viernes, junio 06, 2025

“Las placas tectónicas” de la economía mundial


La guerra financiera “será el conflicto más feroz que se haya librado nunca, salvo las guerras mundiales”. 

 Los mercados financieros internacionales no han superado el ‘shock’ del 2 de abril pasado, cuando Trump anunció una suba catastrófica de los aranceles a la importaciones internacionales a Estados Unidos, bautizada como el Día de la Liberación. El mandamás de Estados Unidos se vio obligado a suspender la medida por 90 días, o sea hasta dentro de un mes. En el entretanto comenzó negociaciones con diversos países, que no han prosperado en la solución de los conflictos comerciales, aunque sí para crear otros mayores. En el día de ayer anunció un aumento del 50% de los aranceles a la importación de acero, con un grave perjuicio para Canadá, Brasil y México. La guerra comercial ha producido una desarticulación de las cadenas de producción que se desarrollaron en el período de la llamada “globalización". El reclamo de Trump a Apple para que reconvierta su cadena internacional a Estados Unidos es considerada poco menos que un despropósito, pero ilustra el extremo que ha alcanzado la disputa capitalista por un nuevo reparto de mercados. Numerosos observadores coinciden en que se trata de la preparación económica para una guerra mundial que ya se encuentra en desarrollo, y que exige una ruptura completa de la dependencia de los suministros de los países rivales. Es evidente, sin embargo, que una remodelación del comercio y las finanzas mundiales de esta magnitud, no podría imponerse sin la eclosión de una crisis financiera de dimensiones enormes. “Ustedes verán un crack”, declaró Jamie Dimon, el presidente del JP Morgan-Chase – una cita recogida por toda la prensa internacional. 
 Es lo que ha demostrado, precisamente, el fracaso de dos licitaciones recientes de deuda pública, una en EEUU, la otra en Japón. Ámbito Financiero señaló las “Tensiones en el mercado de bonos: EEUU colocó deuda a 20 años con baja demanda”, debido, dice, a “la creciente desconfianza del mercado hacia la sostenibilidad de la deuda estadounidense”. Es otra versión más de la “desconfianza” que obligó a Trump a recular temporalmente de sus anuncios arancelarios. La deuda en cuestión ha alcanzado los 36 billones de dólares, un 125% del PBI, y cuyo mercado oficia de referencia para todos los mercados internacionales. Esta hipoteca era de 5 billones antes de la crisis financiera de 2008 y rendía un interés del 1.5% anual; es un pasivo que ha subido un 600% en poco más de 15 años y cuya tasa de interés de los bonos a 30 años llegó, la semana pasada, al 5,01 por ciento. Esta suba extraordinaria de la tasa de interés obliga al Tesoro a pagar una suma equivalente al 7% del PBI – cerca de dos billones de dólares al año con pronóstico de crecimiento. Pero, por otro lado, implica una desvalorización muy significativa de la deuda que se encuentra en circulación, que ha sido adquirida a valores relativos mayores y por lo tanto a tasas inferiores. Esto explica el retiro del mercado de deuda norteamericana de parte de varios acreedores internacionales, como China, Japón o Gran Bretaña, y que debe ser ocupado por compras locales y de la Reserva Federal. 
 Una mayor importancia tuvo probablemente el fracaso de una licitación de deuda a 40 años en Japón – una menor demanda de bonos. La deuda pública japonesa, de 8 billones de dólares, es equivalente al 270% del PBI. Los inversores reclaman una mayor tasa de interés, que es excepcionalmente baja en Japón con el propósito (infructuoso) de revitalizar una economía largamente estancada. El Banco de Japón tiene en su cartera el 60% de la deuda pública local en circulación. El capital nipón ha ido a buscar tasas mayores a otros mercados, en primer lugar al de Estados Unidos. Por esta razón, el sistema monetario japonés representa una piedra angular del sistema de represión de tasas (contención de la suba) en el mercado internacional. Los grandes inversores institucionales de Japón (compañías de seguro, fondos de pensiones) han sostenido la demanda global de bonos soberanos, en particular del Tesoro norteamericano. Un aumento de la tasa de interés en Japón, como viene ocurriendo a tientas, como reclaman los inversores, desarticularía este esquema de represión y llevaría las tasas internacionales a valores más altos – lo suficiente como para asestar un golpe al sistema financiero internacional. Dada la magnitud sin precedentes de la deuda contraída por un elevado número de empresas privadas, la suba de la tasa de interés de referencia, provocaría su definitivo “”knock out”. Por eso la Reserva Federal se abstiene de elevar esa tasa, a pesar de los pronósticos inflacionarios que acompañan la decisión de emprender una guerra arancelaria, de parte de Trump. Las autoridades japonesas, advertidas de la necesidad de EEUU de evitar un retiro extranjero de los bonos del Tesoro, buscan servirse de esta Espada de Damocles, para obtener una excepción a la suba indiscriminada de aranceles de parte de Trump. Japón ha reclamado a Trump, por de pronto, el levantamiento de la prohibición a una adquisición de la United Steel estadounidense por la Nippon Steel, ahora afectada por la suba de aranceles al acero de Brasil, desde donde la nipona exporta a Estados Unidos. Trump ha presentado la cesión de la US como “una asociación”. 
 La centralidad de los mercados de deuda en la economía mundial convierten a la guerra comercial o arancelaria en una guerra financiera. La guerra financiera (monedas y mercados de capitales) “será el conflicto más feroz jamás librado, con excepción de una guerra mundial”, sostiene un banquero en el Financial Times. Un caso explosivo, precisamente, se plantea con Taiwán, el cuarto acreedor extranjero del Tesoro norteamericano y una cuenta corriente exterior ampliamente positiva. Las reservas de la Isla, de 583 mil millones, se encuentran invertidas, en un 92%, en bonos de Estados Unidos. Las compañías de seguro taiwanesas, por otro lado tienen un hoja de balance de 1.1 billón de dólares, sin protección cambiaria, colocadas en su mayor parte en deuda norteamericana. La presión de EEUU para que Taiwán revalorice su moneda, para inclinar en su favor el comercio bilateral, resultaría en una desvalorización del activo de las compañías de seguro, que han asumido el pago de los riesgos de sus clientes pagar en moneda local, que sería más cara. Una media de prevención debería llevar a estas compañías a retirar sus dólares en bonos del Tesoro norteamericano. 
 Los dardos envenenados de la crisis se han intensificado como consecuencia del voto favorable de la Cámara de Representantes de EEUU a un proyecto fiscal enviado por Trump, que contiene una masiva reducción de impuestos a las compañías capitalistas. Trump bautizó a esa iniciativa como “grande y bella”, en mayúsculas. Aunque contempla, por sobre todo, la aplicación de una ‘grande y fea’ motosierra a gastos sociales, en especial, en Salud, los observadores auguran que incrementará la necesidad de financiamiento público mediante una creciente emisión de deuda. La situación del Tesoro y del dólar se convertiría en muy peligrosa. Trump no lo niega, pero asegura que el bache financiero sería cubierto por los aranceles a la importación, que se convertirían en un masivo impuesto al consumo. La implantación de aranceles con propósitos fiscales, además de un arma de guerra contra los trabajadores, implicaría una enorme distorsión del comercio y la inversión. Que se recurra a este tipo de herramientas, sólo se explica por la envergadura que han alcanzado las contradicciones del conjunto de la economía mundial. No se debería excluir la posibilidad de que la inviabilidad de estas maniobras se manifieste a corto plazo, como ocurrió en el Reino Unido, en septiembre de 2022, cuando un proyecto fiscal similar detonó un estallido bursátil y la caída del gobierno que había asumido seis semanas antes. Las operaciones de deuda se hacen a crédito, que se autofinancian con la suba de los bonos y que quedan sin cobertura en las bajas. Según diversos estudios, el apalancamiento (crediticio) de las compras de títulos públicos y de arbitrajes entre operaciones de futuros e inmediatas, alcanza en promedio 50 puntos (un punto de inversión compra activos cincuenta veces superiores), pero puede llegar a 100. Son el terreno de especulación de los excedentes de la oligarquía financiera.
 En cuanto al Mercado de Valores de Estados Unidos (acciones, obligaciones negociables, operaciones de crédito) se infla cada vez más. Las cotizaciones se encuentran por las nubes; el propósito del plan fiscal de Trump es que se infle varias veces más. Estados Unidos atrae cada vez más capital y también supera la atracción de los mercados rivales (“outperformance”). En 2024, inversores extranjeros metieron 1 billón dólares. Atrae el 70% del flujo de los 13 billones del mercado global de inversiones privadas. En un mundo que se pretende multipolar, el mercado de capitales es definidamente “unipolar’. De acuerdo a un observador: “Estados Unidos está sobreconcentrado, sobrevaluado y sobreacelerado, como no se ha visto nunca antes”. Un estudio que firman Thomas Ferguson y Servaas Storm, señala lo siguiente: “el sector financiero se ha expandido exponencialmente. Los activos de las instituciones financieras no bancarias (“bancos en las sombras”), que consisten en préstamos e inversiones financieras, igualaban a alrededor del 93% del PBI de Estados Unidos durante los años 2006-2023, mientras que los activos de los bancos comerciales añadían otro 81% (en promedio); la escala total de la intermediación financiera es de alrededor del 174% del PBI, mientras que la inversión fija no residencial se elevaba a sólo el 13% del PBI”. La euforia de los negocios ha sido siempre, sin embargo, el síntoma más seguro de un derrumbe – como la melodía del canario en la boca de una mina a punto de explotar. 
 Las correlaciones de la crisis, por otra parte han cambiado. En el pasado, una contracción o derrumbe en el mercado de valores producía una fuga hacia el mercado de deuda en dólares, que cuenta con el respaldo del Tesoro más poderoso del mundo. En la actualidad, una crisis en el mercado de deuda, como por ejemplo en el caso de que se revierta el carry trade Japón-Estados Unidos, sería un golpe fatal para el mercado de acciones y de crédito, y una crisis en este último podría no encontrar refugio en el mercado del Tesoro. Por eso se dispara el precio del oro – también influido por los vaivenes militares de la guerra y por la compra preventiva de los bancos centrales. La centralidad del dólar se vería fuertemente cuestionada, sin que hubiera emergido una divisa sustituta. La economía mundial se encuentra afectada por “placas tectónicas”, vuelve a advertir el catastrofista del JP Morgan-Chase; “el riesgo”, prosigue, “es que la suba de las tasas de largo plazo eleven el costo de capital”. 
 Los mercados han reaccionado a la suba de tarifas de Trump con un aumento del dólar. Es que la guerra arancelaria ha debilitado al yuan, la moneda china, y ha producido una salida de capitales de China, a pesar del control cambiario. China ha inflado su deuda pública, un 250% del PBI, como consecuencia, no solamente de estímulos fiscales sino por las operaciones de rescate debido al derrumbe del sobre expandido mercado inmobiliario, y también a la deflación. El ciclo de la economía real y de la financiera – la última se infla para levantar a la primera, creando un fuerte impasse. Algo similar ocurre en Europa, donde inversores norteamericanos se quedan con compañías devaluadas, en un marco de demanda interna insuficiente. La globalización financiera se expande, en medio de un mercado comercial internacional que se deprime. Mientras fracasan las licitaciones de deuda del Tesoro, crecen las cotizaciones en el mercado accionario, así como las fusiones y adquisiciones. Recogen los excedentes de las grandes empresas con elevadas ganancias. Los especialistas en estos asuntos las denominan inversiones oportunistas o tácticas Son movimientos contradictorios en una crisis de alcance general que ‘busca’ (si se puede decir así) su desenlace. En este marco, las grandes potencias reclaman financiamiento para militarizar sus economías. 
 Es claro que la lucha de clases se desarrolla en un marco estratégico; no apto para reformas progresistas, ni para concesiones parciales que no sean forzadas por amenazas revolucionarias. Es el marco en que está haciendo su experiencia la nueva generación de trabajadores. 

