotar al enemigo invisible
Alentados por el éxito de China y Corea del Sur (entre otros países asiáticos) en el combate al covid-19, líderes políticos de democracias liberales, de derecha e izquierda, se mostraron encantados con la capacidad de control de los dispositivos digitales y del modelo estadístico de los algoritmos que extraen padrones y realizan predicciones.
Cámaras, software, sensores, celulares, aplicaciones, detectores, son presentados ahora como las armas más sofisticadas para el combate al virus…y para la domesticación de las poblaciones.
La industria de telecomunicaciones e informática –que junto a la farmacéutica será una de las ganadoras en esta crisis- prospera gracias a un principio básico, el de extraer los datos personales y vender predicciones sobre los comportamientos de los usuarios a los anunciantes. Pero hasta ahora se lograban pronósticos que facilitaban la previsión de hechos, acontecimientos (y su manipulación, claro), no certezas.
Las empresas (y los gobiernos) comprendieron que para que aumenten los beneficios (financieros pero sobre todo de manipulación) se hacía necesario tratar de modificar las conductas humanas a gran escala.
La mano de obra ya no está configurada por empleados que reciben un salario a cambio de su trabajo, sino por usuarios de aplicaciones y servicios gratuitos, satisfechos de adquirirlos a cambio de ceder sin consentimiento a múltiples empresas un registro de sus experiencias vitales.
En el nuevo capitalismo, los datos personales se acumulan para producir el bien que se pondrá a la venta en el mercado: predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción no son otros que los que ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple y Amazon, señala Patricia Serrano en El Economista de España.
Las medidas de excepción adoptadas, la llamada flexibilización de derechos, los cortes de salarios, el irrespeto a los principios básicos de la ciudadanía, las violaciones de privacidad, con el fin declarado de enfrentar al virus y la crisis, podrán no ser de excepción para convertirse en permanentes. E incluso ampliarse. El virus no destruirá el capitalismo. Todo indica que la vigilancia (policial, cibernética) conseguirá consolidarse.
“El capitalismo industrial, con todas sus crueldades, era un capitalismo para las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas somos por encima de todo fuentes de información. No es un capitalismo para nosotros, sino por encima de nosotros”, sentencia Shoshana Zuboff , profesora emérita de la Harvard Business School en una entrevista en la BBC.
Tu smartTV te observa. Pero también tu teléfono, tu coche, tu robot de limpieza,tu asistente de Google y hasta esa pulserita que monitoriza el número de pasos que das. Una pista: todos los productos que llevan la palabra smart o incluyen la coletilla de ‘personalizado’ ejercen de fieles soldados al servicio del capitalismo de vigilancia. Así lo resume Zuboff.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y autor de una decena de libros, profundiza en esta idea: “El ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación algorítmica. Con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas”.
“En la cárcel, hay una torre de vigilancia. Los presos no pueden ver nada pero todos son vistos. En la actualidad se establece una vigilancia donde los individuos son vistos pero no tienen sensación de vigilancia, sino de libertad”, explica en su obra “La expulsión de lo distinto”, que analiza el impacto de la hipercomunicación y la hiperconexión en la sociedad.
Para Han, la sensación de libertad que brota en los individuos es engañosa: “Las personas se sienten libres y se desnudan voluntariamente. La libertad no es restringida, sino explotada”. Añade que “la gran diferencia entre internet y la sociedad disciplinaria es que en esta última, la represión se experimenta. Hoy, en cambio, sin que seamos conscientes, somos dirigidos y controlados”.
Paloma Llaneza, abogada, experta en ciberseguridad y autora de Datanomics, señala que el consentimiento en realidad no existe cuando escribimos nuestros datos personales rápidamente para bajarnos aún más rápido una aplicación gratis o recibir una newsletter semanal. “El consentimiento es una de las grandes mentiras de internet”, afirma.
El problema empieza cuando nuestros datos son usados para otras finalidades y cedidos a terceras empresas que buscan conocernos mejor y sacar un perfil de cómo somos. “Sin saberlo, el usuario puede estar dando consentimiento a ser escaneado en redes sociales y, de ahí, se saca el perfil de la persona. Solo con las fotos de Instagram ya se pueden deducir cosas del comportamiento”, explica.
Mientras algunos líderes políticos apelaban a la “unidad” en la guerra contra el enemigo invisible, y otros negacionistas llevaban a su gente al genocidio, aparecían algunas líneas de fractura. A través de las redes sociales (y los cacerolazos) se compelía a los gobiernos a adoptar medidas drásticas para proteger a las poblaciones, la salud común.
