Estados Unidos: la crisis política en punto de ebullición

¿Puede la rebelión popular conquistar sus objetivos?

Las reformas policiales absolutamente parciales dispuestas por Trump, los distintos proyectos en el Congreso y las disposiciones locales no han logrado convencer al movimiento de lucha desatado contra una profunda opresión social que salga de las calles.
Los once asesinados en la represión de este mes. Los cinco hombres negros que aparecieron ahorcados en distintos puntos del país, de Nueva York a Texas y California. Los nuevos casos de brutalidad policial como el de Sean Monterrosa, hijo de argentinos, fusilado por la policía de la ciudad de Vallejo, California, mientras estaba arrodillado y con las manos en la cabeza, supuestamente porque la policía confundió su martillo de carpintero con un arma. O el de Andrés Guardado, un guardia de seguridad de 19 años, de Gardena, California, asesinado por la policía por portar su arma reglamentaria. Las amenazas con sogas anudadas para ahorcar que han aparecido en lugares públicos y que fue dejada al único conductor negro del Nascar. Cada nuevo hecho ha reforzado la disposición a movilizarse, generando nueva convocatorias de centenares o miles para manifestarse.
En Seattle, la zona autónoma de policía establecida alrededor de la jefatura de policía, abandonada por los efectivos, por el momento se mantiene. Una iniciativa interesante es que han emitido un programa de 30 puntos, que cubre desde el planteo de la abolición de la policía y el fin de la persecución judicial para quienes participan en las protestas a demandas sobre el sistema carcelario, educativo, que se congelen los alquileres y que haya acceso gratuito a la universidad. La reunión de asambleas que fijen un programa es una forma de darle voz política a los protagonistas de la rebelión y la base para una unificación del movimiento de lucha en todo el país. Otra zona autónoma se estaría intentando establecer en la zona cercana a la Casa Blanca en Washington DC, donde se realizó la infame represión para que Trump haga una conferencia, posando con una Biblia en una iglesia ocupada por tropa.
Las protestas han llegado a reproducirse en unas 2.000 ciudades y pueblos. Esto incluye manifestaciones en zonas rurales predominantemente blancas, que han sido una sólida base electoral de Trump, y la zona de reclutamiento de grupos racistas, como el Ku Klux Klan u organizaciones neonazis.
Es muy significativo el ingreso de las huelgas y las protestas obreras al proceso de rebelión. El paro activo portuario de la costa oeste, liderado por las seccionales del gremio Ilwu, que se reivindican clasistas, es una de muchas acciones obreras que se inscriben directamente en los reclamos de la rebelión desatada por el asesinato de George Floyd. De conjunto, más de 800 conflictos laborales registrados desde marzo. La mayoría, vinculados con la seguridad frente a la pandemia, a los salarios o despidos, fueron convocados sin participación de la estructura de los sindicatos. La burocracia sindical, que ha precedido un récord de marginalidad de afiliación sindical, adaptándose a la precarización laboral, se está pasando a un coqueteo sin compromiso con la rebelión, promoviendo declaraciones o medidas simbólicas para no quedar descolocados.

Un comandante en jefe sin soldados

Trump trató de reenfocar la pelea política hacia las elecciones, forzando una agenda de actos de campaña cuando en muchos estados sigue rigiendo la cuarentena.
El fracaso de su acto de lanzamiento en Tulsa retrata el grado extremo de aislamiento de Trump en el propio Estado norteamericano. Hemos asistido a una muestra tras otra de la ruptura de la cadena de mando. Empezando por la negativa del mando militar a involucrar a las fuerzas armadas en la represión. Siguiendo con los sucesivos fallos de la Corte Suprema en favor de derechos de la comunidad Lgbti e inmigrantes, equivalen a un desaire a Trump o a la preparación de una adecuación a una nueva etapa política.
La crisis con el intento de hacer renunciar a Geoffrey Berman, fiscal federal encargado del área de Nueva York, expresa la misma tendencia. Berman negó el anuncio del fiscal general William Barr de que él había renunciado a su cargo, forzando a Trump a destituirlo. La decisión estuvo basada aparentemente en que Berman, que había apoyado a Trump en 2016, estaba investigando a distintos socios políticos y económicos del presidente. En el libro de John Bolton, ex consejero de Seguridad nacional de Trump, que se está dando a conocer en estos días contra los intentos legales del gobierno de impedirlo, se le adjudica a Trump la decisión de colocar gente de confianza en esa fiscalía para frenar una investigación contra el banco turco Halkbank, a pedido del presidente Tayyip Erdogan. Lo seguro es que ha dado lugar a nuevas denuncias de un intento de copamiento de la Justicia y a que la comisión de Justicia de la cámara baja del Congreso empiece a emitir citaciones a declarar sobre el tema.
El control de Trump del Partido Republicano está fuertemente cuestionado. A la declaración del ex presidente George W. Bush de que no apoyaría la campaña de Trump, siguieron derrotas internas de los candidatos favorecidos por Trump en las internas de Virgina, Carolina del Norte y Kentucky.
Trump publicó un tweet planteando su disposición a reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Dirigentes republicanos, como el senador Marco Rubio, de Florida, donde están asentadas las comunidades de emigrados derechistas de Cuba y Venezuela, salieron a diferenciarse de los dichos de Trump, preocupados por un nuevo retroceso en una disputa electoral de resultado dudoso en el Estado.
Todas las encuestas difundidas marcan un crecimiento de la ventaja de Biden, entre un 8 y un 15% a favor. Un cálculo reciente de la revista Economist ha colocado un 13% de posibilidades de que Trump reúna los delegados para conquistar el colegio electoral, con grandes probabilidades de perder estados que fueron clave para su victoria en 2016, como Florida, Michigan o Wisconsin.
Hasta noviembre resta todavía la pelea por la propia organización de las elecciones en la cuarentena, tanto en la posibilidad de votar a distancia como en la distribución de urnas en cada distrito. Esta pulseada por el control de los comicios promete sumar un incidente importante a la crisis política en curso.

Biden, una nulidad en ascenso

Biden está subiendo en las encuestas como beneficiario del impacto de la crisis del manejo de la pandemia y la rebelión contra Trump, no por méritos propios ni un entusiasmo con su programa. El silencio de Biden ayuda a esconder la agenda rabiosamente empresarial que ha defendido toda su vida, evitando desmentir el piropo que le dedicó Noam Chomsky, partidario de Sanders y su Internacional Progresista, que promovió el voto a Biden porque este es un “envase vacío” que carecería de programa propio.
Cada vez más sectores de la clase dominante han decidido soltarle la mano a Trump. La permanencia del magnate en el poder es un factor revulsivo que está haciendo crujir el conjunto del sistema político y puede volverlo ingobernable. La rebelión sigue en desarrollo, con una radicalización de masas que no se ha visto en sesenta años. Este escenario ha terminado por barrer definitivamente el ensayo bonapartista, intentando armar un régimen de poder personal, con el que arrancó su mandato.
Pero el cambio de mando que se prepara para la Casa Blanca, no resuelve de ninguna manera los problemas de fondo que han llevado a esta rebelión. Estamos en presencia de una decadencia histórica de Estados Unidos, lo cual se ha potenciado con el salto que ha pegado la crisis capitalista mundial y, más aún, luego del estallido de la pandemia. El “América first” de Trump no ha logrado detener en estos cuatro años una disminución del declive en la capacidad de dominación hegemonica de la burguesía norteamericana a nivel global en términos económicos, una pérdida de posiciones militares y un descenso de la pérdida de la autoridad política de su Estado sobre las masas de su país.

Izquierda demócrata

En este contexto, el desarrollo de la izquierda demócrata merece un balance. La victoria de Alexandra Ocasio-Cortez en las primarias de Nueva York contra candidatos con financiamiento millonario de Wall Street, que se extendió a la victoria de otros candidatos izquierdistas para diputados en la zona como Jamaal Bowman, son una muestra de una radicalización de la posición política. Pero la apuesta a meter al movimiento de lucha atrás de los partidos políticos del régimen es un camino de cooptación y colaboración con los opresores. La mejor prueba de eso es que más allá de la participación indudable de los militantes de base de los demócratas socialistas y organizaciones parecidas en la rebelión, esta corriente no tiene estrategia ni iniciativa alguna frente a la rebelión y la enorme crisis nacional de la cuarentena y la depresión. La dedicación exclusiva de su dirección y estructura a las tareas electorales (y alguna presentación parlamentaria) en el contexto de esta conmoción nacional muestra que el arribismo y la integración al Estado son mutuamente excluyentes con la construcción de una organización revolucionaria. La necesidad de miles de militantes de construir una organización política que exprese los intereses sociales de la clase obrera tiene como punto de partida la conformación de un partido independiente. Sólo rompiendo con el régimen político de la burguesía yanqui y sus partidos demócrata y republicano podemos desenvolver una lucha común los oprimidos en Estados Unidos y los que se enfrentan a su dominación imperial en el mundo.

Por cada protesta, una asamblea

Muchos militantes de esta izquierda posibilista vienen insistiendo en que la rebelión “ya ganó”. Y muestran las reformas parciales instituidas o prometidas, los cambios cosméticos o donaciones solidarias dispuestos por organizaciones deportivas o empresas como muestras de que “la rebelión ya tiene sus conquistas”. Esto coincide sospechosamente con la voluntad de desmovilizar y canalizar la oposición a Trump en los candidatos del Partido Demócrata.
La rebelión efectivamente ha obligado al Estado y las clases dominantes a retroceder en miles de aspectos parciales. Y esto muestra la gran fuerza que ha desplegado. Pero las causas de la rebelión en la opresión capitalista, la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la cuota especial de esta opresión que sufren los negros y otras comunidades de color en la estructura social de Estados Unidos están lejos de ser superadas. El proceso de crisis capitalista reforzará estas tensiones en el futuro, con un gobierno capitalista de cualquier signo. La militarización de las fuerzas policiales y la violencia sobre los trabajadores y los pobres sirven para sostener esta realidad. La política de desmovilización intenta defender este status quo con concesiones simbólicas.
Para lograr una victoria del movimiento, deben replicarse los Seattle y los Ilwu. Asambleas que definan acciones de lucha y programa de las demandas democráticas, sociales y económicas de los explotados en cada pueblo, barrio, lugar de trabajo, sindicato y lugar de estudio. Unificar la lucha de todos los explotados. Derrotar a Trump hoy sin esperar a noviembre. En este camino, los trabajadores y explotados del mundo entero saludamos a la vanguardia de la rebelión, que discute, elabora, actúa y se reagrupa en el curso de la revuelta popular en Estados Unidos.

