“Por primera vez en 500 años, América Latina ha comenzado a librarse del control imperialista”
Las teorías de este lingüista, filósofo y activista norteamericano son referentes desde hace medio siglo en varios campos, pero sobre todo en los del lenguaje y la crítica de la política exterior estadounidense. Sus críticas al sistema capitalista y al sistema de manipulación de masas son implacables. Aquí se enfoca en la política estadounidense y América Latina, el legado de violencia de las guerras civiles en Centroamérica, el juicio por genocidio en Guatemala y los movimientos de resistencia popular que están cambiando el balance de poder en toda la región.
Llego al despacho de Noam Chomsky en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) unos minutos antes de la hora acordada. Mientras espero fuera de su oficina entran dos muchachos de Nueva Zelanda. “¿También vienen a entrevistar a Chomsky?”, les pregunto. “No”, me responde uno de ellos, blandiendo una copia de Control Mediático. Los Espectaculares Logros de la Propaganda. “Andamos viajando por Estados Unidos y vinimos para que nos firme este libro”. Después de unos minutos de nerviosismo, la asistente de Chomsky abre la puerta y los invita a pasar adelante.
Mientras Chomsky firma el libro en la antesala y posa para el selfie obligatorio, su asistente me dice que tome asiento en su oficina. Al pasar los escritorios de sus dos ayudantes, veo una estatuilla de un gnomo. Caricaturiza las facciones de Chomsky y tiene un letrerito que dice “Gnome Chomsky”, un juego de palabras que alude a la similitud fonética entre gnome (gnomo) y Noam en inglés.
En su oficina, en la parte superior de uno de sus libreros, hay una foto de Monseñor Romero, el obispo salvadoreño que fue asesinado por las fuerzas contrainsurgentes en 1980, con la siguiente cita: “Educar es crear un espíritu crítico y no sólo transmitir conocimientos”, y un mensaje de Crispaz, una organización religiosa salvadoreña, que le agradece al intelectual anarquista por su apoyo al movimiento salvadoreño a favor de las víctimas de la guerra civil en ese país.
Las teorías de Chomsky han revolucionado el campo de la lingüística, un marco científico que ha empleado para desarrollar sus teorías acerca de la propaganda y la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación. Su abierta oposición a la Guerra de Vietnam en 1967 marcó el comienzo de su larga trayectoria de activismo político y, durante la década de los 80, se opuso con dureza a las intervenciones estadounidenses en Centroamérica a favor de las dictaduras militares.
Hoy, a sus 86 años, Chomsky luce relajado, afable y totalmente inconsciente de su estatus de celebridad. Cuando se van los jóvenes neozelandeses, Chomsky entra, me saluda y comenzamos la entrevista. Nuestra conversación se enfoca en la política estadounidense respecto a América Latina, el legado de violencia que dejaron las guerras civiles en Centroamérica y los movimientos de resistencia popular que están cambiando el balance de poder en toda la región. Le pregunto si ha cambiado significativamente la política estadounidense hacia América Latina desde que escribió La Intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y la lucha por la Paz, en 1985. Chomsky cree que existe, pero que “se debe a la creciente independencia de América Latina –principalmente Suramérica, porque Centroamérica tiene un menor grado de independencia debido a su debilidad y a su proximidad con Estados Unidos–, lo cual ha sido un fenómeno bastante notable. Durante la Cumbre de las Américas (de 2012)”, continúa, “Estados Unidos y Canadá adoptaron posturas diferentes a las que manifestaron todos los demás países del hemisferio sobre una serie de temas contenciosos. Uno era Cuba y el otro era la despenalización de la droga. Eso no hubiera ocurrido hace unos años. Además, Estados Unidos no es capaz de injerir directamente como hacía antes. Con la injerencia pasada lograron desarticular, en cierta medida, los movimientos populares. En el pasado, Estados Unidos reprimió prácticamente cualquier intento de independizarse, generar justicia social y establecer gobiernos democráticos. En la actualidad, Estados Unidos tiene menos capacidad, menos necesidad de intervenir, y la región se ha vuelto más independiente.
Estados Unidos apoyó significativamente el juicio por genocidio del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt…
Creo que decir “apoyó significativamente” sería una exageración…
La embajada estadounidense en Guatemala expresó un interés en que el juicio avanzara…
Querían una conclusión rápida que no implicara a Estados ni a sus aliados. Después de todo, Ríos Montt no actuó de manera aislada. Estaba recibiendo apoyo de la administración Reagan y cuando el Congreso impidió que Reagan siguiera participando directamente en la violencia genocida, Reagan mandó a llamar a su ejército terrorista internacional, Israel, para que entrenara a los militares guatemaltecos y les proporcionara armas, básicamente para que cumpliera el mismo papel que había fungido Estados Unidos.
¿Cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del apoyo estadounidese al juicio de Ríos Montt? ¿El temor de tener un estado fallido en su patio trasero?
Sin duda, había personas en la embajada estadounidense interesadas en apoyar el juicio pero en lo que respecta a la política exterior estadounidense, me parece que el juicio fue tolerado con tal de que no tocaran a Estados Unidos y a sus aliados; eso era sumamente importante. Estados Unidos no se opone a que estos crimenes sean juzgados en tribunales nacionales con tal de que no salga a colación la dimensión internacional del conflicto. Sucede en todas partes. Sucedió en el caso de Saddam Hussein, por ejemplo. Fue juzgado y sentenciado a muerte por crímenes de guerra cometidos en 1982 que de hecho fueron los menos graves que cometió. El año siguiente se produjeron crímenes mucho peores, como la masacre de Halabja y los ataques contra los Kurdos pero esos crímenes nunca se mencionaron porque fueron cometidos con el apoyo de los Estados Unidos. Ese fue el año en que Irak fue eliminado de la lista de países considerados como terroristas para que Estados Unidos pudiera seguir proporcionándole ayuda. Ese fue el año de la famosa foto en la que aparece Donald Rumsfeld dándole la mano (a Saddam Hussein) pero nada de eso salió a colación.
¿Debe Estados Unidos considerar la crisis de los niños migrantes no acompañados en la frontera sur como una consecuencia de sus políticas intervencionistas en la región y el impacto que han tenido en términos de exacerbar la violencia y la pobreza en los países del Istmo?
La mayoría de los niños proviene de Honduras. Eso no es coincidencia. La situación de Honduras ya era bastante mala pero después del golpe (contra Manuel Zelaya en 2009) se convirtió en una historia de horror. Los niños están viniendo como resultado de una situación doméstica espantosa que Estados Unidos contribuyó a crear. Aquí, en las cercanías de Boston, existe una comunidad Maya considerablemente grande que incluye a muchas personas que huyeron del altiplano. Estos jóvenes no saben que están huyendo del resultado de las atrocidades cometidas en los años 80 con el fuerte respaldo de los Estados Unidos. Estamos deportando en la frontera a las víctimas de nuestros propios crímenes.
Por una parte, Estados Unidos apoya a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Por otra, un estudio publicado por el Wilson Center en 2013 señala que la mayoría de las armas de fuego utilizadas por grupos criminales en Centroamérica provienen de Estados Unidos. ¿No resulta contradictorio apoyar la lucha contra la impunidad cuando no se están tomando medidas para detener el flujo de armas que permite que sigan operando esos grupos criminales?
No veo ninguna contradicción. Estados Unidos no tiene ningún problema con perseguir a criminales que compran sus armas de fuego en ventas legales en Arizona y Texas. Pasan por alto el papel que juega Estados Unidos en el tema.
El FMLN se reeligió en El Salvador y Salvador Sánchez Cerén se ha convertido en el primer ex combatiente guerrillero en llegar al poder en El Salvador. Los sandinistas siguen gobernando en Nicaragua y Costa Rica recientemente eligió a Guillermo Solís, un presidente de centro-izquierda. Mientras tanto, Guatemala está siendo gobernada por un militar retirado de corte conservador y Honduras también tiene un gobierno de derecha. ¿Estamos ante una división ideológica del Istmo, en la cual Guatemala y Honduras permanecen como bastiones del conservadurismo militar?
Creo que es más complejo que eso. Mira el caso de Costa Rica. Es el único país de Centroamérica donde Estados Unidos no ha intervenido de manera directa y es el único país de la región que funciona. Por otra parte, los países más pobres de la región son aquéllos donde Estados Unidos ha intervenido, como Haití, Guatemala y Nicaragua. ¿Eso no te sugiere algo?
¿Podemos hablar de democracia en Centromérica cuando existen disparidades socioeconómicas tan grandes en la región?
¿Podemos hablar de democracia en los Estados Unidos cuando tenemos tanta desigualdad? La pregunta que hay que plantearse es: “¿Hasta qué punto el nivel socioeconómico de las personas incide en la formulación de políticas públicas? Un 70% de la población no tiene incidencia alguna en la formulación de políticas públicas porque sus representantes electos no les ponen atención. Uno adquiere más influencia en la medida en que avanza en la escala social. Mientras más desigualdad existe, menos democrático se vuelve el sistema. Estados Unidos es básicamente una plutocracia con una especie de democracia formal. Y esto se vuelve todavía peor en países más débiles.
Usted mencionó que durante la Cumbre de Cartagena se evidenció una ruptura entre Estados Unidos y Canadá y el resto del hemisferio sobre la despenalización de las drogas. ¿Cree que la despenalización reduciría los niveles de violencia en Centroamérica?
Sin duda. Esto no quiere decir que sea necesario legalizar la droga, únicamente despenalizarla. Lo que la mayoría de los países de las Américas –incluyendo Guatemala– favorecen es una reducción de la criminalización. La llamada guerra contra la droga no tiene prácticamente nada que ver con las drogas. Cuando las mismas políticas se implementan durante décadas sin que tengan un impacto sobre el objetivo planteado, hay que preguntarse: “¿Es el objetivo que se plantea públicamente el verdadero objetivo?” Probablemente no. El problema de la droga se encuentra en Estados Unidos. De aquí proviene casi toda la demanda. La guerra contra la droga es bastante racista. Está diseñada para criminalizar a un alto porcentaje de la población afroamericana, en su mayoría masculina, y en cierta medida a los hispanos. Esto es racismo puro y se remonta a los últimos 500 años de historia americana. Y en América Latina, la víctima es la población en general.
Hablando del impacto de la guerra contra la droga en América Latina, ¿por qué Estados Unidos ha mostrado indiferencia ante la crisis que atraviesa México a raíz de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de un cartel de droga vinculado a actores estatales?
Fue una historia verdaderamente horrible. No fue únicamente la masacre de los 43 estudiantes sino las revelaciones que salieron a luz relacionadas con la existencia de fosas clandestinas y la brutalidad de la policía federal, cuyos vínculos con los carteles de droga han sido ampliamente documentados. Pero México es un aliado. Es un gobierno neoliberal apoyado por Estados Unidos y Estados Unidos no quiere decir nada que lo implique en sus crímenes.
De repente, un intruso merodea por la oficina olfateando la alfombra. Es un un cocker spaniel de color chocolate. La asistente de Chomsky aparece en el marco de la puerta para recordarme que la media hora que habíamos acordado para la entrevista ya se agotó…
La sociedad civil mexicana ha reaccionado con indignación ante la masacre de Ayotzinapa y al inicio de esta entrevista usted afirmaba que los países de América Latina están desafiando la hegemonía estadounidense cada vez más. ¿En qué medida esa resistencia ha sido liderada por los movimientos indígenas? ¿Es posible que esos movimientos puedan convertirse en una fuerza de cambio?
Lo que ha ocurrido en América Latina durante los últimos 15 años tiene un gran significado histórico e indica claramente que los movimientos populares pueden hacer una diferencia. Por primera vez en 500 años, desde el momento en que llegaron los Conquistadores, América Latina ha comenzado a liberarse del control imperialista. Los movimientos campesinos son actores significativos y los países con grandes poblaciones indígenas, como Bolivia y Ecuador, han hecho cosas bastante interesantes y están asumiendo el liderazgo a nivel global con relación al problema más apremiante que existe al día de hoy: la crisis ambiental.
Los movimientos indígenas se han opuesto fuertemente a los tratados de libre comercio y este año, en Guatemala, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales que había sido aprobada en el marco del DR-CAFTA fue derogada en el contexto de una fuerte oposición por parte de organizaciones indígenas y campesinas. ¿Qué impacto han tenido los tratados de libre comercio en América Latina?
Esa ley definitivamente no apoya el comercio, todo lo contrario. Resulta idónea para Monsanto pero no para los campesinos. Estos no son tratados de libre comercio, son una mezcla de liberalismo y proteccionismo. Son acuerdos para proteger los derechos del inversionista a costa de la población. El hecho de que cuando (Bill) Clinton comenzó a introducir con fuerza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también comenzara a militarizar la frontera no es coincidencia. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que los campesinos mexicanos no iban a poder competir con agroindustrias subsidiadas por Estados Unidos y que las empresas mexicanas no iban a poder competir con las multinacionales estadounidenses y era muy probable que esto ocasionara un fuerte éxodo.
Cuando apago la grabadora, Chomsky me cuenta que su hija es abogada y trabaja para ayudar a los migrantes guatemaltecos a regularizar su situación en el país. Su asistente se planta nuevamente en el marco de la puerta. Antes de salir, le pregunto si puedo tomarle una foto sentado en su escritorio con los enormes alteros de libros que amenazan con derrumbarse y sepultarlo. Sonríe y posa para la foto. Hubiera querido preguntarle más acerca de su hija, acerca del cocker de color chocolate, acerca de lo que le gusta hacer en su tiempo libre, y acerca de sus reflexiones sobre su legado como científico y pensador político. Pero esa tendrá que ser otra conversación.
Louisa Reynolds
Blog marxista destinado a la lucha por una nueva sociedad fraterna y solidaria, sin ningún tipo de opresión social o nacional. Integrante del Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo de Argentina.
miércoles, enero 07, 2015
Año nuevo, deuda nueva

El 1º de enero venció la cláusula Rufo. Un arreglo rápido quemaría la bandera de “patria o buitres” que el gobierno enarboló para alentar a la tropa propia. Una prolongación de la puja podría extender la recesión económica. El ministro Kicillof coqueteó con una nueva oferta, no muy diferente a las previas, pero con más condimentos para atraer a los buitres. Se abre una nueva etapa en la puja.
En los últimos días el ministro de Economía, Axel Kicillof, se mostró pro activo en pos de atender la crisis de deuda (una más en la historia nacional) abierta a partir del fallo del juez Griesa que beneficia a los fondos buitre.
Aunque el ministro salió a dar señales de tranquilidad tratando de instalar la impresión que el gobierno no se apresurará para negociar con Paul Singer y el resto de los “holdouts”, la realidad es que la agenda del oficialismo, el establishment económico y la oposición burguesa está dominada por la espera de una definición.
Vencida la cláusula Rufo, que impedía hacer una mejor oferta a los buitres sin compensar a la vez a los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, el ministro anunció este lunes 5 una propuesta que si bien sostiene los términos de aquellas operaciones agrega nuevos ingredientes para hacer más atractiva la operación. Ofrece el pago de los intereses y del cupón PBI que vencieron en los años que transcurrieron desde el primer canje. No obstante, todavía es una oferta lejana a lo pretendido por los buitres.
Mientras tanto, en Nueva York nuevos especuladores están pidiendo ser beneficiados por el mismo fallo que consiguió Paul Singer. Se trata de los denominados “me too” (yo también). De esta forma, el litigio original, que sumaba demandas por unos u$s1.600 millones de dólares, se está transformando en una causa que alcanzaría hasta u$s6.400 millones de dólares.
Si bien se podría pensar que la suma de las causas de los “me too” complica la negociación, es una preferencia que habría manifestado el ministro Kicillof al mediador Daniel Pollack como forma de alcanzar un acuerdo que cierre definitivamente el capítulo del default del 2001.
Ahora le toca mover a los fondos buitre y al juez Thomas Griesa, evaluó el ministro.
El gobierno transita el conflicto con la tranquilidad que le otorga el hecho que por ahora los bonistas que cayeron en “default” por la inmovilización de fondos que impuso Griesa no solicitaron la aceleración de la deuda, lo cual obligaría a una cancelación anticipada imposible de abordar con las reservas actuales del Banco Central.
La mayoría de los bonos “defaulteados” por ese fallo está en manos de bancos que actúan localmente (unos $70 mil millones tendrían el Macro, Francés, Santander, Galicia, etcétera) y “honorables” multimillonarios como George Soros (número 19 entre los más ricos del mundo), David Martínez Guzmán (socio de Clarín en Cablevisión) y Kyle Bass, que ganó millones especulando con hipotecas en EE.UU. con los cuales el oficialismo mantuvo conversaciones. Son los “buitres buenos” amigos del kirchnerismo.
Si la aceleración no tuvo lugar no es por la fe de estos hombres de negocio en el “modelo”, sino porque mientras se desarrolla la crisis de la deuda van buscando las vías de incrementar su patrimonio especulando con los bonos del Estado.
La economía sin combustible
El 2014 terminó en zona de recesión. Algunos analistas privados dicen que la caída fue superior al 2%.
Para el oficialismo la economía no está en recesión. Pero los números del INDEC indican que en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2014 el crecimiento fue cero y en ese período la variación interanual negativa (-0,8). En la industria la retracción es más profunda. Los datos oficiales muestran una contracción de 2,6% en el acumulado a noviembre.
El gobierno aplicó todo tipo de restricciones a las importaciones en función de juntar los dólares necesarios para pagar la deuda. Así ayudó a frenar la economía.
