domingo, junio 25, 2023

Grabois lo cubre a Massa por izquierda


Presentó su candidatura a presidente en las Paso de Unión por la Patria, mientras apoya el resto de la lista con los mismos ajustadores del FMI. 
 Una operación para contener a votantes desilusionados. 

Después de que Wado de Pedro y Daniel Scioli declinaran sus postulaciones para ceder la cabeza de la lista a Sergio Massa, quien es en forma directa el vínculo con el FMI en Argentina, finalmente Juan Grabois se presentó como precandidato a presidente en las Paso de Unión por la Patria. Sin embargo apoyará el resto de la boleta, lo cual demuestra que no pasa de una operación para contener a aquellos votantes del peronismo que no pueden digerir al ministro del ajuste y la embajada yanqui. 
 Lo de Grabois es un intento por darle una cobertura por izquierda a la lista del gobierno que fracasó en dar respuesta a las necesidades populares que prometía atender, que hundió a millones en la pobreza y aplastó los salarios, mientras pagaba puntualmente todos los vencimientos al Fondo Monetario. Que Massa sea el candidato es la conclusión lógica del hecho de que los hilos de la política económica del país se manejan desde Washington. El dirigente social del MTE no rompe con eso ni ofrece ningún rumbo alternativo, sino que trata de preservar al electorado desencantado con el desastroso mandato del Frente de Todos, al punto de que en la provincia de Buenos Aires militará la lista única copada por ajustadores, como la enemiga de los desocupados Victoria Tolosa Paz. En la Ciudad de Buenos Aires dio de baja las candidaturas de Pedro Rosemblat y la exministra Gómez Alcorta. 
 Este intento de contener al electorado más progresista dentro de las listas de peronismo fondomonetarista es, además, una última jugada después de haber bancado todos los ataques al pueblo durante tres años y medio, especialmente a los que luchan por trabajo y organizan las barriadas contra el hambre. Si Massa llegó hasta acá aplicando el programa del FMI de tarifazos, robo a los jubilados y recortes en programas sociales es también gracias al aporte de Grabois y la Utep, que se borraron de las calles y le dieron la espalda a un masivo y combativo movimiento piquetero que se plantó en todo el país.
 Incluso, presentarse a internas significa que una vez pasada las primarias el dirigente social terminará llamando a votar el por agente del Fondo y el imperialismo yanqui. Más aún, frente a candidatos que buscan representar de manera más descarnada el ajuste a los trabajadores y la entrega de las riquezas del país, como Larreta, Bullrich o Milei, el hoy ministro de Economía podrá exhibir ante el FMI y los capitalistas que su diferencial es contar con la complicidad de los movimientos sociales de la Utep y de la burocracia sindical, herramientas de contención del peronismo para evitar un estallido social, al que todos temen. 
 Las Paso de Unión por la Patria redoblan el desafío que se le presenta al Frente de Izquierda en estas elecciones, para pelear porque los trabajadores rompan con este peronismo ajustador y apuesten por la única alternativa política con un programa que plantea en primer lugar rechazar la injerencia del FMI y recomponer en forma urgente los salarios y las jubilaciones. El plenario de 20.000 luchadores realizado por el Partido Obrero y el MST el pasado 17 de junio frente al Congreso, en que se votó la fórmula Gabriel Solano – Vilma Ripoll, es parte de la preparación para esa batalla política y para intervenir en los tiempos que se vienen. Allí estuvieron los piqueteros que se le plantaron a Tolosa Paz y los obreros del neumático que no se dejaron doblegar por Massa y su respaldo a las patronales. Con esa fuerza popular está planteada la disputa de cada voto en las villas y asentamientos, en las fábricas y lugares de trabajo, en facultades y colegios.
 “Este escenario refuerza la idea de que necesitamos una izquierda con una gran fuerza social, con presencia en los barrios más golpeados y en los sindicatos. Los problemas más importantes del país no se van a resolver en las urnas sino en las calles, como ya se demostró en Jujuy y Chaco, y por eso necesitamos una izquierda con fuerte presencia popular, que vaya más allá de las elecciones. La lista de Bregman y Del Caño no puede aportar eso porque no organizan a las barriadas pobres. Para poder enfrentar el ajuste es necesaria una izquierda que sea independiente de todas las fuerzas que gobernaron, incluido el kirchnerismo, algo que solamente la lista del Partido Obrero y MST defiende sin lugar a dudas”, declaró Solano tras las presentación de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda en las Paso del FIT-U.

 Iván Hirsch

Repaso del panorama hacia las Paso

Cómo quedó el panorama tras la presentación de listas. 
 Se definieron las precandidaturas hacia agosto. 

Se definió el panorama hacia las Paso de agosto, y la verdad que dejó de todo. Hagamos un repaso.
 Entre las 19 fórmulas presidenciales que se presentaron, las mayores definiciones de última hora sucedieron en la fuerza que gobierna, algo que ejemplifica el cuadro de crisis política en que se largan las elecciones nacionales 2023. 
 La candidatura presidencial de Sergio Massa por Unión por la Patria, tras la deposición de Wado de Pedro y de Scioli, es la de los que hoy los que gobiernan la Argentina: el ministro de Economía del FMI y el capital financiero internacional, en acuerdo con Cristina Kirchner. Así, la campaña del peronismo la va a encabezar un agente de la embajada yanqui y amigo del dictador jujeño Gerardo Morales. Lo secunda Agustín Rossi a vice. 
 En la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof mantiene su fórmula con la actual vicegobernadora Verónica Magario, clerical del PJ de La Matanza, ese de los punteros mientras crece el hambre en las barriadas. La boleta de senadores tendrá arriba de todo a Wado de Pedro, cuya única actividad durante su fugaz nominación fue reunirse con los capitalistas “formadores de precios” de la UIA, mientras Máximo Kirchner encabeza la lista de diputados nacionales, lo cual es una cruel paradoja: después de haber renunciado a la presidencia de bloque de diputados del FdT cuando se votó el acuerdo con el FMI, ahora no solo tiene a Massa de presidente sino que lo acompañan los otros ejecutores del ajuste como Victoria Tolosa Paz, la massista Cecilia Moreau y el albertista Santiago Caffiero. También apuntaron a Mario Manrique, un burócrata del Smata que los medios opositores presentan como antiempresario pero en realidad es del gremio que acordó la reforma flexibilizadora en Toyota.
 Juan Grabois se presenta en las internas de Unión por la Patria, únicamente en la boleta presidencial, compartiendo lista única en el resto de las categorías, integrando a los suyos en la misma nómina que la ministra de Desarrollo Social que recorta programas sociales y alimentos a los comedores. Toda su función es cubrir por izquierda a Massa, ante un sector del electorado peronista desilusionado con el fiasco del actual gobierno, y preparar el camino para que lo voten en octubre. 
 En Juntos por el Cambio hubo más bien una suerte de carrera entre las dos alas, con Bullrich reclutando radicales y Larreta incorporando “halcones”.
 Patricia Bullrich lleva de compañero de fórmula al radical mendocino Luis Petri, promotor de la baja en la edad de imputabilidad, y finalmente a Maximiliano Abad de la UCR bonaerense como senador. El candidato a gobernador es Néstor Grindetti, intendente de un Lanús donde prolifera el narco y se precariza a los municipales, y su candidato a vice es Miguel Fernández, intendente radical de Trenque Lauquen. La lista de diputados nacionales de la provincia serán liderada por Christian Ritondo, quien regenteó a la podrida Policía Bonaerense cuando fue ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal.
 Horacio Rodríguez Larreta va acompañado del represor del pueblo de Jujuy, el autor de una reforma constitucional trucha y reaccionaria que recibió un amplísimo rechazo popular, Gerardo Morales. Sumó al promotor del gatillo fácil Jose Luis Espert como senador, escoltado por la evangelista y defensora del aborto clandestino Cynthia Hotton, mientras el peronista mano dura Miguel Ángel Pichetto encabeza a diputados. Para la gobernación bonaerense Diego Santilli lleva de vice a Gustavo Posse, el radical eterno intendente de San Isidro que gobierna para las inmobiliarias mientras crece el hacinamiento en los barrios populares. También se apuntó el apoyo de Elisa Carrió, quien irá en la boleta del Parlasur.
 La presentación de listas de La Libertad Avanza dejó también algunas perlitas. La fórmula Javier Milei – Victoria Villarruel será acompañada en la de la gobernación bonaerense por Carolina Píparo, exfuncionaria del PRO que renunció en medio de un escándalo de corruptela, con Francisco Onetto como vice. Además de los banqueros Juan Nápoli y Alberto Benegas Lynch, que lideran las nóminas de senadores y diputados, esta última incluye a Pablo Ansaloni, miembro de uno de los peores exponentes de la burocracia sindical como es la Uatre del Momo Venegas, quien ya fue legislador por el macrismo, y de quien circula un video con expresiones antisemitas. 
 Entre los restos del peronismo, el gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti, que sonó para un acuerdo con Larreta, finalmente presenta su propia lista a presidente junto a Florencio Randazzo. 
 “Este escenario refuerza la idea de que necesitamos una izquierda con una gran fuerza social, con presencia en los barrios más golpeados y en los sindicatos. Una izquierda con fuerte presencia popular, que vaya más allá de las elecciones, porque los problemas más importantes del país no se van a resolver en las urnas sino en las calles, como ya se demostró en Jujuy y Chaco”, declaró Gabriel Solano tras las presentación de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda en las Paso del Frente de Izquierda Unidad. El legislador porteño será precandidato a presidente con Vilma Ripoll como vice, como lo votó un plenario de 20.000 luchadores realizado por el Partido Obrero y el MST el pasado 17 de junio frente al Congreso. 
 El plenario mostró a una izquierda que en su programa y en sus métodos se prepara para esta batalla política y para intervenir en los tiempos que se vienen, y lo mismo expresan las candidaturas que acompañarán a Solano. La boleta nacional para el Parlasur la encabeza José Meniño, secretario ejecutivo Sutna San Fernando, el sindicato clasista de los obreros del neumáticos que conquistaron una paritaria encima de la inflación porque no se dejaron doblegar ante el respaldo de Massa a las patronales. Romina Del Plá, referente de la lucha en defensa de la educación pública y de la oposición antiburocrática en Suteba, será la precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires; y la boleta a gobernador la lideran Alejandro Bodart, del MST, y Jimena Lettieri, trabajadora del Hospital Posadas. La lista de diputados nacionales que encabezará Néstor Pitrola, histórico dirigente del Partido Obrero y el clasismo, también se destacan luchadoras piqueteras como Gabriela de la Rosa, del Polo Obrero de La Matanza.
 Sobre las internas del FIT-U, Solano manifestó que “la lista de Bregman y Del Caño no puede aportar todo eso. Incluso están en contra de organizar a los trabajadores de las barriadas pobres. Para poder enfrentar el ajuste es necesaria una izquierda que se plante, y que sea independiente de todas las fuerzas que gobernaron, incluido el kirchnerismo, algo que solamente la lista del Partido Obrero y MST defiende sin lugar a dudas”, concluyó. 