 Jorge Altamira 
 04/06/2025

Arde Astillero Río Santiago


Trabajadores del turno noche rompen la parálisis gremial y exigen urgente actualización salarial y asamblea general. 

 En la mañana del jueves 5 de junio se llevó a cabo una asamblea autoconvocada en las puertas del edificio de presidencia del Astillero. Esta asamblea genuina viene precedida por otras desde distintos sectores pero claramente fue motorizada por el “Turno” que, después de su horario de trabajo, decidió presentarse en la fábrica. Marca un camino a seguir. 
 Sobran motivos para deliberar colectivamente, pero sin dudas esta medida estuvo atravesada por la magra situación salarial que transitamos los trabajadores de la planta naval, y la falta de debate materializada en la ausencia de una asamblea general que nuclee los reclamos obreros. 

 Salarios de miseria 

 Como en el caso del resto de los estatales, las paritarias en el astillero vienen a la baja, buena parte de los obreros vienen percibiendo salarios por debajo del monto de la canasta básica calculada por el Indec para el mes de abril en 1.110.000 pesos; a las claras está la pérdida de poder adquisitivo salarial, lo que obliga a las y los trabajadores a tener que buscar trabajos alternativos para satisfacer sus necesidades económicas.
 Si esto ya de por sí enfada a los trabajadores, más irritante es la actitud que tomó la conducción de ATE Ensenada, que le puso un candado a todo debate al interior de la fábrica; no hay cuerpo de delegados, se niega taxativamente a organizar la asamblea general: la última se realizó en septiembre de 2022, asamblea que ATE trabajó activamente para no cumplir con lo que en la misma se resolvió, por ejemplo movilizar a la casa de gobierno de la provincia. Una marca registrada de la kicilofista lista blanca.
 La conducción gremial pretende reemplazar las asambleas generales por “plenarios” regionales encabezados por los intendentes de la zona: Secco por Ensenada, Cagliardi por Berisso y Alak de La Plata, y con resoluciones tomadas entre cuatro paredes, donde los trabajadores no tienen voz y se supone deben asistir como meros levantadores de mano. Un atentado a la más elemental democracia sindical. Tal como se mencionó en la asamblea, las paritarias se resuelven y deciden sin ninguna consulta a los trabajadores; no hace mucho ameritaba una asamblea general y sí era necesario movilizar al Ministerio de Trabajo. Francisco Banegas (Secretario General) y Lorena Benaglia (Secretaria Adjunta) solo se encargan de mandar plaquitas de WhatsApp, con los supuestos “aumentos”.

