La ofensiva antiobrera del gobierno de Javier Milei y las patronales está profundizando una orientación que muchos sectores han denominado “uberización” del mercado laboral, por la cual aquellos trabajadores despedidos o incluso con un empleo cuyo salario no les alcanza se ven forzados a realizar otros trabajos precarios, como choferes de Uber, repartidores de las apps de delivery y otros empleos degradados donde no se reconoce la relación de dependencia y prima la autoexplotación.
No solo se trata de los casi 300.000 puestos de trabajo liquidados por la política económica del gobierno de Milei, sino también de la situación de aquellos trabajadores en actividad que requieren un segundo empleo para poder llegar a fin de mes: el pluriempleo pasó del 8,8% en 2016 al 12,2% en la actualidad, con casi 1,6 millones de ocupados con más de un trabajo, mientras que los ocupados demandantes de más horas de trabajo pasaron el 17,7% en 2022 a casi 20%.
Es la situación que retrata el testimonio del docente universitario Nicolás Pozdzyk, quien como docente de la Universidad de Buenos Aires –fuertemente ajustada por el gobierno nacional que se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario- llega a cubrir tan solo el 25% de sus ingresos totales, mientras que el 75% restante lo hace trabajando como chofer de pasajeros y fletes.
Según un informe publicado por el Grupo de estudios sobre movilidad y desigualdad social del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) la caída del empleo formal es incluso levemente inferior a la creación de “puestos cuentapropistas”, considerados de baja calificación o precarios, con una proporción de asalariados formales está en el mínimo histórico, con 46% del total de ocupados, contra un 48% de informalidad laboral.
Se trata de un deterioro general del mercado laboral que no solo afecta a millones de trabajadores, con peores salarios y condiciones laborales, sino que redunda en una caída de la recaudación de otros institutos, como el sistema previsional argentino y las obras sociales, vaciando y liquidando derechos de los trabajadores y beneficiando únicamente a las patronales.
De acuerdo al mismo informe 7 de cada 10 nuevos puestos creados son precarios y los otros 3 restantes son monotributistas (Es decir: 7 son cuentapropistas de baja calificación y 3 monotributistas), por lo que 10 de 10 son “autoempleo”.
Los cuentapropistas de baja calificación crecieron velozmente los últimos diez años, pasando de 1,8 millones en 2016 a 2,6 millones en 2025, con un 73% de estos en la informalidad (sin monotributo ni obra social o jubilación). Estamos hablando de comerciantes callejeros, obreros de la construcción y trabajadores de producción industrial informal, con un 85% que no supera la línea de pobreza y el 42% la de indigencia.
La situación es aún más grave para el caso de la juventud con menos de 30 años, quienes representan el 53% de los desocupados y con una tasa de informalidad laboral que alcanza el 58% (casi 2 de cada 3 jóvenes son informales). Mientras que los jubilados que trabajan asciende al 18% (el máximo en 9 años), debido a la insuficiencia de ingresos de los haberes jubilatorios.
No solo se trata de las consecuencias de una política económica recesiva, ligada a los negocios del capital internacional, financiero y la banca privada, sino que también existe una colaboración estrecha de la burocracia sindical al frente de las centrales obreras y la mayoría de los sindicatos, dejando pasar las reformas antiobreras (Ley Bases, Ley de Modernización Laboral, etc., los cierres de plantas y despidos, y aceptando los techos paritarios oficiales que anclan los salarios por detrás de la inflación.
La complicidad de la burocracia sindical con este deterioro va todavía más lejos, con el antecedente de la tercerización y flexibilización laboral bajo el kirchnerismo, del cual los burócratas como José Pedraza, entonces secretario general de la Unión Ferroviaria y “modelo sindical” de Cristina, terminaron como socios comerciales de las patronales y como verdugos de los trabajadores, con el asesinato de Mariano Ferreyra de por medio para intentar evitar la organización contra el fraude laboral y para conquistar el pase a planta permanente bajo el convenio correspondiente, poniendo fin a la división del colectivo obrero.
Esta situación requiere de desarrollar la organización independiente de los trabajadores, con la unidad de trabajadores registrados e informales o mal encuadrados, para luchar contra la precarización laboral, el pluriempleo y la explotación patronal, y derrotar al gobierno ajustador y negrero de Milei y sus colaboradores.
Marcelo Mache
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