lunes, julio 08, 2024

Skanska: comienza el juicio oral… 20 años después


Comienza el juicio, casi 20 años después, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Publicas José López; también están imputados el exgerente del Fideicomiso Banco Nación Néstor Alberto Ulloa; nueve directivos de la compañía Skanska y 17 representantes empresas que terciaron en los proyectos de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.
 La Corte Suprema de la Nación no dio lugar a planteos presentados por los acusados en la causa en la que se investigan los sobornos que la constructora sueca Skanska dice haber recibido por los contratos de licitación de obras que llevaron a cabo en el desarrollo de dos gasoductos. De esta manera quedó abierta la puerta al juicio oral, que desde abril pasado se les sigue a De Vido y López, en el que se juzga la “presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y el posible cohecho en relación con la contratación y realización del gasoducto Norte y Sur, entre 2004 y 2006” (La Nación 3/7/). 
 En el 2006 saltó a la luz la primera causa de corrupción de los gobiernos kirchnerista, con Julio De Vido a la cabeza, por el pago de facturas truchas por parte de Skanska, con el fin de borrar las huellas del pago de coimas de funcionarios del gobierno de turno. En ese momento Skanska estaba a cargo, en carácter de subsidiaria de la brasileña Odebretch, de las obras de expansión de los gasoductos Norte y Sur y financiada por el Banco de Desarrollo del Brasil (Bndes). 
 De acuerdo con la investigación que se siguió en esos años, la empresa sueca firmó contratos con una empresa fantasma, Infiniti Goup, con el objetivo de justificar, a través de facturas y prestaciones truchas, el pago de sobornos a funcionarios. Según el expediente, Néstor Ulloa era el intermediario entre Skanska e Infiniti Group. En ese momento se desempeñaba como gerente general de Nación Fideicomisos, subsidiaria del Banco Nación para el financiamiento de obras públicas. Los fideicomisos son auténticos “cajas negras” de la que abrevan funcionarios, la Patria Contratista y pulpos extranjeros. En nombre de su “cruzada anti casta” y el mentado déficit cero, el gobierno liberticida de Milei, a través de la ley Bases, está habilitado a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos", dándole vía libre a la pandilla libertaria de disponer a discreción partidas anuales que rondan entre los 8.000 y 10.000 millones de dólares.
 La investigación comenzó el 2006 a cargo del juez del fuero penal económico Javier López Biscayart, en la que se investigaba una trama de empresas fantasmas que habrían emitido facturas falsas con el objetivo de evadir impuestos y ocultar supuestos pagos de dádivas. En mayo de 2007, López Biscayart halló un archivo de audio en el servidor de la empresa Skanska, en el que el entonces gerente comercial de la empresa sueca, Javier Azcárate, quien revelaba la trama de las “valijas”. Claudio Corizzo, auditor de Skanska, fue quien grabó el entramado del pago de coimas. Las pruebas recayeron en el juzgado federal a cargo en ese entonces de Guillermo Montenegro. Por su parte, el fiscal Stornelli pidió indagatoria de los funcionarios Fulvio Madaro y Nestor Ulloa. Nestor kichner, ni lerdo ni perezoso, echó a los funcionarios en cuestión y al mismo tiempo inició un proceso político judicial para dar por finalizado la causa asentada en las grabaciones realizadas por Azcárate. Finalmente, las grabaciones no pudieron ser utilizadas como prueba, ya que se habían realizado sin una orden judicial. En este sentido los defensores de los acusados solicitaron la anulación de estas pruebas y finalmente fueron consideras como nulas por la Sala I de la Cámara Federal las anuló en 2008; y en 2011, la misma sala cerró la investigación, señalando que no hubo coimas ni sobreprecios, en sintonía a lo que ya había determinado el difunto ex juez Norberto Oyarbide. No hubo apelaciones a la decisión tomada por la Sala I y la Oficina Anticorrupción, dirigida por el kirchnerista Julio Vitobello, dejó vencer los plazos para presentarla. 
 En 2016 el fiscal Stornelli presentó un planteo al juez federal Sebastián Casanello que fue aceptado por el magistrado, quien solicitó a la Cámara Federal que vuelva a considerar la validez de una escucha telefónica, en la que se hacia referencia al pago de sobornos. 
 A nadie se le escapa que el Poder Judicial es el escenario de disputa de las diferentes camarillas burguesas. En su momento Julio De Vido fue absuelto de la causa Vialidad ya que el Tribunal consideró que el ministerio de Obras Publicas no medió en la adjudicación de obras públicas. De Vido, que fue funcionario desde la Intendencia de Néstor Kichner en Rio Gallego en la década del 90 en adelante, se convirtió en una pieza clave que terciaba entre el Estado y la Patria Contratista. Hoy se encuentran sentado en el banquillo de los acusados De Vido y López, pero la corrupción abarca a todo el arco político como lo puso de manifiesto los Cuadernos de Centeno, la defraudación realizada por Macri al Correo o la causa por el “blindaje” y el “megacanje” de De la Rua, con Cavallo y Stuzenegger a la cabeza. Por su parte, los libertarios tienen su primera causa por corrupción con Petovello y la no entrega de alimentos. La “lucha contra la corrupción” es un instrumento de lucha política entre facciones de la burguesía. 
 El Poder Judicial se toma largas licencias en las causas de corrupción. Ahora, 20 años después, reflota este expediente para mediar en la crisis de régimen. 

 Lucas Giannetti 
 08/07/2024

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