Milei acusó de traidor a Martín Llaryora, finalizando el pacto que habían realizado.
Luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso nacional, el gobierno de Javier Milei redobló el ajuste sobre las provincias, eliminando los subsidios al transporte público y terminando el pago del Fonid para docentes, entre otras medidas. El propio Milei acuso de traidor a Martín Llaryora, dio por finalizado el pacto de gobierno que había realizado durante noviembre pasado con el PJ cordobés, y comenzó con la expulsión de los funcionarios cordobeses de la gestión nacional; con Osvaldo Giordano en primer lugar, que había sido designado al frente de la Anses.
El quiebre político de esta alianza efímera dio lugar a un enfrentamiento público, con el presidente facho-liberal acusando al gobernador peronista de despilfarrar con subsidios y exenciones a los grandes festivales que se realizan en la provincia en la temporada de verano. Por su parte, Llaryora salió con el típico discurso “cordobesista”, planteando en primer término la defensa del campo, para luego extender esa causa toda la población de la provincia, afirmando “si quiere gobernadores que entreguen a su gente que no cuente conmigo”.
Lejos de encontrarnos ante una pelea de un gobierno hambreador y otro de tinte popular, nos encontramos ante un verdadero choque de ajustadores, los cuales se enfrentan por intereses contrarios en la propia clase capitalista. Ni Milei, ni Llaryora defienden algún interés popular; por el contrario, el gobernador cordobés aprovecha la “motosierra” y la “licuadora” mileísta, para aplicar su propio ajustazo en la provincia. Un ejemplo claro de ello es el propio recorte de subsidios provinciales al transporte y que está dejando un boleto impagable de $700 en la capital y de alrededor de $2.400 en el tramo interurbano Córdoba-Carlos Paz (185% de aumento de interurbanos en lo que va de 2024). En los primeros días de enero comenzó un proceso de despidos masivos que afecta principalmente al sector de salud, y que los gremios calculan que llegará a 2.500. Entre ellos hay que agregar las decenas de despidos de trabajadores precarizados del Paicor.
El capítulo más importante del ajustazo del PJ local se establece contra la docencia y la educación en general. Llaryora arrancó el año desconociendo el acuerdo salarial de docentes y empleados públicos, que establece un aumento para enero igual a la inflación de diciembre. Sobre la base de extorsionar a los trabajadores y con la complicidad de la burocracia sindical, logró imponer acuerdos que establecen el pago de la mitad de la inflación para estatales. Para la docencia ni siquiera hubo extorsión. Directamente se impuso un aumento miserable del 14% y sumas en negro, introduciendo el ítem “presencialidad”, un presentismo ilegal que apunta contra los paros que vienen. El ajustazo se extiende a la reducción del 50% de los planes de refacción que afecta a cientos de escuelas.
El choque de ajustadores que protagonizan Milei y Llaryora, al cual se suman otros gobernadores, no tiene para la clase trabajadoras ningún rincón progresista. Estos políticos capitalistas habían conformado una coalición de gobierno que rápidamente se quebró por el choque de intereses burgueses. Todos los análisis ubican en la cuestión de las retenciones al campo y la coparticipación del impuesto país el inicio del divorcio. Milei pretende destinar la mayor parte de los fondos al pago de la deuda usuraria y favorecer al capital financiero. Llaryora, como siempre, se levanta en defensa de los intereses de los grandes capitalistas que depredan el “campo”. Pero todos ellos coinciden en el ajustazo, la reforma laboral, el robo a los jubilados, los despidos y demás medidas que integran un plan general contra las y los trabajadores.
Frente a esta política se empieza a levantar y organizar el movimiento obrero y los movimientos populares. La lucha se vuelve inevitable. Es fundamental defender y fortalecer cada una de estas luchas, empezando por el paro y movilización docente que prepara para el próximo 26 de febrero. La lucha docente debe ser una gran lucha popular. En ese sentido tenemos que madurar una gran asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, de asambleas populares y de movimiento de lucha, para poner en la calle una fuerza organizada capaz de derrotar los planes motosierra de los gobiernos, y abrir una salida obrera y popular a la crisis. El plenario convocado para el próximo 22 de febrero por los gremios combativos en la sede de ATE Córdoba es un gran paso en ese sentido.
Jorge Navarro
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