El coronavirus afecta a toda la industria manufacturera de alto contenido tecnológico (incluyendo industria automotriz, aeronáutica y telecomunicaciones), básicamente porque su producción implica aglomeración de personas, no es considerada esencial y en definitiva se ajusta a las proyecciones de la demanda, nada alentadoras hoy.
En este análisis sólo se rescatan algunos sectores, primordialmente de servicios, entre los cuales tenemos el caso de las OTT (over the top), las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de streaming. O sea, usan internet para llegar a los usuarios con video (Netflix), audio (Spotify) o mensajería (Whatsapp, de Facebook) y/o aplicaciones de teleconferencia (como Skype o Zoom).
Con el aislamiento social, las plataformas que recolectan datos personales y los venden en el mercado avanzan para convertirse no solo en grandes intermediarios del entretenimiento sino también de la educación, lo que no puede aceptarse como algo nagtural y mucho menos como solución excepcional, señala Sérgio Amadeu da Silveira, profesor de la Universidad Federal de ABC, Brasil.
El covid-19 seguramente pasará. El neoliberalismo es una pandemia que durante cuatro décadas infectó hasta las fuerzas de izquierda que deberían haberlo combatirlo. Enfrentamos dos pandemias…
Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.
La necesidad de “quedarnos en nuestras casas” obligó a trabajadoras y trabajadores a seguir produciendo desde sus hogares con la modalidad del “teletrabajo”; docentes y estudiantes que continúan con parte de la currícula de manera virtual, así como también los grupos de riesgo dentro de los cuales se encuentran en gran medida nuestros jubilados y jubiladas, el sector de mayor riesgo en la pandemia.
¿Qué mundo les tocará vivir a las nuevas generaciones? En el mundo feliz (1932) del británico Aldous Huxley, las personas viven drogadas con el imaginario “soma” y felices, manipuladas por un plan superior en el que la ciencia de punta sólo sirve a una estructura de dominación.
No tenemos soma, pero sí tenemos Netflix y un número infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en felices adictos y en los auténticos recursos que surten la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo –el capitalismo de vigilancia- que ordena el mundo. Nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso.
El ser humano se ha convertido en un terminal de corrientes de datos. Hoy sabemos que con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas, a través de los algoritmos y la inteligencia artificial. La pandemia despertó la voracidad de los vendedores de dispositivos de vigilancia y tecnología de rastreo de personas, presuponiendo que la ciencia de datos será esencial para derrotar al enemigo invisible
Alentados por el éxito de China y Corea del Sur (entre otros países asiáticos) en el combate al covid-19, líderes políticos de democracias liberales, de derecha e izquierda, se mostraron encantados con la capacidad de control de los dispositivos digitales y del modelo estadístico de los algoritmos que extraen padrones y realizan predicciones.
Cámaras, software, sensores, celulares, aplicaciones, detectores, son presentados ahora como las armas más sofisticadas para el combate al virus…y para la domesticación de las poblaciones.
La industria de telecomunicaciones e informática –que junto a la farmacéutica será una de las ganadoras en esta crisis- prospera gracias a un principio básico, el de extraer los datos personales y vender predicciones sobre los comportamientos de los usuarios a los anunciantes. Pero hasta ahora se lograban pronósticos que facilitaban la previsión de hechos, acontecimientos (y su manipulación, claro), no certezas.
Las empresas (y los gobiernos) comprendieron que para que aumenten los beneficios (financieros pero sobre todo de manipulación) se hacía necesario tratar de modificar las conductas humanas a gran escala.
La mano de obra ya no está configurada por empleados que reciben un salario a cambio de su trabajo, sino por usuarios de aplicaciones y servicios gratuitos, satisfechos de adquirirlos a cambio de ceder sin consentimiento a múltiples empresas un registro de sus experiencias vitales.
En el nuevo capitalismo, los datos personales se acumulan para producir el bien que se pondrá a la venta en el mercado: predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción no son otros que los que ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple y Amazon, señala Patricia Serrano en El Economista de España.
Las medidas de excepción adoptadas, la llamada flexibilización de derechos, los cortes de salarios, el irrespeto a los principios básicos de la ciudadanía, las violaciones de privacidad, con el fin declarado de enfrentar al virus y la crisis, podrán no ser de excepción para convertirse en permanentes. E incluso ampliarse. El virus no destruirá el capitalismo. Todo indica que la vigilancia (policial, cibernética) conseguirá consolidarse.