Guillermo Kane

Qué tienen en común Wirecard y Vicentín

Wirecard es una de las principales empresas financieras de Alemania. Se dedica a procesar los pagos con tarjeta de créditos (Visa, Mastercard) y los pagos en línea de cadenas de supermercados (Aldi, Lidi); varias aerolíneas y hasta sitios de pornografía en línea. Diariamente procesa decenas de miles de millones de dólares. Compró un banco y se convirtió en una empresa integral de servicios de cobro para sus clientes. Su rápido éxito la llevó a ser considerada una empresa ejemplar en tecnología financiera y fue ubicada como miembro del índice de mayores empresas de la bolsa alemana (Indice DAX).
Los alemanes podían presumir de una empresa líder en tecnología financiera que compitiera con los gigantes de las finanzas mundiales. Su valuación de mercado llegó los 28 mil millones de dólares, que se vino a pique en estos días.
Un olor nauseabundo, para el que nadie tenía olfato
Durante meses el Financial Times denunció las inconsistencias en el balance de Wirecard, ganancias que no se podían demostrar y solvencia dudosa. Lo último fueron sospechas sobre depósitos bancarios que resultaron inexistentes, por cifras que eran la mitad del balance. Se informó que entre las reservas de la empresa figuraba un depósito de 1.900 millones de dólares en un banco de Filipinas. Aunque la empresa defendió su legitimidad, el auditor, una de las mayores empresas del mundo, Ernest&Young, no ha sabido explicar semejante desliz.
Los depósitos resultaron estar respaldados por documentos falsos y las autoridades bancarias dicen que el dinero no está; ahora la pregunta es si alguna vez existió. El hundimiento de Wirecard en la bolsa alemana arrastró al resto de las cotizantes, ante la propagación de temores entre los accionistas.
Aunque las noticias de ganancias dibujadas y fondos inexistentes eran informadas por la prensa, numerosos fondos siguieron invirtiendo y mantuvieron la “confianza” en Wirecard. El fondo alemán DWS invirtió en octubre del año pasado 450 millones de dólares, que hoy se han esfumado.
Las informaciones de fraude contable por parte del FT fueron combatidas por la empresa durante meses, y denunciadas como una campaña contra una empresa alemana. Otra auditora (KPMG) tampoco hallaron los fondos que informaba la empresa.

Inversores impávidos

Pero el fraude no es solo la desaparición de dinero depositado, que todo indica que nunca existió. Las ganancias informadas eran “dibujadas”. Los mayores beneficios de la empresa provenían de empresas fantasmas asentadas en Asia. KPMG necesitó SEIS MESES para descubrir que las informaciones del balance no eran genuinas. Las denuncias que iniciaron esta investigación fueron realizadas por la prensa, los auditores no encontraron evidencias de ellas. Lo que se presentan como empresas “exitosas”, solo son ganancias infladas con préstamos de balances truchos. Los calificadores de riesgo, tampoco advirtieron las falsificaciones del balance.
Los créditos a la empresa no se detuvieron, Los analistas de media docena de bancos siguieron recomendando invertir en la empresa y comprar sus acciones. Varios analistas bancarios incluso pronosticaban subas, el analista de Commerzbank que rechazaba las críticas a Wirecard anunció “una oportunidad de compra”.
Todo cambió en pocas semanas, cuando la empresa reconoció que no puede respaldar las informaciones de sus ganancias ni dar informes sobre los depósitos que habían informado. Confirmando el fraude contable sobre activos inexistentes, el precio de las acciones se desplomó hasta desintegrarse. Las acciones a inicios de año cotizaban en 60 dólares, en estos días han caído debajo de 2 dólares. Una inversión de 1.000 dólares en enero de este año, hoy cotiza a 33,3 dólares.
Cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers su calificación era la mayor disponible - TRIPLE A. Hasta el día anterior a su quiebra, auditores, calificadoras de riesgo, autoridades de control, no advirtieron del mayor fraude bancario de Wall Street.
Si alguien cree que Vicentin es un caso aislado, Wirecard demuestra que hay muchas empresas “exitosas” que se “alimentan” de préstamos bancarios e inversiones, aunque sean una cascara sin nada adentro. Las empresas viven y se desarrolan en un entorno de finanzas amigables, con créditos fáciles y de bajas tasas apoyados por el estado. Antes y durante la pandemia.

Sergio Rivero
26/06/2020

La penetración evangélica en Cuba

Desde que el papa Juan Pablo II visitara la isla en 1998 hasta la más reciente de Francisco, en 2019, la presencia de la iglesia católica en la vida cubana es ostentosa. Un verdadero abismo con los primeros años de la revolución cuando, con el Che Guevara a la cabeza, la iglesia fue apartada de toda incidencia en la educación y varios eclesiásticos fueron reprimidos y/u obligados a emigrar por su conducta contrarrevolucionaria.
La noticia ahora es que las iglesias evangélicas, como ocurre en toda América Latina, están tocándole los talones a la curia vaticana también en Cuba. Son “especialmente pentecostales y neopentecostales” que pregonan “la “teología de la prosperidad” y la “doctrina de la guerra espiritual”. “En Cuba, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen una ´iglesia hermana´ en Estados Unidos, de la cual reciben apoyo financiero. El Cuba Money Project, del periodista Tracey Eaton, publicó una lista de los proyectos relacionados con Cuba que han recibido la mayor cantidad de fondos del gobierno desde que Trump asumió́ el cargo. El Evangelismo Cristiano Humanitario para Cuba ocupa uno de los primeros puestos (USD 1.003.674). El grupo recibió aproximadamente USD 2,3 millones del gobierno de EE. UU. desde 2009 a 2017”. Todo esto lo escribió Ailynn Torres Santana, en dos notas que publicó oncubanews (23 y 24/6), cuyo título es “Pandemonium: a propósito del programa religioso antiderechos cubano”.
Lo más grave es que en Cuba, según explica Torres Santana, estas iglesias estarían en connivencia con sectores de la burocracia, la cual, como a quienes apañan, son partidarios del recorte de derechos a las mujeres y, más en general, de una línea fundamentalista “neoconservadurista antiderechos, tanto religiosos como seculares” (ídem).
Ya en febrero de 2019, cuando el referéndum por la nueva Constitución, la burocracia había cedido a la presión de todas las iglesias y retiró del anteproyecto la legalización del matrimonio igualitario, prometiendo tratarlo en una reforma futura del Código de Familia. Los números de las encuestas previas a favor de esa legalización eran categóricos, pero la burocracia cedió igual. Textual de Torres Santana: “En el proceso se midieron actores diversos (que no hay que entenderlos de una sola pieza): comunidades de fe defensoras de derechos, colectivos LGTBIQ y feministas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos, voces estatales democratizadoras, voces estatales conservadoras, ciudadanía conservadora sin adscripción religiosa y comunidades de fe antiderechos. La combinación de los tres últimos actores mencionados definió la pauta”.
Pero eso no es todo. Según informa la periodista, en una nota, “durante las medidas de distanciamiento físico por la pandemia de la COVID-19 la televisión estatal (ha) habilitado” un espacio para “predicar” a estas iglesias; lo que les había sido denegado dos años antes.
Las iglesias están envalentonadas y apuestan abiertamente, dice Torres Santana, a impedir que prospere el matrimonio igualitario en la discusión del proyecto de reforma señalado y van por más. Evangelistas han lanzado una campaña sucia acusando “la supuesta existencia de un colectivo que busca legalizar la pedofilia y reclama silla dentro de la comunidad LGTBIQ”. De modo que “ha vuelto a crisparse” el clima político “a propósito de una publicación que compartió en redes sociales la cantante Danay Suarez – evangélica, con antecedentes de pronunciamientos antiderechos”. Se ha revelado, dice la periodista, “que ese colectivo no existe”, lo cual “ha sido verificado” (ídem).
Es indudable que las iglesias cabalgan sobre un “problema de fondo”: los “programas antiderechos ganan capilaridad en los barrios y territorios offline de una sociedad que ya mostró que los acoge y alimenta. En el mundo online eso también se verifica” (ídem). “El despliegue fundamentalista religioso no se realiza solo a través del cara a cara y puerta a puerta, aunque lo incluye. También se hace a través de redes sociales y plataformas digitales. Una parte de la campaña contra el matrimonio igualitario se hizo en ese registro. Además, realizan desde ´coaching de identidad´ para ayudar a los sujetos a ´reencontrarse con su heterosexualidad´ hasta talleres de youtubers para glorificar a Dios, como el realizado el pasado enero por la Liga Evangélica de Cuba” (ídem).
Lo que resulta ciertamente sorprendente es que los evangelistas no se colocan como enemigos del régimen sino incluso en su defensa. Informa Torres Santana: “En la primera carta firmada por la Iglesia Evangélica Pentecostal «Asambleas de Dios», las convenciones bautistas orientales y occidentales, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista de Cuba alegaron que la ´ideología de género´ no tenía ´relación´ alguna con nuestra cultura, nuestras luchas de independencia, (…) con los líderes históricos de la Revolución (ni) con los países comunistas´”.

Norberto Malaj
25/06/2020

Vicentin sigue haciéndole goles a los Fernández

Se ha levantado una gran polvareda por la sesión del Senado que votó la formación de una comisión investigadora de las “relaciones crediticias entre el Banco Nación y la empresa Vicentin”. La oposición señala que el proyecto no reunió los dos tercios necesarios, y que su posibilidad de denunciar esa situación fue “cercenada” por CFK. La crisis en torno de esta votación ha roto el acuerdo en torno de las sesiones virtuales.
De todos modos, estamos ante un gran fuego de artificio. La “comisión” se propone investigar algo que ya está completamente claro y difundido, que son las “relaciones crediticias” entre el Nación y Vicentin. Los senadores oficialistas, con CFK a la cabeza, dejaron fuera de la investigación a las empresas off shore de la cerealera o los movimientos contables o dinerarios con las sucursales en Paraguay y Uruguay. La comisión sería una apretada mediática contra el concurso de acreedores que se tramita en Reconquista.
El lío del Senado quiere tender un velo sobre el monumental fracaso del gobierno en la tentativa de expropiación e intervención de Vicentin. Como no tenía los votos para eso en Diputados, ahora desafía a los bloques que rehusaron acompañar la expropiación a que se atrevan a rechazar una comisión que investigue la estafa.
Para salir del rechazo judicial a la intervención del gobierno nacional, los Fernández acogieron el plan del sojero Perotti en favor de una intervención consensuada con el juez concursal, los restantes acreedores y la patronal. Sin resultado, porque el juez del concurso de Vicentin resolvió archivar el plan Perotti. El gobernador de Santa Fe ahora quiere crear un “incidente” judicial apartado del expediente del concurso de acreedores. En buen español, lo cual no modifica la restitución del directorio de la empresa. Animado por esta evolución de la crisis, uno de los directivos de Vicentin, Máximo Padoan, reconocía que continúan las tratativas con Glencore para una venta parcial de los activos de Vicentin, en el marco del concurso. Todavía no aclaró, sin embargo, dónde están los u$s150 millones que recogió de la venta del 16% de la refinería Renova a ese mismo grupo, antes de declararse en cesación de pagos.
El fracaso de la intervención-expropiación oficial devuelve la crisis de Vicentin a un concurso que se encontraba en un completo impasse, después de cuatro meses de trámites. Si la convocatoria se resolviera por medio de una extranjerización de la cerealera, el gobierno quedaría enfrentado a una crisis política mayor, en especial si ocurre antes del arreglo de la deuda externa. Los Fernández no han abandonado la actitud huidiza frente a la quiebra de Vicentin, ya que no responden cómo harán para pagar los pasivos declarados del grupo, que es de u$s1500 millones y los ocultos, de magnitud incierta.

Marcelo Ramal
26/06/2020

Historia presente

Retiro de monumentos a la Confederación por "seguridad pública" en Raleigh, Carolina del Norte.