En este punto el problema del arreglo con los buitres no es tanto la falta de dólares para sostener los pagos de la deuda, algo que todos los especuladores descuentan dadas las credenciales exhibidas por los “pagadores seriales”, sino la escasez de divisas para levantar la economía.
La inestabilidad mundial agrega incertidumbre
En 2014 no sólo la economía argentina terminó en recesión.
La Unión Europea atraviesa un estancamiento al que no se le ve salida. El desempleo es masivo en muchos países. Los planes de ajuste podrían ser cuestionados en Grecia. Un futuro gobierno de Syriza, a pesar que esta formación política viene moderando hace tiempo su perfil para mostrarse capaz de gobernar la crisis del capital, es visto con desconfianza por los “mercados”.
La economía de China se desacelera lo mismo que muchos de los países denominados “emergentes” (en realidad en su mayoría semi colonias o países dependientes, según las categorías marxistas).
La conjugación de la crisis económica mundial con factores geopolíticos está derrumbando el precio del petróleo.
En las últimas jornadas la caída del precio del petróleo más la situación en Grecia fueron factores devastadores para las bolsas donde hacen sus negocios los especuladores.
La búsqueda de una negociación con los buitres está atravesada por este turbio panorama de la economía mundial. Baste recordar que Argentina en muchas ocasiones buscó alcanzar un acuerdo con el Club de París, pero los distintos episodios de la crisis mundial fueron posponiendo una definición hasta que finalmente se acordó pagar en 2014.
En la tranquilidad que pretende exhibir el gobierno para atravesar este momento de la crisis de la deuda también juega la convulsionada situación internacional donde un acuerdo no necesariamente contribuirá a mejorar el panorama económico local.
Además, el oficialismo quiere hacer valer los apoyos internacionales conseguidos, como la votación en la ONU para establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, para ejercer presión sobre el juzgado de Griesa y la justicia yanqui. En el mismo sentido, se inscriben las acciones legales iniciadas por los “buitres buenos” en tribunales de Gran Bretaña para destrabar los pagos.
Amparado en estos apoyos, el ministro Kicillof salió a defender lo actuado desde el momento en que el gobierno rechazó acatar el fallo del juez Griesa a mediados del año pasado.
En 2012, el ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, afirmaba que "Argentina no va a cambiar de posición: no le vamos a pagar un solo dólar a los fondos buitre. No hay nada que negociar con ellos”. (http://www.argentina.ar/temas/pais/1334-la-presidenta-ordeno-no-pagar-ni-un-centavo-a-los-fondos-buitre).
Mucha agua pasó bajo el puente. Este lunes la posición de Kicillof fue otra. Declaró al portal El Destape que la oferta realizada a los buitres “es la misma de 2010, en que ofrecimos lo mismo de 2005. Los discount, con una quita del 65%", a lo que agregó que se trata de "un discount como si hubiera entrado al canje en 2005, con intereses capitalizados durante todo el periodo y estamos dispuestos a ofrecer también el cupón PBI desde el primer canje, capitalizado. Puede dar hasta 100% del valor nominal", aseguró y graficó que "el que tiene u$s 400 millones en bonos cobra u$s 400 millones. Son 6.500 millones de dólares en total para el 7,4% que no entró al canje".
Una nueva etapa en la puja con los fondos buitre se está abriendo. Detrás del relato grandilocuente, el oficialismo no puede ocultar un retroceso de varios casilleros desde su posición original en los últimos tres años.
Con los acuerdos con el Ciadi, Repsol y el Club de París, la deuda superó los u$s215 mil millones mientras hace casi una década, luego del canje 2005, estaba en u$s126 mil millones. Ahora Kicillof ofrece aumentarla en u$s 6.500 millones haciendo una oferta a los buitres que en el peor de los casos les dejará 300% de ganancias, como reconoció el oficialismo en más de una oportunidad. Para terminar con esta sangría la única salida que beneficiará al pueblo trabajador es rechazar el pago de la fraudulenta deuda externa.
Pablo Anino
martes, enero 06, 2015
Marx y las Ciencias sociales.
La teoría crítica marxista frente al capitalismo del siglo XXI. La concepción materialista de la historia y la filosofía de la praxis frente al fetichismo y la fragmentación de los saberes oficiales. Presentación de la nueva cátedra "De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana". Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Programa de la materia en página web del CIPEC (Centro de Investigación en Pensamiento Crítico): www.cipec.nuevaradio.org
El Imperialismo sigue siendo el enemigo de los pueblos del mundo

El 17 de diciembre de 2014 será recordado como un día en el que el pueblo cubano le ganó una batalla más al imperio. El regreso a casa de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino es el resultado de 16 años de lucha y resistencia de un pueblo que jamás dejó solos a sus Héroes, acompañado por el granito de arena de todos aquellos que defendemos la Revolución.
Esta no fue ninguna "concesión" de Washington. Como parte de un canje, Cuba liberó al criminal Alan Gross, subcontratista de la USAID, detenido en 2009 y condenado a 15 años por el delito de introducir celulares, computadoras, discos duros y un sofisticado equipo de contrabando a la isla para instalar una red ilegal de telecomunicaciones para la subversión interna. Un criminal confeso a cambio de tres hombres que investigaban actividades terroristas orquestadas desde Miami y que le han costado a Cuba 5000 muertos y mutilados. Sin haberles podido comprobar un solo cargo en su contra se les condenó a cadenas excesivas (la más cruel la de Gerardo Hernández la cual sumaba el tiempo de condena de Gross más dos cadenas perpetuas).
El caso de los Cinco Héroes estuvo caracterizado por el odio del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Desde las irregularidades en el proceso, la negación sistemática de las visas de Olga y Adriana (esposas de René y Gerardo respectivamente), por poner dos ejemplos. No olvidemos que René González y Fernando González fueron liberados tras cumplir íntegras sus condenas y que René tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense a cambio de poder permanecer en territorio cubano tras una visita humanitaria para encontrarse con su hermano Roberto, gravemente enfermo.
Ese histórico 17 de diciembre se anunció de manera simultánea el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, relaciones que de manera unilateral rompió Estados Unidos dos años después del triunfo de la Revolución. Un paso importante que podría llevar a un eventual levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, criminal política de agresión imperialista cuya guerra financiera, particularmente dirigida hacia las transacciones bancarias, se recrudeció de manera cruel durante el año pasado.
¿Significa esto un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Es el comienzo de relaciones basadas en el respeto del imperio con Nuestra América y el mundo?
Mientras el discurso de Barack Obama crea en algunos (incluso amigos de la Revolución) la idea de que está dispuesto a construir, lanza un nuevo ataque a la República Bolivariana de Venezuela aprobando una ley impulsada nada menos que por el Senador Robert Menéndez y la congresista Ileana Ros-Lehtinen (conocidos por sus vínculos con organizaciones de la mafia anticubana y su apoyo a terroristas), que establece sanciones al gobierno venezolano, lo cual es una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Si a Obama le preocuparan tanto los derechos humanos, podría enjuiciar a los terroristas confesos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles en vez de protegerlos, por ejemplo.
Podría cerrar sus centros de tortura, entregar el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo. Abandonar sus planes de agresión, expansión y apropiación de los recursos naturales para mantener su consumo, cada vez más insostenible. Renunciar al uso de su fuerza política, militar y económica para dominar y asesinar pueblos e invadir territorios.
No puede haber paz sin libertad, ni relaciones normales sin independencia.
El sistema capitalista no funciona, no construye. No mejora estableciendo relaciones diplomáticas, ni siquiera levantando el bloqueo. El "poder blando" sigue siendo sometimiento sobre las naciones.
En un año donde se han incrementado las críticas internacionales después de salir a la luz las torturas cometidas por el imperio a raíz del 11 de septiembre y descubiertos nuevos planes subversivos de la USAID contra Cuba, Washington se ha visto obligado a cambiar de estrategia. Ante tanto fracaso se propone ahora una guerra cultural hacia la isla, una guerra interna dirigida hacia los jóvenes para, en el natural relevo generacional, encontrar a sus "líderes opositores" que logren el tan ansiado "cambio de régimen".
Intentos de subversión como el Proyecto Génesis, dirigido a formar "líderes juveniles de cambio", en el ámbito de la cultura. O desde las comunicaciones con el Piramideo o ZunZuneo, redes sociales que enviaban mensajes a los teléfonos celulares, enmascarados en noticias deportivas y culturales cuyo objetivo era causar un descontento social tal que pudiera provocar un levantamiento. El reclutamiento de jóvenes latinoamericanos con el mismo objetivo de subvertir el orden interno. El uso de grupos musicales como Los Aldeanos para a través de sus letras aparentar la existencia de focos sociales en contra del gobierno. Y la última provocación (bueno, intento de) protagonizado por la nueva Yoani Sánchez de la CIA, la artista plástica Tania Bruguera, quien convocó el pasado 30 de diciembre a un "micrófono abierto" en la Plaza de la Revolución, espacio simbólico del pueblo, empeñada en maquillar una actividad que promovía la desestabilización con arte y justificar que "en Cuba se viola la libertad de expresión" (rechazando todos los escenarios idóneos para expresiones artísticas que se le ofrecieron). Sin olvidarnos de las ya muy conocidas por sus montajes agresivos Damas de Blanco, utilizadas como una construcción mediática hecha hacia el exterior, que al igual que Yoani, no cuentan con una base social dentro de Cuba, reafirman las palabras de José Martí cuando dijo: "Los Estados Unidos se han palpado los hombros y se los han hallado ancho. Por violencia confesada nada tomarán. Por violencia oculta acaso. Por lo menos, se acercarán hacia todo aquello que desean".
No hay un nuevo comienzo en la política de Estados Unidos, sus pretensiones sigue siendo las mismas, crear una oposición en Cuba para derribar la Revolución. Aprovechar la necesidad histórica en la normalización de las relaciones para facilitarle a sus servicios especiales las acciones de subversión.
Todos sus intentos han fracasado y seguirán fracasando.
El sistema que predica la cultura del egoísmo, del consumismo, la que niega al ser humano, es totalmente incompatible con el sistema que pone al ser humano en el centro de todo. Nosotros los comunistas luchamos por erradicar el capitalismo en el mundo. El imperialismo, responsable de los horrores que vive este mundo, sigue siendo nuestro enemigo, y seguiremos luchando hasta derribarlo.
Compartimos con nuestros hermanos cubanos la enorme dicha de tener a los Cinco Héroes en la Patria y celebramos con el puño en alto otro enero de victorias. La Revolución Cubana siempre nos recuerda que vale la pena luchar, que es posible vivir en un mundo mejor y más justo para todos. Nos demuestra día con día que los pueblos podemos alcanzar la dignidad plena.
"Quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos"
José Martí
¡Hasta la Victoria Siempre!
Aline Pérez Neri. Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido de los Comunistas (México)
“El Estado Mexicano aplica técnicas de terrorismo de estado, como tortura y ejecuciones extrajudiciales”
.jpg)
Entrevista a Ana Elena Barrios, activista social en Chiapas
A pesar que el gobierno de Peña Nieto (PRI) se presenta como un ejecutivo “democrático” y “reformista”, el asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa no es más que un síntoma de la realidad estructural del país desde hace décadas. “Hay una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado”, afirma Ana Elena Barrios, activista social en el estado de Chiapas. Por debajo de la fachada modernizadora, añade, “el estado mexicano aplica técnicas de terrorismo de estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”. Ana Elena Barrios trabaja en la ONG “Enlace, Comunicación y Capacitación” con organizaciones sociales de Chiapas, y ha participado en un acto público organizado por CEDSALA en Valencia.
-La matanza de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) el pasado mes de septiembre ha conmovido al país y suscitado movilizaciones populares de gran potencial. ¿Qué hay en el trasfondo de estos asesinatos?
Es un momento muy doloroso. Vivimos el estallido de un cúmulo histórico de situaciones de corrupción y violencia política que están ahora saliendo a la luz pública e internacional y se nos presentan de manera crítica. Lo que sucede es que se cayó el teatro, la pantalla con la que el gobierno presenta a México al resto de países del mundo, como un país democrático y en paz. Ahora vemos el rostro de la violencia institucional en México, su rostro más terrible. Pero la violencia en el país no es un fenómeno nuevo. Viene de hace muchas décadas, desde que el PRI, que estuvo 70 años en el poder, instauró el compadrazgo, la corrupción y la violencia como forma de hacer política.
-¿En qué consisten estos antecedentes de violencia política?
Lo cierto es que el PRI logró construir un cierto “orden” (sin respeto por los derechos humanos, por supuesto) y pactó con ciertos cárteles, de manera que los grandes negocios (sobre todo tráfico de drogas y trata de personas, aunque también tráfico de armas) estaban más o menos bien repartidos y el camino allanado para que se hicieran negocios multimillonarios en Estados Unidos. Los cárteles tenían el control territorial y capacidad de negociación con el gobierno, pero además financiaban las campañas electorales, sobre todo a nivel municipal. En 70 años se construyó una extensa red de relaciones de corrupción y redes clientelares hacia el conjunto de la población y ciertos grupos de distintos sectores.
-¿Representa algún cambio en la situación de violencia “estructural” la llegad del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República?
En 2000, por primera vez el PAN accede al poder con Vicente Fox, después en el 2006, tras un fraude electoral toma la presidencia Felipe Calderón, también del PAN, quien tomó como uno de sus ejes de gobierno declarar la guerra abierta al narcotráfico, lo que es una idea absurda porque el narcotráfico se encuentra arraigado en las propias instituciones y estructuras estatales. Se militariza entonces el país y se llena de policías con el apoyo de Estados Unidos, pues el proceso se refuerza con el Plan Mérida y una inversión enorme en seguridad nacional. El sexenio de Calderón (2006-2012) termina con un número de muertos que oscila entre 60.000 y 70.000, y unos 26.000 desaparecidos, (la estimación exacta es difícil). Un baño de sangre en donde la más afectada fue la población, no así ninguna de las mafias del poder. Del crimen organizado se asesinó a los “narquitos”, a los últimos en la cadena del narcotráfico que es, además, la capa más fácilmente alcanzable (“halconcitos”, espías, gente que menudea con droga…). A veces se captura a algún “pez gordo”, pero esto no desestructura ninguna red, que permanece inalterable porque en seguida se encuentra un sustituto.
Tampoco se desmantela el sistema de lavado de dinero, con lo cual sigue intacta la fuente económica que lo sustenta y hace ensamblar en las estructuras económicas. En esta época “panista”, los pactos ancestrales que había entre los cárteles y el PRI se alteran, lo cual crea espacios de poder; se genera entonces una batalla terrible por la disputa y el control de los territorios, que significa también control y apropiación de los negocios. Al tiempo que se rompen también los pactos entre carteles, que cuentan con brazos armados, y que al independizarse para controlar los territorios no asignados se vuelven mucho más sanguinarios. La estrategia de militarización logra un mayor control de la población a través del amedrentamiento y del ataque directo a cierto grupos, entre los que destacan los movimientos sociales y también las y los jóvenes. Un caso emblemático de esto fue en marzo de 2011, que se dio la masacre de siete jóvenes en el estado de Morelos, entre los que se encontraba el hijo del poeta Javier Sicilia. Este terrible suceso salió a la luz internacional como una venta a lo que sucedía en el país, de la misma manera que ahora este caso de los jóvenes normalistas.
-Peña Nieto empieza a gobernar en 2012, ¿Se ha modificado en algo la situación respecto a los periodos anteriores? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación?
La situación de violencia no ha mejorado respecto al sexenio de Calderón, incluso ha incrementado, lo que sucede es que en general se conoce menos lo que ocurre. Peña Nieto entró intentando un “lavado de imagen” y afirmando que el PRI sí era capaz de controlar al “narco” y “garantizar seguridad”. La estrategia ha sido básicamente a través de la manipulación informativa, que se lleva a cabo por varias vías. Una es el pacto con el monopolio comunicativo del México (Televisa-TV Azteca), en un país en el que el 90% de la población se informa a través de la televisión. Otra vía es la cooptación de los medios de comunicación locales a través del pago directo (es tan descarado que incluso están en la nómina de los gobiernos estatales y municipales); los medios de comunicación que no acceden son atacados. No por nada México se encuentra en los primeros lugares de agresiones a periodistas. Un informe de unos meses atrás, elaborado por la organización civil Artículo 19, reveló que con el gobierno de Peña Nieto han aumentado un 59% las agresiones a comunicadores y solamente en 2013 se contabilizaron 330 agresiones contra periodistas, de las cuales el 60% fueron cometidos por la autoridad.
-¿Cómo se explica, entonces, la gran repercusión que ha tenido el asesinato de los 43 estudiantes en Iguala?
Lo que ahora ha hecho la diferencia para que se hiciera público de esta forma lo que ocurrió en Iguala, es el papel de informar e informarse de la propia ciudadanía a través de las redes sociales y medios libres. Pero detrás de esta estrategia de control comunicativo, la realidad de violencia institucionalizada sigue ahí, contra la población en general so pretexto de garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad al país. Esta violencia política y de manera específica contra ciertos grupos, como lo son las y los jóvenes que se organizan y participan en movimientos sociales. La criminalización de la protesta social ha sido otra de las grandes tendencias que padecimos en la época calderonista y ahora en el gobierno de Peña Nieto se agudiza de manera alarmante. Esta criminalización se lleva a cabo por diversas vías. Una de ellas es la legal, se han aprobado recientemente legislaciones en algunos estados de México que dan mayor espacio de discrecionalidad a cuerpos policiacos para intervenir en manifestaciones, y obliga a la ciudadanía a restringir las formas de expresión y manifestación.