“El capitalismo industrial, con todas sus crueldades, era un capitalismo para las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas somos por encima de todo fuentes de información. No es un capitalismo para nosotros, sino por encima de nosotros”, sentencia Shoshana Zuboff , profesora emérita de la Harvard Business School en una entrevista en la BBC.
Tu smartTV te observa. Pero también tu teléfono, tu coche, tu robot de limpieza,tu asistente de Google y hasta esa pulserita que monitoriza el número de pasos que das. Una pista: todos los productos que llevan la palabra smart o incluyen la coletilla de ‘personalizado’ ejercen de fieles soldados al servicio del capitalismo de vigilancia. Así lo resume Zuboff.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y autor de una decena de libros, profundiza en esta idea: “El ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación algorítmica. Con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas”.
“En la cárcel, hay una torre de vigilancia. Los presos no pueden ver nada pero todos son vistos. En la actualidad se establece una vigilancia donde los individuos son vistos pero no tienen sensación de vigilancia, sino de libertad”, explica en su obra “La expulsión de lo distinto”, que analiza el impacto de la hipercomunicación y la hiperconexión en la sociedad.
Para Han, la sensación de libertad que brota en los individuos es engañosa: “Las personas se sienten libres y se desnudan voluntariamente. La libertad no es restringida, sino explotada”. Añade que “la gran diferencia entre internet y la sociedad disciplinaria es que en esta última, la represión se experimenta. Hoy, en cambio, sin que seamos conscientes, somos dirigidos y controlados”.
Paloma Llaneza, abogada, experta en ciberseguridad y autora de Datanomics, señala que el consentimiento en realidad no existe cuando escribimos nuestros datos personales rápidamente para bajarnos aún más rápido una aplicación gratis o recibir una newsletter semanal. “El consentimiento es una de las grandes mentiras de internet”, afirma.
El problema empieza cuando nuestros datos son usados para otras finalidades y cedidos a terceras empresas que buscan conocernos mejor y sacar un perfil de cómo somos. “Sin saberlo, el usuario puede estar dando consentimiento a ser escaneado en redes sociales y, de ahí, se saca el perfil de la persona. Solo con las fotos de Instagram ya se pueden deducir cosas del comportamiento”, explica.
Mientras algunos líderes políticos apelaban a la “unidad” en la guerra contra el enemigo invisible, y otros negacionistas llevaban a su gente al genocidio, aparecían algunas líneas de fractura. A través de las redes sociales (y los cacerolazos) se compelía a los gobiernos a adoptar medidas drásticas para proteger a las poblaciones, la salud común.
El coronavirus afecta a toda la industria manufacturera de alto contenido tecnológico (incluyendo industria automotriz, aeronáutica y telecomunicaciones), básicamente porque su producción implica aglomeración de personas, no es considerada esencial y en definitiva se ajusta a las proyecciones de la demanda, nada alentadoras hoy.
En este análisis sólo se rescatan algunos sectores, primordialmente de servicios, entre los cuales tenemos el caso de las OTT (over the top), las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de streaming. O sea, usan internet para llegar a los usuarios con video (Netflix), audio (Spotify) o mensajería (Whatsapp, de Facebook) y/o aplicaciones de teleconferencia (como Skype o Zoom).
Con el aislamiento social, las plataformas que recolectan datos personales y los venden en el mercado avanzan para convertirse no solo en grandes intermediarios del entretenimiento sino también de la educación, lo que no puede aceptarse como algo nagtural y mucho menos como solución excepcional, señala Sérgio Amadeu da Silveira, profesor de la Universidad Federal de ABC, Brasil.
El covid-19 seguramente pasará. El neoliberalismo es una pandemia que durante cuatro décadas infectó hasta las fuerzas de izquierda que deberían haberlo combatirlo. Enfrentamos dos pandemias…
Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.
Cuarentena a la carta: cómo sigue el aislamiento “obligatorio”
El lobby patronal sigue flexibilizando las medidas sanitarias.
La Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que habilita a gobernadores e intendentes a presentar proyectos para solicitar la eximición de la cuarentena en diversas actividades económicas, se ha transformado en la válvula de escape de las patronales para evadirse de la cuarentena. La probable nueva extensión del aislamiento social obligatorio seguramente profundice aún más esta característica: mientras se exige a la población que siga recluida a cualquier precio, las patronales retoman el trabajo imponiendo sus condiciones sobre los trabajadores.
A los anuncios del día de ayer, que dispone retomar la actividad privada de la construcción y el ejercicio de las profesiones liberales en varias provincias, también se suma la Resolución 179/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo que habilita la actividad de otras 13 actividades industriales –se trata de la precisión de uno de los “procesos industriales específicos” de la Decisión Administrativa 524/20- y regula el procedimiento para establecer las actividades para exportación, también exceptuadas.