Estatuas, retratos, bustos, monumentos y otros símbolos de figuras y políticas opresoras –esclavistas, imperialistas, conquistadores– caen por todo el país, muchas derribadas por manifestantes y activistas y otras retiradas por órdenes oficiales como intentos para reconocer las demandas del movimiento contra el racismo sistémico que estalló hace un mes.
Algunas de ellas habían decorado el escenario oficial de capitolios y otras sedes de gobierno, parques públicos, escuelas y universidades y hasta los encuentros deportivos. Durante años, activistas de vez en cuando denunciaban su presencia por no se lograba mucho. Pero de repente, una tras otra está cayendo por la fuerza o por temor a esa fuerza.
Es una magna lección de historia y/o un levantamiento contra la historia oficial, y/o una rebelión contra esa arma secreta de la cúpula en este país –la amnesia histórica, clave para imponer políticas contra mayorías, lanzar guerras y suprimir la memoria colectiva del pueblo.
Indígenas en alianza con Black Lives Matter tumbaron la estatua de Junípero Serra –el fraile español de las misiones católicas de California– en la Placita Olvera de Los Ángeles. En San Francisco cayó otra de Serra junto con una de Ulysses Grant –el general de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil y después presidente– y otra más de Francis Scott Key, autor del himno nacional de Estados Unidos. Ambos fueron dueños de esclavos.
Ni los padres fundadores se salvan: estatuas de George Washington y Thomas Jefferson, quienes eran dueños de esclavos, han sido tumbadas en varios lugares.
En Virginia, Carolina del Norte, Georgia y otros estados sureños se han derribado o los gobernantes se han visto obligados a retirar estatuas y otros monumentos a la Confederación –los estados sureños que defendieron la esclavitud entre otras cosas en la Guerra Civil. La bandera de la Confederación de repente está prohibida en algunos encuentros deportivos y en instituciones públicas.
En Washington, la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, ordenó remover del recinto los retratos de cuatro ex presidentes vinculados con el régimen de esclavitud en los estados sureños. No hay lugar en los pasillos del Congreso o cualquier lugar de honor para distinguir a hombres que encaran la intolerancia violenta y el racismo grotesco de la Confederación, proclamó (aunque vale señalar que esos retratos han estado ahí durante décadas sin que molestaran a los políticos, incluyéndola a ella, hasta ahora). En Charleston, Carolina del Sur, las autoridades anunciaron que removerán la enorme estatua de 30 metros de altura de John Calhoun, ex vicepresidente y senador y uno de los defensores mas feroces de la esclavitud en el siglo XVIII.
Estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas y/o dañadas; también, las de otros conquistadores, como Juan de Oñate en el suroeste del país.
Estos actos contra símbolos son parte del rescate de la historia de este pueblo, algo que suele brotar con toda rebelión popular. En las calles los manifestantes rescatan viejas canciones: Which side are you on, We shall overcome, y otras letras de lucha, junto con las de tiempos recientes, rescatando estrofa por estrofa la memoria. Algunas pancartas sencillamente dicen 1619 –el año en que llegaron a estas costas los primeros esclavos africanos. Otras ofrecen versos del gran poeta Langston Hughes, algunas más de Martin Luther King, como las escritas sobre el triplay colocado frente de vitrinas de tiendas de lujo en Nueva York, entre ellas: La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, sólo el amor puede hacer eso. Pasa una bicicleta en una marcha con un anuncio pegado: Esta máquina mata fascistas, la misma frase que estaba sobre la guitarra de Woody Guthrie, quien cantaba sobre las luchas de trabajadores e inmigrantes al acompañarlos por las calles y los campos de este país en los años 30 y 40.
De repente, en este levantamiento, se lee, se conversa, se rescata la historia. De repente, la historia esta presente, un requisito para crear otro futuro.

David Brooks

El rebrote chino y las olas del Covid-19

La aparición de un rebrote del coronavirus en la capital china despertó los temores a una segunda oleada de la enfermedad en el gigante asiático. Entre el 11 y el 21 de junio, en Beijing hubo más de 200 casos positivos, poniendo fin a casi dos meses sin casos domésticos. El brote se habría originado en el mercado de Xinfadi, que abastece del 70% de los alimentos a la capital china.
Las autoridades impusieron una cuarentena en las zonas próximas al mercado donde se produjeron las infecciones e implementaron testeos masivos. Aseguran que todos los casos están relacionados a dicho lugar; o sea, que la enfermedad estaría relativamente circunscripta y controlada, pero habrá que esperar los resultados de los testeos masivos. En cualquier caso, el gobierno mismo reconoce que se trata del peor brote desde febrero.
El rebrote chino es una severa advertencia contra cualquier triunfalismo respecto del Covid-19. Y muestra, a la vez, que el combate de una pandemia precisa de una estrategia global, algo que el mundo capitalista, con las potencias enfrentadas entre sí y un “sálvese quien pueda” de los diferentes Estados, no puede ofrecer.

La marea del Covid-19 y sus olas

A pesar de la desaceleración de los contagios en Europa, no es correcto decir que la “primera ola” de la pandemia haya sido superada. El 19 de junio hubo un récord de 176 mil casos globales, contra 91 mil del mismo día del mes pasado. En todo caso, lo que corresponde es analizar el desplazamiento de la enfermedad, cuyo epicentro ha pasado a ser el continente americano, lo cual en cierto modo se explica porque es adonde llegó última. Estados Unidos, con más de 100 mil muertos, sigue siendo el país más afectado. Aunque la cantidad de casos diarios, no ha vuelto a llegar al pico de casi 37 mil casos del 24 de abril, se producen más de 20 mil casos por día. El foco de la enfermedad, según algunos medios, se habría desplazado de Nueva York a algunos estados del sur y del oeste.
En América Latina, según los datos que ofrece el mapa de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, Brasil -el segundo país más afectado- tuvo el 19 y 21 de junio cifras récord de más de 50 mil casos. México tuvo más de 5 mil infectados el 21, contra 3 mil del mismo día del mes anterior.
Al mismo tiempo, el virus está creciendo en países importantes de Asia y Africa. En la India, la enfermedad viene experimentando un crecimiento sostenido y superó los 15 mil casos diarios el 20 de junio. En este país, los trabajadores de la salud denuncian la falta sistemática de equipos de protección personal. Pakistán registró 12 mil casos diarios el 14 de junio, contra 3 mil del mismo día del mes anterior. La tendencia también es creciente en Bangladesh, que alcanzó los 20 mil casos el 17, contra 1.300 del mismo día del mes anterior. También crece la curva de contagios en Indonesia. En el Medio Oriente, Arabia Saudita registró casi 5 mil casos el 17 de junio contra casi la mitad del 17 de mayo. Irak tocó los 2 mil casos el 20, contra poco más de 100 del mismo día del mes pasado.
En el continente africano, Sudáfrica superó los 20 mil casos el 20/6 (durante el mes de mayo apenas había superado las 2 mil infecciones diarias) y en Egipto las cifras se duplican respecto al mes pasado.
A estos países hay que prestarles particular atención porque son mucho más vulnerables que los países europeos desde el punto de vista sanitario y de las condiciones de vida de su población. Por eso, el más mínimo foco puede desatar una catástrofe. Al respecto, vale señalar que ya se produjo un caso positivo en uno de los campamentos de refugiados de los rohingya, la minoría de origen musulmán perseguida por el gobierno de Myanmar. En esos centros ubicados en Bangladesh se albergan más de 800 mil personas en condiciones de hacinamiento (con una densidad de 40 a 70 mil personas por km2) y dificultades para el acceso al agua potable. Del mismo modo, en Nigeria se advierten sobre las consecuencias calamitosas del potencial ingreso de la enfermedad en los campos de refugiados del norte del país.
Pero volviendo a Europa, así como el ingreso tardío a las cuarentenas y el ajuste previo sobre los sistemas de salud volvieron a la enfermedad mucho más mortífera, ahora se procede a un peligroso discurso sobre el presunto éxito de haber controlado la enfermedad, que es funcional al levantamiento general de restricciones, incluyendo la apertura de fronteras, que reclama la clase capitalista. Este discurso subestima las posibilidades de un rebrote, como el que se acaba de producir en China. La población europea tiene apenas un 5% de su población infectada, lo que está lejos de la “inmunidad de rebaño” requerida para neutralizar la enfermedad.
Cabe recordar, a este respecto, que la gripe española, la fulminante pandemia que se cobró la vida de 50 millones de personas entre 1918 y 1920, fue especialmente mortífera en su segunda e incluso su tercera oleada. Una estrategia seria frente al Covid-19 exige, como punto de partida, tener presente la gravedad de la situación que el mundo está enfrentando. Bajo la forma de nuevos brotes, de una segunda oleada, e incluso de la transformación del Covid-19 en una enfermedad endémica, el continente europeo puede verse otra vez azotado.
Por todo esto, se vuelve particularmente urgente el desarrollo de alguna cura de la enfermedad, pero la investigación de una vacuna aún está en fases preliminares y es campo de choques entre Estados y monopolios.

El impacto económico

El rebrote chino produjo inquietud y una leve caída en las bolsas asiáticas. Es que si el escenario económico ya es penoso con las proyecciones actuales, una segunda oleada en este país y en el continente europeo, que obligue a sus gobiernos a volver a imponer medidas de aislamiento social, haría más catastrófica la situación. La OCDE ha elaborado dos escenarios. En el más optimista, 2020 terminaría con una caída del 6% del PBI global y un desempleo del 9,2% (casi el doble del de fines de 2019). En caso de un rebrote y un endurecimiento de las cuarentenas, la caída del PBI se extendería al 7,6% y el desempleo ascendería al 10%.
La gravedad de la pandemia, de la que a nivel global ni siquiera hemos pasado aún su primera ola, refuerza la necesidad de un programa de los trabajadores, que parta de la centralización de los sistemas de salud y la protección de su personal, y que incluya una agenda de medidas para que los trabajadores no paguen las consecuencias económicas: prohibición de despidos, pago íntegro de los salarios, seguro al parado, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios.
La pandemia ilustra el fracaso del capitalismo y muestra de manera urticante la necesidad de otro tipo de organización social.

Gustavo Montenegro

CFK y Techint, impunidad de a dos

Cristina Kirchner, junto a De Vido, Baratta y otros funcionarios de su gobierno, lograron que les dictaran la ´falta de mérito´ en una de las causas de los ´cuadernos´. Lo mismo logró, por el mismo delito, aunque del otro lado de la mesa, el directivo de uno de los mayores grupos capitalistas del país – Luis Betnaza, de Techint. Un tiempo antes, su presidente, Paolo Rocca, había recibido el mismo beneficio por parte de la Cámara Federal porteña. Caracterizada por los suyos como el “terror de las corporaciones”, CFK zafó de una de las causas de corrupción más importante y más comprobada, de la mano de la mayor de las corporaciones.
Si se considera a la totalidad de la causa de los cuadernos, el que involucra a Techint es el más comprometido y evidente, por la sencilla razón de que sus directivos confesaron las coimas que pagaron al gobierno argentino. Los pagos, según reconoció Betnaza, eran para que los funcionarios K intercedieran ante Chávez por la expropiación de la siderúrgica del grupo en Venezuela (Sidor). El éxito fue rotundo y 'justificó' mil veces la 'cometa', pues Techint consiguió que Chávez le pagara por la nacionalización de su sucursal Sidor más u$s4 mil millones – dos mil millones en concepto de indemnización y u$s2.200 millones por absorción de pasivos ocultos. Por entonces, el petróleo de Venezuela cotizaba arriba de cien dólares el barril, y Chávez nacionalizaba como en un casino de Las Vegas. El contador de Techint reconoció, en el marco de la causa, que 300 millones de dólares fueron para los funcionarios argentinos. Remuneración por servicios prestados.
Según Betnaza, Techint actuó bajo extorsión, temiendo por la seguridad de sus empleados en Venezuela. En realidad, hasta cierto punto fue Chávez el extorsionado a forrar con dólares a Techint para no dañar la “alianza bolivariana”. Pero la ‘cometa’ que pagó Techint por el servicio indemnizatorio no justifica la cobranza del mismo por la actual Vicepresidente – ya que la dádiva es un delito, en especial para los funcionarios púbicos. A Cristina le dieron la falta de mérito porque, de lo contrario, debían condenar a Techint.