Paralelamente se han practicado, especialmente en lo que va del gobierno de Peña Nieto, una serie de detenciones a personas que protestan. Un hecho significativo de esto es que el mismo día de la toma de poder de Peña Nieto, el 1º de diciembre de 2012, hubo una serie de detenciones arbitrarias contra manifestantes. Este tipo de acciones se han repetido en varias ocasiones; también recientemente en las manifestaciones por Ayotzinapa se ha detenido de una manera brutal y absurda a personas que se manifestaban e incluso contra personas que ni siquiera se manifestaban, sólo iban pasando por ahí. El colmo es constatar que se les han imputado todo tipo de cargos, incluido por terrorismo y se les han enviado a prisiones de alta seguridad, por supuesto violando todo proceso. Otra de las grandes estrategias para lograr esta criminalización es nuevamente la estrategia mediática. Ahí ha sido grotesca la forma de manipular el discurso ante cualquier expresión de protesta, presentándolos como vándalos, flojos, alteradores del orden público,… y todos los adjetivos de ese tono que uno se pueda imaginar.
-¿Qué representan realmente los crímenes de Ayotzinapa? Si la violencia es un elemento “estructural” en México, ¿por qué en esta ocasión se ha desencadenado una gran protesta?
Por el hartazgo popular acumulado. El “basta ya” de la gente. El aglutinamiento de las diversas luchas sociales en torno a una situación de esta dimensión. Cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam respondió a las preguntas de los periodistas “ya me cansé”, colmó la paciencia de la gente. La población fue la que dijo ahora “ya me cansé”. La respuesta del gobierno a la masacre de los 42 estudiantes ha sido ofensiva y meramente discursiva. En una de sus declaraciones, Peña Nieto se atreve a decir: “Todos somos Ayotzinapa”. Es indignante. Hace aparecer la masacre como una situación ajena al Estado, como si el gobierno fuera víctima. Y si hay autoridades responsables, viene a decir, son solamente algunos a nivel local, en este caso el alcalde de Iguala y su esposa. Pero la realidad es que nos encontramos ante un crimen de Estado, que toca la entraña de cómo se ejerce el poder en México.
La respuesta gubernamental únicamente se explica para amainar la acción internacional, que tiene los ojos puestos en México. La gente también está abriendo los ojos sobre Televisa y los grandes medios de comunicación. Frente a este paisaje ha habido una gran diversidad de respuestas de movilización de parte de diversos sectores. Resulta esperanzador constatar la capacidad de movilización que actualmente existe en México. Entre otras iniciativas, un grupo de actores sociales con una fuerte trayectoria de lucha social que promueven el 5 de febrero (día de la Constitución mexicana) un primer encuentro para impulsar un proceso constituyente ciudadano. Porque el hartazgo de la ciudadanía es no sólo contra Peña Nieto y su gabinete, es también contra los partidos políticos y la clase política; es un hartazgo del pan con lo mismo que al final deja a la ciudadanía como víctima de sus políticas que despojan y atacan a la población.
-Sin embargo, el ejecutivo de Peña Nieto se presenta como un gobierno “reformista”…. ¿Cuáles son las principales “reformas”, su contenido y alcance?
El gobierno de Peña Nieto inició con el “Pacto por México” como estrategia para aparentar capacidad de concertación y consenso. Fue una de las primeras acciones ejercidas que planteaba algunos puntos básicos a lograr en torno a los grandes temas del país. Aunque muchos de estos temas estaban ya previamente pactados con los poderes económicos. En este pacto ya se planteaban las reformas como necesarias, sin destapar aún los contenidos explícitos, pero sentando el camino para tratar de garantizar después el apoyo de los partidos políticos. Estas reformas profundizan el modelo neoliberal, que continúa la privatización del Estado y terminan de desmantelar lo (poco e insuficiente) que en décadas se había logrado construir para colocar al Estado como responsable de los derechos sociales de la población.
Es un paquete de reformas, que han sido presentadas como “modernizadoras”, argumentando siempre la inoperatividad del modelo anterior y que restan autonomía al Estado con respecto al sector privado. Se trata de las reformas fiscal, educativa, energética y de telecomunicaciones. De todas éstas, la reforma energética es la que tendrá impactos más fuertes a mediano y largo plazo en el encarecimiento de las condiciones de vida de la población, al tiempo que favorece la concentración de la riqueza obtenida del petróleo mexicano, a manos de empresas transnacionales.
-¿Qué supondrá, en concreto, la privatización del sector energético?
Hasta ahora las ganancias que generan petróleo constituyen la principal fuente de PIB para el país y en su mayoría han sido destinados al erario público (recordemos que en 1938 Lázaro Cárdenas había llevado a cabo la expropiación petrolífera), con la reforma energética la renta petrolera será compartida con el sector privado internacional. Paralelamente, esta reforma establece la actividad energética como prioridad nacional, por lo cual es superior a cualquier otro interés, actividad regida por legislaciones municipales y estatales. Esto significa la disponibilidad total del territorio en manos de la industria extractiva, que implica el despojo de los pueblos y la depredación de los recursos estratégicos del país. Ahora mismo, se está preparando la última de las reformas, la más peligrosa para el pueblo mexicano, la llamada reforma al campo, que no es otra cosa que la “contrarreforma” agraria, lo que fue la gran conquista de la revolución mexicana. Esta reforma significaría la re-concentración de la tierra y consolidación de los monopolios del sector agroindustrial como dueños de la alimentación de la población, es decir la dependencia alimentaria y la pulverización del sector campesino; paralelamente el advenimiento de la industria agrícola transgénica.
-¿Puede considerarse México una democracia-liberal “homologable” como pretende proyectar el gobierno de Peña Nieto, o más bien se trataría de lo que llaman un “estado fallido”?
No se puede decir que en México hay un estado de derecho cuando los poderes fácticos y las dinámicas de compadrazgo y corrupción tienen la fuerza y el poder que actualmente tienen. Los gobiernos han montado simulaciones que intentan presentar un México democrático, ocultando las verdaderas dinámicas que rigen los rumbos y las decisiones del país en todos los ámbitos y los mecanismos que el Estado utiliza para garantizar que se cumplan. Lo ocurrido recientemente en Guerrero, nos habla del nivel de impunidad que rige en México; si los cuerpos policiacos actúan hechos atroces con tal apertura y naturalidad es porque saben que en ese territorio no es precisamente la Constitución y sus leyes las que mandan; saben que no habrá castigo alguno porque en realidad están obedeciendo a otras órdenes, otras “leyes” e intereses, a otros poderes que son los que realmente determinan lo que se vive en el día a día de los municipios: quiénes mandan, en función de qué y de quiénes, qué poderes defiende la policía y con qué mecanismos, a quién conviene que así suceda. Hay una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado. De hecho, hace décadas que el narcotráfico financia las campañas electorales en varios municipios.
-Por último, ¿cómo se materializa esta criminal trabazón de intereses a la que te refieres?
El Estado mexicano aplica técnicas de terrorismo de Estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Hay un colectivo muy potente (el Comité Cerezo), que trabaja el tema de desaparición forzada en México y documenta algunos casos; es escalofriante la frecuencia y mecanicismo con los que se practican estas técnicas del terror, especialmente contra luchadores sociales. Un claro ejemplo de ejecuciones extrajudiciales lo tenemos sólo unos días antes de los sucesos de Ayotzinapa, en el Estado de México (donde Peña Nieto fue gobernador), en el municipio de Tlatlaya, el ejército ejecutó a 22 supuestos criminales que, por los testimonios de sobrevivientes, se habían rendido y desarmado.
Lo terrible del caso de los 42 estudiantes es el nivel de cinismo con que ocurrió. La propia policía uniformada disparó a los estudiantes, los tomó y los entregó a grupos del “narco”, con los que evidentemente colabora. Éste es el “modus operandi” en muchos lugares de México, aunque ello no salga a la luz. En este caso se les escapó la información y salió a la luz internacional, por eso ahora la estrategia del gobierno de cara a la exigencia nacional e internacional es hacerlo parecer como un caso aislado y limitado exclusivamente a un suceso de corrupción municipal, en el que están implicados sólo un grupo de políticos. Quieren seguir sosteniendo la pantalla de un Estado democrático, sabemos que no es así, ni lo será hasta que no se modifiquen a profundidad las estructuras gubernamentales y su relación profunda con las estructuras sociales, económicas y políticas de la delincuencia organizada.
Enric Llopis
Elecciones en Grecia: Cuando los poderes extranjeros entran en campaña electoral
Ayer la Comisión Europea (CE) y el gobierno alemán fijaron los límites por donde deberá transitar el nuevo ejecutivo que salga de las urnas el próximo 25 de enero en Grecia. La posición más dura la abanderó Berlín cuyo vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, advirtió que la eurozona “no se dejará chantajear” y espera que el Gobierno de Grecia “independientemente de quien esté en él, respete los acuerdos alcanzados con la Unión Europea (UE)”. No deja de ser curioso que quienes han estado exigiendo durante más de cuatro años draconianas medidas de austeridad a Grecia a cambio de dinero, traten ahora de impedir que un gobierno salido de las urnas no pueda plantear sus propias políticas impositivas y sociales, entre otras, y solicitar una renegociación de la deuda soberana.
El gobierno alemán quiere insistir en que la rebeldía de Grecia contra las imposiciones de la troika (CE, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) equivale a su expulsión de la zona euro. A ese carro, de endurecer las amenazas a los votantes, se ha subido el todavía Primer Ministro de Grecia Antonis Samarás. Que lo haga él entra dentro de lo razonable, es parte interesada y su discurso tampoco da para más, pero por qué Ángela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, ven como inevitable la expulsión griega si el nuevo gobierno reniega de los recortes presupuestarios y amenaza con dejar de pagar la deuda. Por qué el portavoz del Ministerio de Finanzas alemán, Martin Jaeger, afirmó que “no hay alternativa a los esfuerzos griegos para reformar la economía, pues están dando sus frutos”. La respuesta la ofrece el economista griego Yannis Varoufakis al asegurar que la “recuperación” griega “solo existió en el reino de la propaganda” y que “se maquinó mediante dos nuevas burbujas, una en el mercado de bonos y la otra en el mercado de acciones bancarias griegas, burbujas que reventaron en el momento en que pareció que los griegos iban a tener la oportunidad de expresar lo que opinaban de esa llamada ‘recuperación’ en las urnas”. Berlín consiguió salvar a los bancos alemanes del avispero griego en 2011 y 2012, ahora solo le interesa que todos los países de la eurozona marquen el paso con sus demenciales políticas de austeridad. Y pretende corregir al alumno díscolo antes de que se le alborote el patio.
“Las amenazas a un gobierno de Syriza no vendrá de los mercados, sino del Banco Central Europeo (BCE), de la UE y de Berlín" expone Varoufakis. Y no le falta razón. Las políticas de austeridad han demostrado en el caso griego su más absoluto fracaso. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en más de un 25%, los salarios reales cayeron un 30%, la producción industrial un 35% y el desempleo, que llegó a rondar el 28%, afecta en estos momentos a una de cada cuatro personas en edad de trabajar. Solo el sector turístico ha mantenido un buen comportamiento, en medio de un declive de las exportaciones durante el año 2014. Ahora se pregona a los cuatro vientos que la economía griega tendrá un crecimiento del 0,7%, tras seis años de profunda recesión, hipotecado por el declive continuo de los precios (-1,2%). Pero los únicos vencedores en esta batalla son “los comerciantes y los banqueros alemanes que se han beneficiado significativamente del euro y no tienen ningún interés en abandonar las políticas de austeridad” pese a la debilidad de la economía europea y al hecho de que tanto Francia como Italia se encuentren contra las cuerdas, según explica el Profesor de Economía de la Universidad de Londres Costas Lapavitsas.
Mas el desastre del sector productivo en Grecia ha venido este año acompañado también por el hundimiento del sector financiero, y de eso el gobierno de coalición no puede culpar a Syriza, todavía. En los últimos doce meses la Bolsa de Atenas ha perdido un 29% de su valor, arrastrada principalmente por los cuatro bancos sistémicos, que cayeron un 46%, y por el continuo estado de deflación de los precios. Para el economista Leonidas Vatikiotis estas cuatro entidades financieras no han despertado ningún interés de compra ni por parte de inversores privados ni institucionales, habiendo consumido desde 2008 más de 211.500 millones de euros de dinero público en garantías y dinero en efectivo. Lo cual demuestra no solo su estado de postración, que Vatikiotis lleva denunciando desde hace años, sino también que las pruebas de estrés realizadas el pasado mes de octubre por el BCE, y en las que los bancos griegos obtuvieron una positiva evaluación, fueron una farsa pues los mismos que establecían las reglas del juego eran los propios jueces.
Por todo ello un número creciente de analistas económicos comienzan a considerar que una victoria de Syriza podría ser incluso provechosa para dinamizar la moribunda economía griega. En esa línea el diario Financial Times señaló la pasada semana que muchos inversores ven con buenos ojos las próximas elecciones griegas pues probablemente el programa de gobierno de Syriza sería menos problemático de lo estimado originalmente, e incluso podría ser positivo para el conjunto de la eurozona al poner en cuestión el dogma de la austeridad.
Es evidente que el cambio de Syriza hacia posiciones más moderadas ha sido percibido positivamente por una fracción del sector financiero, pero no está claro que un programa “razonable y moderado”, como lo define Lapavitsas, que supone un ejercicio de “sentido común” pese a no incluir “nada radical en sus políticas” será aceptado por Bruselas, que sigue manteniendo una posición bastante hostil ante una eventual victoria de la izquierda en Grecia.
Hasta el momento lo más moderado que ha salido de la CE, procede del inclasificable burócrata ascendido a director de comunicación, Margaritis Schinas, quien aseguró ayer lunes en rueda de prensa que el artículo 240, apartado 3, del Tratado de la UE establece que la participación en la zona euro es irrevocable por lo que no existe la posibilidad de que Grecia abandone el área de la moneda común.
Schinas matizó de ese modo las declaraciones del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moskovici, quien el pasado 29 de diciembre tras conocer el adelanto electoral en Grecia pidió a los votantes un “amplio respaldo” a las políticas neoliberales pues, a su juicio, son “esenciales para que Grecia prospere en la eurozona”.
La troika se aprovechará sin duda de las importantes necesidades de financiación que necesita Grecia para pagar parte de su deuda, y que algunos economistas cifran en unos 20.000 millones de euros de aquí a verano de 2015, además de los fondos adicionales procedentes del Banco Central Europeo para evitar el colapso de las entidades financieras griegas. Y a buen seguro que lo recordará una y otra vez a los votantes griegos durante esta fugaz campaña.
En el otro extremo, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, recurrió al ejemplo alemán de 1953, cuando borró la mayor parte del valor nominal de su deuda, para defender lo que su partido quiere hacer desde el primer momento en que llegue al gobierno. Tsipras aseguró el pasado miércoles que 2015 traerá "la democracia de regreso a la patria", así como el triunfo de la razón y la esperanza, "derrotando el miedo y alarmismo" con una gran victoria electoral. A la vez que se comprometió a poner fin "a la humillación nacional y a la crisis humanitaria, poniendo en marcha un programa de reconstrucción de la economía y la sociedad".
No lo tendrá nada fácil. Las encuestas vaticinan que Syriza será el vencedor el próximo 25 de enero, pero no con el margen suficiente como para obtener una mayoría de gobierno. Su margen de actuación vendrá determinado, lógicamente, por el apoyo popular que reúna y de las distintas alianzas a las que tenga que recurrir si no logra la mayoría parlamentaria suficiente. Movido por esta necesidad Tsipras envió este sábado un mensaje a ecologistas, comunistas y al frente de izquierda anticapitalista (Antarsya) pidiendo la confluencia pues “la batalla que tenemos que dar está por encima de las diferencias que existen dentro de la izquierda”. El mensaje quizá llega tarde y además suena muy electoralista, pero las encuestas no aclaran hasta el momento hacia dónde se dirigirá el voto de los indecisos.
Antonio Cuesta, corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina.
El gobierno alemán quiere insistir en que la rebeldía de Grecia contra las imposiciones de la troika (CE, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) equivale a su expulsión de la zona euro. A ese carro, de endurecer las amenazas a los votantes, se ha subido el todavía Primer Ministro de Grecia Antonis Samarás. Que lo haga él entra dentro de lo razonable, es parte interesada y su discurso tampoco da para más, pero por qué Ángela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, ven como inevitable la expulsión griega si el nuevo gobierno reniega de los recortes presupuestarios y amenaza con dejar de pagar la deuda. Por qué el portavoz del Ministerio de Finanzas alemán, Martin Jaeger, afirmó que “no hay alternativa a los esfuerzos griegos para reformar la economía, pues están dando sus frutos”. La respuesta la ofrece el economista griego Yannis Varoufakis al asegurar que la “recuperación” griega “solo existió en el reino de la propaganda” y que “se maquinó mediante dos nuevas burbujas, una en el mercado de bonos y la otra en el mercado de acciones bancarias griegas, burbujas que reventaron en el momento en que pareció que los griegos iban a tener la oportunidad de expresar lo que opinaban de esa llamada ‘recuperación’ en las urnas”. Berlín consiguió salvar a los bancos alemanes del avispero griego en 2011 y 2012, ahora solo le interesa que todos los países de la eurozona marquen el paso con sus demenciales políticas de austeridad. Y pretende corregir al alumno díscolo antes de que se le alborote el patio.