Por medio del mecanismo de Decretos, Decisiones Administrativas y Resoluciones, el gobierno nacional ha establecido el procedimiento por el cual ir habilitando los negocios de los empresarios según su discrecionalidad.
Mientras que muchas de las solicitudes no se han dado a conocer y se encuentran sometidas al estudio del Ejecutivo nacional, otras si salieron a la luz como medio de presión de las patronales para agilizar los trámites. Una de las más conocidas es la de la automotriz Volkswagen, que anunció que retomaría su actividad en su planta ubicada en Córdoba a partir del 27 de abril próximo. Para esto presentó una solicitud ante el gobierno nacional y ha sumado el lobby del gobernador Schiaretti. Otro que se emocionó con la idea es el intendente de Tigre, que pidió la eximición para ¡160 empresas de su distrito! Detrás de estos dos pedidos puntuales, que sirven como botón de muestra, hay una larga lista de gobernadores e intendentes haciendo presión para reactivar los negocios de los empresarios que representan.
Que se doble pero que no se rompa
El estiramiento de la cuarentena, como principal medida sanitaria de prevención, está dando lugar a una flexibilidad direccionada. Tal es así porque el gobierno actúa con mesura y comprensión con las patronales pero con dureza e inclemencia con la población. El punto más agudo de esta contradicción es el trato inhumano que reciben las personas privadas de su libertad, que ha dado lugar al crecimiento de las protestas en los últimos días, seguidos de una brutal represión policial.
Que el gobierno respalda a las empresa lo revela el conflicto del frigorífico Penta, donde a más de un mes de lock out patronal la empresa mantiene afuera a 240 trabajadores de una actividad esencial, con el único propósito de disciplinar al colectivo obrero. O lo sucedido en el frigorífico Federal, donde la patronal ignoró las medidas sanitarias, ocultó un caso de contagio, relativizó la muerte de otro obrero por Covid-19, siguió produciendo a pesar de la clausura y solo después de haber hechos todos estos estragos fue detenida por la policía.
La mayoría de las medidas del gobierno colocan el cuidado de la salud de los trabajadores en manos de las patronales. Las mismas que se negaron desde el primer día a costear las modificaciones sanitarias en los establecimientos de trabajo y las que hacen noticia todos los días por violar los procedimientos sanitarios.
Un sector importante de empresarios, principalmente del comercio, acaba de publicar una carta dirigida al gobierno, donde reclaman mayores estímulos, flexibilidad, liberación de precios y bloquear cualquier iniciativa tributaria que recaiga sobre sus espaldas.
Mientras las patronales impulsan su política por todos los flancos, la burocracia sindical se ha plegado a su agenda sin ningún miramiento. Solo dan marcha atrás cuando las bases se rebelan contra las entregadas, como acaba de ocurrir en el gremio de la UOM.
Gobierno, gobernadores y patronales
Las medidas tomadas por el gobierno nacional ofrecen una cuarentena a la carta para las patronales, ya que cada quien se sirve de lo que necesita con solo presentar una “propuesta”, que luego de analizada nadie hará cumplir. Se trata de un formalismo para cubrir las espaldas de Fernández, y su gabinete, ante eventuales crisis.
Los gobernadores, a su vez, han ampliado el radio de sus potestades, ya que son ellos quienes regulan el regreso de las actividades exceptuadas, dando lugar a todo tipo de arbitrariedades. Así lo reconoció el propio ministro de Salud Ginés González García cuando dijo que "Es difícil seguir tomando medidas generales. Hay que empezar a transitar que no va a ser igual en todo el país".
El gobierno nacional espera volver a juntarse con los gobernadores para presentar la extensión de la cuarentena como parte de una política de “unidad nacional”. Los medios descartan cualquier tipo de oposición de los gobernadores, quienes vinieron con la agenda de sus patronales y se llevaron respuestas a sus demandas.
Pero la cuarentena aun seguirá para las familias obreras, los desocupados, los jubilados, la juventud y las mujeres, sin ningún tipo de concesión a los reclamos que se han venido manifestando, que van desde la provisión de alimentos y elementos sanitarios, hasta los recursos económicos de emergencia y la adopción de medidas contra el crecimiento de la violencia de género. Allí donde se han retomado ciertas actividades se han vuelto a ver las postales de la población en la calle y el amontonamiento en determinados transportes públicos. La efectividad de la cuarentena y las medidas sanitarias demandan de un control obrero y popular de esta crisis.
Marcelo Mache
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