La extensión del virus al interior del país, en regiones sin la más elemental infraestructura sanitaria, instaló la escena de hospitales colapsados e incluso fosas cavadas por los propios familiares, como ocurre en Jujuy. Pero en las últimas horas, se derrumbó también la versión de un “Área Metropolitana estable”, al revelarse que Buenos Aires había dejado de contabilizar a 3500 muertos. Este es el inexorable telón de fondo de la crisis vertebral que recorre al régimen político en la Argentina.
Colapso social y económico
La semana dejó también el cómputo de la catástrofe social, con una desocupación real que alcanza al 30% y que es todavía superior en la juventud de los distritos más plebeyos, como el segundo y tercer cordón del conurbano. La pobreza, que el Indec informará en los próximos días, orillará al 50% de la población. En ese caso, la pobreza infantil llegaría a los dos tercios – una lápida colocada prematuramente sobre las generaciones que vienen. Todo esto ocurre cuando el Estado se declara “agotado” (y fundido) detrás del supuesto propósito de 'asistir a la población' en estos meses. Dos de cada tres pesos de esa “asistencia” fueron subsidios o rescates a la clase capitalista, incluyendo al pago de la plantilla de sueldos a empresas que –como el propio gobierno admite ahora- aprovecharon esa circunstancia para comprar dólares y 'reducir pasivos'. La desocupación, además, es un mentís contundente a la supuesta prohibición de despidos, que avanzaron con la anuencia de la burocracia sindical y del propio gobierno. En medio del festival de créditos subsidiados, exención de aportes patronales y “ATPs”, las patronales explotaron la pandemia para desprenderse de trabajadores. Mientras tanto, la inmensa población precarizada debió sostenerse con el IFE de 10.000 pesos por mes. La administración de los Fernández fue incapaz de preservar a la clase social creadora de la riqueza social, y agravó el parasitismo de los explotadores.
Sin aliento
El escenario político planteado ahora recoge este tendal, pero se combina con dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el capital internacional no tiene interés ni condiciones para volver a financiar al Estado argentino, el cual agotó sus reservas internacionales efectivas a pesar de transitar un superávit récord de su balanza comercial. Este colapso en el financiamiento quedó demostrado en la suspensión obligada de una nueva emisión de 1.500 millones de deuda en dólares, destinada a reciclar las acreencias del fondo internacional Pimco. La razón del fracaso hay que buscarla en la caída a pique del valor de los “flamantes” bonos del canje de deuda, la cual elevó el rendimiento de esos títulos -y el de cualquier nueva emisión- a la tasa exorbitante del 13 o 14% anual. El gobierno, bajo estas condiciones, ha acelerado las tratativas con el FMI, con la expectativa de tramitar luego un socorro financiero internacional. Ese arreglo, que sólo tendría lugar en marzo o abril del año que viene, es un horizonte muy lejano para los ritmos de la crisis. Pero para el Fondo, sería un plazo suficiente para que F y F consumen el desmantelamiento de la “economía de la pandemia”, poniendo fin a los subsidios de distinto tipo, habilitando a un ajuste de precios y tarifas y, finalmente, terminando con la política cambiaria “del aguante”. Los pulpos cerealeros le acaban de rechazar al gobierno cualquier plan de liquidación de divisas que no pase por una devaluación. El gobierno reclama el sostén del capital financiero para sostener su actual política. Pero el capital financiero reclama el fin de esa política como condición de cualquier rescate.
Pandemia, otra vez
En este punto, la pandemia vuelve a meter la cola. Es casi una vulgaridad calificar al presupuesto 2021 como un “dibujo”, sin que se diga cuál es la mayor ficción de todas: ocurre que la intención de bajar el déficit primario “de 8,3% a 4,5% en 2021 está supeditada a la incierta hipótesis del fin antes de enero de la pandemia” (La Nación, 26/9), cuando todo indica que el año que viene deberían, no reducirse, sino incrementarse las previsiones sanitarias y sociales. La misma fuente estima que, si hubiera que atender esa emergencia, el déficit fiscal no sería inferior al 8%. Curándose en salud, el gran capital reclama el desmantelamiento definitivo de los arbitrajes pandémicos, incluyendo la libertad completa para despedir trabajadores, elevar tarifas, desalojar inquilinos y ocupantes de tierras. Este escenario preanuncia una crisis por arriba, de un lado, y la necesaria reacción de los explotados ante una situación insoportable, del otro.
La crisis política toma forma bajo los choques crecientes en el gabinete, pero principalmente, en torno del destino de Cristina Kirchner, que será arbitrado por la Corte. Días pasados, Marcos Buscaglia, ex funcionario de Merryl Lynch y propagandista del “ajuste inminente”, le señaló a Lanata que esperaba que “los gobernadores le tocaran la puerta a Fernández (Alberto) para cambiar la política y el gabinete” antes de las próximas elecciones. Los amigos de los fondos internacionales exigen -y anticipan- una fractura política de la coalición gobernante, aún cuando Cristina aconseja a Guzmán que “cierre los números” y ajuste.
Menos estruendosa, pero sólo por ahora, la agenda del movimiento obrero viene cargada. Esta semana, un inédito plenario de 600 delegados de ATE le exigió medidas de lucha a su secretario general, que apoya al gobierno. Provincias como Chubut, Misiones o Santa Fe están siendo sacudidas por huelgas y cortes de ruta – Chaco, con su deuda en default, sigue ese camino.
Argentina no quedará exenta del escenario de situaciones prerrevolucionarias que augura la persistencia de la pandemia y la crisis capitalista. Es necesario discutir esta perspectiva con toda la vanguardia obrera y de luchadores.
Marcelo Ramal
26/09/2020
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