“Las amenazas a un gobierno de Syriza no vendrá de los mercados, sino del Banco Central Europeo (BCE), de la UE y de Berlín" expone Varoufakis. Y no le falta razón. Las políticas de austeridad han demostrado en el caso griego su más absoluto fracaso. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en más de un 25%, los salarios reales cayeron un 30%, la producción industrial un 35% y el desempleo, que llegó a rondar el 28%, afecta en estos momentos a una de cada cuatro personas en edad de trabajar. Solo el sector turístico ha mantenido un buen comportamiento, en medio de un declive de las exportaciones durante el año 2014. Ahora se pregona a los cuatro vientos que la economía griega tendrá un crecimiento del 0,7%, tras seis años de profunda recesión, hipotecado por el declive continuo de los precios (-1,2%). Pero los únicos vencedores en esta batalla son “los comerciantes y los banqueros alemanes que se han beneficiado significativamente del euro y no tienen ningún interés en abandonar las políticas de austeridad” pese a la debilidad de la economía europea y al hecho de que tanto Francia como Italia se encuentren contra las cuerdas, según explica el Profesor de Economía de la Universidad de Londres Costas Lapavitsas.
Mas el desastre del sector productivo en Grecia ha venido este año acompañado también por el hundimiento del sector financiero, y de eso el gobierno de coalición no puede culpar a Syriza, todavía. En los últimos doce meses la Bolsa de Atenas ha perdido un 29% de su valor, arrastrada principalmente por los cuatro bancos sistémicos, que cayeron un 46%, y por el continuo estado de deflación de los precios. Para el economista Leonidas Vatikiotis estas cuatro entidades financieras no han despertado ningún interés de compra ni por parte de inversores privados ni institucionales, habiendo consumido desde 2008 más de 211.500 millones de euros de dinero público en garantías y dinero en efectivo. Lo cual demuestra no solo su estado de postración, que Vatikiotis lleva denunciando desde hace años, sino también que las pruebas de estrés realizadas el pasado mes de octubre por el BCE, y en las que los bancos griegos obtuvieron una positiva evaluación, fueron una farsa pues los mismos que establecían las reglas del juego eran los propios jueces.
Por todo ello un número creciente de analistas económicos comienzan a considerar que una victoria de Syriza podría ser incluso provechosa para dinamizar la moribunda economía griega. En esa línea el diario Financial Times señaló la pasada semana que muchos inversores ven con buenos ojos las próximas elecciones griegas pues probablemente el programa de gobierno de Syriza sería menos problemático de lo estimado originalmente, e incluso podría ser positivo para el conjunto de la eurozona al poner en cuestión el dogma de la austeridad.
Es evidente que el cambio de Syriza hacia posiciones más moderadas ha sido percibido positivamente por una fracción del sector financiero, pero no está claro que un programa “razonable y moderado”, como lo define Lapavitsas, que supone un ejercicio de “sentido común” pese a no incluir “nada radical en sus políticas” será aceptado por Bruselas, que sigue manteniendo una posición bastante hostil ante una eventual victoria de la izquierda en Grecia.
Hasta el momento lo más moderado que ha salido de la CE, procede del inclasificable burócrata ascendido a director de comunicación, Margaritis Schinas, quien aseguró ayer lunes en rueda de prensa que el artículo 240, apartado 3, del Tratado de la UE establece que la participación en la zona euro es irrevocable por lo que no existe la posibilidad de que Grecia abandone el área de la moneda común.
Schinas matizó de ese modo las declaraciones del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moskovici, quien el pasado 29 de diciembre tras conocer el adelanto electoral en Grecia pidió a los votantes un “amplio respaldo” a las políticas neoliberales pues, a su juicio, son “esenciales para que Grecia prospere en la eurozona”.
La troika se aprovechará sin duda de las importantes necesidades de financiación que necesita Grecia para pagar parte de su deuda, y que algunos economistas cifran en unos 20.000 millones de euros de aquí a verano de 2015, además de los fondos adicionales procedentes del Banco Central Europeo para evitar el colapso de las entidades financieras griegas. Y a buen seguro que lo recordará una y otra vez a los votantes griegos durante esta fugaz campaña.
En el otro extremo, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, recurrió al ejemplo alemán de 1953, cuando borró la mayor parte del valor nominal de su deuda, para defender lo que su partido quiere hacer desde el primer momento en que llegue al gobierno. Tsipras aseguró el pasado miércoles que 2015 traerá "la democracia de regreso a la patria", así como el triunfo de la razón y la esperanza, "derrotando el miedo y alarmismo" con una gran victoria electoral. A la vez que se comprometió a poner fin "a la humillación nacional y a la crisis humanitaria, poniendo en marcha un programa de reconstrucción de la economía y la sociedad".
No lo tendrá nada fácil. Las encuestas vaticinan que Syriza será el vencedor el próximo 25 de enero, pero no con el margen suficiente como para obtener una mayoría de gobierno. Su margen de actuación vendrá determinado, lógicamente, por el apoyo popular que reúna y de las distintas alianzas a las que tenga que recurrir si no logra la mayoría parlamentaria suficiente. Movido por esta necesidad Tsipras envió este sábado un mensaje a ecologistas, comunistas y al frente de izquierda anticapitalista (Antarsya) pidiendo la confluencia pues “la batalla que tenemos que dar está por encima de las diferencias que existen dentro de la izquierda”. El mensaje quizá llega tarde y además suena muy electoralista, pero las encuestas no aclaran hasta el momento hacia dónde se dirigirá el voto de los indecisos.
Antonio Cuesta, corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina.
lunes, enero 05, 2015
El Ku Klux Klan y el capitalismo

Dice la historiografía que, unos meses después de terminada la Guerra Civil norteamericana, el 24 de diciembre de 1865, un grupo de jóvenes universitarios sureños organizaron un “club social” en el que se disfrazaban con sábanas. Descubrieron que los recién liberados esclavos se asustaban de los disfraces. El ejemplo cundió y en 1867 se formó el Ku Klux Klan con el objetivo de “poner a los negros en su lugar”.
La realidad es bastante distinta. Lejos de un “chiste” juvenil, el Klan fue organizado por seis veteranos oficiales de la Confederación en distintos condados del derrotado Sur y apoyado por las elites locales, en particular por los dueños de las plantaciones que habían sido trabajadas por los esclavos.
Su problema central era doble: los libertos comenzaban a ejercer sus derechos políticos, eligiendo diputados y legisladores; y aun peor, los esclavos se había convertido en asalariados y demandaban salarios dignos y comenzaban a organizarse sindicalmente. El Klan surgió para impedir la participación política de los libertos, y también para “fijarlos” a la tierra con bajos salarios. Junto al Klan, surgieron el peonazgo por deudas, y la papeleta de conchabo. Esta no fue la única organización de su tipo ya que también surgieron otros como los Caballeros de la Camelia Blanca y el Club de Rifles de Mississippi.
Representativo de todo lo anterior es que el primer “Gran Mago” del Klan fue el general confederado Nathan B. Forrest. Este era un gran terrateniente y especulador basado en Menfis, Tenessee, que se había dedicado a la trata de esclavos. No fue el único. Muchos terratenientes y comerciantes sureños apoyaron al Klan y se convirtieron en sus líderes. Pero el Klan no se dedicó a reprimir solamente “negros”, también atacó a todos aquellos “blancos” que trataban de apoyar a los libertos ya sea educándolos u organizándolos. De ahí que la expresión “nigger lover” (amante de los negros) surgió para describir aquellos que se “mezclaban” con los afrodescendientes. Un resultado fue que logró dividir a trabajadores negros de blancos a través del uso no sólo del racismo sino también de la violencia y el terrorismo contra aquellos que “no se mantenían en su lugar”. Por otra parte, aquellos blancos pobres que se mostraban devotos del Klan, encontraban que podían tener una movilidad social ascendente, ya sea en política o en negocios, a través de la organización.
El Klan fue exitoso y el Sur logró un acuerdo político luego de fraguar las elecciones presidenciales de 1876. El resultado fue su desaparición y su reemplazo por un tipo de apartheid denominado “Leyes Jim Crow”. Pero su antecedente quedó registrado, y fue rescatado por el cineasta Cecil B. DeMille en su film “Nacimiento de una Nación” que fue prologado por citas racistas del entonces presidente e historiador, Woodrow Wilson.
Inspirado en el film de DeMille, el Klan fue reorganizado en 1915 por William Simmons con el objetivo de reprimir el auge sindical y de izquierda de la época.
Un aspecto interesante es que Simmons pensó el Klan como un gran negocio y contrató una empresa de publicidad que lo difundiera y también que vendiera sus “implementos” en cómodas cuotas por correo. Sus enemigos, ahora, eran los “dirigentes sindicales, socialistas, vagos, mujeres inmorales, católicos, judíos y aquellos trabajadores que no cumplieran con su trabajo”. Era la época donde la inmigración irlandesa era antimonárquica y republicana; gran parte de la colectividad judía era socialista; muchos italianos estaban influenciados por el anarquismo; el villismo y zapatismo cundían entre los mexicanos del sudoeste y la IWW llevaba adelante grandes y muy combativas huelgas.
Apoyado por los organismos “de seguridad” el Klan creció hasta tener decenas de miles de miembros a través de Estados Unidos, incluyendo Estados como Indiana, California y Nueva York donde era particularmente fuerte, mientras los grandes empresarios, como Henry Ford, contribuían a sus finanzas.
Su propio éxito lo llevó a que se fragmentara en múltiples organizaciones, pero continuó sus actividades. En la década de 1930 tenía peso político en la mayoría de los estados de la Unión. Al mismo tiempo se vio enfrentado a una izquierda dispuesta a cerrarle el camino. Así el Partido Comunista organizó la Liga de Arrendatarios del Sur que, además de sus tareas gremiales, desarrolló una muy efectiva autodefensa de masas. Los enfrentamientos fueron numerosos y el Klan aplicó el linchamiento a todo activista que podía encontrar desprotegido. Esto fue representado en la maravillosa “Strange Fruit”, compuesta por el comunista Abel Meeropol y cantada por Billie Holiday.
El Klan, en sus distintas formas, continuó con su actividad y ejerció un poder político importante hasta la actualidad. Dos presidentes, uno republicano y el otro demócrata, Harding y Truman, fueron miembros del Klan, al igual que importantes senadores como Robert Byrd, Theodore Bilbo y Rice Means.
Gobernadores como Edward Jackson (Indiana) y Clifford Walker (Georgia), al igual que el alcalde de Los Ángeles John Porter fueron miembros del Klan, destacando su peso mucho más allá del Sur profundo. Asimismo, por lo menos dos jueces de la Suprema Corte, Edward Douglass White y Hugo Black, se contaron entre sus afiliados. Por último, David Duke “Director Nacional” del “nacionalismo blanco” y Gran Mago del Klan, fue precandidato a Presidente por el Partido Demócrata en 1988. En la década de 1990 Duke emigró hacia el Partido Republicano y se convirtió en el presidente partidario del condado de St. Tammany en Louisiana.
Este somero listado refleja a las claras que el Klan dista mucho de ser una organización marginal. En realidad, y al igual que las milicias y los neonazis, es uno de los instrumentos represivos que ejerce el capitalismo norteamericano en contra de los desafíos que puedan surgir. Al igual que en 1865 el problema nunca fue la “negritud” sino que los trabajadores se organicen y movilicen en función de sus derechos. De ahí que, a pesar de películas como “Mississippi en Llamas”, J. Edgar Hoover y el FBI siempre le tuvieron simpatía. Para Hoover ser judío o negro y subversivo era lo mismo. De ahí que persiguiera a Carlitos Chaplin, conocido miembro del PC, y lo acusara de judío (“No tengo ese honor”, respondió Carlitos granjeándose el odio permanente del racista Hoover).
Para la historiografía norteamericana, el Klan fue una aberración, y los presidentes Harding y Truman sólo “los utilizaron” para avanzar en política. De otra forma tendrían que admitir que Estados Unidos dista mucho de ser una “democracia” y que el “racismo” es una parte integral de su sistema de dominación. Sin embargo, como se demostró en la masacre de Greensboro, Carolina del Norte, el Klan sigue inserto y apoyado en el Estado. En ese entonces, 1979, en una movilización del Partido Comunista de los Trabajadores (CWP) el Klan y el Partido Nazi Americano se hicieron presentes y delante de la policía asesinaron a cinco militantes del CWP. A pesar de los numerosos testigos y de la filmación de la masacre el sistema judicial exoneró a los miembros de Klan “porque habían sido provocados más allá de lo razonable”.
Hoy en día el Klan y los Nazis coordinan sus actividades a través de la revista Stormfront en función de organizar al “nacionalismo blanco”.
Una simple mirada a la lista de “organizaciones de odio” que compila el Southern Poverty Law Center, revela la existencia de docenas de estos grupos.
Los que reivindican abiertamente el “Klan” son 186 y 196 son los neonazis. A estos hay que agregar 111 grupos nacionalistas blancos, 98 skinheads y 93 neoconfederados. Si revisáramos los listados de afiliados disponibles encontraríamos numerosos policías, militares y agentes del FBI entre sus miembros. Y si pudiéramos acceder a su listado de “donantes” encontraríamos a muchos de los poderosos empresarios norteamericanos como los hermanos Koch y la familia Coors.
Pablo A. Pozzi
Historiador, docente titular de "Historia de Estados Unidos" -UBA
La noche de Iguala y el despertar de México
Los atroces hechos sucedidos en la noche del 26 de septiembre en Iguala son sin duda los que marcaron el 2014 convirtiéndolo en un año hito en la historia contemporánea de México, erigiéndose como otro “Mexican moment”, muy diferente al que el presidente Peña Nieto publicitó al inicio de su gobierno, que horrorizó a su pueblo y al mundo entero obligando a los medios masivos a presentar ante la opinión pública internacional el nivel de barbarie al que ha llegado el estado de guerra de facto en el que se encuentra esta nación fronteriza con Estados Unidos (EUA) desde el 2007. Así 2014 pasó a ser el año de Ayotzinapa más que el de las “reformas de estructura” promovidas por Peña Nieto.
Precisamente hace un año, cuando en el mundo oficial todo era jolgorio y alegría por la aprobación de todas las reformas promovidas por el gobierno y sus aliados del Pacto por México, decíamos que después de 25 años de crisis política permanente, de 1988 a 2013, México era “un volcán en estado de ebullición antes de la explosión de la lava ardiente” que se acercaba cada vez más hacia el estallido. (“¿Hacia el estallido?”, Unidad Socialista, núm. 58, marzo-abril 2014, también publicado en la red entre otros en el boletín informativo Correspondencia de Prensa, 23 de marzo 2014). En junio la matanza de Tlatlaya realizada por los militares, hecha pública más dos meses después de ocurrida conmocionó al país y después a finales de septiembre los hechos de Iguala lo horrorizaron. Fueron las chispas que han comenzado a incendiar la pradera. Desde entonces el país cambió abruptamente y el gobierno de la restauración priista está instalado en su peor crisis. Las repercusiones han sido enormes y no sólo en México pues su impacto internacional recuerda e incluso va más allá de lo que ocurrió el 1° de enero de 1994 con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas por el reto político directo y sin amortiguadores que representa la causa de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para el típico Estado represivo y corrupto de México tocado a profundidad en sus fibras políticas esenciales: estructura gubernamental, sistema de partidos, judicatura, etc. En las enormes y numerosas movilizaciones habidas a partir del 1° de octubre cuando salió a relucir todo el horror de lo sucedido el 26 de septiembre, tres consignas gritadas por las multitudes son las que sintetizan el sentimiento de amplísimos sectores de la población: “Fue el Estado”, “Fuera Peña” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El gobierno de Peña Nieto intentó burdamente durante una semana enterrar las atrocidades de Iguala en el campo municipal bajo el control formal de un alcalde asesino del PRD, creyendo ilusamente que su gobierno podría eludir responsabilidades. Una apreciación por completa errónea que se le revirtió con creces cuando tardíamente la PGR debió “atraer” el caso. La penetración descarada de personajes e influencias del narcotráfico en la alcaldía de Iguala no era privativa de los municipios presididos por el PRD, como antes se había demostrado en la crisis de Michoacán que obligó a Peña Nieto a intervenir con un comisionado especial que actuó como real jefe del estado, debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de funcionarios y familiares en contacto con los narcotraficantes.
Ante la avalancha de protestas y movilizaciones presidente Peña ha llamado a “superar” lo sucedido y en la práctica su gobierno quiere darle carpetazo lo más pronto posible. Pero la situación hoy es muy diferente a la de crisis anteriores. No sólo los activistas, los sectores democráticos y revolucionarios, sino voceros de la opinión burguesa más conservadora reconocen que la movilización masiva que ha surgido exigiendo la presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y que las protestas callejeras seguirán y que no es posible creer en una política que le “apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El Universal, uno de los diarios más importantes de la ciudad de México, de una orientación claramente conservadora, publicó los resultados de una investigación de su Centro de Investigación y Análisis que vale la pena citar. “Durante 87 días, del 1° de octubre al 26 de diciembre se han registrado 44 movilizaciones públicas en México y en el mundo con la demanda común de la localización con vida de los jóvenes maestros desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los responsables del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14). Los datos concretos son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en que se realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más multitudinarias. De las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en México (en 17 estados) y el resto al nivel internacional (en 21 países). En México se realizaron en el Distrito Federal y en Guerrero las más concurridas y numerosas y además en los estados de Morelos, México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Colima, Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de México salió a relucir muy diferente a la ofrecida por la propaganda turística del gobierno y las protestas no se hicieron esperar abarcando a países como Brasil, Chile, Escocia, Reino Unido, China, Vietnam, Singapur, India , Indonesia, Corea del sur, Argentina, Suiza, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones de educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.