 Iván Hirsch

El Movimiento Sin Techo de Perú se solidariza con la rebelión popular en Jujuy


Estimado y combativo pueblo de Jujuy, Argentina: 
 Reciban un saludo de lucha y de la clase trabajadora Sin Techo de Perú (MSTP). A través de la página web de Prensa Obrera nos hemos enterado de la lucha heroica que uds. vienen desenvolviendo por sus legítimas demandas y contra el régimen político autoritario de Morales y sus reformas antidemocráticas y reaccionarias. Nosotros ya conocemos de las maniobras difamatorias y represivas. En nuestro país, nosotros tenemos a una dictadura cívico-militar en el poder que con la narrativa del “terruqueo” han asesinado a más de 70 jóvenes y trabajadores peruanos. Aun así, nos vamos a la tercera ronda de revueltas contra la dictadura de Dina Boluarte hasta derrocarla. Estimadas compañeras y compañeros, vuestra lucha es una inspiración y es también nuestra lucha. Es la lucha de una misma clase explotada y oprimida, contra la clase millonaria e imperialista que saquea nuestros países a través del robo de nuestras tierras y recursos naturales y una usurera deuda externa.
 Los trabajadores explotados somos una sola clase en Perú y Argentina y toda Latinoamérica y el mundo. 
 A través de esta nota les enviamos nuestra solidaridad como clase explotada y Sin Techo (más de 4 millones de familias), y les auguramos la victoria hasta derrocar al mafioso Morales. 

 César Zelada, Presidente del MSTP. 
Lima, 19 de junio del 2023

Uruguay atraviesa su peor crisis hídrica


En Montevideo, Canelones y San José hay riesgo de total desabastecimiento de agua. 

 Una estructura productiva basada en la exportación de bienes primarios que consumen gran cantidad de agua. 

 La estructura productiva de Uruguay está provocando la peor crisis hídrica de los últimos 70 años. Muchos habitantes carecen de agua potable y protestan movilizándose por las calles de Montevideo frente a los organismos del Estado. 
 Si bien las autoridades atribuyen la falta de agua a la sequía que afecta a la región los últimos tres años, hay que agregar el aumento de la producción de bienes primarios que consumen gran cantidad de agua, es decir: la celulosa, la carne y la soja, destinados a la exportación. Esto constituye una expoliación que ni siquiera redunda en bienestar de las personas. 
 Existen actualmente tres enormes plantas de celulosa localizadas en Fray Bentos, Colonia y Paso de los Toros que consumen 17 millones de toneladas de madera al año. Esas maderas provienen de grandes forestaciones de eucaliptus, especie exótica que consume mucha agua de los acuíferos y que ha desplazado a bosques y praderas naturales. Las exportaciones de celulosa serían de 2.600 millones de dólares, mientras que la carne vacuna ronda los 2.300 millones y le sigue la soja con 1.200 millones de dólares. Todas actividades que consumen agua superficial y de los acuíferos. Las exportaciones y el producto bruto crecen, pero los ingresos y la calidad de vida de la población disminuyen.
 Como todos los países periféricos, Uruguay sufre el fenómeno de la gentrificación. Las urbanizaciones privadas, algunas dispuestas sobre humedales, también influyen sobre en esta crisis hídrica.

 La zona metropolitana, la industria y los trabajadores 

En Montevideo, Canelones y San José hay riesgo de total desabastecimiento de agua. Hace ya casi un mes que el agua no sabe igual. Se siente salada, se ve más oscura. El Ejecutivo debió salir a abastecer a hospitales y hogares de cuidado, los lavaderos están restringidos y la refinería nacional tuvo que tomar medidas para evitar frenar la producción de combustible, que también usa agua en su proceso. Las industrias farmacéutica y alimenticias se ven muy afectadas por la falta de calidad del agua. Esta crisis histórica impacta sobre más de dos millones de personas. 
 Obras Sanitarias del Estado (OSE) se encarga de la provisión de agua desde 1952. La zona metropolitana se provee fundamentalmente del río Santa Lucía, curso de agua de 248 kilómetros. A 56 kilómetros al norte de Montevideo, sobre ese río, se encuentra Aguas Corrientes, la represa y mayor planta de potabilización de todo el país. Cuando ese agua no es suficiente, intervienen las represas de Canelón Grande y de Paso Severino, que están río arriba. La primera está seca y, la segunda, prácticamente vacía. 
 A principios de mayo gran parte de la población notó que el agua en vez de ser insípida, incolora e inodora, era salada y amarronada. El 4 de mayo, el Ministerio de Salud Pública cambió la normativa que regula la potabilización: aumentó los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700; y de sodio de 200 a 400, por el plazo de 30 días. Números que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Según informaron, se tomó esa decisión para poder responder a la demanda y poder mezclar el agua del río Santa Lucía con la obtenida de aguas abajo, del Río de la Plata, mucho más salada. 
 “El agua de OSE no es potable, pero es bebible”, sostuvo ante la prensa el ministro de Ambiente uruguayo. Asimismo la ministra de Salud sugirió a la población cambiar la alimentación y dejar “las papas chips y los chorizos” para que el consumo del agua de bebida sea menor. Comunicaron que tomaron medidas para garantizar el agua para centros de primera infancia, escuelas y hospitales, así como para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, cirrosis y lactantes. Además, hicieron otros tres anuncios: la adquisición de una planta desalinizadora modular traída de USA, agilizar las reparaciones de OSE en las redes de cañerías y la puesta en marcha del llamado proyecto Neptuno, la alternativa privada de gestión del agua. 
 Por su parte, el sector industrial se expresó a través del presidente de la de la CIU (Cámara de Industria Uruguaya), Fernando Pache manifestó que la situación es compleja. Casi el 80% de las empresas que no tienen un plan B para el agua se verán forzadas a detener la producción. Ya muchas empresas han manifestado que si tienen que parar de producir por este tema la primera medida automática es el envío a seguro de paro para algunos trabajadores (La Mañana, 7/6).