Rescates para todos y todas

Es significativo que este episodio tenga lugar en medio de un mega rescate de la burguesía argentina, que está recibiendo 3 puntos del PBI en subsidios directos y créditos baratos a partir de la cuarentena. Vicentin reclama ahora que los F-F trate a su conglomerado como Chávez a Techint, o sea, pagarle la indemnización y absorber además los pasivos financieros, comerciales y los ocultos (con los propios accionistas). Pero el estado argentino no tiene las espaldas financieras que Chávez tenía en 2008. Sin embargo le da en el palo, porque una nacionalización “por utilidad pública” podría terminar de la misma manera: una indemnización y la absorción de las deudas del holding por parte del Estado. El asunto es bastante espinoso porque hay en el medio fuga de capitales. La pregunta es: ¿cuánto demoraremos en conocer los ‘cuadernos’ del ‘affaire’ Vicentin? La falta de mérito a Techint en esta causa caliente vale mucho más que cualquier “ATP”.
A caballo de este rescate judicial, se cuela la absolución de los K. Cristina es eximida de Techint cuando la causa del espionaje macrista empieza a cerrar su círculo sobre su máximo responsable. Las camarillas judiciales pueden estar discutiendo un plan canje para un rescate 100% del conjunto del personal político de la burguesía.
La olla podrida de estas causas -y sus cierres todavía más ignominiosos- reafirman la necesidad de que la clase obrera encamine un rumbo propio en vista de los numerosos “Sidor” que dejará la bancarrota sanitaria y social de la Argentina.

Marcelo Ramal

Deuda privada: Argentina es una gran Vicentin

Uno de los más interesados en que se acelere un arreglo con los bonistas es el empresariado nacional. Está muy en el candelero la deuda pública, pero viene pasando relativamente desapercibida la deuda privada, que llega a la friolera de más de 80.000 millones de dólares.

En el “sector privado no financiero”, la mayor parte del endeudamiento es por créditos y anticipos comerciales que totalizan 50,4 mil millones de dólares. Semejante cifra ya nos da una idea de que lo de Vicentin está lejos de ser una excepción. Tenemos una parte de las empresas en una situación económica seriamente comprometida. La deuda que señalamos se refiere al giro comercial. Dicha deuda, que en condiciones “normales” se renueva, tropieza con dificultades crecientes para refinanciarse y lo viene haciendo a plazos cada vez más cortos y a un costo más elevado.
Esto es lo que explica que paralelamente a la deuda comercial crezca la deuda financiera. Los títulos y préstamos en el exterior son otros 27.600 millones de dólares (aquí se incluyen ya líneas de créditos de los bancos), de los cuales 2.300 millones de dólares vencen antes de fin de año y otros 4.100 millones en 2021. En total, 6.440 millones de dólares en 18 meses.

Modus operandi

Esto incluye obligaciones negociables en dólares y deuda en dólares de las empresas con bancos locales, básicamente para financiar exportaciones por unos 7.600 millones de dólares. Viene al caso señalar que los cerca de 290 millones de dólares que Vicentin adeuda al Banco Nación son apenas el 3,8% de esa suma. Esto pone de relieve que la operatoria, que en el caso del grupo santafesino provocó un gran revuelo político, es moneda corriente e involucra también a la banca estatal. El Banco Nación y el resto de la banca pública debería dar conocer la lista de deudores, y probablemente tengamos la evidencia de un gran desfalco, que estamos frente a un modus operandi del conjunto de la burguesía y, en especial, de los grupos líderes.
Los mecanismos que han salido a la luz con el caso Vicentin se replican en las cerealeras, perjudicando a los productores agropecuarios a quienes se les pedalea el pago y terminan cobrando precios sensiblemente inferiores respecto de los que dichas corporaciones comercializan los productos. A lo que se agrega las maniobras de sobrefacturación y subfacturación, y el contrabando liso y llano por medio de una triangulación con empresas fantasma radicadas en Paraguay y Uruguay. Pero esta práctica se extiende a los grandes pulpos de otras ramas de la economía.
No se nos puede escapar tampoco la fuga de capitales. En los 50.000 millones de dólares que señalamos como deuda comercial se incluyen créditos entre empresas relacionadas. Esto también es materia de manipulación, pues en lugar de invertir directamente las casas matrices optan por hacerlo en forma de crédito, lo que viene siendo utilizado para enmascarar giro de utilidades y sortear las limitaciones vigentes. Es la vía para obtener dólares al tipo de cambio oficial “baratos”, desplumar las reservas del Banco Central y provocar una hemorragia de divisas al exterior. Y, al mismo tiempo, para inflar gastos en concepto de intereses y reducir sus utilidades o fabricar pérdidas, y de esa forma evadir impuestos.
Las propias empresas, en reiteradas oportunidades, están de los dos lados del mostrador. Esto es una razón más para que se abran los libros de las empresas, sus cuentas, y que su movimiento productivo, comercial y financiero sean sometidos al escrutinio popular y de los trabajadores. Repudiar la deuda espuria y evitar que este manejo fraudulento termine de provocar un vaciamiento de las empresas, dejando un tendal de deudas y dejando en la calle a miles de trabajadores. Este desfalco, sin embargo, se ha vuelto cada vez más insostenible en el tiempo, pues es el propio Estado el que está en concurso de acreedores y de conjunto, la economía nacional está en colapso, atravesada por la crisis capitalista y la pandemia. El Estado no tiene los recursos ni la capacidad para un salvataje generalizado y resta ver si reúne las condiciones para hacerlo por Vicentin. Lo cierto es que hay un pelotón de empresas que están pidiendo pista para presentarse en convocatoria cuando se reabran los tribunales. Por lo pronto, ya han cerrado sus puertas Molinos Cañuelas y Latam, entre otras.

A favor de los bonistas

Expuesto este panorama, no debe sorprender que los principales grupos empresarios se hayan convertido en uno de los lobbistas más insistentes para que el gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, cediendo a sus exigencias y condicionamientos leoninos. La masa de acreedores de la deuda incluye accionistas y dueños de las empresa locales, que integran la burguesía nacional. Pero, aparte de ello, el interés es que un arreglo podría refinanciar sus deudas y abrirles las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento. Primeras en la fila para capitalizar un eventual nuevo acuerdo se encuentran YPF, que tiene agendado un vencimiento de 1.000 millones de dólares en marzo; Pan American Energy, la petrolera de los Bulgheroni, tiene el propio en mayo, por 300 millones de dólares, mientras que, en junio, Telecom y Edesa suman otros 500 millones de dólares. Ya a principios del segundo semestre se anotan los vencimientos de Mastellone y Raghsa.
No podemos perder de vista que existe una gran liquidez internacional y las empresas argentinas podrían atraer hacia el ámbito privado alguna porción de esos capitales ociosos internacionales, que muy probablemente sean reticentes en prestarle al Estado. En una reciente reunión vía zoom con el ministro Martín Guzmán, organizada por el petrolero Miguel Galuccio,”varios de los más grandes empresarios de la Argentina insistieron en la necesidad de que el país alcance rápidamente un acuerdo con los acreedores (…) a diferencia del gobierno nacional, muchas de las más grandes compañías tienen expectativa de recuperar cuanto antes el acceso al crédito en el mercado de capitales global” (Infobae, 2/6)
A la hora de analizar el hipotecamiento del país no se puede circunscribir a la deuda estatal. La experiencia indica que la deuda privada termina siendo estatizada. El de Vicentin es un buen ejemplo, pues mientras, por un lado, el gobierno proclama una quita de la deuda en nombre de su sustentabilidad, no tiene el menor reparo en cargarle al Estado los pasivos por 1.300 millones de dólares de dicha empresa. Los trabajadores deben tomar nota de este escenario, pues el caso de la cerealera en concurso es aleccionador de cómo funciona el Estado capitalista, que termina siendo un factor crucial en el despojo del ahorro nacional y en la transferencia de ingresos en favor la clase capitalista. Estamos en presencia de un salvataje del capital en crisis -y no tan en crisis- que , por otra parte, es inviable, pues se trata de una deuda impagable. Es necesario invertir la fórmula. En lugar de privatizar los fondos públicos, los mismos deben ser utilizados para una reorganización del país sobre nuevas bases sociales bajo la dirección de los trabajadores, dando satisfacción a las grandes y perentorias necesidades populares.

Pablo Heller

América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia

Latinoamérica se ha transformado en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de 1,6 millones los casos reportados hasta el momento, y se prevé un rápido ascenso en la curva de contagios. Cuatro ejemplos claros de este panorama lo constituyen Brasil, México, Perú y Chile, que se encuentran entre los 15 países con más cantidad de afectados en el mundo. La bancarrota sanitaria tiene lugar junto con un crecimiento vertiginoso de la pobreza: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), un organismo ligado a la ONU, aseguró que alrededor de 14 millones de personas en la región están sufriendo hambre como producto del impacto del coronavirus y la debacle económica, en un escenario que ya se caracterizaba anteriormente por una tendencia creciente a la miseria social. Uno de los sectores más perjudicados por el parate económico, naturalmente, es el de los trabajadores informales, que componen hasta un 60% de la fuerza de trabajo en América Latina. Asimismo, la pandemia ha servido como coartada de un gigantesco ataque a las condiciones de trabajo, con despidos, suspensiones masivas, flexibilización laboral y recortes de salarios.
Notablemente, los gobiernos regionales han procedido -al calor de los reclamos de las cámaras empresarias- a la flexibilización de las cuarentenas en el momento en que la enfermedad se ha vuelto más explosiva. Si bien hay diferencias en el impacto de la crisis en cada país y en las políticas adoptadas, que oscilan entre planteos negacionistas como el de Bolsonaro y cuarentenas más o menos flexibles, los distintos gobiernos han sido incapaces de contener la estampida pandémica. Esta incapacidad está en la base también de los giros de aquellos gobiernos que se vieron obligados a reimponer medidas de aislamiento tras abandonarlas prematuramente, como ocurrió en la capital chilena.