La crisis desbordó de tal forma las fronteras nacionales que organismos internacionales oficiales se pronunciaron al respecto censurando el comportamiento del gobierno de Peña por su incapacidad de garantizar un estado de seguridad nacional a la población. Declaraciones de instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado de EUA, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente lo hicieron organismos no gubernamentales como la Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuyo director de su sección mexicana, Perseo Quiroz resumió muy bien la situación: “los acontecido en Iguala ha generado una movilización nacional sin precedentes a la que se ha sumado la indignación mundial”.
Hay que señalar finalmente las inauditas movilizaciones en la época de las fiestas de fin de año: el 24 y el 31de diciembre los familiares de los desaparecidos, acompañados por un millar de personas solidarias, se hicieron presentes en la casa presidencial de Los Pinos bajo la consigna de que si para ellos estos días no son de fiesta por la desaparición de sus hijos, para las autoridades tampoco debe haber fiesta. Y la realizada el día 26 de diciembre recordando el tercer mes de la desaparición de los 43 en pleno centro histórico de la ciudad de México, donde reafirmaron su decisión de que en el 2015 sigan y crezcan las movilizaciones por la búsqueda de sus hijos.
La demostración de lentitud e incapacidad de las autoridades gubernamentales para satisfacer plenamente las demandas de una investigación profunda de los crímenes, para castigar a los autores principales tanto intelectuales como ejecutores directos y la clara tendencia de hacer que el asunto sea superado con un carpetazo burocrático coincidió estrictamente con la noticia de que la esposa del presidente Peña y el secretario de Hacienda eran propietarios de lujosísimas mansiones valuadas en millones de dólares construidas por una empresa directamente responsable de la construcción de obras públicas durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México y en la actualidad responsable de contratos del gobierno federal. Un escándalo clásico de corrupción ligado a un “conflicto de intereses” se agregó para enardecer más la ira e insatisfacción de millones de ciudadanos con los procedimientos de los más altos gobernantes.
2015: la combinación explosiva
El inicio de 2015 se da en condiciones en que confluirán diversos procesos económicos y políticos de alta potencialidad conflictiva. En junio el barril de petróleo se cotizaba a más de 100 dólares. Al cerrarse el 2014 el barril había caído a 47.04 dólares, es decir experimentando una pérdida del 54.01 % en su precio. Y como directa consecuencia de lo anterior se ha producido al mismo tiempo una revaluación del dólar cuyo cambio subía de 13 a 15 pesos por dólar, un tipo de cambio que no alcanzaba desde la crisis de 2007. Aunque no en los niveles de dependencia que tienen los países árabes o Venezuela de la renta petrolera, la economía mexicana depende también mucho de ella. Lo que está sucediendo en el mercado internacional del petróleo afectará directamente a los planes de Peña Nieto por dos determinantes: la drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto por la disminución de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la tercera parte del presupuesto federal) como por la privatización de sectores de la industria anteriormente estatizada por completo y el hecho de que la licitación de los yacimientos petrolíferos a las empresas petroleras extranjeras que las nuevas leyes aprobadas permiten, se dará en el peor momento posible. El gobierno de la restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que “movería” a México superando el estancamiento económico de décadas y proyectando una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían las “reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del crecimiento económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos años apenas rasca el 2.0%, índices prácticamente idénticos a los del crecimiento demográfico de una población que ha superado los 115 millones de habitantes. Este estancamiento ha tenido consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de la abrumadora mayoría de la población. Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desde 1992 no crece el ingreso de los hogares a pesar de los innumerables programas y acciones (de muy baja calidad) que no logran detener la precipitación de la población a situaciones de pobreza y de extrema pobreza. (La Jornada, 01.02.15). Como se aprecia la situación imperante en el rubro económico no es nada favorable para que los optimistas planes originales del gobierno priista puedan impedir un combinación explosiva cuando esta decadencia económica converja con el sensible deterioro de la situación política.
El año 2015 será un año profundamente “político” en el cual el movimiento social de protesta contra la corrupción y la impunidad de las autoridades responsables de las atrocidades de Guerrero y de todo el país confluirá con las elecciones de julio para la renovación de la Cámara de diputados y para las gubernaturas y autoridades municipales de varios estados. Pero evidentemente la decadencia y el profundo desprestigio de los partidos “registrados” plantea con urgencia el qué hacer en estos comicios sin legitimidad alguna, que sólo elegirán a personajes similares a los que ocupan hoy los cargos que serán puestos a elección. Los diputados y los candidatos del trío de los partidos principales pilares del sistema político gobernante (PRI, PRD y PAN) son los representantes que encarnan dichas autoridades desde el nivel municipal hasta el federal impugnadas por las masivas movilizaciones de protesta. Esta contradicción ya está produciendo una oleada cada vez más poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a candidatos de los mismos partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué participar en un sistema electoral tan restrictivo, antidemocrático y fraudulento controlado firmemente por esos partidos? El viejo Instituto Federal Electoral (IFE) que ha sido transformado en el nuevo INE no es de ninguna manera garantía de elecciones legítimas y democráticas, sigue siendo la estructura que mantiene, de hecho fortalecida, la misma maquinaria que produjo el gigantesco fraude de 2006 y los innumerables chanchullos y trapacerías que hicieron de las siglas del IFE sinónimo precisamente de eso, de fraude.
Una cada vez más poderosa corriente popular, predominantemente de jóvenes ha surgido que propone el boicot a las elecciones del 2015. Igualmente la cuestión de la necesidad de refundar el Estado por medio de una Asamblea Constituyente se abre paso en el seno de amplios sectores. Destacan entre éstos Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el padre de una víctima de los narcotraficantes el escritor y poeta Javier Sicilia y el profesor universitario Pablo González Casanova. Pero lo más importante es que han sido los mismos familiares de los 43 y sus aliados los que han llamado a boicotear las elecciones de julio próximo, convocadas para elegir a los pares de quienes hoy se niegan a investigar a profundidad los crímenes de Iguala, encubren a los culpables materiales e intelectuales y desean cerrar lo más pronto posible el caso para que se olvide del mismo modo que sucedió con los numerosos casos de desapariciones y masacres anteriores como la matanza de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011, para no hablar de la matanza de Tlatlaya. Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea que no tiene trazas de que va amainar en 2015.
El papel del Ejército
Desde el día siguiente de la noche del 26-27 de septiembre uno de los aspectos clave de la recreación de los hechos ha sido determinar el papel del ejército. Los reportajes publicados señalaban su presencia, por ejemplo en la clínica a la que los estudiantes llevaron a varios de sus compañeros heridos. Por estudiantes que lograron escapar se supo de la actitud prepotente de los militares increpándolos e incluso amenazándolos. Pero las informaciones oficiales negaban siempre que los militares hubieran participado de algún modo en las acciones. Después el procurador federal Murillo Karam en su conferencia tristemente famosa de noviembre por “su cansancio”, hizo una observación extraña ante una pregunta de los periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el Ejército no intervino pues lo hubiera hecho en apoyo de las autoridades [municipales]”. Ciertamente algo no cuadraba en estas explicaciones. Es inverosímil que en Guerrero ocupado desde hace 50 años por miles de militares que en el estado han combatido guerrillas, instalado una red de retenes, ejercido labores de represión sin cuento, participado en labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo de establecimientos en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles instalados en varias poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada sin su conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.
La revista Proceso correspondiente al 14 de diciembre de 2014 derrumbó la versión oficial del procurador federal mostrando con videos y declaraciones de normalistas sobrevivientes que la policía federal participó en la gresca entre los estudiantes y los policías municipales e incluso que el Ejército estuvo involucrado aunque todavía no se aclara ni especifica la forma en que lo hizo. El Ejército, como bien señalan los padres de familia de los normalistas desaparecidos, es culpable por participar en la noche del 26-27 de septiembre ya sea activamente en el secuestro o bien por omisión de dejar hacer y dejar pasar un crimen de tal magnitud efectuado prácticamente en sus narices.
Ha sido en Guerrero en donde el nivel de la protesta y de las acciones ha llegado a niveles de confrontaciones violentas que han estado al borde de concluir en nuevas masacres. A mediados de diciembre, los familiares y sus aliados realizaron una manifestación en Iguala y durante un mitin frente al cuartel militar la tensión subió a peligrosos niveles, estando los militares en una situación a punto de disparar contra la multitud. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho tajante y ominosamente: “Hay [en el gobierno] quienes están decididos a dar la orden de reprimir las protestas. Es ingenuo creer que no van a ser frenadas manifestaciones más radicales”. (La Jornada, 02.01.15). Lo dice el gobernador de un estado en que de hecho se han producido ya en varios municipios tomas de alcaldías por parte de los maestros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) y sus aliados. En gran parte del estado se están llevando a cabo procesos semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han tomado los palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho el proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el estado vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña Nieto a intervenir directamente con un procónsul y a destituir al gobernador desbordado por completo a principios del 2014, fue un anuncio de lo que sucede hoy en Guerrero: una lucha por la supervivencia ante el completo derrumbe de los aparatos de seguridad oficiales infiltrados por los cárteles o de plano desbordados por la situación.
El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército, general Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo de todos, con la suma de voluntades y con unidad nacional, podremos consolidar el rumbo hacia el progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los grandes retos que afrontamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son problemas de todos y sólo juntos podremos vencerlos, son problemas de Estado, no de gobierno”. Pero el papel de los militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al desarrollo a la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo demostró el caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se sepa el real papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada alentadora la situación que el gobierno continúa promoviendo en la que el protagonismo militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se han filtrado de la creciente “colaboración” de asesores y en general personal militar de EUA con los militares mexicanos. Para el gobierno de EUA lo que sucede en México le interesara cada vez más, entendiendo que para la política imperialista la frontera sureña de tres mil kilómetros con México es de prioridad mayor para su “seguridad nacional”. Y así la dominación económica y social que ya ejerce EUA en México tenderá combinarse con una presencia militar también creciente.
Las alternativas políticas
Las elecciones de julio de este año van a realizarse con un debilitadísimo sistema de partidos. El PRI de Peña Nieto desprestigiado y con la carga de ser el directamente encarado ante una población iracunda. Un PRD desfondado, en caída vertical sin que tenga la menor capacidad de erguirse con fuerza y dignidad al estar dirigido por un grupo de políticos cínicos, corruptos y cada vez más dependiente del propio gobierno peñista. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a expresar sin rodeos su decadencia sin remedio, convertido en una desnuda franquicia electoral sostenida únicamente con las prerrogativas del INE. Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y con él de cientos si no es que de miles de miembros, el PRD perderá fuerzas fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán de su lugar como tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un PAN arrinconado, también dependiente del presidente y sin la menor iniciativa para intervenir en una situación que lo desborda.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) constituido a imagen y semejanza de López Obrador no se ha pronunciado directa y sin ambigüedades sobre el significado profundo de la crisis que representa lo sucedido en Iguala y en general en todo el estado de Guerrero: el desplome de las políticas reformistas de la estirpe nacionalista revolucionaria del viejo PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD trataron de de resucitar a partir de 1988-89, todo lo cual AMLO compartió cuando se unió al PRD después de su salida del PRI en 1990. Aparte del hecho del chapoteadero que significó el escándalo del alcalde asesino José Luis Abarca patrocinado por un notorio partidario obradorista, el problema de fondo es que Morena representa más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin un programa para enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y caudillista sin redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo que ser conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no puede esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no habla muy bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro candidato presidencial y factor hegemónico indiscutible de la organización.
La perspectiva revolucionaria
La luz que han alumbrado los acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura que han adoptado los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la inaudita y maravillosa solidaridad nacional e internacional que ha despertado el martirio de los estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y seguirán siendo gérmenes de grandes jornadas de lucha con potencialidad emancipatoria. Hasta ahora la base fundamental de las movilizaciones ha sido la juventud, aunque ya se incorporan sectores numerosos de trabajadores, y en el estado de Guerrero, también las poblaciones más pobres de Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Tierra Caliente y Chilpancingo. Tal y como hemos intentado señalar en el texto en 2015 se abrirá una oportunidad con grandes posibilidades de transformaciones radicales en México. El impulso emancipador y liberador de lo que representa la lucha por la presentación de los 43 da fuerza e infunde optimismo a quienes se solidarizan con ella. Del otro lado, en el gobierno de Peña, en el seno de los partidos gobernantes y entre los grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo única certidumbre que existe en el establishment decadente mexicano es que “el estado de derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”. Históricamente en México esta política tiene nombres siniestros que evocan décadas de aplastamientos de movimientos insurgentes: Tlatelolco, los halcones, la guerra sucia, la represión como sistema. Y en la mayoría de estos casos ha sido la sombra del Ejército la que se ha proyectado ominosa y lúgubremente. ¿Cómo se proyectará en 2015?
Por el momento podemos apuntar ya para los primeros días del año acciones que buscan lograr crear un amplio, no excluyente, movimiento de lucha que abarque a los mayores sectores posibles. En el México profundo de las masas indígenas insurrectas también encuentra eco la lucha de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, y allí hablaron los estudiantes y los padres y madres de los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte el subcomandantes insurgente Moisés declaró que “acompañarían” a los familiares en su lucha por encontrar a sus hijos, situación que al parecer superará la retirada política que desde 2006 había realizado la dirección del EZLN de la escena nacional.
Los sectores que planean organizar la lucha por una Asamblea Constituyente convocan para el 5 de febrero, día en que se conmemora la adopción de la Constitución de 1917 producto de la Revolución mexicana, su primera reunión del año. También los estudiantes se reúnen para organizar nuevos paros. En el seno de los grupos socialistas y revolucionarios hay discusiones y pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una tarea impostergable del 2015 será la de concebir y aplicar la estrategia para que los trabajadores arrojen su poderosa fuerza en la balanza de esta lucha para hacerla invencible.
Para los grupos socialistas y comunistas revolucionarios su objetivo deberá incluir, sin alejarse de la gran corriente social masiva, apresurar la convergencia para constituir una masa crítica organizadas que permita que el programa en favor de un gobierno de los trabajadores se convierta en la guía estratégica hacia la victoria de la rebelión democrática en marcha.
Estas líneas se escriben el día en que se cumplen 100 días de la desaparición de los 43. Han sido cien días en que la población de México presenció un cambio abrupto de su consciencia política y en el que amplísimos sectores sociales en marchas, en mítines, en auditorios, en cines, en escuelas, en sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se oyeron las voces multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... hasta llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!
Manuel Aguilar Mora
Precisamente hace un año, cuando en el mundo oficial todo era jolgorio y alegría por la aprobación de todas las reformas promovidas por el gobierno y sus aliados del Pacto por México, decíamos que después de 25 años de crisis política permanente, de 1988 a 2013, México era “un volcán en estado de ebullición antes de la explosión de la lava ardiente” que se acercaba cada vez más hacia el estallido. (“¿Hacia el estallido?”, Unidad Socialista, núm. 58, marzo-abril 2014, también publicado en la red entre otros en el boletín informativo Correspondencia de Prensa, 23 de marzo 2014). En junio la matanza de Tlatlaya realizada por los militares, hecha pública más dos meses después de ocurrida conmocionó al país y después a finales de septiembre los hechos de Iguala lo horrorizaron. Fueron las chispas que han comenzado a incendiar la pradera. Desde entonces el país cambió abruptamente y el gobierno de la restauración priista está instalado en su peor crisis. Las repercusiones han sido enormes y no sólo en México pues su impacto internacional recuerda e incluso va más allá de lo que ocurrió el 1° de enero de 1994 con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas por el reto político directo y sin amortiguadores que representa la causa de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para el típico Estado represivo y corrupto de México tocado a profundidad en sus fibras políticas esenciales: estructura gubernamental, sistema de partidos, judicatura, etc. En las enormes y numerosas movilizaciones habidas a partir del 1° de octubre cuando salió a relucir todo el horror de lo sucedido el 26 de septiembre, tres consignas gritadas por las multitudes son las que sintetizan el sentimiento de amplísimos sectores de la población: “Fue el Estado”, “Fuera Peña” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El gobierno de Peña Nieto intentó burdamente durante una semana enterrar las atrocidades de Iguala en el campo municipal bajo el control formal de un alcalde asesino del PRD, creyendo ilusamente que su gobierno podría eludir responsabilidades. Una apreciación por completa errónea que se le revirtió con creces cuando tardíamente la PGR debió “atraer” el caso. La penetración descarada de personajes e influencias del narcotráfico en la alcaldía de Iguala no era privativa de los municipios presididos por el PRD, como antes se había demostrado en la crisis de Michoacán que obligó a Peña Nieto a intervenir con un comisionado especial que actuó como real jefe del estado, debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de funcionarios y familiares en contacto con los narcotraficantes.