 La cuestión laboral 

 Todo el que trabaja en el astillero sabe perfectamente que la razón social de la fábrica es la construcción naval, construir barcos que tanto necesita el país. Y eso está ausente, y es un problema de larga data. Bienvenidas las obras de reparación y planes de trabajo, deben concretarse de una vez. 
 ARS necesita por su bien y de la región activarse en plenitud, es menester una inmediata inversión tecnológica. Hay que dar de baja los decretos 340/25 y 273/25 de Milei que desregulan la actividad de la marina mercante y permiten la posibilidad de adquirir barcos usados. Es un tema crucial para el sector y en particular para el astillero: si avanzan estas medidas la industria naval estatal pasará a ser un taller de reparaciones. Su modalidad de rechazo debe ser decidida entre todos los obreros. La asamblea decidió invitar a toda la fábrica a una nueva autoconvocatoria para este martes 16; es necesaria la más amplia asistencia, y trabajar para concretar la asamblea general. Es necesario organizar una movilización a la gobernación bonaerense por la cuestión salarial, y a Nación a exigir planes de trabajo. Rechazamos cualquier intento de reforma laboral que atente contra nuestro Convenio Colectivo de trabajo.

 Gabriel Silisque

En pleno brote de virus respiratorios en niños, Milei vacía la salud pública y ataca al Garrahan


La huelga general para derrotar al gobierno se ha vuelto una necesidad vital para los trabajadores. 

 Las enfermedades respiratorias están en alza en Argentina, en el marco del fuerte ajuste sobre la salud pública que impulsan Milei y los gobernadores. Según el Ministerio de Salud, las internaciones por influenza en lo que va del año aumentaron un 48% en relación con el mismo período de 2024. En este contexto, en Chaco, un virus respiratorio causó la muerte de un niño de 8 años. La lucha de los trabajadores del Garrahan, como se ve, resulta clave para la población trabajadora y marca un camino a seguir en la defensa de la salud pública. 
 Entre las semanas 1 y 19 del año, hubo más de 285.000 casos de influenza, 41.940 de neumonía y 25.129 de bronquitis en menores de dos años, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional. Asimismo, se registraron 1.163 internaciones por gripe y 26 muertes por influenza. Desde la semana 12, además, creció la proliferación del virus sincicial respiratorio (causante de la bronquiolitis). También ha aumentado la circulación del Covid-19. Los profesionales de la salud recomendaron mantener medidas de prevención y llamaron a reforzar la vacunación.
 La OMS lanzó en abril una alerta epidemiológica por la influenza estacional y otros virus respiratorios en el hemisferio sur. En Argentina, señala su informe, la positividad de la influenza superó el umbral epidémico en la semana 13 de ese mes. El organismo también advirtió sobre un aumento en la actividad del Covid. Salta encendió las alarmas sanitarias: hasta la semana epidemiológica 18, según el Ministerio de Salud, se notificaron 6.450 casos de influenza, la mayoría provocados por el virus A-H1N1, lo que representa un 67% de incremento en tres semanas. También se registraron 2.467 diagnósticos de bronquiolitis en menores de 2 años y 2.556 de neumonía en lo que va del año. 
 En el Hospital de Niños de Santa Fe –provincia donde aumentan los pacientes internados por virus respiratorios (influenza, Covid)–, las consultas por cuadros relacionados con la influenza subieron un 50%. En Rosario, que en 2009 fue la primera ciudad del país en suspender las clases ante el avance de la pandemia, ya circula la gripe A. Al mismo tiempo, los casos de influenza aumentan en Mendoza: las consultas en los establecimientos de salud están en alza y muchos consultorios privados se encuentran colapsados por la demanda pediátrica. 
 En Chaco, las consultas en el Hospital Pediátrico se dispararon. Un niño de 8 años con defensas muy bajas murió allí a causa de un virus respiratorio. En un contexto donde la pobreza y la miseria aumentan, las probabilidades de fallecimiento son mayores. Por otra parte, en Catamarca se registró un aumento de casos de enfermedades respiratorias, lo que elevó tanto la demanda de consultas como las internaciones pediátricas. En el Hospital de Niños Eva Perón, la ocupación de camas en servicios estables alcanzó el 80%. En la provincia de Buenos Aires, aunque los casos de influenza disminuyeron respecto del mismo período de 2024, ahora entraron en una fase ascendente. 
 El cuadro es dramático, sobre todo porque el gobierno nacional está implementando un fuerte ajuste contra la salud pública –una política replicada por los mandatarios provinciales. Según un informe del Cepa, en 2024 los libertarios subejecutaron en un 55% el presupuesto destinado a hospitales nacionales. Los recortes se reflejan en el deterioro de la infraestructura, la falta de insumos básicos, la adquisición de materiales de baja calidad, la escasez de medicamentos y en el éxodo de profesionales. Por ejemplo, son numerosos los pediatras que abandonan los hospitales públicos para migrar al sector privado o al exterior, debido a los salarios paupérrimos. El Garrahan es un caso testigo de este fenómeno, que se viene profundizando.
 La lucha en el Garrahan es por mejoras estructurales en el hospital, por aumentos salariales y en defensa de la vida de los niños. Por la magnitud de la ofensiva ajustadora en curso, es probable que las protestas se extiendan, como ya empezó a verse en el Hospital Posadas y en hospitales misioneros y correntinos –contra el ajuste de los gobernadores–, o como ocurrió antes en el Laura Bonaparte ante el intento de cierre. 
 Mientras el gobierno avanza en el desmantelamiento de la salud pública y en su progresiva privatización, el gasto en intereses de la deuda pública aumenta –de cuyo pago se benefician sectores patronales nacionales y extranjeros, así como banqueros–, los ricos y capitalistas gozan de nuevas exenciones impositivas y prebendas económicas, y el FMI se lleva una porción significativa de la riqueza nacional. El sostenimiento de un sistema de salud público –que además debe ser nacional– con un presupuesto acorde a las necesidades de los trabajadores es incompatible con la primacía de los intereses capitalistas.
 Es necesario llevar la lucha que tuvo lugar este miércoles en Congreso –donde confluyeron distintos sectores– a una escala mayor. La huelga general para derrotar a Milei se ha vuelto una necesidad vital para los trabajadores.