Se desmadra la crisis sanitaria

Con un millón de casos totales, Brasil es en este momento el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, colocándose solo detrás de Estados Unidos. El sistema de salud se encuentra rebasado y se repiten en todo el país las imágenes de tumbas improvisadas por la gran cantidad de decesos. Esta situación es en buena medida el corolario de una flexibilización sistemática de la cuarentena por parte de los gobiernos estaduales (en San Pablo un 75% de las empresas se hallan funcionando) y del negacionismo del presidente Jair Bolsonaro.
En Chile, el desborde del sistema de salud provocado por el Covid-19 ha forzado, por la manipulación de los datos concernientes a la pandemia, la salida del ministro de salud Jaime Mañalich, lo que es también una expresión de la crisis política en la que se encuentra sumido el gobierno chileno. La política de Sebastián Piñera ha llevado a Chile a un cuadro dramático con 240 mil casos y más de 7 mil muertes, llegando a nuevos récords a diario, a pesar de tratarse de subestimaciones por la escasez de testeos realizados.
Rozando los 50.000 infectados y con 4.156 defunciones al 21 de junio, Ecuador atraviesa la embestida de la pandemia con un desplome de su sistema sanitario por falta de presupuesto e insumos. Sin embargo, Lenín Moreno avanza hacia un desconfinamiento, mientras profundiza su política antiobrera (recientemente el parlamento ecuatoriano votó una reforma laboral encubierta) y da luz verde, acuerdo mediante, a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social.
Bolivia ha sido noticia por el impacto que generaron las imágenes de infectados muriendo en las calles, fruto del vaciamiento del sistema de salud y la precarización de las condiciones de vida. A esta situación, el gobierno de facto presidido por Jeanine Añez, solo ha respondido con una fuerte presencia militar en las calles con el fin de intentar contener posibles estallidos sociales en el marco de un alza de la pobreza y de ataques hacia las masas. Bolivia contabilizaba 22.500 casos al 21/6 sobre una población de 11 millones.
México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, debutó en esta crisis con un discurso negacionista sobre el virus, en el que finalmente debió recular para dar paso a una cuarentena, está atravesado por una formidable catástrofe social y sanitaria y por un aumento en el número de casos diarios. Hoy México suma más de 20 mil muertes. A partir de junio, el gobierno ha impulsado una “nueva normalidad” que ya dio paso a la reapertura de sectores como el automotriz, la construcción y la minería.
Detrás de Brasil y superando incluso a Italia, Perú es el segundo país de América Latina más afectado, alcanzando los 248 mil contagios al 21/6. El gobierno de Martín Vizcarra fue enfrentado por varias protestas encabezadas por trabajadores de la salud, que desenmascararon su política ajustadora caracterizada por no entregar los EPP (equipos de protección personal) necesarios y que lo convierte en responsable por la muerte de más de 30 médicos y enfermeras (ha muerto más de un médico por día). Mientras tanto, Vizcarra discute la apertura de grandes centros comerciales para el día 22 de junio, sumando más leña al fuego encendido por la continuidad de la actividad minera y otros sectores no esenciales.
Colombia es otro de los países amenazados por la pandemia. El último viernes alcanzó un nuevo récord de contagios diarios que contabilizó 95 muertos. Las medidas emprendidas por el gobierno de Iván Duque para paliar los efectos de la crisis parecen ir en el sentido contrario a las que realmente se necesitan para hacer cara a la situación: busca reactivar la economía con medidas favorables al consumo, pero sin medidas sanitarias, lo que está llevando a aglomeraciones en los centros comerciales.
Sobrepasando los 42 mil casos al 21/6, Argentina padece el crecimiento del coronavirus con un sistema sanitario precario que podría colapsar en las próximas semanas. Este escenario se da en medio de la flexibilización de la cuarentena por parte de Alberto Fernández y los gobiernos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, los dos distritos más afectados. Solo en la provincia de Buenos Aires, cuya fragilidad enciende todas las alarmas, funciona el 85% de la industria. En la Capital, se reabrieron todo tipo de comercios.
La pandemia ha sido usada también por los gobiernos como un pretexto para un reforzamiento del aparato represivo (incluyendo en algunos casos el despliegue de las Fuerzas Armadas), con sus efectivos cometiendo todo tipo de atropellos contra la población oprimida.

Las masas

Al calor de la pandemia, las masas han llevado a cabo diversas acciones de lucha.
Los trabajadores de la salud, en la primera fila del combate del Covid-19, han protagonizado conflictos en reclamo de insumos y equipos de protección (Argentina, Brasil, Perú, Honduras y México, entre otros).
Al mismo tiempo, se han dado conflictos en defensa del pago íntegro de los salarios y contra las suspensiones y despidos (por ejemplo, en Argentina y Brasil).
Y también han tenido lugar, por parte de los sectores más empobrecidos, manifestaciones en reclamo de asistencia alimentaria y de las condiciones materiales mínimas para poder sobrellevar el aislamiento (Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Honduras, entre otros).
La tarea que se desprende de estos procesos es desarrollar un programa frente a la pandemia que incluya la centralización del sistema de salud, el no pago de la deuda externa, la prohibición de despidos y suspensiones, el pago íntegro de los salarios, y un seguro económico al parado. Y unir ese programa a la lucha por el desarrollo de una salida política de los trabajadores, en oposición a las tan mentadas “unidades nacionales” que pregonan los gobiernos en la “lucha contra el virus”, cuyo propósito no es más que desactivar la lucha de clases y entrampar a los trabajadores detrás de variantes capitalistas. Vamos por ello.

Nazareno Kotzev

Escala la pandemia y escala el ajuste

Los contagios de coronavirus crecen en el Area Metropolitana a razón de 2.000 diarios, consecuencia de la apertura indiscriminada de la actividad económica y del descontrol de los protocolos sanitarios en las fábricas y empresas y del abandono de los barrios pobres de la Ciudad y del conurbano.
Como ocurrió en Italia, a la cabeza de ese crecimiento se encuentran los trabajadores de la salud, involucrados en la primera línea de fuego de los contagios, pero también los trabajadores de los supermercados, con centenares de infectados, causados por los aprietes patronales para mantener abiertos los establecimientos. Coto está a la cabeza de esta barbarie contra sus trabajadores, pero es norma en todos los grandes súper. Delegados de Disco Alto Palermo lo denunciaron claramente: “No cierran los locales. Desde el Gobierno de la Ciudad nadie nos da bola y nadie controla a los supermercados” (Infogremiales, 24/6).

No hay restricción para bonistas ni patronales

El desdén por la salud obrera contrasta con la diligencia del gobierno peronista en satisfacer las demandas patronales.
La mayor restricción en la cuarentena con la que amenazan Alberto Fernández y Kicillof no abarcaría los intereses de los capitalistas. El gobernador bonaerense está preocupado porque, al ritmo actual de contagios, en siete semanas colapsará la disponibilidad de camas de terapia intensiva, aunque “las industrias seguirán funcionando pero se remarcará sobre ellas la fuerte aplicación del protocolo de traslado de empleados y el control sanitario de los empleados en el lugar de trabajo” (Clarín, 24/6). El combativo Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna) está en una guerra sin cuartel con las patronales para que cumplan protocolos elaborados por el propio sindicato, lo que ha llevado a los trabajadores a realizar paros por la resistencia empresarial. Lo propio ocurrió en papeleros, en el vidrio, en la Alimentación y otros gremios a nivel fabril.
En este contexto, la necesidad de hacer caja para garantizar el pago del endeudamiento externo y afrontar el derrumbe fiscal fue la base para justificar el desdoblamiento del pago del aguinaldo. Al pelotón de provincias que se sumaron, entre ellas las más ricas -Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Córdoba-, se sumó la UIA, que señaló que el aguinaldo deberá pagarse en cinco o seis cuotas, porque el gobierno no integró al Programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP) al pago del SAC. El gobierno no estableció por decreto el pago en cuotas para el sector privado, lo que quedará al libre albedrío de patronales y burocracias sindicales. Nada menos que Carlos Acuña, líder del sindicato de obreros y empleados de estaciones de servicio y uno de los secretarios generales de la CGT, ya acordó con las patronales el desdoblamiento del aguinaldo contra sus trabajadores.
Los patrones también sacaron partido de una supuesta restricción del ATP a partir de junio, que estaría reducido al AMBA, Resistencia y sectores críticos, y a la cobertura de un sólo salario mínimo en el resto del país. A cambio, el Comité Ejecutivo de Unión Industrial Argentina pidió “profundizar e incrementar la oferta de financiamiento existente para el sector”, lo que obtuvo: para compensar este ajuste el Banco Central reflotará los préstamos blandos a tasas del 24% anual para pagar sueldos, aguinaldos y capital de trabajo. Pero no se abrieron los libros de una sola empresa capitalista para examinar su solvencia, tenencias financieras y capacidad de pago.
Este festival de subsidios a los capitalistas convive con un reguero de despidos. En todo el país son 2.100.000 personas sin trabajo que están registradas. El incremento se concentra básicamente en los varones de 30 a 64 años, jefes de hogar. La tasa de desempleo más alta está entre las mujeres de 14 a 29 años y fundamentalmente en el conurbano.

Se abre un período convulsivo: la reacción obrera

La UIA realizó un relevamiento con el que pretende justificar una profundización del rescate de las empresas de parte del Estado y un mayor ataque a los trabajadores. Un 72% de las empresas habrían registrado caídas en sus ventas debido a las medidas que se adoptaron para enfrentar a la pandemia de coronavirus, según un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU). Los que la levantaron en pala y ahora gozan del rescate estatal pintan un panorama dantesco, según el cual el 87 por ciento de las empresas tendrán dificultad para pagar sus salarios, dentro del cual un 64 por ciento directamente no los podrá pagar y el 23 por ciento sólo abonaría aproximadamente la mitad de los sueldos obreros. La reducción de los salarios y el desdoblamiento del aguinaldo es parte de un ataque mayor que las patronales reclaman y que se profundizará aún más cuando finalice la pandemia, bajo la excusa de la “reconstrucción nacional”. La clase obrera busca un camino para superar la colaboración histórica de toda la burocracia sindical. Es la lucha de los obreros del puerto de Buenos Aires en defensa de la paritaria; la paritaria de la Alimentación, que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria ante un paro anunciado por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación; la huelga de los obreros de la Algodonera de Vicentin; el repudio al desdoblamiento del aguinaldo que llevó a la toma de medidas de fuerza de parte de los sindicatos docentes antiburocráticos de Ademys; los Suteba multicolores; la AGD-UBA; el rechazo de la CGT Regional Córdoba y de numerosas comisiones internas combativas de ATE, son expresiones de una ampliación de los conflictos obreros en todo el país.
La burocracia sindical kirchnerista y los movimientos de desocupados papales, como la Ctep, sólo han reaccionado con gestos de rechazo que buscan cubrir su completa inmovilidad. Sergio Palazzo apenas si le reclamó al gobierno que retrotrajera el desdoblamiento bajo la amenaza de acciones legales, ante una patronal podrida en guita, como las entidades financieras. Las organizaciones sociales del kichnerismo realizaron una jornada de ollas y banderazos que adecuaron el reclamo por Vicentin al recule de Alberto Fernández: el apoyo al “control estatal” de la empresa cerealera, muy lejos de una intervención y mucho menos de una expropiación del pulpo agroexportador.