Ante la avalancha de protestas y movilizaciones presidente Peña ha llamado a “superar” lo sucedido y en la práctica su gobierno quiere darle carpetazo lo más pronto posible. Pero la situación hoy es muy diferente a la de crisis anteriores. No sólo los activistas, los sectores democráticos y revolucionarios, sino voceros de la opinión burguesa más conservadora reconocen que la movilización masiva que ha surgido exigiendo la presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y que las protestas callejeras seguirán y que no es posible creer en una política que le “apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El Universal, uno de los diarios más importantes de la ciudad de México, de una orientación claramente conservadora, publicó los resultados de una investigación de su Centro de Investigación y Análisis que vale la pena citar. “Durante 87 días, del 1° de octubre al 26 de diciembre se han registrado 44 movilizaciones públicas en México y en el mundo con la demanda común de la localización con vida de los jóvenes maestros desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los responsables del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14). Los datos concretos son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en que se realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más multitudinarias. De las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en México (en 17 estados) y el resto al nivel internacional (en 21 países). En México se realizaron en el Distrito Federal y en Guerrero las más concurridas y numerosas y además en los estados de Morelos, México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Colima, Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de México salió a relucir muy diferente a la ofrecida por la propaganda turística del gobierno y las protestas no se hicieron esperar abarcando a países como Brasil, Chile, Escocia, Reino Unido, China, Vietnam, Singapur, India , Indonesia, Corea del sur, Argentina, Suiza, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones de educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.
La crisis desbordó de tal forma las fronteras nacionales que organismos internacionales oficiales se pronunciaron al respecto censurando el comportamiento del gobierno de Peña por su incapacidad de garantizar un estado de seguridad nacional a la población. Declaraciones de instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado de EUA, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente lo hicieron organismos no gubernamentales como la Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuyo director de su sección mexicana, Perseo Quiroz resumió muy bien la situación: “los acontecido en Iguala ha generado una movilización nacional sin precedentes a la que se ha sumado la indignación mundial”.
Hay que señalar finalmente las inauditas movilizaciones en la época de las fiestas de fin de año: el 24 y el 31de diciembre los familiares de los desaparecidos, acompañados por un millar de personas solidarias, se hicieron presentes en la casa presidencial de Los Pinos bajo la consigna de que si para ellos estos días no son de fiesta por la desaparición de sus hijos, para las autoridades tampoco debe haber fiesta. Y la realizada el día 26 de diciembre recordando el tercer mes de la desaparición de los 43 en pleno centro histórico de la ciudad de México, donde reafirmaron su decisión de que en el 2015 sigan y crezcan las movilizaciones por la búsqueda de sus hijos.
La demostración de lentitud e incapacidad de las autoridades gubernamentales para satisfacer plenamente las demandas de una investigación profunda de los crímenes, para castigar a los autores principales tanto intelectuales como ejecutores directos y la clara tendencia de hacer que el asunto sea superado con un carpetazo burocrático coincidió estrictamente con la noticia de que la esposa del presidente Peña y el secretario de Hacienda eran propietarios de lujosísimas mansiones valuadas en millones de dólares construidas por una empresa directamente responsable de la construcción de obras públicas durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México y en la actualidad responsable de contratos del gobierno federal. Un escándalo clásico de corrupción ligado a un “conflicto de intereses” se agregó para enardecer más la ira e insatisfacción de millones de ciudadanos con los procedimientos de los más altos gobernantes.
2015: la combinación explosiva
El inicio de 2015 se da en condiciones en que confluirán diversos procesos económicos y políticos de alta potencialidad conflictiva. En junio el barril de petróleo se cotizaba a más de 100 dólares. Al cerrarse el 2014 el barril había caído a 47.04 dólares, es decir experimentando una pérdida del 54.01 % en su precio. Y como directa consecuencia de lo anterior se ha producido al mismo tiempo una revaluación del dólar cuyo cambio subía de 13 a 15 pesos por dólar, un tipo de cambio que no alcanzaba desde la crisis de 2007. Aunque no en los niveles de dependencia que tienen los países árabes o Venezuela de la renta petrolera, la economía mexicana depende también mucho de ella. Lo que está sucediendo en el mercado internacional del petróleo afectará directamente a los planes de Peña Nieto por dos determinantes: la drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto por la disminución de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la tercera parte del presupuesto federal) como por la privatización de sectores de la industria anteriormente estatizada por completo y el hecho de que la licitación de los yacimientos petrolíferos a las empresas petroleras extranjeras que las nuevas leyes aprobadas permiten, se dará en el peor momento posible. El gobierno de la restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que “movería” a México superando el estancamiento económico de décadas y proyectando una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían las “reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del crecimiento económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos años apenas rasca el 2.0%, índices prácticamente idénticos a los del crecimiento demográfico de una población que ha superado los 115 millones de habitantes. Este estancamiento ha tenido consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de la abrumadora mayoría de la población. Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desde 1992 no crece el ingreso de los hogares a pesar de los innumerables programas y acciones (de muy baja calidad) que no logran detener la precipitación de la población a situaciones de pobreza y de extrema pobreza. (La Jornada, 01.02.15). Como se aprecia la situación imperante en el rubro económico no es nada favorable para que los optimistas planes originales del gobierno priista puedan impedir un combinación explosiva cuando esta decadencia económica converja con el sensible deterioro de la situación política.
El año 2015 será un año profundamente “político” en el cual el movimiento social de protesta contra la corrupción y la impunidad de las autoridades responsables de las atrocidades de Guerrero y de todo el país confluirá con las elecciones de julio para la renovación de la Cámara de diputados y para las gubernaturas y autoridades municipales de varios estados. Pero evidentemente la decadencia y el profundo desprestigio de los partidos “registrados” plantea con urgencia el qué hacer en estos comicios sin legitimidad alguna, que sólo elegirán a personajes similares a los que ocupan hoy los cargos que serán puestos a elección. Los diputados y los candidatos del trío de los partidos principales pilares del sistema político gobernante (PRI, PRD y PAN) son los representantes que encarnan dichas autoridades desde el nivel municipal hasta el federal impugnadas por las masivas movilizaciones de protesta. Esta contradicción ya está produciendo una oleada cada vez más poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a candidatos de los mismos partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué participar en un sistema electoral tan restrictivo, antidemocrático y fraudulento controlado firmemente por esos partidos? El viejo Instituto Federal Electoral (IFE) que ha sido transformado en el nuevo INE no es de ninguna manera garantía de elecciones legítimas y democráticas, sigue siendo la estructura que mantiene, de hecho fortalecida, la misma maquinaria que produjo el gigantesco fraude de 2006 y los innumerables chanchullos y trapacerías que hicieron de las siglas del IFE sinónimo precisamente de eso, de fraude.
Una cada vez más poderosa corriente popular, predominantemente de jóvenes ha surgido que propone el boicot a las elecciones del 2015. Igualmente la cuestión de la necesidad de refundar el Estado por medio de una Asamblea Constituyente se abre paso en el seno de amplios sectores. Destacan entre éstos Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el padre de una víctima de los narcotraficantes el escritor y poeta Javier Sicilia y el profesor universitario Pablo González Casanova. Pero lo más importante es que han sido los mismos familiares de los 43 y sus aliados los que han llamado a boicotear las elecciones de julio próximo, convocadas para elegir a los pares de quienes hoy se niegan a investigar a profundidad los crímenes de Iguala, encubren a los culpables materiales e intelectuales y desean cerrar lo más pronto posible el caso para que se olvide del mismo modo que sucedió con los numerosos casos de desapariciones y masacres anteriores como la matanza de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011, para no hablar de la matanza de Tlatlaya. Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea que no tiene trazas de que va amainar en 2015.
El papel del Ejército
Desde el día siguiente de la noche del 26-27 de septiembre uno de los aspectos clave de la recreación de los hechos ha sido determinar el papel del ejército. Los reportajes publicados señalaban su presencia, por ejemplo en la clínica a la que los estudiantes llevaron a varios de sus compañeros heridos. Por estudiantes que lograron escapar se supo de la actitud prepotente de los militares increpándolos e incluso amenazándolos. Pero las informaciones oficiales negaban siempre que los militares hubieran participado de algún modo en las acciones. Después el procurador federal Murillo Karam en su conferencia tristemente famosa de noviembre por “su cansancio”, hizo una observación extraña ante una pregunta de los periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el Ejército no intervino pues lo hubiera hecho en apoyo de las autoridades [municipales]”. Ciertamente algo no cuadraba en estas explicaciones. Es inverosímil que en Guerrero ocupado desde hace 50 años por miles de militares que en el estado han combatido guerrillas, instalado una red de retenes, ejercido labores de represión sin cuento, participado en labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo de establecimientos en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles instalados en varias poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada sin su conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.
La revista Proceso correspondiente al 14 de diciembre de 2014 derrumbó la versión oficial del procurador federal mostrando con videos y declaraciones de normalistas sobrevivientes que la policía federal participó en la gresca entre los estudiantes y los policías municipales e incluso que el Ejército estuvo involucrado aunque todavía no se aclara ni especifica la forma en que lo hizo. El Ejército, como bien señalan los padres de familia de los normalistas desaparecidos, es culpable por participar en la noche del 26-27 de septiembre ya sea activamente en el secuestro o bien por omisión de dejar hacer y dejar pasar un crimen de tal magnitud efectuado prácticamente en sus narices.
Ha sido en Guerrero en donde el nivel de la protesta y de las acciones ha llegado a niveles de confrontaciones violentas que han estado al borde de concluir en nuevas masacres. A mediados de diciembre, los familiares y sus aliados realizaron una manifestación en Iguala y durante un mitin frente al cuartel militar la tensión subió a peligrosos niveles, estando los militares en una situación a punto de disparar contra la multitud. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho tajante y ominosamente: “Hay [en el gobierno] quienes están decididos a dar la orden de reprimir las protestas. Es ingenuo creer que no van a ser frenadas manifestaciones más radicales”. (La Jornada, 02.01.15). Lo dice el gobernador de un estado en que de hecho se han producido ya en varios municipios tomas de alcaldías por parte de los maestros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) y sus aliados. En gran parte del estado se están llevando a cabo procesos semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han tomado los palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho el proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el estado vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña Nieto a intervenir directamente con un procónsul y a destituir al gobernador desbordado por completo a principios del 2014, fue un anuncio de lo que sucede hoy en Guerrero: una lucha por la supervivencia ante el completo derrumbe de los aparatos de seguridad oficiales infiltrados por los cárteles o de plano desbordados por la situación.
El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército, general Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo de todos, con la suma de voluntades y con unidad nacional, podremos consolidar el rumbo hacia el progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los grandes retos que afrontamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son problemas de todos y sólo juntos podremos vencerlos, son problemas de Estado, no de gobierno”. Pero el papel de los militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al desarrollo a la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo demostró el caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se sepa el real papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada alentadora la situación que el gobierno continúa promoviendo en la que el protagonismo militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se han filtrado de la creciente “colaboración” de asesores y en general personal militar de EUA con los militares mexicanos. Para el gobierno de EUA lo que sucede en México le interesara cada vez más, entendiendo que para la política imperialista la frontera sureña de tres mil kilómetros con México es de prioridad mayor para su “seguridad nacional”. Y así la dominación económica y social que ya ejerce EUA en México tenderá combinarse con una presencia militar también creciente.
Las alternativas políticas
Las elecciones de julio de este año van a realizarse con un debilitadísimo sistema de partidos. El PRI de Peña Nieto desprestigiado y con la carga de ser el directamente encarado ante una población iracunda. Un PRD desfondado, en caída vertical sin que tenga la menor capacidad de erguirse con fuerza y dignidad al estar dirigido por un grupo de políticos cínicos, corruptos y cada vez más dependiente del propio gobierno peñista. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a expresar sin rodeos su decadencia sin remedio, convertido en una desnuda franquicia electoral sostenida únicamente con las prerrogativas del INE. Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y con él de cientos si no es que de miles de miembros, el PRD perderá fuerzas fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán de su lugar como tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un PAN arrinconado, también dependiente del presidente y sin la menor iniciativa para intervenir en una situación que lo desborda.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) constituido a imagen y semejanza de López Obrador no se ha pronunciado directa y sin ambigüedades sobre el significado profundo de la crisis que representa lo sucedido en Iguala y en general en todo el estado de Guerrero: el desplome de las políticas reformistas de la estirpe nacionalista revolucionaria del viejo PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD trataron de de resucitar a partir de 1988-89, todo lo cual AMLO compartió cuando se unió al PRD después de su salida del PRI en 1990. Aparte del hecho del chapoteadero que significó el escándalo del alcalde asesino José Luis Abarca patrocinado por un notorio partidario obradorista, el problema de fondo es que Morena representa más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin un programa para enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y caudillista sin redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo que ser conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no puede esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no habla muy bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro candidato presidencial y factor hegemónico indiscutible de la organización.
La perspectiva revolucionaria
La luz que han alumbrado los acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura que han adoptado los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la inaudita y maravillosa solidaridad nacional e internacional que ha despertado el martirio de los estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y seguirán siendo gérmenes de grandes jornadas de lucha con potencialidad emancipatoria. Hasta ahora la base fundamental de las movilizaciones ha sido la juventud, aunque ya se incorporan sectores numerosos de trabajadores, y en el estado de Guerrero, también las poblaciones más pobres de Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Tierra Caliente y Chilpancingo. Tal y como hemos intentado señalar en el texto en 2015 se abrirá una oportunidad con grandes posibilidades de transformaciones radicales en México. El impulso emancipador y liberador de lo que representa la lucha por la presentación de los 43 da fuerza e infunde optimismo a quienes se solidarizan con ella. Del otro lado, en el gobierno de Peña, en el seno de los partidos gobernantes y entre los grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo única certidumbre que existe en el establishment decadente mexicano es que “el estado de derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”. Históricamente en México esta política tiene nombres siniestros que evocan décadas de aplastamientos de movimientos insurgentes: Tlatelolco, los halcones, la guerra sucia, la represión como sistema. Y en la mayoría de estos casos ha sido la sombra del Ejército la que se ha proyectado ominosa y lúgubremente. ¿Cómo se proyectará en 2015?
Por el momento podemos apuntar ya para los primeros días del año acciones que buscan lograr crear un amplio, no excluyente, movimiento de lucha que abarque a los mayores sectores posibles. En el México profundo de las masas indígenas insurrectas también encuentra eco la lucha de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, y allí hablaron los estudiantes y los padres y madres de los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte el subcomandantes insurgente Moisés declaró que “acompañarían” a los familiares en su lucha por encontrar a sus hijos, situación que al parecer superará la retirada política que desde 2006 había realizado la dirección del EZLN de la escena nacional.
Los sectores que planean organizar la lucha por una Asamblea Constituyente convocan para el 5 de febrero, día en que se conmemora la adopción de la Constitución de 1917 producto de la Revolución mexicana, su primera reunión del año. También los estudiantes se reúnen para organizar nuevos paros. En el seno de los grupos socialistas y revolucionarios hay discusiones y pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una tarea impostergable del 2015 será la de concebir y aplicar la estrategia para que los trabajadores arrojen su poderosa fuerza en la balanza de esta lucha para hacerla invencible.
Para los grupos socialistas y comunistas revolucionarios su objetivo deberá incluir, sin alejarse de la gran corriente social masiva, apresurar la convergencia para constituir una masa crítica organizadas que permita que el programa en favor de un gobierno de los trabajadores se convierta en la guía estratégica hacia la victoria de la rebelión democrática en marcha.
Estas líneas se escriben el día en que se cumplen 100 días de la desaparición de los 43. Han sido cien días en que la población de México presenció un cambio abrupto de su consciencia política y en el que amplísimos sectores sociales en marchas, en mítines, en auditorios, en cines, en escuelas, en sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se oyeron las voces multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... hasta llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!
Manuel Aguilar Mora
El cambio climático y la Amazonia: un grito de alarma
En Lima, Naciones Unidas organizó en diciembre de 2014 la última reunión preparatoria a la Conferencia de París sobre el Clima de 2015. Hubo varias referencias a la selva amazónica y también, al margen del encuentro oficial, se organizó un Tribunal de Opinión sobre el Derecho de la Naturaleza, que tocó también el tema.
El problema climático es bastante simple. Al tiempo que las actividades humanas producen más gases de efecto invernadero se destruyen los pozos de carbono, es decir, los lugares naturales de absorción de estos gases: las selvas y los océanos. El resultado es que el planeta no puede regenerase plenamente y que ya necesitamos un planeta y medio para la restauración de la naturaleza, pero tenemos solamente uno.
Tres grandes lugares del mundo tienen reservas forestales importantes reguladoras de los ecosistemas regionales: Asia del sur-este (Malasia e Indonesia), África central (Congo) y la Amazonia. El primero ya ha prácticamente desaparecido: Malasia e Indonesia han destruido más de 80 por ciento de sus selvas originarias para la plantación de palma africana y de eucaliptos. En el Congo, las guerras habían parado la explotación de madera y la extracción minera, pero estas actividades se renovaron durante los 10 últimos años. La Amazonia está en pleno proceso de degradación.
Las funciones geológicas de la selva amazónica
Con 4 millones de kilómetros cuadrados en nueve países, almacena un total de 109.660 millones de toneladas de C02, es decir, 50 por ciento del C02 de los bosques tropicales del planeta. Un total de 33 millones de personas viven en esa región, y entre ellas 400 pueblos indígenas.
Un estudio de un científico brasileño, Antonio Donato Nobre, O futuro climático da amazõnia. Relatorio de avaliação científica, describe de manera impresionante las funciones de la selva amazónica. Recogió los estudios hechos en Brasil. La historia geológica de la Amazonia es muy anciana. Se tomaron decenas de millones de años para construir la base de la biodiversidad de la selva, que estableció esta última como máquina de regulación ambiental de alta complejidad. Se trata de un océano verde en relación con el océano gaseoso de la atmósfera (agua, gases, energía) y con el océano azul de los mares, dice el autor.