 Nazareno Suozzi

jueves, junio 05, 2025

Milei contra jubilados y discapacidad: no es "déficit cero" sino "plan platita" para los empresarios y el FMI


El presidente anunció que vetaría estas leyes de mínimo impacto fiscal.

 El gobierno no cuestiona el gasto público que beneficia al capital. Javier Milei amenazó con vetar las leyes recientemente aprobadas por Diputados, en caso que obtengan sanción definitiva en el Senado, alegando que comprometen el equilibrio fiscal. Sin embargo, tanto la emergencia en discapacidad como el paquete jubilatorio suponen montos ínfimos para atender muy parcialmente una situación crítica, muy inferiores a las exenciones impositivas a los capitalistas o las sumas destinadas al pago de intereses de deuda. El gobierno le impone sacrificios al pueblo para sostener la generosidad con los grandes poderes económicos y el FMI. 
 El miércoles 4 de junio, la Cámara de Diputados votó, por un lado, aumentar 7,2% las jubilaciones, elevar el bono a $110.000 y prorrogar por dos años la moratoria previsional. Por otra parte, obtuvo media sanción el proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre 2027, que incluye, entre otras cosas, regularizar los pagos y actualizar los aranceles de los prestadores de servicios. Mientras esto sucedía dentro del recinto, la Plaza Congreso era escenario de una movilización multitudinaria, donde convergieron numerosas luchas contra el ajuste gubernamental.
 La respuesta del presidente frente a esta derrota parlamentaria fue tuitear "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO". Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Ejecutivo vetará los cambios en las jubilaciones en caso que sean ratificados por el Senado, mostrando, una vez más, el encono particular de este gobierno con los adultos mayores. 
 Lo cierto es que, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la extensión de la moratoria y el aumento del bono implican un gasto extra de $2,6 billones. A su vez, el impacto fiscal anualizado de la emergencia en discapacidad se estima en $3,9 billones. Cifras muy alejadas de las advertencias de Martín Menem, quien le asignó un costo de U$S 12 mil millones ($14,4 billones) a dichas medidas para justificar el rechazo del oficialismo. 
 Ahora bien, el gobierno no dice una sola palabra del enorme impacto fiscal que representan los gastos tributarios, conformado por las rebajas impositivas destinadas a las patronales. Estos ascienden a $27.025.062,8 billones anuales (3,58% del PBI), según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en base datos oficiales. A eso debemos sumarle los $2 billones aproximadamente que deja de recaudar el Estado tras la reducción Bienes Personales contemplada en la Ley Bases, de la cual se benefician aquellos con mayor patrimonio. 
 También omiten los $10,3 billones presupuestados para el pago de servicios de la deuda, de los cuales ya se ejecutaron $3,4 billones desde que empezó el año. Como vemos, el culto al "déficit cero" por parte de Milei se nutre del padecimiento de los jubilados, de las personas con discapacidad y de los pacientes del Garrahan, mientras no hay austeridad alguna en el gasto público dedicado a engrosar los bolsillos de los capitalistas y de los acreedores. El filo de la motosierra solo se posa sobre las necesidades sociales para transferirle recursos a los poderosos.
 La experiencia reciente demuestra que no podemos confiar nuestras demandas a un Congreso repleto de colaboracionistas con el gobierno. Para lograr un resultado favorable en el Senado y derrotar un eventual veto de Milei tenemos que profundizar el camino de la movilización callejera. No es tarea de las mayorías populares velar por el equilibrio fiscal a expensas de sus condiciones de vida, este debe recaer íntegramente sobre las espaldas de la clase capitalista. 

 Sofía Hart

Vamos por el triunfo del Garrahan y de todas la luchas


Paso a los trabajadores. 

 Al momento de escribir este editorial se está desarrollando –con un altísimo acatamiento- el paro en el Hospital Garrahan y la marcha a Plaza de Mayo, con lo cual los trabajadores sostienen sus reclamos y responden a la provocación del gobierno que convocó a una reunión para ningunearla no presentando ninguna propuesta. Como sostuvo en los medios de comunicación el secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, hay una “rebelión interna” dentro del hospital porque la situación es insostenible, hay un proceso de vaciamiento del principal hospital pediátrico del país, con los salarios de pobreza, con un presupuesto bajísimo, con sectores que se cierran. 
 La lucha del Garrahan ha colocado en el centro de la situación política el ataque que vive el conjunto de los trabajadores por el gobierno de Milei. Por eso se ha convertido en una causa popular, como la de los jubilados, como la de la discapacidad, y como se expresó en la multitudinaria concentración frente al Congreso este miércoles 4, donde se conmemoraron los 10 años del “Ni una menos” y unió los reclamos de todos ellos, junto a los de los trabajadores del Conicet que enfrentan el ajuste en ciencia y los despidos, de docentes universitarios, de artistas contra el vaciamiento del Instituto Nacional del Teatro, y de piqueteros que sostienen día a día los comedores populares. 
 Esta jornada fue precedida por otros conflictos, que mostraron a la clase trabajadora dispuesta a no tolerar la política de Milei o de los gobernadores que operan el ajuste. Fue la huelga extraordinaria de los metalúrgicos de Tierra del Fuego; la concentración de los 20.000 docentes autoconvocados catamarqueños que obligaron a un aliado incondicional de Milei a derogar un decreto que reventaba la educación provincial y que abrió paso a los reclamos salariales de todos los empleados de estatales de la provincia; el parazo de los docentes de la provincia de Buenos Aires contra la política salarial de Kicillof; el paro de los docentes universitarios; el de los trabajadores del neumático contra los despidos y por la paritaria, que vuelven a parar este viernes 6.
 Todas estas luchas plantean reclamos vitales para los trabajadores: el problema de los ingresos –salarios y jubilaciones-, el deterioro de los servicios por los recortes –salud, educación, discapacidad- y la pérdida de los puestos de trabajo por los despidos. Pero también revelan cuál es el grado de solidez del gobierno de Milei. 

 La “fortaleza” de Milei

 Milei entiende el resultado de las elecciones provinciales que se han dado hasta ahora como un aval para ir a fondo en su ataque a las masas; obviamente el triunfo en CABA -que destronó al PRO y que obliga a éste aceptar un acuerdo más general con él- fue lo más importante, pero los triunfos de los gobernadores aliados –que sostienen la motosierra-, incluso sobre las listas locales de La Libertad Avanza, revelaron un dominio derechista del cuadro político, por eso rápidamente sacó el decreto antihuelga, decidió darle máquina a la “desregulación” y se animó a desoír los reclamos del FMI y varios economistas amigos de que comprara dólares para fortalecer las reservas. 
 La precariedad del triunfo de Milei y de los oficialismos provinciales estuvo retratada en la baja concurrencia de electores a las urnas, y sobre todo en aquellos sectores más empobrecidos donde Milei había crecido vertiginosamente por el deterioro que sufrieron bajo los gobiernos del PJ y Macri. Las luchas desatadas en el último tiempo alertan sobre los alcances del rechazo a Milei en el terreno de la acción y no de la pasividad de no concurrir a votar. El desarrollo de esta tendencia es la clave del futuro de la experiencia “libertaria” que el capitalismo mundial mira con atención en el marco de su crisis, es decir, la suerte de un gobierno que no vacila en hacérsela pagar a los trabajadores. 
 Es por eso que el gobierno pretende salir indemne de los conflictos en curso, evitando retroceder en la negativa a satisfacer los reclamos. La decisión de subir el ingreso de los residentes del Garrahan fue acompañada de provocaciones, mentiras, amenazas y ninguneos, que a la postre terminaron por impulsar aún más la “rebelión interna” del hospital.