Por una salida obrera a la crisis

La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero convoca a todos los trabajadores a organizar un plan de lucha unificado para quebrar este plan de guerra del gobierno de Alberto Fernández y de los gobernadores, en defensa de la salud, del salario, de las jubilaciones, de la ocupación y contra los despidos.
¡No al pago de la deuda con los usureros y el FMI¡ ¡Por un impuesto progresivo a las rentas y grandes fortunas! ¡Fuera el pacto UIA-CGT-gobierno! ¡Todos los recursos del país al servicio de la salud y de las necesidades obreras, en medio del crecimiento exponencial de los contagios! ¡Defensa del salario, del aguinaldo, la jubilación! ¡Salario universal para los desocupados de 30 mil pesos!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Daniel Sierra

La nueva normalidad en Francia

Macron presentó la “nueva normalidad” tras anunciar la reapertura de comercios, restaurantes, escuelas e iglesias. Francia tiene una economía derrumbada y miles de trabajadores en las calles. La rebelión antirracista y contra la violencia policial, se suma a una enorme huelga hospitalaria (público-privada) con marchas en 220 puntos en toda Francia: “Contra el racismo, la represión y la precariedad”, cantando “Hospital-Educación, movilización”.
Mientras Macron dice que sus políticas “salvaron la vida de miles de franceses”, los datos lo desmienten: murieron más de 30.000 personas, como consecuencia de la destrucción del sistema hospitalario y de las políticas privatistas. La industria automotriz, la aeronáutica, el turismo, y muchas más, reclaman un rescate del estado. Macron vuelve a exhibir, para eso, su reforma previsional (LCI, 17/6), para destinar ese “ahorro” a superar la bancarrota.
Esta semana se desató una huelga de salud, cuyos trabajadores –antes declarados “héroes guerra” – viven con contratos precarios, con salarios que bordean la pobreza. En 25 años, el Estado ha eliminado 100.000 camas. El 16 de junio pararon acompañados de 220 movilizaciones nacionales. El INSEE (instituto de estadísticas) anunció la destrucción de casi medio millón de empleos en el sector privado, causado por un colapso 40% del trabajo temporal.
Las industrias “insignia” de Francia: Renault, Airbus, Bombardier, Vivarte, Total, Hutchinson, siguen recortando empleos y suspendiendo. La re-apertura de la economía blanqueó los despidos. De los llamados “acuerdos de desempeño”, financiados por el Estado con el fin de no parar la producción, sobrevinieron los despidos. Estos nuevos desocupados tendrán una menor jubilación con el “sistema de puntos” cuyo tratamiento fue suspendido por la pandemia. Las vacaciones pagas tampoco se cumplen, aunque las empresas forzaron la marcha como nunca con el teletrabajo y fuerzan a los trabajadores a trabajar más.
Airbus acaba de firmar un “Acuerdo de desempeño colectivo” (APC en francés), que prevé la quita de bonos, viáticos y comidas (el equivalente a 14 euros por día), y la supresión del decimotercer mes para los empleados que ganan más de 2,5 veces el salario mínimo. Esta pérdida representa alrededor de 500 euros netos por mes.
PSA (Peugeot) quería traer trabajadores de Polonia y España para el turno nocturno, que dejaría sin trabajo a más de 1.000 obreros (en seguro de 1.000 euros por mes). La CGT dijo: “La dirección de PSA los hará venir a trabajar aquí en Francia en la fábrica de PSA en Metz Borny, a 1.200 km de su hogar. ¡Sepan que para nosotros no son nuestros enemigos sino nuestros hermanos!” (CGT, 18/6). Los salarios en PSA Borny son € 1.700 por mes. Primero es igualar condiciones salariales y que se les pague un plus por desarraigo.
El “trabajo golondrina”, pasaría a ser la ‘nueva normalidad’. Los trabajadores irían de fábrica de fábrica en Europa (Francia, España, Inglaterra, Alemania, Polonia), hasta que sean descartados. Los convenios y salarios del Este son paupérrimos, y se trabaja los fines de semana.
Los “sans papiers” marcharon el 20 de junio, los obreros salen a luchar, los chalecos amarillos siguen en las calles, salud y educación movilizados, en un estado de descontento, movilización y deliberación, aunque todavía sin coordinación.

Emiliano Monge
22/06/2020

La quiebra, el gobierno y los trabajadores

El manejo (o desmanejo) de la gran quiebra nacional que se está desarrollando es, junto con la cuestión de la pandemia, el problema crucial para todas las clases sociales en el país. La quiebra se desenvuelve en forma fulminante desde antes de la pandemia, los datos del primer trimestre del año arrojan un desempleo superior al 10% y una caída económica del 5%. La caída en el año llegará al 9,9%, según el FMI. El primer trimestre, antes de la cuarentena, arrojó 300 mil desocupados más que el último trimestre del año pasado: varios centenares de miles más pueden engrosar las filas de la desocupación en los próximos meses. La UIA señaló la peor caída industrial desde 2003 en abril de este año, y no hay recuperación en mayo y junio. En el caso de la Argentina, la quiebra es una quiebra al cuadrado, porque la quiebra de la pandemia se produce sobre la bancarrota precedente.
La intervención del Estado apunta a rescatar al capital en crisis, pero a costa de los trabajadores y ni así lo consigue. El pago de los salarios a través del ATP se realiza con los fondos de la Anses, mientras se plantea prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria y se condena a los jubilados a haberes de miseria. En lugar de impuesto a las grandes fortunas, el gobierno estableció una moratoria para los capitalistas, de la cual será (cuando no) víctima principal la Anses. El proyecto del Frente de Izquierda ha quedado como única bandera de un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.
La capitulación del gobierno frente a los acreedores externos marcha a pasos acelerados. El gobierno comenzó con bonos que tenían un valor presente neto al emitirse de 30 dólares, y se está negociando cerca de los 55 dólares que reclama BlackRock. La etapa final de la negociación abarca los reclamos de los fondos en cuanto a establecer una supervisión en regla de la economía nacional por el FMI y eliminar las cláusulas “antibuitre”, que impiden ir a juicio en los tribunales de Nueva York frente a nuevas reestructuraciones.
Mientras, el gobierno paga o refinancia la deuda en pesos, con vencimientos de 1,04 billones hasta fin de año. Una parte de la misma la transformó en deuda en dólares, para regodeo del fondo Pimco, principal acreedor de las nuevas emisiones.
La intervención de Vicentin se enmarca en esta política porque agravará el quebranto del Estado, sumando las deudas del grupo en bancarrota. La patronal vaciadora busca golpear al gobierno y negociar condiciones propias en el rescate, pero el gobierno, con su intervención, apunta a rescatar a los acreedores. Si el juez de Reconquista hiciera lugar al pedido del gobierno de Santa Fe, el Estado debería empezar por desembolsar un mínimo de 100 millones de dólares para comenzar el rescate de la empresa. El proyecto del FIT, la expropiación de los activos y el desconocimiento de las deudas con la banca extranjera y el gran capital apunta a rescatar salarios y fuentes de trabajo sin hundir las finanzas del Estado para el rescate de los capitalistas.
La gran contradicción es que este rescate se desarrolla sin recursos. El resultado del desfinanciamiento impositivo (legal o de hecho) de los capitalistas al Estado y la asistencia masiva a las patronales es, obviamente, la quiebra estatal. Para absorber la emisión monetaria, el Banco Central emite Leliqs, que alcanzan un récord de 1,7 billones, sumando con pases bancarios 2,3 billones, lo que implica aproximadamente 70.000 millones de pesos de intereses mensuales (al 38% de interés). La promesa de pagar a los jubilados con los intereses de las Leliq se transformó en su contrario: una nueva montaña de intereses de Leliq y un nuevo ajuste a las jubilaciones. La emisión monetaria se vuelca al dólar agravando la carestía y la inflación, que golpean los salarios de los trabajadores.
El hipotecamiento argentino es sencillamente sideral y explosivo si tomamos en cuenta el endeudamiento privado o corporativo, el de las provincias y el del Banco Central vía Leliqs.

Salarios y aguinaldos bajo fuego

El gobierno demoró hasta fin de junio el anuncio de ATP destinadas al pago de sueldos para el sector privado y cedió frente a la amenaza patronal de un paga dios masivo contra los salarios, a pesar de que gran parte de los trabajadores ya está sufriendo un recorte del 75% de sus salarios (pacto CGT-UIA-gobierno mediante). Pero, tanto la IFE a los “sin ingresos” como la ATP se reducen, víctimas del ajuste. Al mismo tiempo, como las empresas asistidas no deben abrir sus cuentas, el Estado financia fraudes patronales. En sectores como el de Fast Food, las empresas aplican descuentos que llevan a los recibos de sueldo a figurar en negativo, en nombre del cobro del ATP por los trabajadores. Pero los abusos patronales están en el orden del día en decenas de gremios, como Comercio, donde las patronales no pagan el bono de 5.000 pesos a los trabajadores de los supermercados y los fuerzan a funcionar sin medidas de seguridad, propiciando contagios masivos.
Si de recortes salariales se trata, se destaca el ataque al aguinaldo, que el Estado nacional pagará en cuotas, dando una señal de aval a las provincias y al sector privado en este sentido. En Capital, donde el gobierno tiene espaldas para un pago completo, se anunció el pago en cuotas.
En el torniquete a los salarios, la burocracia sindical y el gobierno vienen siendo una piedra fundamental. El Supa portuario levantó la combativa huelga en el puerto de Buenos Aires, a cambio de una promesa de negociación, en un cuadro de un salario planchado con un 20% de aumento anual y concesiones leoninas del gobierno a las empresas que actúan en el puerto. Otro tanto ocurrió en el levantamiento de la gran huelga de los trabajadores de la algodonera de Vicentín por salarios donde jugaron fuerte el gobierno de Perotti con una conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la burocracia textil, que apretó a los obreros para levantar las medidas. Todos complotados, mientras negocian con Nardelli en los estrados judiciales, para que los trabajadores sigan cobrando 22.000 pesos mensuales. El mismo recurso, la conciliación obligatoria, aplicó el Ministerio de Trabajo contra el paro de la alimentación, otro sector que preserva sus ganancias en la crisis, a costa de salarios de 40.000 pesos mensuales.
Así como el rescate a las patronales por medio de la ATP va de la mano con un ataque generalizado a los salarios, el IFE ha quedado pulverizado por el paso de los meses. Recién se cobra una segunda cuota de 10.000 pesos a mediados de junio -o sea, a tres meses de pandemia y no se paga más en las zonas que salieron de la cuarentena. Mientras tanto, el hambre avanza en los barrios.

La extorsión patronal

Un caso testigo de la ofensiva patronal lo representan, sin duda, las empresas aeronáuticas. Latam presentó el recurso preventivo de crisis extorsionando con 1.700 despidos en nombre de la “inflexibilidad” de los trabajadores, que no aceptaron rebajas salariales ni ajustes en las condiciones de convenio. Aerolíneas y Austral, con el gobierno a la cabeza, van por una fusión que va a representar un enorme ajuste contra los básicos de convenio y las condiciones de trabajo especialmente en Austral. El gobierno no movió un pelo frente al anuncio de Latam y la burocracia de APA salió inmediatamente a desactivar una movilización votada en asamblea en el Aeroparque en defensa de las fuentes de trabajo. Los aeronáuticos de Austral y Aerolíneas llevaron adelante una gran caravana contra la fusión, contra la posición de la burocracia que dirige los gremios, que la avala. La apertura de cuentas de Latam es una medida elemental, que el gobierno está a años luz de tomar. Latam pondrá a prueba el relato nacional y popular y, una vez más, a la burocracia sindical y aún a la izquierda con posiciones sindicales en la compañía. Es preciso asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y la conectividad del país, nacionalizando sin pago los activos de la empresa bajo control de sus trabajadores.
Las numerosas luchas que se van desenvolviendo abren una perspectiva para defender los reclamos de los trabajadores, en línea con lo que planteó el Plenario Sindical Combativo que salió a la calle el 16, marcando una alternativa a la política de entrega de la burocracia. En el Neumático, se logró, por ejemplo, frenar las rebajas salariales y ahora se pelea por un protocolo para frenar el avance del Covid en las plantas.

