Anticipo represivo
El furcio de Paz Pereira no fue un exabrupto; diferentes organizaciones en lucha denunciaron, en las semanas anteriores, que funcionarios del gobierno impulsaban movilizaciones contra los bloqueos; una de ellas terminó con la quema de una bandera wiphala (red Uno, 19/05). El presidente boliviano ha hecho suya la acusación contra los obreros y campesinos rebelados de estar financiados por el narcotráfico. Esta línea fue establecida hace más de dos semanas por el secretario de Estado, Marcos Rubio, quien advirtió que EEUU no dejará que “delincuentes” y “narcotraficantes” derroquen a un gobierno electo democráticamente en "su hemisferio" (El Deber, 20/5).
El Ministerio Público Fiscal se ha lanzado a la caza de dirigentes sindicales y sociales en lucha, mediante violentos operativos comando de policías encapuchados y sin orden de aprehensión. Uno de los capturados es Justiniano Apaza, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de La Paz. Recién posteriormente a su arresto se lo acusó de “terrorismo” y “financiamiento al terrorismo”, entre otros cargos (La Patria, 04/06). Apaza fue uno de los impulsores del cabildo abierto de la FEDJUVE realizado el martes pasado, donde decenas de miles de asistentes resolvieron ratificar el rechazo al diálogo con el gobierno y el pedido de renuncia de Paz Pereira. Otra detenida es Simona Quispe, ex senadora del MAS, quien fue confinada en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de La Paz, sin que se conozca aún la acusación en su contra. Sus familiares denuncian que desde la justicia están “armando” la imputación (Red Uno, 04/06).
El nuevo ministro de defensa de Paz Pereira, Ernesto Justiniano, ha debutado movilizando a las fuerzas armadas y la policía para despejar la ruta de Río Abajo, uno de los principales accesos a La Paz (El Deber, 05/06). También ha ordenado el despeje del bloqueo del puente paceño Lipari, donde los bloqueadores resistieron durante horas la represión (RENNO, 05/06).
Por otro lado, cientos de policías fueron movilizados para recuperar la planta petrolera de Campo Humberto Suáres Roca, ubicado en el municipio cruceño de Santa Rosa del Sara, que se encontraba tomada y cercada con 6 puntos de bloqueos desde el martes por organizaciones campesinas. Los ocupantes señalaron que su objetivo fue acrecentar la presión para que Rodrigo Paz renuncie y que el cierre del caño maestro fue realizado sin poner en riesgo las instalaciones y respetando a los operarios de la planta. En un velocísimo juicio abreviado, la Justicia boliviana sentenció a los 10 detenidos por la ocupación, a 3 años de prisión en suspenso, bajo la amenaza de cumplimiento efectivo si vuelven a participar de bloqueos, ocupaciones o manifestaciones (El Deber, 05/06).
Justiniano tiene experiencia en la represión ya que también fue parte de la cartera de Defensa de Sánchez de Lozada, responsable de la masacre de octubre de 2003, durante la llamada “guerra del gas”. Como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Rodrigo Paz, fue el encargado de restablecer relaciones con la DEA norteamericana (Infobae, 03/06), expulsada en 2008 del país por el gobierno de Evo Morales, acusada de estar vinculada al narcotráfico. En el video bajado de sus redes, Paz Pereira presenta a Justiniano como un “hombre de acción”, que le ha dado “duro” al narcotráfico en el Chapare, en alusión a la localidad cochabambina donde se encuentra acuartelado Evo Morales.
El estado de excepción y EEUU
Este miércoles, Paz ha mandado a la Asamblea Plurinacional un proyecto de ley para reglamentar el estado de excepción y poder llevarlo adelante. A principios de esta semana, de manera exprés, fue derogada con más de dos tercios en ambas cámaras la ley que reglamentaba su aplicación y que prohibía el uso de armas letales y establecía responsabilidades penales individuales para el personal policial y militar por su acción represiva.
El Senado boliviano aprobó en sesión extraordinaria el proyecto de Paz Pereira, con 25 votos a favor sobre 32 senadores presentes (El Deber, 05/06). Diputados terminaría de aprobarlo este viernes o sábado y sería promulgada de inmediato por el presidente. La norma con media sanción extiende a 90 días el plazo máximo de estado de excepción y no prohíbe el uso de armas letales ni establece responsabilidades penales individuales para los miembros de las fuerzas represivas (El Deber, 05/06).
La celeridad del tratamiento en el Senado estuvo condicionada por un comunicado de ministro de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth que advertía que “El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente” y que Bolivia “no debe volver a caer bajo el antiguo esquema de dominio narcoterrorista que durante años afectó a distintas regiones del continente” (El Deber, 05/07). En este marco, los senadores derechistas descartaron otros 3 proyectos de regulación del estado de excepción y dejaron de lado sus afirmaciones de que el gobierno no necesitaba una ley de reglamentación para decretarlo. Esa misma noche, se conoció un intercambio telefónico entre Paz Pereira y Marcos Rubio para respaldar a Paz ante los reproches de la derecha cruceña por no convocar antes al estado de excepción y ante la defección de varios ministros.
Desafío estratégico
Los dirigentes de La COB y la Túpac Katari, junto con otras organizaciones, han rechazado la imposición de un estado de excepción, aunque sin tomar medidas claras para enfrentarlo. Varios dirigentes campesinos han llamado públicamente al ejército a rechazar eventuales órdenes de represión y a las soldados a desertar. Organizaciones indígenas están discutiendo la autodefensa desde hace varias semanas; otras han decidido marchar pacíficamente hacia La Paz. La COB y las demás direcciones a la cabeza de los obreros y campesinos, siguen remitiéndose a la exigencia de renuncia de Paz Pereira, sin advertir que todo el régimen político boliviano opera homogéneamente por el aplastamiento de la rebelión, de la mano del imperialismo norteamericano y el fascista Trump. El vicepresidente, Edmand Lara, quien debería asumir ante la renuncia del presidente, ha retomado vínculos con Paz Pereira en los últimos días, probablemente bajo la presión del imperialismo norteamericano. Es necesaria una movilización continental en apoyo a los obreros y campesinos bolivianos.
Julio Quintana
05/06/2026
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