 El sostenimiento de la oposición burguesa y la burocracia 

La “oposición” se mueve con cautela para que su “empatía” con los reclamos no sea interpretada como un impulso a la intervención de los trabajadores, es decir, terminar echando más leña al fuego. Y eso vale sobre todo para el peronismo. La burocracia sindical confió a la justicia el rechazo al decreto antihuelga, y no plantea ningún tipo de apoyo a la lucha en un hospital de la importancia y la envergadura del Garrahan. Mientras, siguen firmando paritarias a la baja. En las provincias actúa igual, acompañando el ajuste de los gobernadores: las directivas de los gremios docentes de Catamarca acompañaron el decreto antieducativo de Jalil que 20.000 autoconvocados voltearon. Furlán de la UOM dejó pasar la lucha de Tierra del Fuego sin convocar al paro nacional. La burocracia de Fernández de la UTA tiene una rebelión en su gremio como resultado de su asimilación al ajuste. 
 Y no es solo la burocracia, son los gobernadores peronistas que acompañan el ajuste nacional y hacen el propio en sus provincias. Kicillof amenaza a los docentes que paran, Jalil saca el decreto antieducativo y así de corrido. 
 El lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a diputada provincial fue acompañado de un declaración de principios derechista: insistió con la necesidad de la reforma laboral, agregó que quiere una reforma constitucional –que dominaría la derecha- para eliminar las elecciones de término medio, para que se gobierne sin los “sobresaltos” por un pronunciamiento electoral contrario que “desestabilice” al gobierno de turno. En el medio de la lucha del Garrahan enterró el “Estado presente” para levantar el “Estado eficaz” contra los trabajadores de la salud y la educación. Mucho “Che Milei” para ser funcional a la política de él. La campaña electoral de la provincia de Buenos Aires estará dominada por una agenda antiobrera y antipopular. 
 Las luchas muestran una decisión que viene “desde abajo” y que logra expresarse a pesar de todos los escollos, bien que aun en forma desarticulada. Pero colocan a los trabajadores como el verdadero obstáculo a Milei; y esto vale precisarlo, porque la pretensión de la “progresía” peronista –sobre todo- es una unidad política para "pararlo" que meta a los trabajadores y al activismo que nace con estas luchas tras las listas de la oposición que por acción y/u omisión colabora con el gobierno, el “hay 2019” que llevó al gobierno de los Fernández-Massa.
 La “fortaleza” de Milei, como se ve, no viene de las urnas sino del papel fundamental de los opositores; es decir que entraña una precariedad. Pero esta no es solo en el terreno político, es fundamentalmente en el económico.

 La precariedad económica 

El gobierno está concentrado en que nada afecte el control de la inflación, condición para ganar las elecciones de octubre, una de las “pruebas” que le exige el capital para seguir sosteniéndolo. Ese es su principal desafío. 
 Pero los problemas se acumulan. No logra resolver una de los requerimientos más importantes de la clase capitalista: la posibilidad de acceder al mercado de capitales. El gobierno se niega a comprar reservas para impedir una devaluación que se traslade a su vez en un aumento de precios a pesar de la caída del consumo. La caída de las reservas cuestiona la capacidad de pago del país, por eso el índice riesgo país no cede, cuando el gobierno tiene que hacer frente a vencimientos que van a debilitarlas aún más. 
 Luego las consecuencias del dólar barato y de la “apertura comercial” se acentúan porque aumenta la demanda de dólares para importar cuando la caída del precio de los commodities hace que los ingresos disminuyan revirtiendo el saldo favorable de la balanza comercial. Caputo-Milei argumentan que no necesitan reservas como garantía, que alcanza con el equilibro fiscal (no piensan lo mismo los acreedores), sin embargo éste depende del ajuste –habiendo conflictos en curso- y de la recaudación, la cual cayó un 18% en términos reales en la medición interanual, entre otras razones por la importante caída en Ganancias, aranceles y la eliminación del impuesto País. Caputo apela a un endeudamiento cada vez más oneroso que se va apilando a niveles extraordinarios. Es decir una bomba de tiempo en el marco de un derrumbe de la industria, la construcción y la ausencia de inversiones. 

 Paso a los trabajadores: preparar la huelga general

 Si algo ha quedado claro estos días es que los únicos interesados en enfrentar y quebrar la política de Milei son los trabajadores, por eso sin dudas la tarea es impulsar su intervención, es lo que puede dejar al desnudo la precariedad del gobierno y la complicidad de la oposición burguesa. Hay que concentrarse en que esto suceda. 
 Para ello el triunfo de la lucha del Garrahan es un gran objetivo, ya está provocando un estado de deliberación entre los trabajadores de la salud de todo el país, acosados por los bajos salarios y el deterioro de los servicios. Hay que impulsar asambleas en todos los centros de salud, para ir a una lucha nacional; la causa de los trabajadores de la salud es una causa de toda la población golpeada por el derrumbe de la salud pública.
 Está planteada como necesidad la huelga de todos los trabajadores, pero además este miércoles en el Congreso Nacional en una sesión extraordinaria se votó un –escaso- aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. A pesar de las limitaciones, Milei ya ha dicho que las va a vetar –y la votación del día de ayer revela que contaría con los recursos parlamentarios para ello. Corresponde ir a la huelga de todos los trabajadores para impedir el veto y por el triunfo de las luchas en curso. 
 Con esto llamamos a preparar las condiciones de la derrota de Milei a manos de los trabajadores, por eso tenemos que empeñarnos en cada batalla, impulsar una deliberación de todo el movimiento obrero con delegados mandatados de todos los sindicatos para marchar con un plan de lucha hasta la huelga general y asegurar el triunfo de los reclamos y la derrota de los gobiernos ajustadores. 
 Para superar a la burocracia que traba la intervención de los trabajadores proponemos un encuentro nacional de sindicatos y cuerpos de delegados combativos, del movimiento piquetero independiente y las organizaciones de jubilados a partir de los convocantes a las columnas independientes en todo el país. 

 Eduardo Salas

miércoles, junio 04, 2025

La Corte Suprema al rescate de Donald Trump


Habilita cientos de miles de deportaciones por vía rápida. 

