En su reunión del pasado miércoles 10, el Consejo Superior de la UBA declaró “la emergencia en materia salarial de […] docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”. Señaló la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de una recomposición salarial para los trabajadores.
Unos días antes, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional también sacaron una declaración, firmada junto con todas las federaciones docentes y no docentes (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT) y la conducción estudiantil de la FUA, que plantea que “Sin salarios dignos no hay universidad”.
Ambas declaraciones tienen lugar dos meses después de que los mismos rectores (primero en la UBA y luego en el resto de las universidades nacionales), pactaran con el gobierno de Milei un aumento presupuestario limitado a los gastos de funcionamiento y a los hospitales universitarios, entregando el salario de todos sus trabajadores (además de las becas, investigación e infraestructura). Las declaraciones son artificiosas porque los salarios no se acuerdan con los rectorados sino con el Estado nacional. La firma de los sindicatos y las federaciones estudiantiles en esta declaración los convierte en cómplices de una parálisis encubierta; han evitado llamar a una segunda Marcha Universitaria. El temor a esta convocatoria desmiente la sinceridad de los desmesurados elogios que propinaron a la “marcha del millón”.
Desde diciembre de 2023, la pérdida salarial acumulada alcanza el 60 %. Si a eso se añade el retroceso de los años previos producto de las paritarias a la baja, la pérdida del poder adquisitivo es simplemente enorme. Desde su asunción, el gobierno ha anulado virtualmente las negociaciones paritarias del sector, convocando reuniones muy esporádicamente en un cuadro inflacionario e imponiendo reajustes paupérrimos de forma unilateral, a pesar del rechazo de esas cifras por parte de todos los gremios. El resultado está a la vista: el grueso de los trabajadores universitarios se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza.
La asfixia presupuestaria y salarial, impulsada por el gobierno y administrada por las gestiones, es una forma de avanzar en el vaciamiento y destrucción de la universidad pública. Va allanando el terreno para el avance en el plan privatizador. El nuevo Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, ha vuelto a poner sobre la mesa el arancelamiento para los extranjeros, que ya se había colocado en el megaproyecto original de la Ley Bases. Ahora lo reflotan como punto de partida de una agenda mercantilizadora mucho más vasta.
Esta política devastadora y privatista debe ser enfrentada mediante una acción decidida de cara al segundo cuatrimestre. Frente al pacto por arriba, opongamos el pacto de docentes, no docentes y estudiantes —en primer lugar la convocatoria a una nueva marcha-. Impulsemos la lucha y la organización desde las bases en defensa de la educación pública y la ciencia; por la triplicación del presupuesto; por la urgente recuperación y aumento salarial; por becas, comedores, el boleto universitario y por todas las reivindicaciones planteadas.
Patricia Lambruschini
12/07/2024
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