Las principales funciones son cinco. Primero, la selva mantiene la humedad del aire, permitiendo lluvias en lugares lejos de los océanos, gracias a la transpiración de los árboles. En segundo lugar, las lluvias abundantes ayudan a conservar un aire limpio. Tercero, se conserva un ciclo hidrológico benéfico aún en circunstancias adversas, porque la selva aspira el aire húmido de los océanos para dentro, manteniendo lluvias en cualquier circunstancia. La cuarta función es la exportación del agua por los ríos en grandes distancias, impidiendo la descertificación, especialmente al este de la cordillera. Finalmente, ella evita fenómenos climáticos extremos gracias a la densidad forestal, que impiden tempestades alimentadas por el vapor de agua. Por eso se debe defender esta riqueza natural excepcional.
La degradación de la selva
Los efectos de la degradación actual de la selva amazónica son ya visibles: reducción de la transpiración, modificación de las lluvias, prolongación de la estación seca. Solamente en el Brasil hubo, en 2013, una deforestación de 763 mil kilómetros cuadrados, es decir, tres veces el estado de Sao Paulo o 21 veces Bélgica, o también 184 millones de campos de futbol.
Se estima que una disminución de 40 por ciento de la selva significaría el inicio de un proceso de transición hacia la sabana. Actualmente 20 por ciento ha sido destruida y otro 20 por ciento están seriamente afectados. Según una declaración de la FAO, el Día Internacional de la Selva de marzo de 2014, si la evolución sigue igual, dentro de 40 años no habrá más selva amazónica, sino una sabana con algunos bosques. Por esta razón, el autor del estudio pide una reversión radical estimando que el desafío es todavía posible de ser encontrado. Él propone una restauración de la selva destruida, una difusión de los conocimientos para alimentar la opinión pública y decisiones urgentes de los dirigentes políticos.
Pero, de hecho, ¿qué constatamos? Todos los países que poseen en su territorio una parte de la selva amazónica tienen buenas razones para utilizarla. En los países neoliberales hay la idea de explotar recursos naturales que deben contribuir a la acumulación del capital. En países progresistas los argumentos son diferentes: se necesita extraer las riquezas naturales y promover la exportación agrícola para financiar las políticas sociales y en regímenes socialdemócratas se nota en el discurso político una mezcla de los dos argumentos. Pero cualquier que sea el discurso el resultado es lo mismo.
Al oeste de la Amazonia es la explotación petrolera la que avanza en la selva. Basta visitar una región como el Putumayo colombiano para observar los daños enormes de solamente la fase de exploración. El presidente de Vetra, empresa petrolera canadiense, el señor Humberto Calderón Berti, afirmó en 2014 que a pesar de las dificultades (baja del precio del crudo, oposición de la población, actividades guerrilleras) no nos vamos del Amazonas, pues es un mar de petróleo que va desde el alto de Macarena y pasa por Ecuador y Perú. Actualmente la compañía extrae 23 mil barriles diarios en el Putumayo colombiano.
En Venezuela nuevos yacimientos esperan su explotación para contribuir, entre otros, a la política de solidaridad del Alba. En Ecuador el proyecto profético del Yasuní está abandonado, a causa de la falta de apoyo internacional y también de la presión de intereses locales, y la frontera petrolera sigue avanzando. En Perú y Bolivia, los pozos de petróleo y gas se multiplican. En todas partes, desechos siguen contaminando las aguas y los suelos por negligencias culpables, como en el caso de Chevron (antigua Texaco) en Ecuador, por accidentes de explotación o de transporte o solamente porque las tecnologías limpias son demasiado costosas.
Algunos ejemplos concretos. En Ecuador, son más de 16 mil millones de galones de agua contaminada que fueron enviados por Texaco a los ríos de la Amazonia . Unas mil piscinas de desechos no dejan de filtrar crudo en los suelos, tras 30 años de la salida de la compañía. En 1993, 30 mil ecuatorianos afectados presentaron en Nueva York un reclamo judicial. Se trata de la catástrofe más grande de derrames en años recientes en los mares.
En Loretto, Perú, el derrame total fue de 2 millones 637 mil barriles (353 mil toneladas). En 1979 fue de 287 mil toneladas (10 veces más que la catástrofe de Exxon Valdez). Hubo afectaciones prácticamente irreversibles, tomando siglos la rehabilitación. Metales pesados, cadmio, arsénico, plomo, etcétera, superaron de 322 veces los límites máximos permitidos. El estado de emergencia fue declarado: 100 comunidades fueron afectadas, con más de 20 mil personas, sin hablar de las consecuencias sanitarias (cánceres, mutaciones genéticas, abortos) y socio-culturales. En el mismo país, en 2009, se movilizaron miles de personas en Bagua contra los proyectos extractivos. Destruyendo bosques y ríos y hubo, en la Curva del Diablo, 53 muertos y 200 heridos. Otras dos empresas han recibido 658 millones 879 mil 677 hectáreas en concesión.
Al este son las minas las que comen grandes espacios de la selva. En el estado de Para, norte del Brasil, la empresa Vale ha recibido una concesión de más de 600 mil hectáreas y las explotaciones de minas de cobre y oro se añaden a las de hierro, transformando grandes superficies en paisajes lunares. La actividad minera se encuentra también en varias regiones del oeste y centro. Así, en Perú, en la cordillera del Cóndor, la firma canadiense Afrodita recortó una parte del parque Ichigkat Muja para actividades mineras. En el lado ecuatoriano, el yacimiento Cóndor-Mirador se encuentra en conflictos con las comunidades indígenas por falta de precaución ambiental y de estudios de impactos.
Desde el sur suben los monocultivos de soya y palma en grandes rectángulos que, vistos desde un avión, parecen como heridas abiertas en el paisaje. El código forestal brasileño explica en su introducción que el país quiere favorecer la agricultura moderna, es decir, industrial. El Rey de la soya es el gobernador del estado de Mato Grosso.
Las represas hidroeléctricas ocupan principalmente el centro de la selva amazónica, inundando decenas de miles de hectáreas de tierra forestal. En Brasil, la represa de Itaipu tiene un lago artificial de 200 kilómetros de largo, cubriendo un área de mil 400 kilómetros cuadrados. En el proyecto del río Madeira, en el estado de Rondonia, 10 mil personas fueron obligadas a quitar su hogar. La hidro-eléctrica Belo Monte, sobre el río Xingu, inundó 500 kilómetros cuadrados, afectando a 40 mil familias. El embalse de Balbina, durante los tres primeros años de su existencia, ha emitido 23 mil 750 toneladas de C02 y 140 mil toneladas de metano.
A pesar de medidas gubernamentales, la explotación legal o ilegal de la madera sigue agresiva. Los incendios, accidentales o provocados, destruyen grandes espacios de la selva. Obras públicas de carreteras, pipelines, ferrocarriles y transporte fluvial contribuyen también a la destrucción ecológica.
En medio de esta problemática ambiental se encuentran millones de seres humanos afectados por la transformación de sus medios de vida, la expulsión de sus tierras ancestrales, la colonización de sus territorios y la criminalización de sus protestas. Numerosas especies vivas, animales y vegetales, pagan también el precio de este progreso de civilización.
Los olvidos del discurso oficial
En los discursos oficiales no se oye hablar mucho de los costos de esas políticas, es decir, de los millones de toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera ni del tipo de uso que se hace de los minerales extraídos o de los productos de la agricultura industrial: oro que, en gran parte, termina en las bodegas de los bancos para garantizar el sistema financiero; hierro, entre otros, para fabricar armamentos; soya, para alimentar el ganado, que a su vez produce más gases de efecto invernadero que el transporte, etcétera. De verdad la primera responsabilidad está en el Norte, pero la reproducción del mismo modelo de producir y consumir tiene las mismas consecuencias y eso no es en primera instancia un problema moral o político, sino matemático.
Soluciones
Evidentemente, no se trata de hacer de la Amazonia un jardín zoológico ni de transformar los pueblos indígenas en objetos de museo, sino de adoptar una visión holística de la situación, es decir, no segmentar lo real, permitiendo así a una cierta lógica de crecimiento económico proveer la única referencia, olvidando las externalidades ambientales y sociales, o perseguir políticas a corto plazo que obliteran el futuro. Eso puede traducirse en medidas muy concretas.
No se trata tampoco, para los países latinoamericanos, de perder su soberanía y dejar a otras potencias imponer regulaciones en función de sus intereses, sino para los dirigentes políticos tomar juntos medidas positivas de salvación de la selva amazónica en colaboración con los pueblos concernidos. La Unasur podría ser el lugar de colaboración institucional para realizar esta tarea urgente.
La crisis que afecta la región, con una baja de los precios del petróleo y otras commodities, puede ser la ocasión para tomar iniciativas. Los países que lo hagan quedarán en la historia como visionarios.
François Houtart. Profesor en el IAEN, Ecuador
El problema climático es bastante simple. Al tiempo que las actividades humanas producen más gases de efecto invernadero se destruyen los pozos de carbono, es decir, los lugares naturales de absorción de estos gases: las selvas y los océanos. El resultado es que el planeta no puede regenerase plenamente y que ya necesitamos un planeta y medio para la restauración de la naturaleza, pero tenemos solamente uno.
Tres grandes lugares del mundo tienen reservas forestales importantes reguladoras de los ecosistemas regionales: Asia del sur-este (Malasia e Indonesia), África central (Congo) y la Amazonia. El primero ya ha prácticamente desaparecido: Malasia e Indonesia han destruido más de 80 por ciento de sus selvas originarias para la plantación de palma africana y de eucaliptos. En el Congo, las guerras habían parado la explotación de madera y la extracción minera, pero estas actividades se renovaron durante los 10 últimos años. La Amazonia está en pleno proceso de degradación.
Las funciones geológicas de la selva amazónica
Con 4 millones de kilómetros cuadrados en nueve países, almacena un total de 109.660 millones de toneladas de C02, es decir, 50 por ciento del C02 de los bosques tropicales del planeta. Un total de 33 millones de personas viven en esa región, y entre ellas 400 pueblos indígenas.
Un estudio de un científico brasileño, Antonio Donato Nobre, O futuro climático da amazõnia. Relatorio de avaliação científica, describe de manera impresionante las funciones de la selva amazónica. Recogió los estudios hechos en Brasil. La historia geológica de la Amazonia es muy anciana. Se tomaron decenas de millones de años para construir la base de la biodiversidad de la selva, que estableció esta última como máquina de regulación ambiental de alta complejidad. Se trata de un océano verde en relación con el océano gaseoso de la atmósfera (agua, gases, energía) y con el océano azul de los mares, dice el autor.
Las principales funciones son cinco. Primero, la selva mantiene la humedad del aire, permitiendo lluvias en lugares lejos de los océanos, gracias a la transpiración de los árboles. En segundo lugar, las lluvias abundantes ayudan a conservar un aire limpio. Tercero, se conserva un ciclo hidrológico benéfico aún en circunstancias adversas, porque la selva aspira el aire húmido de los océanos para dentro, manteniendo lluvias en cualquier circunstancia. La cuarta función es la exportación del agua por los ríos en grandes distancias, impidiendo la descertificación, especialmente al este de la cordillera. Finalmente, ella evita fenómenos climáticos extremos gracias a la densidad forestal, que impiden tempestades alimentadas por el vapor de agua. Por eso se debe defender esta riqueza natural excepcional.
La degradación de la selva
Los efectos de la degradación actual de la selva amazónica son ya visibles: reducción de la transpiración, modificación de las lluvias, prolongación de la estación seca. Solamente en el Brasil hubo, en 2013, una deforestación de 763 mil kilómetros cuadrados, es decir, tres veces el estado de Sao Paulo o 21 veces Bélgica, o también 184 millones de campos de futbol.
Se estima que una disminución de 40 por ciento de la selva significaría el inicio de un proceso de transición hacia la sabana. Actualmente 20 por ciento ha sido destruida y otro 20 por ciento están seriamente afectados. Según una declaración de la FAO, el Día Internacional de la Selva de marzo de 2014, si la evolución sigue igual, dentro de 40 años no habrá más selva amazónica, sino una sabana con algunos bosques. Por esta razón, el autor del estudio pide una reversión radical estimando que el desafío es todavía posible de ser encontrado. Él propone una restauración de la selva destruida, una difusión de los conocimientos para alimentar la opinión pública y decisiones urgentes de los dirigentes políticos.
Pero, de hecho, ¿qué constatamos? Todos los países que poseen en su territorio una parte de la selva amazónica tienen buenas razones para utilizarla. En los países neoliberales hay la idea de explotar recursos naturales que deben contribuir a la acumulación del capital. En países progresistas los argumentos son diferentes: se necesita extraer las riquezas naturales y promover la exportación agrícola para financiar las políticas sociales y en regímenes socialdemócratas se nota en el discurso político una mezcla de los dos argumentos. Pero cualquier que sea el discurso el resultado es lo mismo.
Al oeste de la Amazonia es la explotación petrolera la que avanza en la selva. Basta visitar una región como el Putumayo colombiano para observar los daños enormes de solamente la fase de exploración. El presidente de Vetra, empresa petrolera canadiense, el señor Humberto Calderón Berti, afirmó en 2014 que a pesar de las dificultades (baja del precio del crudo, oposición de la población, actividades guerrilleras) no nos vamos del Amazonas, pues es un mar de petróleo que va desde el alto de Macarena y pasa por Ecuador y Perú. Actualmente la compañía extrae 23 mil barriles diarios en el Putumayo colombiano.
En Venezuela nuevos yacimientos esperan su explotación para contribuir, entre otros, a la política de solidaridad del Alba. En Ecuador el proyecto profético del Yasuní está abandonado, a causa de la falta de apoyo internacional y también de la presión de intereses locales, y la frontera petrolera sigue avanzando. En Perú y Bolivia, los pozos de petróleo y gas se multiplican. En todas partes, desechos siguen contaminando las aguas y los suelos por negligencias culpables, como en el caso de Chevron (antigua Texaco) en Ecuador, por accidentes de explotación o de transporte o solamente porque las tecnologías limpias son demasiado costosas.
Algunos ejemplos concretos. En Ecuador, son más de 16 mil millones de galones de agua contaminada que fueron enviados por Texaco a los ríos de la Amazonia . Unas mil piscinas de desechos no dejan de filtrar crudo en los suelos, tras 30 años de la salida de la compañía. En 1993, 30 mil ecuatorianos afectados presentaron en Nueva York un reclamo judicial. Se trata de la catástrofe más grande de derrames en años recientes en los mares.
En Loretto, Perú, el derrame total fue de 2 millones 637 mil barriles (353 mil toneladas). En 1979 fue de 287 mil toneladas (10 veces más que la catástrofe de Exxon Valdez). Hubo afectaciones prácticamente irreversibles, tomando siglos la rehabilitación. Metales pesados, cadmio, arsénico, plomo, etcétera, superaron de 322 veces los límites máximos permitidos. El estado de emergencia fue declarado: 100 comunidades fueron afectadas, con más de 20 mil personas, sin hablar de las consecuencias sanitarias (cánceres, mutaciones genéticas, abortos) y socio-culturales. En el mismo país, en 2009, se movilizaron miles de personas en Bagua contra los proyectos extractivos. Destruyendo bosques y ríos y hubo, en la Curva del Diablo, 53 muertos y 200 heridos. Otras dos empresas han recibido 658 millones 879 mil 677 hectáreas en concesión.
Al este son las minas las que comen grandes espacios de la selva. En el estado de Para, norte del Brasil, la empresa Vale ha recibido una concesión de más de 600 mil hectáreas y las explotaciones de minas de cobre y oro se añaden a las de hierro, transformando grandes superficies en paisajes lunares. La actividad minera se encuentra también en varias regiones del oeste y centro. Así, en Perú, en la cordillera del Cóndor, la firma canadiense Afrodita recortó una parte del parque Ichigkat Muja para actividades mineras. En el lado ecuatoriano, el yacimiento Cóndor-Mirador se encuentra en conflictos con las comunidades indígenas por falta de precaución ambiental y de estudios de impactos.
Desde el sur suben los monocultivos de soya y palma en grandes rectángulos que, vistos desde un avión, parecen como heridas abiertas en el paisaje. El código forestal brasileño explica en su introducción que el país quiere favorecer la agricultura moderna, es decir, industrial. El Rey de la soya es el gobernador del estado de Mato Grosso.
Las represas hidroeléctricas ocupan principalmente el centro de la selva amazónica, inundando decenas de miles de hectáreas de tierra forestal. En Brasil, la represa de Itaipu tiene un lago artificial de 200 kilómetros de largo, cubriendo un área de mil 400 kilómetros cuadrados. En el proyecto del río Madeira, en el estado de Rondonia, 10 mil personas fueron obligadas a quitar su hogar. La hidro-eléctrica Belo Monte, sobre el río Xingu, inundó 500 kilómetros cuadrados, afectando a 40 mil familias. El embalse de Balbina, durante los tres primeros años de su existencia, ha emitido 23 mil 750 toneladas de C02 y 140 mil toneladas de metano.
A pesar de medidas gubernamentales, la explotación legal o ilegal de la madera sigue agresiva. Los incendios, accidentales o provocados, destruyen grandes espacios de la selva. Obras públicas de carreteras, pipelines, ferrocarriles y transporte fluvial contribuyen también a la destrucción ecológica.
En medio de esta problemática ambiental se encuentran millones de seres humanos afectados por la transformación de sus medios de vida, la expulsión de sus tierras ancestrales, la colonización de sus territorios y la criminalización de sus protestas. Numerosas especies vivas, animales y vegetales, pagan también el precio de este progreso de civilización.