La pandemia

Mientras se desarrolla este ataque en gran escala contra los trabajadores, la pandemia va agravándose. La política del gobierno pone de manifiesto los mismos límites de clase que en todos los terrenos. Alberto Fernández decidió no avanzar en la centralización del sistema de salud. Pues bien, ahora los enfermos leves de Covid atendidos por la medicina privada están fuera de cualquiera control, porque los sanatorios privados no pagan alojamientos ni internaciones para la cuarentena. Su potencial de contagio está fuera del radar del Estado. Las camas en terapia están al borde de la saturación, pero no hay control real de las camas del sector privado. Los contagios por la falta de insumos y protocolos en los centros de atención de la salud están en el orden del día, e incluso las muertes de trabajadores del sistema de salud han sacudido al país.
El retroceso a la “fase 1” no va de la mano de ninguna medida de fondo de reorganización del sistema de salud ni tampoco de una real garantía para los ingresos de los millones de familias que trabajan en negro o como cuentapropistas y han quedado sin ingresos en la cuarentena. En estas condiciones, el recurso cantado será una acentuación de la represión en las barriadas, sin respuestas para las masas empujadas a violar la cuarentena, para poder comer.

Una salida

Está claro frente a esta situación que el programa del Frente de Izquierda adquiere día a día una vigencia mayor. El impuesto extraordinario a las grandes empresas, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior son medidas elementales para volcar todo el ahorro nacional a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la crisis y la pandemia.

Juan García

Alemania: la precarización laboral detrás de los rebrotes de Covid-19

Más de 1500 infectados en la industria cárnica

Desde hace 5 días, la ciudad alemana de Gütersloh, ubicada en el oeste del país, es noticia por los 1550 trabajadores del frigorífico Tönnies contagiados de Covid-19 en lo que constituye el más grave rebrote de la enfermedad en el país germano donde, teóricamente, la pandemia había sido contenida. Otros rebrotes tuvieron lugar en la ciudad de Gotinga (700 casos) y en un complejo habitacional en Berlín. Alemania suma 187 mil contagiados y 8.830 fallecidos.
Hace una semana, el gobierno de Angela Merkel festejaba el techo alcanzado de nuevos contagios diarios (345) mientras se encamina a una reapertura completa de la cuarentena en sintonía con las medidas flexibilizadoras que están teniendo lugar en todo el continente. Estos rebrotes abren una situación de alarma para los popes de la Unión Europea.
Con 7 mil trabajadores, el frigorífico y su área de influencia son potencialmente una bomba infectológica. Los contagios masivos se deben a las condiciones de precariedad extrema a la que se ven forzados los obreros, en su enorme mayoría provenientes del este europeo, que son alojados en viviendas precarias en condiciones de hacinamiento, con baños, cocinas y dormitorios compartidos, sin posibilidades de mantener distancia social y medidas sanitarias. El alojamiento de los trabajadores es provisto por la misma empresa, que descuenta el alquiler directamente de los salarios. A estas condiciones de vida se le suman las propias de la industria cárnica al ser establecimientos con predominio de temperaturas bajas y presencia constante de vapor de agua, lo que facilita la supervivencia y transmisión del virus a través del aire. Los salarios están por debajo del promedio alemán y el trabajo es temporario y tercerizado.
Este brote en la industria cárnica alemana no es el primero. En mayo se computaron cientos de infectados en plantas en la ciudad de Coesfeld (129 casos) y en Baden-Württemberg (450) (20minutos.es 18/6). No se trata de pequeñas empresas, sino de ejemplos representativos de la gran burguesía alemana; la empresa Tönnies tiene una facturación anual de más de 5 mil millones de euros.
El rebrote en la industria cárnica muestra que, incluso en los países que son mostrados como ejemplares en la política aplicada para combatir la pandemia, lo que se privilegia por sobre la salud es el interés capitalista. Como en todo el mundo, se hace necesaria una intervención obrera decidida para que se garanticen todas las medidas necesarias para que esta crisis no sea pagada con la salud de los trabajadores.

Leandro Morgan

India y China, otro escenario de una guerra mundial

El choque entre tropas de India y China en el Himalaya, dejó el saldo de casi 60 soldados muertos. Aunque se trate del primer choque en 45 años, está lejos de ser un episodio de carácter aislado.
La prensa asegura que esta escalada bélica deviene por los objetivos estratégicos de los dos países. Lo que perturbó a Pekín es la construcción, por parte de la India, de una carretera para conectar con una base de alta altitud que tenían sin funcionamiento desde 2008. “Los chinos se han ofendido por la construcción de eso porque eso permitiría a India movilizar tropas más rápidamente”.
Ocurre que Pekín ha invertido unos US$60.000 millones en la infraestructura de Pakistán, el llamado Corredor Económico China-Pakistán (CECP), como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la carretera es clave para transportar bienes desde y hacia el puerto de Gwadar, en el sur de Pakistán (LN,5/6). India se suma de este modo a un reclamo político de Trump, para bloquear la expansión económica de China. Otra expresión de este choque es la política proteccionista que ha adoptado Nueva Delhi, que afecta especialmente a Huawei, el otro blanco de Trump. En este marco se pone en marcha un fortalecimiento de las relaciones de India con Estados Unidos, Japón y Australia. Esto le ha dado otro cariz a la agitación de la India respecto a retomar la región de Cachemira administrada por Pakistán, aliado de China. El gobierno hindú ha acentuado el chauvinismo anti-musulmán al prohibir la ciudadanía a los residentes musulmanes.
Mientras tanto, la India es el cuarto país en muertes por COVID-19 con casi dos mil por día Estamos ante una movida geopolítica dentro de la confrontación entre Estados Unidos y China, que plantea un escenario de guerra, en otra de las fronteras de China, y que tiene como sujeto al nacionalismo hindú, en el marco de una crisis social explosiva de la India.

Mauri Colón
24/06/2020

¡No al Pacto Social con el gobierno y los empresarios!

Marcelo Abdala, Pablo Mieres y Pablo Durán.

El gobierno viene amenazando con suspender la ronda de los Consejos de Salarios y congelar las discusiones hasta julio de 2021. Pero, ¿no era que “urgente es la gente”? El PIT-CNT debe impedir que nos roben el salario mientras miles están en el seguro de paro.

El gobierno se ha posicionado durante toda la pandemia a favor de los empresarios: una de las primeras medidas fue habilitar el envío al seguro de paro especial, sin importar cuánto las empresas habían sido afectadas por la crisis sanitaria y la paralización económica del primer mes de aislamiento social voluntario. Así, muchas de ellas se aprovecharon y mandaron a la totalidad de su plantilla al seguro, hoy con pocas expectativas de que todo el personal retome sus actividades.
Para el sector más vulnerable de la sociedad, aquellas familias que reciben las prestaciones del MIDES, el gobierno atinó a incrementar en un porcentaje los magros ingresos, que son menos que paliativos y parecen más una miseria.
Y para los cientos de miles – se calculan entre 300 y 400 mil personas – de trabajadoras y trabajadores informales, el gobierno entregó una partida de $ 1.200, a la que luego se sumó otra partida por el mismo valor, en una actitud cínica y denigrante para quienes de un momento a otro perdieron todo.
También implementó compulsivamente un recorte en los salarios de los empleados públicos que superaran los 120.000 pesos nominales, mientras que mantuvo la ganancia de los empresarios. Toda una muestra de “solidaridad de clase”, con la clase empresaria.

Pérdida de salario real para los privados

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció la propuesta del gobierno: suspender los Consejos de Salarios previstos para este año y topear el aumento de salarios hasta mediados del 2021. Un nuevo regalo para las patronales.
El gobierno propone un “período puente” de un año en el que se fijará un aumento de un 3 % al 10 de enero de 2021, prorrogable al 1° de abril para los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. Este magro aumento es consecuencia de descontar la caída de la economía (PIB) y constituye una pérdida de salario real ya que la inflación, a la fecha, asciende al 11 %.
Frente a esto, se plantea nuevamente la necesidad de pelear por el salario, no solamente para que no se vea reducido sino para que aumente en función de la (verdadera) inflación. El PIT-CNT debe cuidar el salario y no rifarlo en pos de la mantención de los puestos de trabajo.

¿Empleo o salario?

Nuevamente el gobierno nos pone en la falsa dicotomía entre mantener el empleo a costa de reducir el salario, o mantener el salario a costa de despedir masivamente. Pero esta dicotomía es falsa, porque la clase trabajadora no puede mantener el empleo a cualquier costo, es decir, no puede elegir mantener el empleo a costa de reducir sus ingresos o de flexibilizar sus condiciones de trabajo, cuestiones que no son otra cosa que un aumento de la precarización laboral (largas jornadas de trabajo por un sueldo de miseria, y pésimas condiciones laborales).
Sin embargo, este no parece ser el razonamiento de los principales dirigentes sindicales del PIT-CNT. El Secretario General, Marcelo Abdala, que además es dirigente del Partido Comunista, mencionó en su discurso de cierre del Paro Parcial del pasado 4 de junio, que “compartir el tiempo de trabajo con el tiempo de seguro de paro (rotación), reducir la jornada de trabajo para que nadie quede afuera, aumentar los tiempos y montos de subsidio de seguro de paro, generar inversión en nuevos lugares de trabajo es esencial", y que "Hay que hacer todos los esfuerzos para que se mantengan los vínculos laborales de los trabajadores y trabajadoras con las empresas”.
Pero la rotación con el seguro de paro redunda en una reducción salarial, por más que se aumenten los porcentajes, nunca es al 100 % del salario (además de que un porcentaje del mismo lo paga el Estado, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras que pagan sus impuestos). O sea que las empresas reciben subsidios, exoneraciones, posibilidad de no pagar la totalidad del sueldo a su plantilla, mientras que las trabajadoras y trabajadores reciben un salario recortado, y tienen que arreglárselas sin chistar … ¡¡y encima esto es visto como un triunfo!!
Por supuesto que la clase trabajadora debe luchar por mantener el empleo, pero no a costa de cobrar una miseria. Si no, veamos lo que sucede en los sectores donde la precarización laboral ha avanzado a lugares insospechados, como en McDonald’s, que mantiene el vínculo con sus jóvenes trabajadores y trabajadoras, pero a costa de pagarles un promedio de $ 2.000 por quincena, ya que flexibiliza al máximo la jornada de trabajo manteniendo los ritmos extenuantes que impone para brindar el servicio de comida rápida. La empresa multinacional mantiene el vínculo laboral pagando una miseria y, cínicamente, no despide a su plantilla ni tampoco la manda al seguro de paro, ya que ni siquiera se podría calcular cuál es el salario nominal por la permanente fluctuación de la jornada laboral.

La reducción de la jornada laboral

No solo Abdala planteó la reducción de la jornada laboral. También lo hizo el Presidente del PIT-CNT y dirigente de la Agrupación Gerardo Cuesta, Fernando Pereira quien, con motivo del paro pasado, afirmó ante la prensa que "estamos dispuestos a bajar la jornada laboral para mantener los puestos de trabajadores". Pero esta reducción, ¿es con reducción del salario? ¿A quién le sirve que se reduzca la jornada laboral cuando también se reduce el salario, y el trabajador o trabajadora verá mermado sus ingresos?
Esta es la puerta de entrada para la precarización laboral ya que, para completar un ingreso digno que permita llegar a fin de mes, los trabajadores y trabajadoras deberán rebuscársela abaratando el valor de su fuerza de trabajo.
No podemos permitir una reducción salarial – y menos en tiempos de pandemia – y, en todo caso, debemos luchar por la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, y así promover que se abran nuevos puestos de trabajo y repartirlo entre todas las manos disponibles. Esta sería una verdadera reivindicación obrera para combatir la pérdida salarial y la desocupación, una medida básica por la que debería luchar el PIT-CNT a través de la concreción de un plan de lucha escalonado y una huelga general hasta imponerla. Esto es lo contrario a lo que proponen Abdala y Pereyra.

