Así como resistieron durante y después del golpe de estado en 2009, las mujeres vuelven a protagonizar las protestas contra la represión del gobierno de Juan Orlando Hernández.
En Honduras más de 4 millones de personas son mujeres. En su mayoría se trata de mujeres indígenas que habitan las zonas rurales con un 52.59% mientras que en el área urbana concentra el 47.41% de mujeres. La mayoría de ellas enfrenta diariamente la pobreza y la militarización que se ha recrudecido desde el golpe de Estado en 2009 y cuya expresión más inmediata se puede ver en las recientes manifestaciones contra el fraude electoral encabezado por el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno derechista de Juan Orlando Hernández.
Desde 2009, las mujeres viven bajo la amenaza de la violencia por la militarización y del crimen organizado, pero también del régimen y sus instituciones que garantizan condiciones de vida deplorables. Son las mujeres quienes en Honduras ocupan los niveles educativos más bajos (15% de analfabetismo), donde se considera un 6.1% que enfrenta el desempleo abierto y que a nivel nacional el 32.89% son jefas de hogar.
Mientras que para el gobierno las mujeres son sólo cifras, son ellas quienes se han abierto el camino para protagonizar procesos sociales. Durante el golpe de Estado de 2009 –mandatado desde Washington– fueron las mujeres quienes organizaron marchas de día y noche, realizaban barricadas, tomas de carreteras y de medios para extender la resistencia social en todo el país y enfrentar a los golpistas.
Como entonces, la resistencia frente al fraude electoral de noviembre pasado ha tenido rostro de mujer. Las masivas movilizaciones y protestas cuentan con una alta participación de mujeres organizadas e independientes que impulsan el rechazo de la imposición de la derecha en el país. En ese contexto, la respuesta del gobierno ha descargado la represión contra hombres y mujeres en las calles, dejando más de 38 muertos –según contabilizan organizaciones sociales–, entre ellos el de la estudiante de 19 años Kimberly Fonseca Santa María, quien, según informaron medios nacionales, recibió el impacto de una bala militar durante las primeras manifestaciones de este mes.
Muestra de ello son los más recientes atentados contra las mujeres; el asesinato político impune de la dirigente indígena, Berta Cáceres Flores; la persecución y hostigamiento contra miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y de la hija de Berta, también activista y luchadora social; los distintos atentados contra Miriam Miranda y la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), así como el ataque sistématico contra el conjunto de organizaciones sociales que han llevado calificar a Honduras como “el país más peligroso del mundo para defender la tierra y los bienes comunes”.
La reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, como presidente de Honduras además de ser ilegal –pues se impone por medio de la reelección– significa perpetuar y avalar la represión y criminalización de la protesta, así como la violación y el retroceso de los derechos de las mujeres. En este sentido, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos en Humanos documentó mil 9 agresiones contra mujeres defensoras de Derechos Humanos, tan solo de 2013 a 2016 en el país centroamericano, lo que posicionó a Honduras como el segundo de la región más violento para ejercer su labor, sólo por debajo de México.
En términos del ataque contra el derecho al aborto, son más de 80 mil mujeres que arriesgan sus vidas cada año por abortos clandestinos; mientras la Iglesia católica y el Estado se niegan a implementar programas de educación sexual en centros educativos y se penaliza el aborto, las mujeres en su mayoría enfrentan casos de abuso sexual.
Al calor de la coyuntura por el fraude electoral del gobierno de Hernández, es necesario plantearse la necesidad de fortalecer la movilización y participación de la mujeres en Honduras. Son el sector más atacado por un régimen corrupto y que ha profundizado la política represiva, pero también son el sector de la población que ha demostrado el alcance que puede llegar a tener su organización si apuestan a estar en las calles, organizando las movilizaciones y encarando al ejército y la policía asesina.
La crisis política en Honduras vista desde el contexto internacional y en el marco de la profundización de los lazos que atan al conjunto de países latinoamericanos con el imperialismo estadounidense, es una expresión más de la ofensiva del gobierno de Donald Trump para favorecer sus intereses políticos, económicos y militares en toda la región.
Por ello, mientras los organismos internacionales y Estados Unidos avalan en fraude y la derecha planea un cierre “ordenado” a la crisis electoral, las mujeres deben plantearse fortalecer el repudio contra el régimen –incluida la “oposición” representada por Nasralla que busca negociar– e impulsar un gran movimiento de mujeres en Honduras que, recuperando la subjetividad de millones de mujeres que a nivel internacional salieron de manera multitudinaria a las calles para repudiar la llegada del racista y xenófobo a la Casa Blanca, salga también con sus propias reivindicaciones y luche por terminar con un gobierno que mantiene impunes asesinatos políticos, mientras a su vez, cada 14 horas una mujer muere en Honduras.
María Rosas
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