Los olvidos del discurso oficial
En los discursos oficiales no se oye hablar mucho de los costos de esas políticas, es decir, de los millones de toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera ni del tipo de uso que se hace de los minerales extraídos o de los productos de la agricultura industrial: oro que, en gran parte, termina en las bodegas de los bancos para garantizar el sistema financiero; hierro, entre otros, para fabricar armamentos; soya, para alimentar el ganado, que a su vez produce más gases de efecto invernadero que el transporte, etcétera. De verdad la primera responsabilidad está en el Norte, pero la reproducción del mismo modelo de producir y consumir tiene las mismas consecuencias y eso no es en primera instancia un problema moral o político, sino matemático.
Soluciones
Evidentemente, no se trata de hacer de la Amazonia un jardín zoológico ni de transformar los pueblos indígenas en objetos de museo, sino de adoptar una visión holística de la situación, es decir, no segmentar lo real, permitiendo así a una cierta lógica de crecimiento económico proveer la única referencia, olvidando las externalidades ambientales y sociales, o perseguir políticas a corto plazo que obliteran el futuro. Eso puede traducirse en medidas muy concretas.
No se trata tampoco, para los países latinoamericanos, de perder su soberanía y dejar a otras potencias imponer regulaciones en función de sus intereses, sino para los dirigentes políticos tomar juntos medidas positivas de salvación de la selva amazónica en colaboración con los pueblos concernidos. La Unasur podría ser el lugar de colaboración institucional para realizar esta tarea urgente.
La crisis que afecta la región, con una baja de los precios del petróleo y otras commodities, puede ser la ocasión para tomar iniciativas. Los países que lo hagan quedarán en la historia como visionarios.
François Houtart. Profesor en el IAEN, Ecuador
El Donbás ahora: sobre la situación interna
Hace casi dos meses que escribí el último análisis sobre la situación en el Donbás. La situación entonces era de un auténtico caos: se habían celebrado elecciones en Donetsk y Luganks, con una importante participación pero con muy escasa presencia de formaciones políticas por cuestiones burocráticas más que dudosas, se comenzaban a formar nuevos ejecutivos (con sorprendentes historias como la detención de varios ex ministros del gobierno provisional de Donetsk, por ejemplo) y se intentó debilitar a uno de los batallones más combativos y mejor formados de Luganks, el “Prizrak” (Fantasma) ordenando la dispersión de sus fuerzas por diferentes puntos de los territorios liberados. Pues bien, en este tiempo se han ido aclarando un poco las cosas.
1.- El Consejo Popular de la República Popular de Donetsk cuenta con 100 miembros que pertenecen a dos formaciones políticas: República de Donetsk (68) y Donbás Libre (32). Bien sea porque se constató que la decisión de dejar fuera de las elecciones a varias formaciones políticas, como el Partido Comunista o Nueva Rusia, era arbitraria o porque consideraron que era un riesgo dejar fuera de juego a personalidades que habían tenido un papel relevante en el levantamiento contra la Junta de Kiev, tanto RD como DL decidieron incluir en sus listas a militantes significativos como Boris Litvinov (destacado militante del Partido Comunista y quien fue presidente del Consejo Popular hasta las elecciones, así como el principal redactor de la Declaración de Independencia) o Catalina Gubareva (esposa de Paul Gubarev, ex gobernador popular de Donetsk, y principal impulsor de Nueva Rusia). Litvinov es diputado del Consejo Popular en las filas de RD, Catalina en las de DL.
2.- El gobierno de Donetsk es de inclusión, formado por los dos partidos aunque manteniendo la proporción de cada cual. No obstante, Donbás Libre tiene ministerios de responsabilidad como el de Asuntos Exteriores, que dirige Alexander Coffman.
3.- El bloqueo impuesto por la Junta neonazi de Kiev contra el Donbás está empezando a ser contestado. Donetsk ha anunciado que se han nacionalizado todas las empresas ucranianas existentes en su territorio y que la RPD se convertirá en socio de las empresas que eran propiedad parcial de Kiev. Esto se refiere a las empresas estatales. En cuanto a las privadas, la RPD impondrá un “control externo” de las empresas que han sido abandonadas por sus propietarios. En qué consiste eso, está por concretar aún. Luganks, por su parte, ha hecho un anuncio similar afirmando que "todo lo que debe pertenecer al pueblo, le será devuelto". En Luganks lo que se va a nacionalizar serán las empresas de agua, gas y electricidad aunque, eso sí, "con un enfoque muy cuidadoso desde el punto de vista legal" como ha dicho el presidente Igor Plotnitsky.
4.- Esto pone de manifiesto, una vez más, que hoy por hoy la RPD no tiene la menor intención de nacionalizar las empresas de los oligarcas locales, como es el caso de las de Rinat Ajmetov, propietario de más de un centenar de empresas que operan en los sectores de minería, energía, telecomunicaciones, seguros, comercio, bienes raíces y bancos. Está considerado el hombre más rico de Ucrania y no todas sus empresas están en Donetsk y Luganks, como es lógico. Bajo el criterio antes expuesto, Ajmetov no ha “abandonado” sus empresas en estas dos repúblicas, sobre todo en Donetsk, y tiene buenas relaciones con el gobierno de Zajarchenko aunque, es evidente, juega a dos barajas puesto que también mantiene buenas relaciones con la junta neonazi de Kiev, como acaba de demostrar poniendo a su disposición todas sus empresas de Mariupol. Uno de los movimientos de Ajmetov más significativos se produjo el pasado 16 de diciembre, cuando un convoy de camiones suyos se vio momentáneamente paralizado por integrantes de los batallones nazis al intentar llevar ayuda humanitaria a Donetsk. Este movimiento no hubiese sido posible sin el consentimiento de la junta de Kiev. Este bloqueo fue muy comentado por páginas de solidaridad con el Donbás, pero no tuvieron en cuenta de quién eran los camiones que se bloqueaban ni lo que supone este tipo de movimientos. En esta foto se aprecia claramente en la parte delantera del camión y el el lateral la leyenda, “convoy de Rinat Ajmetov”. Llevaba unas 400 toneladas de ayuda y finalmente pasaron tras recibir los nazis la promesa de Poroshenko de acelerar el proceso de intercambio de prisioneros (que se está haciendo).
5.- Al mismo tiempo, Donetsk y Luganks han descartado poner en marcha una nueva moneda, como se había estado anunciando hace un tiempo. Tal y como hizo Hugo Chávez tras el fracaso de su golpe contra el gobierno neoliberal venezolano en 1992, Zajarchenko utilizó la expresión “por ahora” para referirse a que la RPD mantendrá el grivna ucraniano como moneda. Se suponía que tanto Donetsk como Luganks iban a acelerar los pasos para contar con moneda propia tras el anuncio de Poroshenko de suspender la actividad de todos los bancos ucranianos en el Donbás, pero no ha sido así. Las declaraciones habían sido contradictorias al respecto, unos abogando porque se acelerasen los caminos para buscar una alternativa al grivna y otros afirmando que tener una moneda nacional era uno de los atributos fundamentales de un Estado. Todo eso ahora queda paralizado y ni la RPD ni la RPL van a tener moneda propia porque esta cuestión forma parte de lo que se está negociando entre los firmantes del acuerdo de Minsk (las dos repúblicas, Kiev, Moscú y la OSCE).
6.- No obstante, Donetsk y Luganks van a crear un espacio económico común y tienen previsto que esté operativo en el primer trimestre de este año 2015.
7.- Luganks ha elaborado su Constitución tras las elecciones. Tiene 86 artículos y 10 capítulos. Aunque no es el momento de comentarla en extenso, sí hay algunos que merece la pena reseñar: - Artículo 5, que reconoce por igual todas las formas de propiedad “estatales, municipales, privadas y otras”, establece que los recursos naturales son “propiedad del pueblo” y así serán utilizados, y se prohíbe la venta de tierras. - Artículo 9: se prohíben los partidos que propugnan la violencia y el fascismo. - Artículo 10: los idiomas oficiales son el ruso y el ucraniano. - Artículo 33: toda persona tiene derecho a la vivienda y los órganos de poder estatal y locales alentarán la construcción de viviendas de baja renta; quienes tengan necesidad de una casa tendrán una de forma gratuita o a un precio asequible de los fondos de vivienda estatales, municipales y otros.
8.- Se han parado los intentos de debilitar a la “Prizrak” y, por el contrario, parece que va en serio la construcción de un Ejército unificado, aunque aún es pronto para afirmarlo con rotundidad. Al Ejército del Sur-Este se han sumado en estos dos meses dos brigadas, un regimiento y una brigada artillera que funcionaban por su cuenta. Es probable que en estos momentos su numero de integrantes llegue a los 9.000, aunque es difícil cuantificarlo.
9.- Se puede decir que el Donbás ha logrado una importante victoria al lograr mantenerse y comenzar a crear sus estructuras de Estados independientes (para mí, aún es pronto para hablar de Nueva Rusia como un todo): ha logrado resistir la embestida nazi, ha derrotado dos importantes ofensivas militares y lo ha hecho tanto por su gente como por la ayuda encubierta de Rusia en el aspecto del material militar. También es cierto que las condiciones de Rusia para ello frenaron en seco la ofensiva de las milicias, sobre todo en Mariupol. Eso ha provocado una división clara entre los principales comandantes de las milicias; por ejemplo, Motorola o Bezler aceptan las decisiones del Kremlin mientras que Mozgovoi es un claro crítico.
10.- Cada vez es más evidente que la guerra se va a reiniciar cuando termine el invierno, por lo que estos meses son fundamentales tanto para consolidar a nivel interno el papel político de las repúblicas populares como para reforzar las milicias e ir acelerando la formación de un solo Ejército. Porque, aunque sigo manteniendo que Rusia tiene decidido intervenir militarmente si la cosa se pone fea, les corresponde a ellos, a los y las milicianas de las repúblicas populares detener el primer asalto y esta vez será más contundente que los anteriores. Sobre la situación en Ucrania hablaré dentro de unos días.
El Territorio del Lince (Blog)
1.- El Consejo Popular de la República Popular de Donetsk cuenta con 100 miembros que pertenecen a dos formaciones políticas: República de Donetsk (68) y Donbás Libre (32). Bien sea porque se constató que la decisión de dejar fuera de las elecciones a varias formaciones políticas, como el Partido Comunista o Nueva Rusia, era arbitraria o porque consideraron que era un riesgo dejar fuera de juego a personalidades que habían tenido un papel relevante en el levantamiento contra la Junta de Kiev, tanto RD como DL decidieron incluir en sus listas a militantes significativos como Boris Litvinov (destacado militante del Partido Comunista y quien fue presidente del Consejo Popular hasta las elecciones, así como el principal redactor de la Declaración de Independencia) o Catalina Gubareva (esposa de Paul Gubarev, ex gobernador popular de Donetsk, y principal impulsor de Nueva Rusia). Litvinov es diputado del Consejo Popular en las filas de RD, Catalina en las de DL.
2.- El gobierno de Donetsk es de inclusión, formado por los dos partidos aunque manteniendo la proporción de cada cual. No obstante, Donbás Libre tiene ministerios de responsabilidad como el de Asuntos Exteriores, que dirige Alexander Coffman.
3.- El bloqueo impuesto por la Junta neonazi de Kiev contra el Donbás está empezando a ser contestado. Donetsk ha anunciado que se han nacionalizado todas las empresas ucranianas existentes en su territorio y que la RPD se convertirá en socio de las empresas que eran propiedad parcial de Kiev. Esto se refiere a las empresas estatales. En cuanto a las privadas, la RPD impondrá un “control externo” de las empresas que han sido abandonadas por sus propietarios. En qué consiste eso, está por concretar aún. Luganks, por su parte, ha hecho un anuncio similar afirmando que "todo lo que debe pertenecer al pueblo, le será devuelto". En Luganks lo que se va a nacionalizar serán las empresas de agua, gas y electricidad aunque, eso sí, "con un enfoque muy cuidadoso desde el punto de vista legal" como ha dicho el presidente Igor Plotnitsky.
4.- Esto pone de manifiesto, una vez más, que hoy por hoy la RPD no tiene la menor intención de nacionalizar las empresas de los oligarcas locales, como es el caso de las de Rinat Ajmetov, propietario de más de un centenar de empresas que operan en los sectores de minería, energía, telecomunicaciones, seguros, comercio, bienes raíces y bancos. Está considerado el hombre más rico de Ucrania y no todas sus empresas están en Donetsk y Luganks, como es lógico. Bajo el criterio antes expuesto, Ajmetov no ha “abandonado” sus empresas en estas dos repúblicas, sobre todo en Donetsk, y tiene buenas relaciones con el gobierno de Zajarchenko aunque, es evidente, juega a dos barajas puesto que también mantiene buenas relaciones con la junta neonazi de Kiev, como acaba de demostrar poniendo a su disposición todas sus empresas de Mariupol. Uno de los movimientos de Ajmetov más significativos se produjo el pasado 16 de diciembre, cuando un convoy de camiones suyos se vio momentáneamente paralizado por integrantes de los batallones nazis al intentar llevar ayuda humanitaria a Donetsk. Este movimiento no hubiese sido posible sin el consentimiento de la junta de Kiev. Este bloqueo fue muy comentado por páginas de solidaridad con el Donbás, pero no tuvieron en cuenta de quién eran los camiones que se bloqueaban ni lo que supone este tipo de movimientos. En esta foto se aprecia claramente en la parte delantera del camión y el el lateral la leyenda, “convoy de Rinat Ajmetov”. Llevaba unas 400 toneladas de ayuda y finalmente pasaron tras recibir los nazis la promesa de Poroshenko de acelerar el proceso de intercambio de prisioneros (que se está haciendo).
5.- Al mismo tiempo, Donetsk y Luganks han descartado poner en marcha una nueva moneda, como se había estado anunciando hace un tiempo. Tal y como hizo Hugo Chávez tras el fracaso de su golpe contra el gobierno neoliberal venezolano en 1992, Zajarchenko utilizó la expresión “por ahora” para referirse a que la RPD mantendrá el grivna ucraniano como moneda. Se suponía que tanto Donetsk como Luganks iban a acelerar los pasos para contar con moneda propia tras el anuncio de Poroshenko de suspender la actividad de todos los bancos ucranianos en el Donbás, pero no ha sido así. Las declaraciones habían sido contradictorias al respecto, unos abogando porque se acelerasen los caminos para buscar una alternativa al grivna y otros afirmando que tener una moneda nacional era uno de los atributos fundamentales de un Estado. Todo eso ahora queda paralizado y ni la RPD ni la RPL van a tener moneda propia porque esta cuestión forma parte de lo que se está negociando entre los firmantes del acuerdo de Minsk (las dos repúblicas, Kiev, Moscú y la OSCE).
6.- No obstante, Donetsk y Luganks van a crear un espacio económico común y tienen previsto que esté operativo en el primer trimestre de este año 2015.
7.- Luganks ha elaborado su Constitución tras las elecciones. Tiene 86 artículos y 10 capítulos. Aunque no es el momento de comentarla en extenso, sí hay algunos que merece la pena reseñar: - Artículo 5, que reconoce por igual todas las formas de propiedad “estatales, municipales, privadas y otras”, establece que los recursos naturales son “propiedad del pueblo” y así serán utilizados, y se prohíbe la venta de tierras. - Artículo 9: se prohíben los partidos que propugnan la violencia y el fascismo. - Artículo 10: los idiomas oficiales son el ruso y el ucraniano. - Artículo 33: toda persona tiene derecho a la vivienda y los órganos de poder estatal y locales alentarán la construcción de viviendas de baja renta; quienes tengan necesidad de una casa tendrán una de forma gratuita o a un precio asequible de los fondos de vivienda estatales, municipales y otros.
8.- Se han parado los intentos de debilitar a la “Prizrak” y, por el contrario, parece que va en serio la construcción de un Ejército unificado, aunque aún es pronto para afirmarlo con rotundidad. Al Ejército del Sur-Este se han sumado en estos dos meses dos brigadas, un regimiento y una brigada artillera que funcionaban por su cuenta. Es probable que en estos momentos su numero de integrantes llegue a los 9.000, aunque es difícil cuantificarlo.
9.- Se puede decir que el Donbás ha logrado una importante victoria al lograr mantenerse y comenzar a crear sus estructuras de Estados independientes (para mí, aún es pronto para hablar de Nueva Rusia como un todo): ha logrado resistir la embestida nazi, ha derrotado dos importantes ofensivas militares y lo ha hecho tanto por su gente como por la ayuda encubierta de Rusia en el aspecto del material militar. También es cierto que las condiciones de Rusia para ello frenaron en seco la ofensiva de las milicias, sobre todo en Mariupol. Eso ha provocado una división clara entre los principales comandantes de las milicias; por ejemplo, Motorola o Bezler aceptan las decisiones del Kremlin mientras que Mozgovoi es un claro crítico.
10.- Cada vez es más evidente que la guerra se va a reiniciar cuando termine el invierno, por lo que estos meses son fundamentales tanto para consolidar a nivel interno el papel político de las repúblicas populares como para reforzar las milicias e ir acelerando la formación de un solo Ejército. Porque, aunque sigo manteniendo que Rusia tiene decidido intervenir militarmente si la cosa se pone fea, les corresponde a ellos, a los y las milicianas de las repúblicas populares detener el primer asalto y esta vez será más contundente que los anteriores. Sobre la situación en Ucrania hablaré dentro de unos días.
El Territorio del Lince (Blog)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)