 ¿Seguir haciendo represas o privatizar el agua?

 El gobierno anterior generó el proyecto Casupá para construir una represa a 100 km de Montevideo con financiación de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Pero quedó en suspenso por la gestión actual cuando decidió en su lugar promover el proyecto Neptuno. La idea es construir una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en Arazatí, cuya licitación anunció Lacaye Pou en noviembre pasado. Esta planta tiene los inconvenientes de proveerse de un río contaminado y con influencia marina cuya agua es costosa de potabilizar. Pero además, la oposición de centroizquierda considera que se trata de una privatización y que la gestión debe ser pública estatal, caso contrario va contra la Constitución, y el derecho al agua es un derecho humano (artículo 47).
 Gobierno y oposición no dan una salida, dado que no atacan las causas de fondo. Estas pueden resumirse en los dichos del doctor Marcel Achkar de la Universidad de la República (Udelar): “a la sequía se suma: el avance de la forestación (con especies de rápido crecimiento), la intensificación agraria (con degradación de suelos), la construcción de embalses (para uso agropecuario) y la desecación de humedales (para avance de la agricultura y ganadería). En general la artificialización de los reservorios de agua ha reducido la capacidad de los territorios de ‘producir agua’”, precisó en El Destape. Sin embargo, el investigador aseguró que “toda la actividad biológica se vio afectada”, por lo que se deberá monitorear a partir de que comiencen a regularizarse las precipitaciones. Además, previó que si no llueve en diez días la población de la zona metropolitana se quedará sin agua potable, al igual que estiman las mismas autoridades. A cambio, contarán con “agua que progresivamente aumenta los tenores de sodio y cloruro”, cuyo consumo directo no está recomendado. 
 Por su parte el sindicato de OSE denuncia la falta de inversión, dado que el 50 por ciento del agua “se pierde” por roturas en las cañerías y la falta de trabajadores para abordar este problema porque la planta se redujo en unos mil puestos desde que asumió Lacalle Pou. 

 Cambio climático y sistema de producción capitalista 

“Esta es una sequía extraordinaria. Si uno compara con el registro de precipitaciones de los últimos 44 años para esa región del suroeste del país, encuentra que no hay ningún registro parecido a este”, explica Barreiro, investigador de la Universidad de la República. 
 De acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en la cuenca del Río de la Plata, que incluye Uruguay, sur de Brasil, Argentina y Paraguay, las sequías a futuro serían más frecuentes y más severas. El sistema productivo extractivista orientado al consumo de los países imperialistas está secando los suelos.
 Ambos causas que se retroalimentan generan la catástrofe del agua. Los gobiernos de la burguesía que vienen alternándose en el poder no tienen un plan de salida para esta crisis.
 Los trabajadores de todas las actividades de las industrias y los servicios pueden organizarse para tomar las riendas de la situación y hacer los cambios integrales que se requieren para garantizar el consumo de agua por medio de una planificación de la economía. 

 Alicia Rodríguez
 9/06/23

Descomposición golpista en la Rusia de Putin


Mercenarios del Grupo Wagner y su jefe Yevgeny Prigozhin.

 ¿Motín? ¿Golpe de Estado? 

 Se está desarrollando en Rusia una sublevación del llamado “Grupo Wagner” constituido por mercenarios (sacados muchos de ellos de las cárceles) que dirige Yevgeny Prigozhin, hombre considerado –hasta ahora- aliado del presidente Putin. Este realizó su “carrera” como jefe militar mercenario, por fuera de las instituciones militares rusas. 
 Estamos hablando de unos 25.000 soldados.
 Prigozhin venía jugando un papel importante en la actual guerra rusa contra la Otan-Ucrania. Al grupo Wagner se le atribuye la reciente conquista rusa de Bajmut, que costó numerosas víctimas en una encarnizada y sangrienta batalla. Ha sido este Prigozhin el que venía desarrollando cada vez más fuertes y públicas críticas sobre el sabotaje que hacían el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el máximo general de Rusia, Valery Gerasimov. Los acusó no solo de ineptitud y mal manejo de la guerra, sino especialmente de no abastecer con suficientes municiones a las tropas del Grupo Wagner y sabotearlo desde todo punto de vista. 
 Con estas críticas al alto mando militar, Prigozhin retiró al Grupo Wagner de la primera línea de combate, dejando las posiciones en manos de las tropas rusas oficiales.
 Pero ahora, Prigozhin denunció que el Grupo Wagner ha sufrido grandes pérdidas humanas por el bombardeo de “fuego amigo”, realizado con misiles, por fuerzas rusas dirigidas por el alto mando militar. Con esta fuerte acusación el Grupo Wagner abandonó los cuarteles donde estaba instalado, cruzó la frontera y comenzó a marchar sobre Moscú. Rápidamente tomó la ciudad de Rostov, en el Don, a unos 1.000 kilómetros de Moscú. Pero asegurando la plaza, no se quedó allí y siguió avanzando: según medios de prensa ya estaría en Voronezh, a unos 500 kilómetros de la capital.
 Prigozhin con camiones y tanques va avanzando en una “marcha por la justicia” reclamando la dimisión del ministro de Defensa y el comandante en jefe. El presidente Putin ha realizado una declaración por cadena nacional denunciando a Prigozhin de “traidor” y de estar ejecutando un “golpe de Estado”. A lo cual Prigozhin retrucó planteando que se estaba colocando Rusia al borde de la guerra civil, llamando a los militares honestos a sumarse a su columna justiciera. 
 Hasta ahora no hay información de que algún jefe o unidad militar se haya sumado a Prigozhin. Pero el régimen ha blindado Moscú y sus aledaños.
 No se puede aún definir si se trata de una acción aislada de Prigozhin o responde a una crisis más profunda dentro de la camarilla dominante. Podría ser –como ha sucedido en otras oportunidades golpistas- un globo de ensayo para testear la fuerza y consistencia del gobierno. 
 Algunos analistas, incluso de izquierda, afirmaban, semanas atrás, que Rusia se había fortalecido, basándose en forma impresionista en la conquista militar de Bajmut. Pero esa no fue nuestra opinión. En Prensa Obrera N°1669 bajo el subtítulo ¿Crisis en Rusia? decíamos que con la toma de Bajmut “podríamos estar ante una victoria a lo Pirro. El Grupo Wagner –las tropas mercenarias aliadas a Putin que encabezaron el ataque en la localidad nombrada- sufrió bajas de un tercio de sus efectivos”. Resaltamos también las declaraciones del jefe de la Wagner que denunció el fracaso de la invasión rusa a Ucrania y planteó que la situación “puede terminar como en 1917, con una revolución”. Sacábamos la conclusión de que “estas declaraciones hablan de la existencia de una severa crisis política, cuyas dimensiones ya no se pueden silenciar”. Advertíamos, también, que “el régimen ruso está sufriendo los efectos de la guerra, con las bajas en el campo de batalla, pero también sobre su economía, donde las sanciones y represalias de Occidente han llevado a una retracción de la economía y dificultades crecientes…”. 