 Las medidas ilegales e inconstitucionales que viene implementando el gobierno de Trump, han chocado con fallos de los tribunales federales, que en ocasiones las han dejado en suspenso. Estos fallos -casi siempre ignorados o trampeados- han provocado una furiosa respuesta de parte del presidente estadounidense, que ha atacado a los jueces (“radicales de izquierda”, según su retórica) y a la propia Suprema Corte -demandándole que viabilice la expulsión de millones de indocumentados sin darles posibilidad a la más mínima defensa. 
 Más allá de alguna protesta aislada del presidente de la Corte ante estos ataques maccarthistas, la Suprema Corte -de mayoría trumpista- no ha defendido a los jueces. 
 El 30 de mayo, la Corte Suprema falló a favor del gobierno en cuanto a dejar en suspenso la orden judicial de un tribunal que impedía la finalización del programa llamado “parole humanitaria” (un régimen que autoriza la permanencia temporaria en el país a personas que lo soliciten por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”) para migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (este programa específico se denominaba por ello CHNV). Las personas actualmente acogidas a este programa son más de 500.000: cerca de 87.000 provenientes de Cuba, 211.000 de Haití, 73.000 de Nicaragua y 160.000 de Venezuela. Todos ellos quedan ahora sin estatus legal y pueden ser deportados por una vía rápida.
 El “parole humanitario” CHNV fue una ampliación de otros regímenes establecidos por Biden, como el llamado “Estatus de Protección Temporal” que habilitaba a permanecer en el país y trabajar a ciudadanos venezolanos. Este otro régimen ya había sido dejado sin efecto por el gobierno trumpista, y había generado otra controversia en los tribunales. Hace varias semanas la Corte Suprema falló también a favor del gobierno, dejando sin efecto la suspensión ordenada por un tribunal de San Francisco que ordenaba mantener el TPS para 350.000 venezolanos que quedarían expuestos a la deportación. Entre los inmigrantes que estaban cubiertos por el TPS y los de CHNV, son unos 885.000 personas las que quedan al borde de la deportación inmediata. 
 Ambos fallos de la Suprema Corte habrían sido por una mayoría de 7 a 2 -al menos solamente dos jueces explicitaron sus razones para no acompañar la decisión del tribunal superior.
 La caída del CHNV busca acelerar las deportaciones masivas. “Algunos inmigrantes afectados por los fallos llevan menos de dos años en el país, lo que significa que podrían ser deportados utilizando un sistema acelerado que elude el proceso judicial normal de inmigración” (NYT, 31/5). El sistema de detención acelerado usualmente se utilizaba para los recién ingresados por las fronteras, “como una forma de devolverlas rápidamente sin procedimientos judiciales. Pero Trump lo amplió significativamente para que los agentes de ICE puedan utilizar el proceso para cualquiera que haya estado en Estados Unidos menos de dos años” (NYT, 31/5), es decir, se aplicaría a personas que estaban amparadas por un estatus legal transitorio y que incluso tienen trabajo en el país. “A diferencia de los largos procedimientos judiciales de inmigración que pueden llevar años, la expulsión acelerada se puede realizar en cuestión de horas” (NYT, 21/1). La carga de la prueba de que estas personas han permanecido en el país durante más de dos años (o tengan en trámite una solicitud de asilo) recae sobre los propios indocumentados, y si no logran probarlo serán deportados automáticamente. 
 Según la ex funcionaria de inmigración Andrea Flores (en el gobierno de Biden), la “justificación [del gobierno] para poner fin a este estatus legal ahora es poder ponerlos en deportación acelerada, ya que la mayoría llegó hace menos de dos años”. “La decisión de la Corte Suprema es cruel y animará a esta administración a ir más allá al señalar a venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, penalizándolos por cumplir con nuestras leyes de inmigración y devolviéndolos a graves daños” (NYT, 31/5). 
 Otra razón es que los acogidos en estos programas tiene la obligación de declarar su domicilio, y facilitar la identificación a través de registro de huellas digitales y datos biométricos, lo que los hace más fácilmente ubicables para su detención y expulsión del país.
 El gobierno ha adoptado todo tipo de maniobras para acelerar las detenciones, y para deportar a los inmigrantes sin darles posibilidad de la más mínima defensa, al extremo de reconocer “errores administrativos” por los cuales expulsaron personas que tenían cobertura legal para permanecer en los Estados Unidos. 
 “Muchos inmigrantes viven bajo el radar o se han mudado de su última dirección conocida hace mucho tiempo. Es por eso que ICE (el servicio de migraciones) está tomando nuevas medidas agresivas, entre ellas la detención de personas en tribunales de inmigración cuando se presentan a las audiencias. La táctica supone una ruptura significativa con la práctica anterior, cuando los funcionarios de inmigración evitaban en gran medida los arrestos en los tribunales por temor a que disuadieran a la gente de cumplir las órdenes” (NYT, 31/5). 
 “Las cortes se han convertido recientemente en un foco para las protestas. Decenas de personas se reunieron en San Francisco el miércoles ante un tribunal federal para repudiar el arresto de cuatro solicitantes de asilo ocurrido la víspera. Los manifestantes aparecieron con pancartas que condenaban al ICE y en las que exigían al Gobierno ‘no tocar a los inmigrantes’ (El País, 1/6). 
 Los jueces y abogados consideran que estas detenciones aprovechando que un inmigrante está citado por la justicia son un abuso de poder y provocarán que los citados falten a sus citas por temor. Por ejemplo, si solicitaron asilo y son convocados por un juez podrían faltar a la audiencia, con lo cual perderían sin duda el derecho a ser asilados y quedarían en condición de expulsables, y por otra parte si se presentan pueden ser detenidos y deportados rápidamente.
 Estas emboscadas en los tribunales a la salida de las audiencias, ha provocado otro caso judicial, esta vez contra una jueza que ha sido acusada de facilitar la fuga de un inmigrante que pretendía ser detenido por el ICE en el juzgado. Se trata de la jueza de Wisconsin Hanna Dugan, que fue arrestada por el FBI por supuestamente ayudar a un ciudadano mexicano a evitar ser arrestado en el propio tribunal donde tenía una audiencia. El proceso contra Hanna Dugan parece se convertirá en un tema fundamental respecto a la autoridad e inmunidad de los jueces frente al accionar dictatorial del gobierno. Unos 130 ex jueces han presentado un escrito ante el tribunal que trata el caso de la jueza Dugan, reclamando se retiren los cargos, argumentando que los jueces tienen inmunidad respecto a sus tareas y que su arresto socava “siglos de precedentes sobre inmunidad judicial” (CBS, 30/5). El escrito afirma que estas detenciones en los juzgados constituyen una “extralimitación atroz por parte del poder ejecutivo” que “amenaza la confianza pública en el sistema judicial y la capacidad del público de recurrir a los juzgados sin temor a represalias” (ídem). Los ex jueces señalan además que la persecución contra Dugan es un apriete contra los tribunales: “Permitir el procesamiento del juez Dugan por las presuntas acciones crearía un efecto paralizador en los jueces que sofocaría la toma de decisiones independiente y pondría en duda el reconocimiento universal de que los jueces están a cargo de mantener el orden y el decoro en sus salas y juzgados”. Es en este contexto de ataque a los jueces, que ya no se limita a las redes sociales o las declaraciones presidenciales sino que ha pasado a las detenciones y los juicios, que la Suprema Corte da carta blanca al régimen trumpista para avasallar la legalidad. 

