La semana pasada, el CIN informó al Frente Sindical que el Gobierno, sin convocar a paritarias, habría ofrecido un reajuste del 21% para los salarios de docentes y no docentes, y alguna suma para becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Se trataría en cualquier caso de montos muy inferiores a lo contemplado por la ley de financiamiento, que constituye un mínimo. El gobierno insiste con un nuevo ofrecimiento a la baja, tras el fracaso en el mes de febrero de su proyecto para reemplazar la ley de financiamiento por otra que establecía un aumento del 12% en tres cuotas.
La ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre del 2025 plantea, en el artículo 5, que los salarios deben actualizarse por un porcentaje no inferior al IPC acumulado desde diciembre de 2023 hasta la sanción, y luego continuar con actualizaciones periódicas. Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios universitarios aumentaron 128,49%, mientras que, en el mismo período, la inflación acumulada (IPC-INDEC) fue del 220,45%. Para igualar la inflación acumulada, se requería una recomposición adicional de 40,25% sobre los básicos de julio de 2025. Por eso se hablaba de una recomposición total cercana al 52% para recuperar completamente el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Lo que implicaría que el gobierno gire entre 2,5 a 3,1 billones a las universidades para cumplir la ley.
Que el gobierno haya abierto una negociación con los Rectores, con una cifra muy por debajo de lo que marca la ley y que tampoco contempla la pérdida del 2026, implica que intentará que el CIN levante su presentación en la Justicia para evitar de esta manera un fallo desfavorable de la Corte Suprema. ¿Podría el gobierno entrar en desacato con un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ley de Financiamiento Universitario?
Del 26 al 30 de mayo tuvo lugar un nuevo paro de la docencia universitaria convocado por las dos CONADUs, en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La medida tuvo una adhesión importante en distintas partes del país, aunque no con los niveles de comienzos del cuatrimestre. La política de desgaste de los paros intermitentes y sin perspectiva promovidos por las federaciones sindicales, sumado a la cercanía del cierre del medio año lectivo, tuvieron como resultado una adhesión dispar o más modesta en algunas unidades académicas.
El hecho más impactante de la semana de paro, que rompe el inmovilismo de las burocracias, fue la toma por parte de los estudiantes de los colegios universitarios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires. Para los gobiernos y las autoridades universitarias, siempre es potente y peligroso que los secundarios ganen protagonismo. Sólo en Tucumán, una toma por parte de los estudiantes de la Escuela Normal reclamando por condiciones de infraestructura, mobiliario y cobertura de materias, generó que Jaldo, el gobernador, tuviera que abrir paso a una reunión con los estudiantes.
Con esta negociación, el gobierno y los rectores buscarán dar por concluido el conflicto universitario. Procuran que el segundo cuatrimestre comience y se desarrolle sin medidas de lucha. La premura con la que las federaciones ligadas a la CGT (FEDUN y FATUN) han convocado a reuniones “de urgencia” para analizar el nuevo ofrecimiento del gobierno, denota que están dispuestas a firmar un acuerdo a la baja en contra de las bases.
Será clave esta semana impulsar asambleas y debatir a fondo el escenario universitario. Por la aplicación inmediata de la ley de financiamiento como piso. Salarios no menores a la canasta familiar. Aumento de emergencia de las becas, los salarios y el presupuesto indexados por inflación.
Patricia Lambruschini y Anahí Rodríguez
01/06/2026
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