Un informe reciente sobre el mercado de trabajo registra que bajo el gobierno de Milei creció la masa de desocupados en unos 300.000 trabajadores, dando por tierra todo intento del gobierno de hacer bandera de una supuesta reactivación económica y “crecimiento del empleo”.
El estudio fue elaborado por la Fundación Encuentro y fue opuesto como respuesta a la afirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió que con la eliminación de 50.000 empleo públicos se crearon nuevos puestos de trabajo en el sector privado: un relato que contrasta con la realidad.
Según el informe señalado, y sobre la base de las cifras aportadas por el Indec, tenemos actualmente unos 1,1 millones de desempleados: 300.000 más que en diciembre del 2023, cuando asumió Javier Milei. Cabe agregar que la mitad de estos desocupados son jóvenes, dando cuenta que el gobierno es incluso incapaz de incorporar al mercado laboral a la juventud a la que le prometió “libertad” y “prosperidad”.
Esta dramática situación es resultado de la política económica recesiva y de ajuste del gobierno, comenzando con los despidos en el Estado y con la reforma laboral antiobrera que ampara el trabajo no registrado y allana y abarata el camino a los despidos.
Entre los sectores más afectados por la desocupación se destacan la construcción (18,2 %), comercio (15,6 %) y servicio doméstico (14,6 %), poniendo de manifiesto su vulnerabilidad. Tanto la construcción como las trabajadoras de casas particulares cuentan con un régimen laboral específico, que los hace plausibles de una mayor precarización y flexibilidad laboral. Algo que justamente se intenta replicar en Comercio con la incorporación en el convenio del Fondo de Cese Laboral.
El empeño del gobierno por reemplazar las indemnizaciones por despido por los fondos de cese tiene su respaldo en un abaratamiento de los despido y en facilidades para que las patronales puedan despedir a su antojo para maximizar ganancias. Algo que está comprobado que no solo no genera empleo sin que destruye el existente.
Además, el informe destaca que mientras en un primer momento parte de esta nueva masa de desocupados se volcó hacia oficios y trabajos como cuentapropistas y autónomos, actualmente se trata de un mercado saturado por la sobreabundancia de trabajadores que no logran incorporarse al mercado laboral formal.
El gobierno viene atacando el trabajo y los salarios, como parte de su política antiobrera en defensa de las patronales, mientras tiene en cartera profundizar la reforma laboral, llevando los fondos de cese –y con ellos la timba financiera- a todos los convenios, y subordinando las condiciones laborales y derechos a las necesidades patronales, tal como lo intentó hacer con el DNU que prácticamente anulaba el derecho a huelga de los trabajadores.
La tesis gubernamental de que una eliminación abrupta de derechos laborales traería aparejada un crecimiento de las contrataciones resulta totalmente desmentida por la realidad: las patronales se valen de estas reformas para despedir personal y aumentar la productividad bajo la amenaza de nuevos ceses laborales, imponiendo condiciones laborales generales a la baja.
El gobierno que acusa a las organizaciones piqueteras y sociales y sus dirigentes como los “gerentes de la pobreza” es el principal responsable tanto del crecimiento de los desocupados, como de su precaria situación social, con el cierre de los programas sociales y el vaciamiento de los mismos con el congelamiento de los montos, junto a la quita de los alimentos de los comedores populares.
Hay que derrotar la ofensiva antiobrera de Milei y su plan de ajuste, que significa cientos de miles de despidos, crecimiento de la desocupación y penurias sociales y económicas para la población.
Marcelo Mache
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