 La crisis ha estallado abiertamente 

Del lado de la Otan y Zelensky también hay importantes signos de agotamiento (análisis que hemos desarrollado en la nota del 1° de junio). La guerra y la crisis capitalista va haciendo su sangriento trabajo de zapa, descomponiendo a los regímenes burgueses y replanteando un accionar independiente para la clase obrera y los explotados rusos. 
 “Una salida progresiva que permita poner fin (a la guerra) solo puede provenir de una acción internacional de los trabajadores, que debe estar dirigida a derrocar a los gobiernos responsables de generar y promover la guerra. El enemigo principal está al interior de cada país. Es necesario transformar la guerra imperialista en una guerra contra la burguesía y los regímenes reaccionarios y restauracionistas de ambos bandos involucrados en el conflicto, empezando por Ucrania y Rusia” (ídem PO 1669). 

 Rafael Santos

Dónde está parada la lucha contra la pseudo Constitución de Morales


La campaña por la anulación de la Constitución Morales se ha ampliado en la zona de Puna y Quebrada. Hoy se realiza una festival cultural y musical en el corte de Purmamarca, al cumplirse una semana de la represión desatada por el Gobierno. 
 Los sindicatos que salieron a la calle después de la jura de la Constitución ya han firmado las paritarias dispuestas por el gobierno. Entre ellos, ATSA, UPCN y ATE, más la mayoría de los sindicatos de la CGT regional. 
 Esto deja en un cuadro de deliberación a los sindicatos que han sostenido el paro por tiempo indeterminado de la docencia, ADEP y CEDEMs, y otros que han acompañado este proceso, como el SEOM. 
 Cedems ha definido en asamblea levantar la huelga, en una votación muy pareja y masiva participación. ADEP tiene congreso provincial mañana domingo, aunque varios congresos regionales han votado continuar la huelga. El SEOM ha rechazado la propuesta paritaria del Gobierno, y ha aclarado que sigue la lucha contra la Reforma, incluso si se llega a un acuerdo salarial.
 La lucha del pueblo de Jujuy, sus trabajadores y comunidades originarias, ha calado hondo, pues se trata de una lucha por la tierra y el agua. 
 Frente a este escenario se empiezan a vislumbrar dos posiciones: judicializar el reclamo, ir a foros internacionales y distintos organismos -inclusive pedir la intervención federal de la provincia-. Esto ha quedado expuesto en la conferencia de ayer de las comunidades originarias. La cuestión de la Constitución quedaría relegada a una primacía de las PASO. Pero la mayoría de los precandidatos son agentes de las compañías del litio. 

 Iñaki Aldasoro 
 24/06/2023

Qué significa la firma del memorándum entre Argentina y la UE


La semana pasada, Alberto Fernández firmó un memorándum de entendimiento con la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen. La noticia no ha sido recogida con entusiasmo por los lobistas de la minería, cuando busca una “asociación estratégica” entre Argentina y la Unión Europea respecto de “cadenas de valor sostenibles de materias primas” necesarias para la transición hacia energías limpias y también para la transición digital. De recorrida por Europa, Lula, sin embargo, atacó sin piedad esta misma propuesta. Denunció que se le exige al Mercosur el acatamiento a normas que la UE incumple. 
 El memorándum se enmarca en la gira que Von Der Leyen llevó a cabo por América Latina y que incluyó la visita a países como Brasil, Chile y México. Con Boric, en una etapa menos avanzada, la UE acordó “iniciar diálogos” para arribar también a una asociación estratégica. Las relaciones con Brasil están más trabadas, por las sanciones que la comisión ha puesto a las materias primas provenientes de campos de desmonte. La producción agrícola no sólo brasileña sino argentina compite con la producción agrícola francesa, subsidiada por el Estado desde hace décadas. Es el motivo fundamental por el cual han fracasado todos los intentos por firmar un acuerdo entre los bloques UE-Mercosur. La gira muestra un cambio de política internacional por parte de la UE, que ahora se abocaría a desarrollar relaciones “bilaterales” con cada país de América del Sur.
 Luego de la desorganización del comercio mundial y la agudización de la competencia comercial que provocó la pandemia, el bloque europeo lanzó a fines de 2021 el programa “Global Gateway”, que busca competir con la ruta de la seda china. El mismo pretendería movilizar proyectos “de alta calidad” por 300.000 millones de euros hasta 2027. La guerra de la OTAN con Rusia reforzó la necesidad de asegurar las cadenas de suministros de materias primas y, sobre todo, de aquellas que son consideradas estratégicas, relacionadas a la industria digital, armamentista (también ligada a la digital) y a la energía. 
 En el memorándum firmado con Argentina, el objetivo inmediato es el negocio del del litio, alojado en el triángulo que comparte con Chile y Bolivia. Pero el objetivo “estratégico” es asegurar a Europa las cadenas de suministro de sus industrias estratégicas.

 Qué dice el acuerdo 

El memorándum plantea la voluntad de crear una asociación estratégica sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas. Específicamente, sobre aquellas cadenas de valor que “apoyen” la “transición a la energía limpia y la transición digital” (1). Las materias primas a las que se refiere se dividen en materias primas “estratégicas”, como elementos de tierras raras para imanes, litio, metal de titanio, o metales del grupo del platino, entre otras; y aquellas consideradas “críticas” y cuya provisión corre peligro de interrupción: cobre, litio, níquel grado batería, tierras raras y un largo etc. Ambos listados contienen minerales muy utilizados en la industria militar, como en el armamento de última generación, la construcción de aeronaves, barcos y naves espaciales; en la industria de la energía renovable y en la industria digital. Los términos “estratégicas” y “críticas” se refieren a materias primas que pueden agotarse; el control de estos recursos es vital para mantener una posición mundial dominante. Aunque el memorándum no presupone obligación de las partes, Argentina se estaría comprometiendo, en el actual contexto de la guerra de la OTAN con Rusia, a proveer a una de las partes en conflicto material vital, por lo que le da prioridad sobre la otra parte.
 El acuerdo también fija la “sostenibilidad” como “prerrequisito esencial” para alcanzar sus objetivos, o sea, ajustar las cadenas de valor a los “estándares internacionales”. Los estándares internacionales son los que ha fijado la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deberían cumplirse para 2030. La UE entiende que la cadena de valor de las materias primas en cuestión (entendiendo en esta cadena no solo la parte privada sino el andamiaje jurídico que las regula que es el Estado) debería ajustarse a normativas medioambientales, por poner un solo ejemplo. Estos “prerrequisitos esenciales” son lo que ya varios expertos en el tema han calificado como barreras paraarancelarias: es lo que explica que recientemente se haya sancionado a Brasil por la soja procedente de desmonte. Sin embargo, con estos mismos “estándares” se permite la importación de bienes derivados de plantaciones que utilizan agrotóxicos cancerígenos en Argentina. Las barreras paraarancelarias obligarían a los países subordinados a alineamientos más decididos detrás de la OTAN. 
 El memorándum también propone cooperación en torno a la formación de la mano de obra implicada en las cadenas de valor referidas y en lo que hace a la investigación e innovación, lo que significaría mayor penetración del capital privado en el sistema educativo, que ya se manifiesta en los campos ligados a las TICs y el medioambiente.

 El litio, la deuda y la guerra 

En el cuadro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la Unión Europea, pretende asegurar que los vasos sanguíneos de las industrias más dinámicas, la digital y la energética, se mantengan irrigados garantizando la cadena de suministros. Esta preocupación se ha agudizado debido a la escalada de la competencia comercial por el enfrentamiento bélico, que de momento se desarrolla entre la OTAN y Rusia, pero que no tardará en extenderse a China. La situación obliga a las potencias de la OTAN a salir a reclutar aliados. Von Der Leyen instó al gobierno de Fernández a “cerrar filas para proteger el orden internacional”. También se refirió en forma reiterativa a la necesidad de construir cadenas de suministro “fiables”, excluyentes de China. Todos saben, sin embargo, que la “cadena de suministros” está penetrada por el capital chino. Los pulpos chinos se encuentran presentes en todos los rubros. 
 De avanzar un acuerdo, un futuro gobierno deberá tomar decisiones menos ambiguas. Es notable que, en estas condiciones, el tema de la guerra se haya transformado en un tabú en la agenda de campaña. De momento, al gobierno solo le interesa todo acuerdo que facilite la entrada de capitales necesarios para pagar la deuda. Wado de Pedro se paseó por Washington el año pasado con los gobernadores del “Norte Grande” para hacer acuerdos con los capitales mineros y turísticos. Están convencidos de que el negocio del litio, junto con el del petróleo y el gas, serán las gallinas de los huevos de oro que le permitirán disponer de divisas. Antes de solucionar el problema del pago de la deuda, el gobierno se endeudará aun más para financiar las infraestructuras de la explotación, como ha ocurrido con el Gasoducto NK. 

