Crisis económica, campaña electoral, motivan al Gobierno a legalizar el gatillo fácil e impedir que lleguen a juicio efectivos de las fuerzas federales que lo ejerzan. Solo una gran movilización puede tirar abajo esta medida.
Desde 1983 hasta el 2017 fueron asesinados 5.500 jóvenes por el gatillo fácil policial. Esta práctica que ejercen todas las fuerzas represivas, federales y provinciales, nunca contó con un aval legal, aunque fuera legitimada y encubierta por funcionarios que dirigen a los uniformados.
Ni el represivo Código Penal admite que los efectivos ejerzan la ejecución sumaria. Aunque los 5.500 crímenes demuestra que tampoco lo impiden. El salto que busca dar el gobierno con esta resolución es legalizar el gatillo fácil, y que ningún miembro de la fuerza de seguridad vaya a juicio. El último derecho que tiene las familias de las víctimas, que movilizadas pueden lograr fallos que condena a los ejecutores.
Además hay otro objetivo que persigue el gobierno. La resolución de la cartera que conduce Patricia Bullrich pretende cambiar la agenda, que luego de la aprobación del Presupuesto 2019, llevará a más ajustes en salud, educación, vivienda, trabajo.
En este escenario de caída de la economía, con alta inflación, Cambiemos se prepara para el año electoral “bolsonarizando” aun más, su discurso y sus políticas. La última, la resolución 956/2018, ha caído muy bien en su base social dura, pero ha despertado rechazó en un amplio sector. Entre quienes han reclamado se hallan los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, diputados como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, entre otros legisladores.
Hasta Elisa Carrió debió hacer demagogia y desmarcarse del gobierno. En su cuenta de Twitter atacó la resolución, afirmando que esta viola los derechos fundamentales. "Nosotros no vamos a ir al fascismo", señaló la legisladora oficialista.
Mano dura
Con mayor fuerza desde la crisis del 2001 -que arrojó a millones de personas a la pobreza-, una y otra vez vemos al poder político y mediático lanzar campañas de “mano dura” y “tolerancia cero” para incrementar el aparato represivo y aumentar el poder punitivo del Estado.
Los gobiernos de turno suelen acudir a las cruzadas contra la “inseguridad” cada vez que pretenden aumentar las políticas de ajuste contra el pueblo trabajador. También lo hacen durante las campañas electorales, cuando los gobernantes se encuentran necesitados de impulsar políticas rimbombantes.
El gobierno de Cambiemos acude a estas viejas recetas, al tiempo que profundiza el control social otorgando más poder a las Policías. Actualmente, en el proyecto de reforma del Código Penal, buscan ampliar el poder punitivo del Estado. Allí, la Ley Antiterrorista -sancionada en el kirchnerismo- podría tener un aumento en las penas.
No será la primera vez que un gobierno, bajo el pretexto de la "inseguridad", aumentará las penas. Así ocurrió en 2004, bajo la presidencia de Néstor kirchner. Las leyes votadas en el Congreso -a partir de la movilización convocada por Juan Carlos Blumberg luego del secuestro de su hijo- significaron el incremento de legislación punitiva.
El gran delito
Las campañas contra la llamada inseguridad no van dirigidas contra las redes que manejan el “gran delito” sino, centralmente, hacia reforzar el control social. Se ataca el “pequeño delito” para justificar el fortalecimiento del poder represivo del Estado contra los sectores populares, mientras se garantizan los grandes negocios ilegales que mueven miles de millones, lavados de dinero mediante, con total impunidad.
El negocio capitalista del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, entre otros, cuentan con la administración y la gestión de jueces, banqueros, funcionarios políticos y policiales.
Son las mismas fuerzas represivas del Estado las que organizan el delito “reclutando” jóvenes en los barrios pobres. El caso de Luciano Arruga, quién se negó a robar para la policía, lo ejemplifica de manera brutal. Desapareció bajo el gobierno de Daniel Scioli, que hizo todo para encubrir a la Bonaerense.
Sin embargo, cada nueva ley o resolución va contra los jóvenes de los barrios populares. Esto, en los últimos años, ha provocado un aumento de los casos de gatillo fácil, logrando bajo el macrismo el récord de una persona muerta a manos del Estado cada 23 horas.
Hay que oponerse a estos ataques del Estado y los grupos reaccionarios que buscan criminalizar a la juventud pobre, y aumentar el control social de la población.
Un amplio arco de organismos de derechos humanos ya se han pronunciado contra la resolución de Bullrich. Las organizaciones obreras combativas, el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda debemos motorizar una gran campaña democrática para frenar de una vez por todas estas políticas reaccionarias.
Rosa D'Alesio
@rosaquiara
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