Recrudece la crisis política
Hasta el día 24, eran 112 los casos confirmados de coronavirus en todo el estado de Rio Grande do Sul, territorio sureño de Brasil que limita con Uruguay y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones. En consecuencia, se pronunciaban las medidas ante la pandemia, que abarcan desde la restricción de horarios en los supermercados (los ancianos poseen un horario particular) hasta la declaración del estado de calamidad pública. Debemos quedarnos en casa y salir solo para cosas puntuales como ir al supermercado. No se puede salir del estado, está prohibido el transporte interestatal público y privado como así también los eventos públicos.
La declaración de cuarentenas por parte de distintos gobernadores ha desatado la furia del presidente Jair Bolsonaro, que subestima el alcance de la crisis y dice que dichas medidas perjudican a las empresas. El negacionismo presidencial puede tener consecuencias catastróficas para el país. Conscientes de esto, diversos gobernadores toman medidas de aislamiento en función de su propia supervivencia política. El gobernador de Rio grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), es uno de los mandatarios que ha criticado públicamente al presidente. El coronavirus ha agravado la crisis política brasileña. Los reclamos entre los gobernadores de distintos lugares de Brasil contra el gobierno nacional han llegado hasta la justicia federal para garantizar que los estados puedan seguir tomando decisiones sobre sus economías y presupuestos. No lo hacen, reiteramos, en función de las necesidades populares, sino de su propia supervivencia.
El presidente del PT brasileño en el sur, Paulo Pimenta, declaró por su parte que el estado del sur no tiene en condiciones su sistema de salud y que el gobierno nacional debería liberar fondos para esta emergencia sanitaria. El argumento presidencial para no hacerlo se basa en la enmienda 95, la cual pone un techo al presupuesto anual, en función de las políticas de ajuste para cumplir con el pago de la deuda externa.
Pero el PT no representa una oposición consecuente frente al plan de guerra contra las masas de Bolsonaro y su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, que incluye privatizaciones, despidos masivos y rebajas salariales. El partido de Lula aplica las políticas de ajuste en los estados que gobierna. Y la central sindical que dirige, la CUT, no ha organizado ningún plan de lucha contra el gobierno, limitándose a medidas aisladas.
Desde el pueblo, la respuesta a los dichos fuera de la realidad de Bolsonaro no se hicieron esperar y desde el día sábado, las noches sureñas son acompañadas por golpes de ollas, repudiando a un presidente que habla como si esto fuera una pequeña gripe.
Se vuelve necesario un plan de los trabajadores ante la pandemia. No pago de la deuda externa, centralización del sistema de salud, aumento presupuestario, prohibición de despidos, licencia sin afectar el salario. Estas reivindicaciones deben ser parte de la lucha política para echar a Bolsonaro-Guedes.
Matías Grandia
desde Rio Grande do Sul
No hay comentarios.:
Publicar un comentario