Patricia Urones 
 23/06/2023

 (1)https://cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/memorandum_de_entendimiento_de_asociacion_estrategica_sobre_cadenas_de_valor_sostenibles_en_materias_primas.pdf

#AltamiraResponde “¿la inteligencia artificial revela que se desarrollan las fuerzas productivas?

A 105 años de la Reforma Universitaria de Córdoba

"Los que fracasaron con este gobierno son los mismos que encabezan la fórmula" // Solano en IP

jueves, junio 22, 2023

Homenaje a Salvador Allende, a 50 años del golpe en Chile

"Jujuy es un laboratorio de la resistencia"

Reducción de la jornada laboral y aumento de la tasa de explotación


Desde hace varias décadas se discute en el viejo continente sobre “la reducción de la jornada laboral”. A fines del siglo XX el PS francés hizo punta y logró que el parlamento votara la “jornada de 6 horas de trabajo” que, enseguida, el mercado se encargó de neutralizar. Este planteo, fue revivido en otros países como Islandia, Suecia y Gran Bretaña. A este pelotón se sumó recientemente España que, desde el Ministerio de Trabajo, viene impulsando una campaña en favor del proyecto de ley que plantea llevar la jornada semanal de trabajo de 48 horas a 40 horas. El gobierno español, para interesar a la burguesía, decidió implementar “subsidios de 150.000 euros para pymes que redujeran la jornada laboral” (redacción.com.ar, 26-04-23). 
 El Ministerio de Trabajo de España, para persuadir a la clase capitalista de los beneficios de apoyar la “reducción de la jornada laboral”, difundió algunas conclusiones de un extenso trabajo de investigación dirigido por la catedrática y Coordinadora Jurídica de la vicepresidenta, María Amparo Ballesterestá. En dicha investigación se afirma que la implementación de la reducción de la jornada laboral debe ser “paulatina” porque de lo contrario no sería “real y factible”. Recién en 2032 se pasaría de la jornada legal de 40 horas a 32 horas tal como plantea el proyecto de ley “Usos del tiempo”. Este proyecto de ley, como todos los proyectos impulsados por la burguesía, se maquillan con grandilocuentes objetivos tales como asegurar a los trabajadores que puedan “decidir sobre su tiempo de trabajo para que su puesto ´se acomode a sus necesidades y no a la inversa´” (Cronista.com, 19-06-23). Esto que parece algo positivo para el trabajador es en realidad una vuelta de tuerca en la consolidación del dominio del capital sobre el trabajo asalariado toda vez que la fuerza de trabajo y su jornada laboral se adapta a las vicisitudes de la producción capitalista. Cuando aumenta la producción la “jornada de trabajo legal” se estira y cuando la producción baja se achica la jornada de trabajo. De esta manera, las patronales dejan de pagar horas extras porque la jornada de trabajo pasa a considerarse en forma mensual o trimestral. Sin embargo, lo fundamental del estudio en cuestión es que muestra la “relación directa entre los tiempos de trabajo y la ´muy deficiente´ productividad en España”. Probablemente las jornadas laborales extensas, en algunas ramas de la producción, repercute negativamente sobre el volumen de la producción, la calidad y, muy especialmente, sobre la productividad. Es el caso de Microsoft Japón que en 2019 redujo la jornada laboral de cinco a cuatro días y logró aumentar su productividad en 40% (redacción.com.ar, 26/04/23). Estas apreciaciones del Ministerio de Trabajo de España son confirmadas investigaciones recientemente publicadas por Day Week Global en la cual se comprueba, con relación a un estudio de caso en el Reino Unido, que la reducción de la jornada laboral, junto a una mayor flexibilización, condujo a un aumento de la productividad. Ninguno de los proyectos en danza sobre achicamiento de la jornada laboral miran el crecimiento sistemático del desempleo en el mundo sino simplemente el problema del estancamiento de la productividad. O sea, la reducción de la jornada laboral no crea fuentes de trabajo para la masa de desocupados que crece sin cesar, sino que apunta solamente a levantar la productividad. 
 En el proceso de producción capitalista, el capitalista tiene puesta su atención en pagar la fuerza de trabajo lo menos posible, incluso al nivel de subsistencia biológica, y en estrujar al máximo durante la jornada laboral la fuerza de trabajo comprada. La obsesión del capitalista, desde el momento en que el trabajador pone un pie en la unidad productiva, es lograr que produzca lo máximo posible durante la jornada laboral sin importar el daño sobre la salud física y psíquica del trabajador. Cuanto más estruje al trabajador durante la jornada de trabajo más plusvalía extraerá aun pagando salarios más altos o en jornadas de trabajo más cortas. 
 En conclusión: el objetivo de la “reducción de la jornada laboral” apunta a aumentar la productividad del trabajo y esto solo se puede hacer intensificando los ritmos de producción e introduciendo la polifuncionalidad sin importar que tal nivel de explotación agote prematuramente la fuerza de trabajo. 

Julio Cesar Gudiño
 20/06/2023

Jujuy y Chaco son expresión de la crisis política


La crisis política se evidencia en las situaciones que se viven en estas horas en el Chaco y en Jujuy. En el primer caso por una situación delictiva y en el segundo por una protesta social fuertemente reprimida.

 Ambas situaciones manifiestan una crisis de la política que demanda la construcción de alternativas que privilegien la satisfacción de insatisfechas reivindicaciones sociales de la población empobrecida y postergada.
 En el Chaco tiene impacto electoral visible en la abstención electoral en las PASO del domingo 18 de junio, en el voto blanco y la colecta de adhesiones de la oposición, con la aspiración de abonar un resultado similar en la elección por la gobernación provincial, sumando en el intento de alternancia nacional. En Jujuy se juega la estrategia de disciplinamiento del conflicto social, un tema esencial de la reforma constitucional provincial avalada por el bipartidismo radical y peronista. El triunfo electoral provincial en mayo pasado animó la reforma constitucional jujeña, marcando orientación de lo que se pretende nacionalmente. 
 La campaña electoral del pre-candidato Morales apunta a la necesidad de “desalojar la calle” y así avanzar con la dinámica de “orden” necesario para estabilizar la economía y la política en el país. Es una consigna que instalaron desde los ultras liberales de Milei y que asume con fuerza Patricia Bullrich, la titular del PRO, empujando el discurso opositor de la derecha en la Argentina. 
 Se trata de legitimar la represión para eliminar un fuerte condicionante que tiene el ajuste y la regresiva reestructuración del capitalismo argentino. Vale recordar que la dictadura genocida no pudo llevar adelante en toda su magnitud un proyecto reaccionario por la resistencia organizada de la clase trabajadora y el pueblo argentino.
 La tarea fue realizada en los 90 del siglo pasado bajo la presidencia Menem y el control sobre la burocracia política y sindical del peronismo, tarea continuada por el gobierno De la Rúa, que encontró sus límites en la pueblada del 2001. Ambos gobiernos contaron con el protagonismo en la política económica de Domingo Cavallo, hoy soporte del discurso liberal de Milei. La movilización popular y una larga tradición organizativa explica los límites del poder económico por “normalizar” el capitalismo local. Macri creyó que con su triunfo electoral del 2015 podía estabilizar la economía sobre la base de una inmensa lluvia de inversiones, que solo mutó en un gigantesco préstamo inducido por su amigo Trump, socio definitorio en el FMI. 
 Ese mal cálculo político de la derecha y la ausencia de alternativa política los anima a recrear una estrategia de “normalización”, facilitada por una gestión presidencial del Frente de Todos sin pretensión de confrontación con el poder. La “mano dura” es la expresión discursiva del objetivo por “normalizar” la extracción de plusvalía. 
 Ahí resulta clave la aparición de Javier Milei, sostenido desde los medios de comunicación masivos para instalar una agenda de ajuste y regresiva reestructuración, moviendo hacia la derecha el discurso político de quienes disputan el gobierno local. Un desplazamiento ideológico y político que intervino en la disputa del consenso social, abonado por décadas de manipulación mediática sobre el conjunto social, especialmente de las nuevas generaciones. La extendida protesta social es el límite a ese objetivo de máxima del poder. 