¿Y si ajustamos a los empresarios?

Las crisis son descargadas sobre las espaldas de quienes viven de su trabajo, pero, ¿qué pasaría si ajustáramos a quienes viven del trabajo ajeno? Empresas multinacionales instaladas en el país han venido enriqueciéndose a partir de la precarización de la masa laboral y de la superexplotación y la intensificación de los ritmos de trabajo. La multimillonaria McDonald’s, por ejemplo, con posiciones en más de 100 países a nivel mundial, obtiene por día ingresos del orden de los U$S 62 millones por sus ventas.
Un reclamo del PIT-CNT debería ser el de aplicar mayores impuestos a las ganancias de los capitalistas, en vez de permitir que se ajuste el salario obrero.

El Pacto Social no es salida para la clase trabajadora

Abdala, en su discurso, mencionó la idea de bregar por un “Pacto Social”. En el mismo sentido van las frases y alusiones a que “de esta crisis salimos entre todos” y otras similares, que fomentan la idea de una “unidad nacional” contra el Coronavirus y por la defensa de la economía nacional.
Pero los empresarios se salvan a ellos mismos, ayudados por los gobiernos de turno – y hoy toca uno totalmente afín a sus intereses – a costa de hundir en la miseria y la pobreza al conjunto de la clase trabajadora (aún manteniendo el empleo). El aumento de la productividad, la intensificación de los ritmos de trabajos, la flexibilización laboral, la precarización, los contratos basura y otras iniciativas, solo sirven para aumentar las ganancias de los capitalistas a costa de una mayor explotación de la masa laboral.
En este sentido, cualquier Pacto Social con los empresarios – y con su gobierno afín – solo servirá para llevar a la clase trabajadora a confiar en quienes la quieren ver arrodillada, es decir, a un callejón sin salida.

Ni Pacto Social ni Unidad Nacional. Por una salida obrera a la crisis actual

Más allá de la reactivación económica que pueda venir luego de la emergencia sanitaria, los empresarios querrán contratar a menos personal, aumentar los ritmos de trabajo y flexibilizar la mano de obra.
Frente a este panorama, la clase trabajadora debe luchar por imponer su propia salida, una que venga de la mano de un plan de lucha, ya que, si no luchamos, serán los empresarios quienes impongan una relación de fuerzas a su favor.
Una salida obrera a la crisis parte de defender el trabajo y el salario, y luchar por un aumento generalizado de los salarios a nivel de media canasta familiar, y un salario de emergencia de $ 30.000 para quienes hayan perdido todo ingreso debido a la informalidad de su trabajo.
Una salida obrera debe defender los puestos de trabajo, impidiendo que las patronales despidan injustificadamente. El empleo y el salario se defienden luchando por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, sin reducción salarial.
Una salida obrera debe partir de enfrentar la precarización laboral, que hoy padece centralmente la juventud que no tiene derecho a organizarse, ni a pelear por un salario digno, y que debe soportar horarios rotativos y ritmos de trabajo extenuantes que dañan su salud física y mental.
Será necesario plantarse frente a los cierres de fábrica y los despidos masivos, y promover la ocupación de los lugares de trabajo y puesta a producir bajo gestión obrera, para preservar la unidad productiva, y bregar por su estatización, para que sea utilizada para satisfacer las necesidades populares y deje de regirse por la sed de ganancia de los capitalistas.
Tiene que haber un monopolio del comercio exterior, para regular las exportaciones y la circulación de capitales, para evitar la especulación tanto de las empresas del agronegocio como de los fondos de inversión financiera.
Estas y otras medidas mínimas son las que deberían estar al frente de la pelea de la clase trabajadora y de su central sindical.

Karina Rojas
Jueves 18 de junio | 08:50

El “banderazo” viene de adentro del gobierno

El sábado 20 se produjo el llamado “banderazo”, que no fue un homenaje a la enseña nacional ni a su creador el día que se cumplía el segundo centenario de su muerte. Fue propiciado y organizado fundamentalmente por las organizaciones capitalistas del campo agrupadas en la llamada Mesa de Enlace, incluida la Federación Agraria Argentina, para rechazar el intento de expropiación de Vicentin que había anunciado Alberto Fernández -cabe recordar que fue siempre planteada por el presidente como un salvataje, solo apuntaba a una parte de los negocios del grupo e implicaba un pago a los vaciadores al mejor estilo de la “estatización” de YPF.
El banderazo fue convocado para un día después de que el propio presidente aceptara la variante planteada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de una intervención acordada ante la justicia con el objetivo de rescatar la empresa, llevada a la quiebra por el grupo Padoán-Vicentin.
La movida del 20 apunta a que la salida, aun no resuelta por la justicia, deje la injerencia estatal limitada a establecer los recursos para el rescate de la empresa sin que esto implique un avance sobre los derechos capitalistas de propiedad, ni en Vicentin ni en ninguna otra empresa que deba ser rescatada en un cuadro donde las quiebras afloraran por decenas. No por nada se presentó la jornada como el levantamiento ciudadano en defensa de la propiedad privada.
Todo esto revela desde ya que la suerte de Vicentin no está aún resuelta y que puede todavía correr mucha agua bajo el puente.
Lo cierto es que el gobierno dio marcha atrás, en los hechos, a la intervención (el proyecto de ley no llegó al Congreso, ni se lo conoce) y Alberto Fernández se acopló al plan Perotti.

¿Qué llevó a Alberto Fernández a abandonar el planteo de la expropiación?

Según algunos medios, que hicieron del rechazo al DNU presidencial y al proyecto de ley nonato para que el Estado se quedara con Vicentin una causa propia, como es el caso de Clarín, La Nación e Infobae, Alberto Fernández habría sido derrotado por la magnitud del rechazo a la “126” (así bautizaron el proyecto oficial) que las organizaciones del campo supieron organizar, o sea que habría sufrido la misma suerte que el gobierno de CFK con la 125 en 2008 cuando fracasó en el Senado en la aprobación de la resolución que aumentaba las retenciones a la actividad agropecuaria. Habría que recordar que Fernández, Alberto, en ese entonces estuvo entre los que la rechazaron.
Presentar al banderazo como “histórico” (La Nación), cuando su adhesión fue raquítica, sobre todos en las ciudades, para emparentarlo con las movilizaciones multitudinarias contra la 125 tiene el evidente propósito de que quede claro que la burguesía está dispuesta a marcarle la cancha al gobierno. No sería la primera vez: el impuesto a las grandes fortunas junta polvo en los cajones del congreso; la “idea” de Fernanda Vallejos de sumar al Estado como socio de las empresas a las cuales les da asistencia no llegó siquiera a cobrar forma, y la “soberanía alimentaria” que justificaba la expropiación de Vicentin quedó pérdida mucho antes del plan Perotti. Tampoco es necesario recurrir a grandes movidas populares para ello, basta con retener los dólares de la soja para forzar una devaluación, fugar capitales, etc., sin olvidar que son el vehículo de las presiones de los fondos de inversión para que el gobierno mejore (o sea empeore para la Argentina) la oferta de arreglo de la deuda. La clase capitalista tiene una larga práctica en estos menesteres.
La oposición patronal de derecha (Cambiemos) pretende colgarse del rechazo a la expropiación de Vicentin para darle una representación política, cree encontrar una brecha para recuperar un protagonismo perdido. Pero la representación de los intereses del “banderazo” está dentro de la propia coalición gobernante.

Recalculando

A partir del momento en que Alberto presentó el plan de expropiación (para “rescatar a la empresa”) rodeado del futuro interventor y de la senadora camporista por Mendoza, Fernández Sagasti, el operativo para desarmar la iniciativa expropiadora, incluso en su versión más light, se puso en marcha desde las mismas filas del oficialismo.
A la cabeza estuvo abiertamente el gobernador santafesino, pero contó con el apoyo de Schiaretti, Sergio Massa y, según algunos medios, hasta del propio ministro de Agricultura, que junto a Martín Guzmán reconocieron desconocer previamente la iniciativa. Hay que destacar que la defensa acérrima de la expropiación quedó en sectores marginales del oficialismo. La posibilidad de que el proyecto fracasara en el Congreso porque el oficialismo no juntaba a su propia tropa cada vez era mayor.
La decisión de acatar con tanta rapidez la resolución de un desconocido juez del norte de Santa Fe solo se entiende porque para el propio Fernández esta es un salvavidas para evitar recular y enterrar él mismo su anuncio (estallando así una crisis abierta por el propio gobierno y para más en el medio de la negociación de la deuda). La burguesía no lo hubiera tolerado porque necesita que el gobierno llegue con rapidez, a cualquier precio, a un acuerdo con los bonistas que le abra el mercado de capitales para volver a endeudarse.
La idea de que Alberto se apresuró a lanzar la expropiación acicateado por CFK, que quería impedir que Vicentin pasara a un grupo guiado por Manzano, cobra fuerza; el carácter de una conducción bicéfala del gobierno ha vuelto a ser puesta de manifiesto y revela que el gobierno se maneja con una cuota de fuerte improvisación y sometido a las presiones que trasmiten los propios integrantes de la coalición oficial.
Las “banderazos” opositores y oficialistas tienen también otro sentido. La quiebra del Grupo Vicentin sacó a luz un manejo cuasi mafioso de la principal actividad económica del país (la agropecuaria) y no solo eso sino también el manejo del sistema bancario y sobre todo del Banco Nación. Créditos discrecionales, contrabando, fuga de divisas, especulación para establecer el valor de la moneda (devaluación), acaparamiento de productos y por supuesto una alta cuota de superexplotación y abusos sobre los trabajadores, es lo que sucede con la riqueza que se produce en el país y a la cual los gobiernos nos llaman a defender aun a costa de la propia miseria del pueblo argentino. Todo esto abonado por el control de los puertos y por el sector más vital del comercio exterior del país.

La política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda

¡Qué oportunidad para meter la mano, destapar la olla y proceder en consecuencia! ¿No corresponde ir en una investigación a fondo, abrir los libros y echar luz sobre el negocio de la actividad agroexportadora?, ¿no se impone como salida establecer un monopolio estatal sobre el comercio exterior y el mercado de divisas, dejar sin efecto la privatización de los puertos, para saber qué entra, qué sale, en qué condiciones y a qué precios? Hacer público este negociado es fundamental para desarrollar una salida para el país de acuerdo a los intereses generales. Los gobiernos que se han venido sucediendo, incluso de diferentes signos políticos, abonaron el robo de las riquezas. En esto no ha habido grieta.
En ese sentido se orienta la política del FIT: expropiación sin pago de todos los activos del Grupo, abrir los libros de Vicentin, investigar todo el manejo, lo que va a dejar al descubierto una larga fila de fraudes, poner todas esas medidas bajo el control de los trabajadores. Esto está plasmado en el proyecto que presentaron los diputados del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño. Los trabajadores tienen que intervenir con un planteo propio, los “banderazos” opositores u oficialistas no los representan y significan un hundimiento aun mayor de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo.

Eduardo Salas