Este miércoles 11 se desarrolló en Ecuador una jornada de movilizaciones y cortes contra el aumento en los combustibles, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y apoyada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Estuvieron presentes también los reclamos por la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercomunitaria (LOEI) y contra la depredación ambiental. En tanto, productores arroceros y bananeros cortaron rutas en reclamo de mejores precios (en el caso del banano, los productores se quejan porque reciben 2 dólares la caja, pero los exportadores la venden a 6).
Si bien el anterior gobierno de Lenín Moreno debió retroceder en 2019 en su intento de suprimir los subsidios a los combustibles, a raíz de un levantamiento popular, meses después volvió a la carga con un sistema de bandas que posibilita un incremento gradual de los precios. Cuando adoptó esta decisión, en los comienzos de la pandemia, los precios internacionales estaban en baja, pero han ido creciendo sostenidamente desde entonces. El gobierno derechista de Guillermo Lasso, quien triunfó en el ballotage presidencial de abril, mantiene el esquema dispuesto por su predecesor en el cargo. Debido a los acuerdos con el FMI, apunta a ir suprimiendo los subsidios a los combustibles como parte de las políticas de ajuste fiscal. No hace falta explayarse sobre el carácter socialmente revulsivo de esta política.
El de los maestros fue uno de los sectores protagonistas de la jornada del 11. Este viernes llegó a su fin una huelga de hambre de más de un mes de integrantes del magisterio en reclamo de la aplicación de la LOEI, una norma con aspectos favorables a los trabajadores que estaba bloqueada debido a dos planteos de inconstitucionalidad. Aunque la Corte Suprema, como fruto de la medida de lucha, dictaminó este jueves la constitucionalidad de la ley (reconociendo, por ejemplo, el derecho a 30 días de vacaciones consecutivos), dejó en suspenso cuestiones relativas al aumento salarial y a un sistema de jubilación especial, remitiendo nuevamente la cuestión a la Asamblea Nacional.
El gobierno de Lasso padece una debilidad de origen, dado que su partido -Creo- solo cosechó 12 diputados sobre 137. Para impedir que el correísmo se quedara con la conducción de la cámara, el gobierno debió anudar un acuerdo con Pachakutik (PK, brazo político de la Conaie y segunda fuerza en cantidad de bancas) e Izquierda Democrática (tercera fuerza en número de escaños) que dejó la presidencia del cuerpo en manos de Guadalupe Llori, de PK. A la vez, se rompió su frente con el Partido Social Cristiano, que había hecho un pacto con la UNES de Andrés Arauz y Rafael Correa.
Los pilares del gobierno son el ajuste fondomonetarista y un plan petrolero y minero para extender estos sectores. Dicha agenda, sin embargo, aparece condicionada tanto por su debilidad parlamentaria como por la sombra del levantamiento de 2019. En estas circunstancias, se ve obligado a buscar la colaboración políticas de otras fuerzas.
A raíz del acuerdo con la derecha en el reparto de autoridades, el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, se alejó de esta formación política y anunció la constitución de un movimiento político propio.
El ajuste de Lasso requiere como respuesta un plan de lucha de las organizaciones obreras, indígenas y estudiantiles. Hay que rechazar todo apoyo político al gobierno y el correísmo; el camino pasa por la independencia política de los trabajadores.
Gustavo Montenegro
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