 Deuda y ajuste 

 Al no denunciar el préstamo fraudulento y odioso del FMI fue la primera señal de debilidad y/o complicidad del gobierno surgido a fines del 2019 con el poder hegemónico, consolidado en la negociación con acreedores privados primero y en marzo 2022 con el FMI. 
 El ajuste fiscal, consolidado como meta en el acuerdo con el Fondo pasó a ser el rumbo esencial de la lógica de gobierno. Todos los presupuestos aprobados durante la actual gestión reconocen en los fundamentos el privilegio de la deuda a cualquier otro objetivo de política económica. Más allá de cualquier discurso, primero está la deuda. 
 La Oficina de Presupuesto del Congreso informó en su ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL a MAYO 2023 que “A pesar de la disminución de ingresos, en los cinco primeros meses del año la Administración Nacional registró una caída real en los déficits económico, primario y financiero.” https://www.opc.gob.ar/ejecucion-presupuestaria/analisis-de-la-ejecucion-presupuestaria-de-la-administracion-nacional-mayo-2023/ 
 El informe destaca que “La recaudación se contrajo 6,7% real y los gastos 7,5%”, contribuyendo a cumplir con la meta de disminución del déficit fiscal suscripta con el FMI. Se informa que “Al cotejar mes contra mes de cada año los gastos primarios presentaron once meses de caídas consecutivas” y que “El pago de intereses de la deuda subió 17,8%”. Resulta evidente que la disminución del gasto no es mayor porque suben los pagos de intereses de la deuda, confirmando el condicionante del endeudamiento. Insistamos, primero la deuda, y luego cualquier otro objetivo. La norma es el ajuste regresivo que consolida el deterioro de los indicadores socioeconómicos. 
 La lucha docente en Salta y Jujuy encendió la mecha de una pueblada que recorre la geografía jujeña, y en donde el poder local ensaya la estrategia represora, anticipando horizontes deseables para ejecutar la reestructuración regresiva que demanda el modelo productivo en desarrollo, con base en la soja transgénica, los hidrocarburos no convencionales y la extracción del litio. 
 El consenso de reforma constitucional jujeño refleja los acuerdos del poder con la política dominante en el país respecto del modelo productivo y de desarrollo. 
 Consolidar ese modelo requiere disciplinamiento social y desarticulación de una organización popular de fuerte tradición histórica. Se trata del obstáculo para la normalización política, imprescindible para superar la incertidumbre de la inestabilidad inflacionaria. Erradicar la organización y movilización social resulta fundamental para favorecer la dinámica de la ganancia y la acumulación capitalista.
 En la resistencia en Jujuy convergen las reivindicaciones del pueblo originario con las luchas por mejoras de ingresos y derechos de trabajadoras y trabajadores explotados y empobrecidos; a la que se suma la solidaridad popular en todo el territorio nacional. 
 Se trata de una confluencia solidaria movilizada que anticipa rumbos estratégicos necesarios para alumbrar una expectativa esperanzada por trasformaciones profundas. 
 Apuntamos a la acumulación social que habilite una agenda de propósitos en el sentido de resolver las reivindicaciones por ingresos y derechos de la población perjudicada por el modelo productivo y de desarrollo de concentración y extranjerización. 

 Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. 

miércoles, junio 21, 2023

Constitución de Jujuy: la farsa de un farsante


Gerardo Morales hubiera querido reformar la Constitución de Jujuy para establecer la reelección indefinida, pero no se animó a compartir un patrimonio del peronismo. Optó por otro camino. Para el pseudoliberalismo argentino, la reelección indefinida sólo es presentable si es espaciada por un período ‘sabático’. Para este objetivo es necesario asegurar el manejo de las riendas del poder y un sucesor provisorio domesticado. Esta es la operación que el ex funcionario de De la Rúa montó con la reforma constitucional. 
 El propósito asignado a la reforma constitucional jujeña fue estampar en el bronce la “Constitución de Morales”. Nada de las violencias y cercenamientos del articulado propuesto está afuera del cuerpo legal de Argentina. La “Constitución de Morales” es un modo de entrar en la galería de próceres en minúscula y darle patente ilustrada a lo que no es más que una política de continuismo. Hace ocho años, apenas fue electo gobernador, Morales hizo algo más sustancial, como fue poblar la Corte y el Poder Judicial de la Provincia con personal a su servicio. Cualquiera sabe cuánto más importante es este copamieto que una hoja constitucional. Lo mismo ocurre con la composición y las facultades del Ministerio Público de Acusación, que regimenta la acción de los fiscales.
 Las cláusulas introducidas por la camarilla de Morales a la Constitución ya se encuentran contempladas en los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación y de la Provincia. Así lo entendió su colega de Salta, el Renovador peronista Gustavo Sáenz, cuando envió un proyecto de ley, con trámite de urgencia, a la Legislatura, para prohibir las manifestaciones y cortes de calle. Conseguido sin pestañear el quórum de los dos tercios, la aprobación de la iniciativa se produjo sin inconvenientes. Para eso fue necesario el apoyo de todos los partidos, en especial del sector kirchnerista que está afuera de la coalición gobernante en Salta. Entre los más obsecuentes, el ex vicegobernador Zotto, proclamó que “no voy a sacarle el cuerpo” a esta adhesión patriótica a la legislación policial. 
 El “libre tránsito” que establece la Constitución nacional sólo puede transformarse en prohibición del corte de ruta cuando media una ley o cláusula penal; de otro modo, los cinco millones que festejaron la Copa del Mundo y hasta el camión de Tapia con la Selección podrían haber sido procesados como delincuentes presuntos. Con todo el orden legal establecido a favor de prohibir cortes de calles y de rutas, la farsa constitucional de Morales no demorará en ponerse en evidencia. Es así que ordenó ‘bajar’ los artículos 36 y 50 de la Reforma, sin alterar un átomo el conjunto del régimen represivo vigente. Por alguna extraña razón, algunos despistados confundieron la maniobra con un “recule”. El dedo de Morales demostró otra cosa más, a saber: que no estaba reunida una Convención o una Asamblea Constituyente, sino una barra oficialista. Morales bajó esos artículos porque todos ellos se encuentran vigentes por ley nacional. Basta, por ejemplo, invocar una razón de “utilidad pública”, como podría ser la infraestructura para la explotación del litio, para sacar a los campesinos de sus tierras. En el caso de Jujuy, el derecho a la expropiación, conferida al Estado, confronta, sin embargo, con los “derechos ancestrales” que reivindican las comunidades aborígenes. Ninguna ley los ampara para hacer frente a las presiones que sufren por parte del Estado y las mineras. La rebelión popular que enfrentó esta reforma trucha no alteró todavía el régimen represivo vigente, pero sí le dio un golpe importante a la autoproclamación del Julio César norteño y del peronismo que lo acompañó en la votación. Un calco de lo de Salta. Ha servido para reforzar la huelga indefinida de los docentes jujeños, los parturientos de la rebelión. 
 Tampoco hace falta una reforma constitucional para prohibir las ocupaciones de terrenos o la usurpación de viviendas. Eso ya existe, claro. El artículo 67 de esta pseudorreforma plantea, nada menos, que el “derecho a la paz social”, o sea, la obligación de aceptar el orden vigente. Es aceptar vivir en la calle, para tranquilidad de propietarios con terrenos ociosos, que esperan una valorización inmobiliaria. La “paz social”, con 40 % debajo de la línea de pobreza, sólo se le puede ocurrir a un asesino social. El constitucionalismo que pretende reglamentar la lucha de clases entre paredes doctrinarias se revuelve, a pesar suyo, en una contradicción insoluble. Ocurre que los trabajadores también tienen derechos “burgueses”, no sólo los capitalistas. El derecho a un salario mínimo equivalente al costo de manutención de una familia, en tanto ‘propietarios’ de su fuerza de trabajo. Este derecho a ser explotado incluye la salud, la educación, el techo y el tiempo ocioso o “derecho a la pereza”. La “paz social”, por otra parte, no solamente es inviable por la oposición irreconciliable entre la fuerza de trabajo y el capital, sino lo es también por la competencia entre capitalistas, incluidas, especialmente, la violencia y la guerra. El desarrollo histórico del capitalismo ha llevado estas contradicciones al punto de ruptura. 
 La farsa constitucional del farsante Morales ha servido para poner de manifiesto la enorme conciencia política de trabajadores y originarios de Jujuy. Porque detrás de la farsa, Morales proclama la intención de llevar adelante, incluso hasta sus últimas consecuencias, la legislación vigente contra derechos ancestrales, entrega de la minería, represión de las luchas, facultades especiales a la Policía, largas penalidades a los luchadores, en fin, un estado policial. Pero este escenario jujeño es también el de toda la realidad política nacional capitalista, que descuenta que la crisis social y política conduce a intervenciones históricas de los trabajadores y que se alista para combatirla.