 Rafael Fernández
 02/06/2025

Elecciones judiciales en México


Por primera vez en México se realizaron elecciones para elegir a miembros del Poder Judicial. 

Se presentaron 7.700 candidatos para elegir 2.600 cargos judiciales, entre ellos, 881 jueces federales, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, cinco integrantes del Tribunal Disciplinario, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y los magistrados de tribunales electorales. Los resultados se conocerán en los próximos días, pero fue significativa la poca concurrencia a votar -un 20%- a pesar de que la imagen positiva de la presidenta Sheinbaum se mantiene muy alta. 
 Las elecciones, iniciativa del partido oficialista Morena, buscan, según ellos, democratizar al Poder Judicial y limpiarlo de los vínculos con la corrupción y el narcotráfico. Una de las razones que explican la poca concurrencia fue la complejidad de la elección y el desconocimiento de los candidatos. Estos podían ser propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, dato que figuraba en las boletas. La otra razón es que hubo una gran campaña de la derecha llamando a boicotear las elecciones, con el argumento de que las mismas le quitan independencia al Poder Judicial y lo hacen más permeable al crimen organizado. Las Naciones Unidas y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos también se pronunciaron en contra. La oposición -incluidos empresarios y el expresidente Vicente Fox Quesada- convocaron a participar en la manifestación denominada ‘domingo negro’ o ‘Marcha por la libertad’, instando a no participar de los comicios que en México no son obligatorios.
 La penetración del narcotráfico en los tres poderes del Estado mexicano es una realidad contra la cual Manuel López Obrador (AMLO) -anterior presidente y también líder del Morena- poco avanzó. El crimen organizado no mermó en ninguna de sus variantes. La desaparición de personas continúa con ritmo sostenido. De enero a marzo se documentaron 104 actos de violencia política en el país, incluidos 50 asesinatos. Las víctimas se pueden encontrar en todo el arco político, aunque priman en Morena. Hace menos de 15 días fueron asesinados por un sicario Ximena Guzmán y José Muñoz —secretaria particular y asesor de gobierno de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada— en pleno D.F. La primera causa de muerte entre jóvenes sigue siendo los homicidios dolosos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. 
 Después de seis años de gobierno, AMLO no desmanteló a las fuerzas represivas -que dependen directamente del Ejecutivo- penetradas hasta el tuétano y subordinadas a los cárteles, sino que también perpetuó la injerencia del Ejército en la seguridad interior creando otra fuerza, la Guardia Nacional, que desde 2024 depende de la Secretaría de Defensa y está al servicio de las Fuerzas Armadas. Sin ir más lejos, este fin de semana, pertrechada con armas largas, la Guardia Nacional procedió al desalojo de un recital de Fermín Muguruza, cuando ya estaba en medio de la función con el auditorio lleno, sin ningún hecho que ameritara el uso de la violencia. El jueves pasado, en Guerrero, la GN reprimió a maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación. Los docentes están en huelga desde hace 15 días en todo el país pidiendo un 100% de aumento salarial y la eliminación del sistema privado de capitalización previsional y su reemplazo por el sistema de reparto, promesa incumplida de AMLO. 
 Menos aún podrá hacer Sheinbaum con el Poder Judicial, porque a lo que aspira con la iniciativa es a poder penetrar en el único poder del Estado a nivel nacional que no controla. La elección de los jueces, puesta al servicio de ampliar la influencia del oficialismo, sin ningún atisbo de desmantelar los vínculos con el narcotráfico, solo pueden llevar a otra experiencia fallida. 

 Aldana González 
 03/06/2025

Cuesta abajo en la rodada, CFK divide al peronismo y enfrenta una condena de la Corte y el veto de Donald Trump


