Lo que inicialmente produjo dudas en la población sobre la viabilidad de ese proyecto ya se ha convertido en la certeza de su inconveniencia y se van sumando los rechazos.
El proyecto incluye la concesión por cincuenta años de 650.000 hectáreas a la empresa australiana. En noviembre pasado ya les fueron otorgadas 400.000 hectáreas de tierras fiscales para realizar los estudios de prefactibilidad del proyecto.
Esencialmente, la producción de hidrógeno verde está muy cuestionada porque requiere mucha energía para su producción aunque provenga de recursos renovables. Requiere la desalinización del agua de mar y, luego, la obtención de hidrógeno por electrólisis. También implica instalar poderosos parques eólicos cuyos elementos constitutivos son contaminantes. Por otro lado, ocupa enormes espacios que quedan inhabilitados para la vida humana. La generación de energía eólica necesita mucha superficie en áreas de vientos intensos y constantes.
Esas tierras fiscales están comprendidas por la Ley General de Tierras Públicas 279 y en muchos casos, alcanzadas por la Ley Integral del Indígena 2287 y el plan de manejo del Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá. Este proyecto haría necesaria una reforma que permita adjudicar tierras fiscales para desarrollos industriales. En esos territorios viven comunidades mapuche tehuelche que se resisten a ser desalojados por el proyecto.
También serán afectadas pequeñas propiedades rurales, que son compradas por Fortescue, destruyendo trabajo rural, puestos de trabajo, ganado ovino y sus derivados.
La comunidad universitaria de Río Negro cuestionó el proyecto. “Sin duda, la producción a gran escala de hidrógeno verde para exportación (se habla de más de dos millones de toneladas anuales) impactará negativamente sobre los territorios, ya que requiere la instalación de tres o cuatro parques eólicos, un número indeterminado de electrolizadores, plantas productoras de amoniaco, plantas desaladoras en áreas ambientalmente sensibles, como la meseta de Somuncura, las costas de los ríos Limay y Negro, o el Golfo San Matías. Asimismo, el proyecto afectará actividades productivas social y ambientalmente sustentables que ya se realizan en la provincia con mucho esfuerzo, como la pesca y ganadería artesanal o el turismo de naturaleza, a la vez que causará cambios impredecibles en los ecosistemas, fragmentado los hábitats, dañando irreversiblemente los ecosistemas marinos y humedales costeros, poniendo en riesgo las poblaciones de aves migratorias, etc.”.
Las Comunidades Indígenas también se pronuncian contra lo que implicará su desalojo. Lo mismo, las asambleas ambientalistas de Río Negro.
Se presenta el proyecto como parte de una “transición energética”, de energía contaminante como son los hidrocarburos a esta que supuestamente es “verde” pero que de verde solo tiene los dólares que producirá para el capital. Presentado como una alternativa sustentable a la degradación ambiental, viene rodeado de interrogantes – y un negociado bajo el ala.
Elena Florín
19/04/2022
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