 Jorge Altamira 
 21/06/2023

Jujuy: después de la represión, la lucha contra la reforma se extiende

Luego de la brutal represión de este martes, mientras los convencionales aprobaban la reforma constitucional dictada por Gerardo Morales, nuevos sectores se incorporaron a la lucha. 
 En estos momentos se desarrolla en Jujuy una marcha de antorchas, en el marco de una huelga de 48 horas declarada por la CGT provincial. Los sindicatos convocantes llamaron a una movilización sin banderías políticas. La jornada de este miércoles empezó a las 15:30.
 En las últimas 24 horas, hubo nuevas incorporaciones a la rebelión jujeña. El caso más notorio es el de los trabajadores mineros. La cámara patronal del sector había emitido una declaración acusando que, debido a los cortes de ruta, los obreros no podían llegar a los socavones y excavaciones. La respuesta fue un paro y una movilización obrera de los trabajadores de El Aguilar para confraternizar con los piquetes, en Purmamarca. El sindicato, AOMA, anunció su adhesión al paro regional de 48 horas convocado por la CGT. Dicho esto, la cúpula de la central obrera de Jujuy no movió un dedo para garantizarlo. Otro tanto podría decirse del Sindicato de Empleados de Comercio, que decretó un paro que no se esfuerza por hacer cumplir en ningún lado. También se declararon en huelga los trabajadores de Agua Potable. Por otra parte, el paro docente estaba previsto que continuara durante jueves y viernes. El fin de semana habrá nuevas asambleas. En la movilización de ayer, se destacó un gran contingente docente –18 de los 68 detenidos eran docentes-. 
 Se mantienen 19 cortes de ruta en toda la provincia en rechazo a la reforma y exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos. A pesar del anuncio de que se retirarían los artículos más cuestionados por las comunidades de pueblos originarios por el uso de la tierra y la facultad para declarar “zona productiva” a territorios ancestrales, estos se mantienen firmes en la lucha. La Gendarmería se encuentra desplegada en distintos puntos de la provincia, por el momento, a la expectativa y sin intervenir, aguardando una orden de Nación. 
 Por otra parte, el gobierno de Morales decretó asueto educativo y administrativo para el día de hoy, con la excusa de los destrozos en la legislatura. También fueron suspendidos el servicio de transporte público y los vuelos, instalando una suerte de estado de sitio. Morales ha lanzado una tonelada de ´fake news´ (noticias falsas) sobre los luchadores, acusando la llegada de supuestos “contingentes” enviados desde Buenos Aires por la izquierda y el kirchnerismo. La Nación y Clarín aportaron asimismo su buena cuota de desinformación, reproduciendo las ´denuncias´ de Morales y sumando otras de su propia cosecha. El hecho es que, en la legislatura, se montó una zona liberada. Se acabó comprobando la participación de policías infiltrados. Sin embargo, los trabajadores se mantuvieron organizados y terminaron confluyendo frente a casa de Gobierno para reiterar su rechazo a la reforma y el planteo de sus reivindicaciones.
 Preparemos la huelga general por la definitiva caída de la reforma constitucional y por la satisfacción de los reclamos obreros. 

 Política Obrera

A Gerardo Morales y Wado de Pedro los une la entrega del litio.


Los gobernadores del norte y Wado de Pedro. 
 En octubre, el ministro de Interior y el gobernador de Jujuy viajaban a Estados Unidos a rematar los salares a las mineras multinacionales 

 En medio de la brutal represión en Jujuy para imponer la reforma constitucional reaccionaria de Gerardo Morales, Juntos por el Cambio buscó desnaturalizar las protestas del pueblo jujeño acusando falsamente al kirchnerismo y al gobierno nacional como su instigador. Lo cierto es no solo que el peronismo votó a favor de la reforma, sino que a unos y otros los une la entrega de las riquezas del país en su carácter de políticos capitalistas, como lo demuestra un hecho particular: meses atrás Wado de Pedro, el presidenciable de Cristina Kirchner, compartía con el gobernador Morales un viaje de negocios a Estados Unidos para rematar el litio a las mineras yanquis. 
 El episodio es esclarecedor de esa unidad de intereses. En octubre del año pasado se subían a un mismo avión Morales y de Pedro junto al resto de los mandatarios de las provincias del norte argentino, entre ellos los de los distritos que cuentan con emprendimientos de litio como Raúl Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Sáenz de Salta. En la agenda de ese viaje, que tuvo como guía al embajador yanqui Marc Stanley, ocupó un lugar destacado el encuentro con compañías mineras para ofrecer el codiciado “oro blanco”, además por supuesto de citas con funcionarios del Departamento de Estado que han manifestado varias veces los intereses estratégicos del imperialismo en este “mineral crítico”. “Wado y Morales son socios en la entrega del litio, por eso el PJ de Jujuy apoya la reforma”, declaró desde allí Gabriel Solano, precandidato a presidente del Frente de Izquierda que viajó para apoyar la rebelión del pueblo jujeño. “Esta complicidad está lejos de reducirse al territorio provincial. Nadie actúa de esa forma sin una connivencia nacional. La prueba más fehaciente está en que, hace unos meses, fue el propio Wado de Pedro el que se fue de gira por Estados Unidos y se sacó una foto con Morales, el embajador yanqui y los gobernadores del norte”, remató el legislador porteño. 
 De hecho, aquella gira norteamericana había sido precedida por una en que el propio Massa se reunía con Livent, la minera estadounidense que por años subfacturó sus exportaciones desde Catamarca declarando precios de venta equivalentes a la octava parte de su cotización en el mercado internacional; una evasión millonaria y fuga de dólares. Como vemos, es una verdadera política de Estado, que nada tiene que ver con desarrollar al país. En Jujuy además tenemos la complicidad de la empresa provincial Jemse, que oficia de socio minoritario avalando el saqueo del litio por el gigante Orocobre y la japonesa Toyota.
 No es un punto menor, teniendo en cuenta que el grueso de la reforma de Morales apunta a fortalecer un régimen de saqueo que tiene un trato especial con las mineras multinacionales que explotan los salares. La prohibición de la protesta busca coartar derechos democráticos elementales, en una provincia donde numerosas comunidades se han plantado en defensa de sus tierras y del acceso al agua, cuestionado por la actividad de las explotaciones litíferas, incluso con acampes para denunciar operaciones ilegales sin habilitación ni estudios de impacto ambiental como en el paraje Tanques en Susques. Ni hablar de la potestad de entregar a las mineras zonas habitadas por pueblos originarios, como denunció entre otras la comunidad quechua del departamento de Santa Catalina; un punto en que incluso el gobernador tuvo que recular anunciando en conferencia de prensa la eliminación de las modificaciones a los artículos 36 y 50.  
No es mera casualidad que Gustavo Sáenz, el gobernador massista de la vecina Salta, venga de impulsar una ley antipiquetes, espejo de la ofensiva reaccionaria de Morales. Este mismo accionar represivo tiene de fondo los intereses de los grandes grupos capitalistas en provincias donde la pobreza azota a cerca de la mitad de la población. Todos ellos componen la Mesa del Litio, un cónclave de mandatarios que incluso ha llegado a confesar públicamente que las mineras pagan regalías muy por debajo de lo que deberían. Son, de hecho, los que actuaron como lobbistas de las multinacionales para enterrar la Ley de Humedales que se había consensuado en el Congreso, para que no haya ningún cuestionamiento a los emprendimientos en los salares. 
 Todo esto revela que el planteo de un sector de la burocracia sindical ligada al kirchnerismo reclamando que el gobierno nacional intervenga la provincia no es ninguna salida a los reclamos populares que expresó en las calles y rutas de toda la provincia el pueblo jujeño: el ministro de Interior que debería orquestar dicha intervención federal sería el propio Wado de Pedro. El intento de valerse de los sucesos de Jujuy para recomponer la polarización entre peronistas y macristas se choca de frente con la realidad. Para que se haga realidad la consigna de “abajo la reforma, arriba los salarios” hay que profundizar la movilización popular contra el régimen de Morales, y echar a los políticos capitalistas. Con esa perspectiva el Partido Obrero en el Frente de Izquierda apoya incondicionalmente el jujeñazo, y pelea por un paro general de todos los trabajadores del país.

Iván Hirsch

La revolución y el derecho a una nueva vida

50 años de la masacre de Ezeiza


Cuando Perón volvió a los tiros con Osinde y López Rega. En el feriado del “día de la bandera”, hace 50 años, tuvo lugar una de las mayores masacres políticas que antecedieron a la dictadura de Videla. Ante el retorno de Perón a la Argentina -luego de un largo exilio de 18 años- el peronismo tenía preparado un acto sobre un puente en cercanías al Aeropuerto de Ezeiza. La organización del mismo estuvo a cargo del teniente coronel Jorge Osinde (torturador, ex jefe de Coordinación Federal durante el gobierno de Perón), Lopez Rega, Lorenzo Miguel por la CGT y otros dirigentes de la burocracia sindical y la derecha peronista. Fue relegada la Juventud Peronista (JP), que no obstante se jugó a movilizarse masivamente a copar el acto. Pretendía adueñarse de un retorno que había dejado de ser suyo. 
 Lo que sucedió fue que ante la aproximación de una de las columnas de la JP al puente, comenzaron los disparos provenientes desde el propio palco preparado para el acto -en donde desde temprano había apostadas personas con armas largas y automáticas- y se sumaron otros disparos desde zonas arboladas que configuraron un fuego cruzado sobre la movilización. Le seguiría una brutal caza que incluyo secuestros y fusilamientos. Se había montado una base de operaciones para la represión paraestatal en el Hotel Internacional de Ezeiza. Se descuenta que hubo al menos 30 muertes y centenares de heridos de gravedad. Luego de la dictadura sangrienta de Lanusse, la experiencia “democrática” bajo el peronismo -pactada con el alto mando militar y los radicales gorilas- mostraba sus insalvables límites. 
 La JP movilizó bajo la completamente inviable pretensión de conquistar la tribuna mediante la masividad de sus columnas, acompañadas de grupos armados. La respuesta que recibieron da cuenta de una emboscada absolutamente planificada. Perón conocía todos los detalles de la organización y seguridad del acto. Previamente a la masacre, Perón repudió la masiva movilización a la cárcel de Devoto, el mismo día de la victoria electoral de Cámpora, el 11 de marzo anterior, para exigir la liberación de presos políticos. Asimismo, llamó a una desmovilización completa de las masas, a levantar todas las ocupaciones de fábricas, a dar paso al “acuerdo social” y, en definitiva, a poner fin al proceso abierto con el Rosariazo y el Cordobazo en 1969 y proceder a una regimentación estatal de los sindicatos. 
 Luego de la masacre, la JP denunció “infiltraciones” que habían desnaturalizado el acto de Ezeiza. Era un manifiesto intento de llegar a una componenda con una derecha fascistizante. Perón finalmente no habló en Ezeiza, jamás condenaría la masacre y tampoco se desarrollaría una investigación oficial. Al día siguiente, responsabilizabilizaría a la JP por la masacre en un claro desmentido a lo de las “infiltraciones”; la derecha, después de todo, había actuado a cara descubierta. En su discurso remarcaría: “Somos jus-ti-cia-lis-tas”, ya no “socialistas nacionales”, como lo había hecho para usar a Montoneros como auxiliar provisorio, y llamó, otra vez, después de treinta años, a ir “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. 
 En 1973, Política Obrera señaló que “es la orientación política de Perón la que ha dado el coraje al extremismo derechista para realizar esta agresión contra las masas” y llamó “a desarrollar una campaña sistemática por el castigo de los culpables de la masacre y por impedir que quede oculta la verdadera trama del complot reaccionario que se está estructurando en el país contra el movimiento obrero y las libertades democráticas” (PO N°160). En realidad, el mismo Perón era el líder abierto de la derecha. Esto quedaría claro enseguida con el golpe de Estado contra Cámpora y varios gobernadores peronistas, incluído el levantamiento policial en Córdoba, en febrero de 1974, contra el gobierno de la provincia. 
 Luego de la masacre de Ezeza, Perón armaría las bandas asesinas de la Triple A. El 1 de Mayo del año siguiente expulsaría a la JP de la Plaza, que le gritaba “dónde esta el gobierno popular”, algo que no ocurre en la actualidad, porque la JP está en el mismo gobierno, con toda la derecha de antaño, y por sobre todo con la UIA, Adeba y el FMI. Por eso no hay ninguna conmemoración condenatoria de aquella masacre.

 Emiliano Fabris 
 20/06/2023

Jujuy: la reforma, a sangre y fuego


La refrendación de la reforma constitucional de Gerardo Morales tuvo toda la impronta de una conspiración política. Los convencionales fueron citados a las cinco de la mañana de este martes 20 con el propósito de asegurar una jura express, antes que las movilizaciones comenzaran a llegar a la Legislatura. En la noche anterior, Morales improvisó una maniobra para desactivar los cortes de los pueblos originarios: aseguró que no modificaría los artículos relacionados con la posesión de tierras. A pesar de ello, el día debutó con una movilización imponente frente a la Legislatura, acompañada de cortes en el interior. La legislatura fue virtualmente cercada por las columnas de manifestantes. 
 La respuesta de Morales fue una represión brutal, acompañada de provocaciones policiales. En efecto: las cámaras de televisión captaron la presencia de “tiradores de piedras” al interior de los destacamentos de infantería. Estos provocadores oficiales, munidos de gomeras, tuvieron un particular ensañamiento con los periodistas presentes, apredeando sus cámaras y filmadoras. Los gases y las balas de goma también fueron arrojadas impiadosamente sobre las caras de los manifestantes. Un compañero del MAR, Nelson Mamani, se encuentra hospitalizado y en estado crítico. Los pertrechos represivos contaban con camionetas sin identificación, que literalmente se dedicaron al secuestro de manifestantes. Las organizaciones de derechos humanos y abogados democráticos de la provincia contabilizan en estas horas decenas de detenidos comprobados y otros desaparecidos. 
 Por la tarde, la acción de Morales se extendió al allanamiento del sindicato docente y de otras organizaciones, sociales, incluyendo al domicilio de Milagro Sala. 
 La jornada del 20 se convirtió en una instancia de lucha nacional contra la reforma reaccionaria de Morales. En Buenos Aires, una importante movilización se dirigió desde el Obelisco hasta la Casa de Jujuy, en el mismo momento en que se desarrollaba la represión contra el pueblo jujeño. También tuvieron lugar marchas en Tucuman y Salta, en este caso, motorizada por “Política Obrera”. 
 En horas de la tarde, se mantenían los cortes en diversos puntos del interior provincial. Los docentes, en tanto, ratifican su huelga indefinida. Morales ha apresurado la votación de su reforma, pero esa reforma ha sido desautorizada por la rebelión popular, que no ha cedido frente a la represión feroz. La reforma puede y debe ser derrotada, desarrollando la tendencia que se ha puesto de manifiesto en estas jornadas de lucha. Huelga general, hasta tirar abajo el adefesio de Morales, ¡Libertad a los detenidos, juicio y castigo a los responsables de la represión criminal! 

 Marcelo Ramal 
 20/06/2023