“Al llano” como Horacio Rodríguez Larreta

. La postulación de Cristina Kirchner a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires ha sido recibida como una novedad cuando se trata de una decisión que se hizo pública hace bastante tiempo atrás. Ella misma ha explicado lo que es obvio: que la elección provincial, al menos en varios de los distritos en que ha sido desdoblada, anticipará el resultado de la elección nacional. De modo que no extraña que no haya elegido saltarse la primea para ir directo a la segunda. Lo singular del caso es que ‘madrugó’ a Axel Kicillof, al que colocó ante la responsabilidad de oficializar una ruptura. La ex-presi-vice, de todos modos, no adelantó la composición de su lista, lo que la pone dispuesta a la unidad, por ficticia y efímera que sea. No se trata, sin embargo, de una empresa fácil, porque la mayoría de los intendentes que buscan su reelección a perpetuidad tienen acorralado al Gobernador con el reclamo de candidatos propios –más precisamente en la tercera sección, donde son una amplia mayoría. Cristina Kirchner seguramente llamó a Gustavo Sylvestre para obtener una entrevista complaciente y autorreferencial sobre su candidatura, luego de que escuchó el domingo previo el discurso de Kicillof ante una numerosa platea calificada de “cheta”; ella había reunido a escasos seguidores, 24 horas antes, en los alrededores de la Villa 31. CFK hace valer la condición de presidenta del PJ nacional y la de su hijo, Máximo, titular del bonaerense.
 El peronismo en general y el bonaerense en particular se encuentra amenazado de una suerte de extinción, en primer lugar, por el ausentismo o la abstención electoral. La tendencia es fuerte en el Conurbano, de acuerdo a lo que cuentan activistas o punteros, por ejemplo, del desaparecido Movimiento Evita. CFK dejó ver esta preocupación en su monólogo con Sylvestre cuando dijo que bajo su gobierno con Alberto Fernández el “trabajo registrado” cayó por debajo de los niveles de pobreza –“por primera vez bajo un gobierno peronista”. La “doctora”, como la llama el menemista Asís, juega con la estadística, porque un “registrado” que es despedido cae más o menos rápido de nivel social con su pasaje a “changuista” o “informal”, y deja de contar como “registrado”. Los gobiernos peronistas de la “abundancia” duraron poco tiempo, entre 1946 y 1951, y su subvariante kirchnerista entre 2005 y 2008. Como consecuencia del derrumbe de los “derechos" bajo el gobierno de los Fernández, mientras crecía “la necesidad”, el peronismo perdió su dibujada imagen histórica y enfrenta un siniestro callejón sin salida. Algunas encuestas que anuncian una derrota de la UxP en el Conurbano y en la Provincia, pero ganadora en la sección tercera, podrían simplemente estar equivocadas, cuando además no se sabe si irá unido, fraccionado o recontrafraccionado. Aunque es temprano hacer previsiones para septiembre, si el cuadro social y de luchas que se desarrolla en la actualidad se extiende o profundiza en el tiempo, la abstención podría alcanzar niveles desconocidos. Los liberticidas festejarían a lo Pirro, mientras la salida de capitales (dos mil millones de dólares sólo en abril) y el vacío electoral se encargarían de crear una crisis completa de régimen político. 
 Cristina Fernández ha comparado su "regreso al llano” con la candidatura de Jorge Capitanich a la Intendencia de Resistencia luego de haber sido gobernador de Chaco. Es, sin embargo, un relato infiel, porque Capitanich fue ‘bajado’ a la elección de la capital provincial por un rival interno, Domingo Peppo, que se consagró gobernador en 2015. Hace un par de semanas, el Coqui perdió ante un candidato radical, Zdero, apoyado por escasos coetáneos liberticidas reunidos por Karina Milei. Pero CFK no tiene necesidad de ir tan lejos en la geografía y en el tiempo para reivindicar su decisión. Horacio Rodríguez Larreta recibió un magro 8% de los votos emitidos (4% del padrón) como candidato a la Legislatura porteña, luego de haber llegado a la Jefatura de Gobierno con más del 50 por ciento. Denunciando el olor a pis en CABA y con el apoyo del capital inmobiliario, busca desde ese recinto disputar por el retorno a la Intendencia dentro de dos años. CFK podría poner el mismo esmero en la Legislatura bonaerense para intentar un retorno a la Rosada. Después de todo, Donald Trump logró volver a la Casa Blanca luego de haber impulsado un golpe de Estado contra el Capitolio, con intentos de asesinatos incluidos, mediante una turba fascista, y Messías Bolsonaro quiere conseguir eso mismo luego de un asalto fascista al Planalto. La política mundial se mueve entre genocidios, hambrunas organizadas y una guerra internacional apuntalada por una guerra comercial, económica y financiera mundial, sin precedentes. 
 Los 80 minutos que le brindó el canal ‘que sólo dice la verdad’, sirvieron a la doble ex para enviar un mensaje “constitucional” que no podría desagradecer un liberticida con las botas puestas. Volvió sobre la conveniencia de que la renovación parlamentaria se haga cada cuatro años; hacerlo cada dos, explica, promueve la inestabilidad –no sería un tiempo suficiente para mostrar ‘las realizaciones’. De modo que la teórica del bimonetarismo atribuye la crisis al voto, y no a las contradicciones de la organización capitalista (como ocurre en todos los y las Estados y naciones) –históricamente en decadencia. La propuesta nacional y popular de la candidata a legisladora tiene lugar bajo un gobierno ultrareaccionario y ultraderechista, que gobierna por decreto (incluso en blanco, como ocurrió en el caso del FMI, recientemente). Milei y Caputo atribuyen a las elecciones de octubre próximo, de medio término, la ‘propensión’ de los capitales a formar “activos en dólares” (fuga) o a extorsionar en las licitaciones de deudas en pesos (mayores tasas de interés y plazos de vencimiento más cortos), o endeudarse por medio de obligaciones comerciales en divisas extranjeras para poder sacar del país los dólares para pagar intereses, dividendos y utilidades a las casas matrices. ¿O acaso la candidata interpreta que la tendencia a la abstención obedece a la molestia de trasladarse a los locales de votación y no un repudio a ‘tutti quanti'? Entre los mayores derechos para los ciudadanos que imponen las necesidades populares se encuentra el de votar con mayor frecuencia y en todos lados, para directores de empresas estatales, para fiscales, jueces y supremos, para directores de escuela, para refrendar el Presupuesto nacional, para las Fuerzas Armadas (reorganizadas sobre otras bases), o para elegir “defensores del pueblo” que rindan cuentas de las investigaciones sobre la contabilidad real de las grandes empresas privadas. En Argentina, los ministros son designados con exclusividad por el Poder Ejecutivo y encima no concurren al Congreso cuando se los cita. Con el voto popular, ajustado a cada una de las instancias, no tendríamos a Argentina en calidad de socia política del criminal de guerra Benjamín Netnyahu, su gabinete y su alto mando militar. En el último año y medio la ex presi y vice de los “derechos humanos” ha evitado abrir la boca sobre Gaza y Palestina. 
 Cristina Kirchner enfrenta, sin embargo, un obstáculo insalvable: el triunvirato de la Corte Suprema. CFK lanza su candidatura cuando desde todas las sedes de las grandes empresas se reclama públicamente su inhabilitación política (la “ficha limpia”) –y por sobre todo desde la diplomacia norteamericana, desde Claver-Carone, enviado de EE.UU. para América Latina, y Marco Rubio, secretario de Estado. CFK tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por “corrupción institucional”, a diferencia de Milei que es bienvenido por la estafa $Libra. La disputa por “Cristina” es un cruce de Trump y el imperialismo norteamericano contra China y el bloque de los BRICS, con quien se ha alineado la doble ex. La Corte enfrenta el dilema de proscribirla, mediante la validación de la doble condena contra CFK por la causa Vialidad, o proceder a una complicidad por omisión. Harvard no es La Matanza, pero la guerra mundial ha llegado a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Moco de pavo. Kicillof se ha curado en salud denunciando por anticipado una proscripción que abre un abanico de especulaciones alternativas. Es una situación que se ha hecho presente en otros escenarios: una condena, considerada excesiva, contra Marie Le Pen, la derechista francesa, y la anulación de las elecciones en Rumania, ganadas por amplio margen por un supuesto aliado de Putin, el presidente de Rusia. El asalto a los mercados de La Salada es una evidencia de que no hay que minimizar el alcance de la influencia de la ultraderecha gobernante de Estados Unidos, que ha venido presionando por esa clausura con el pretexto del respeto a la propiedad intelectual de las mercancías. Como sea, el peronismo corre el riesgo de sufrir la madre de todas las derrotas en los suburbios que convocaron al 17 de Octubre de 1945. 
 Como se advierte, las elecciones en la tercera exceden a una seccional. Es una elección que introduce, sin interrupción, a la elección nacional de Octubre. A esa altura del año se sabrá si habrá una reedición del 19 y 20 de Diciembre. Esta doble elección no demorará en desencadenar una guerra mediática y de otro orden, mientras las luchas populares se extienden, desde los metalúrgicos de Tierra del Fuego, a los docentes de Catamarca y los yerbateros de Misiones, con los jubilados y los trabajadores del Garrahan peleando a brazo partido para derrotar a los saqueadores. 

 Jorge Altamira 
 03/06/2025

El Garrahan, la cara visible de un cambio de tendencia


La lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan ha despertado diferentes reacciones. No faltaron las exhortaciones a defender la “atención pediátrica de excelencia”, como si esa atención no hubiera sido largamente vulnerada, en el propio Garrahan y en todos los hospitales, al cabo de décadas de vaciamiento presupuestario, privatización periférica y desinversión. Sólo los trabajadores de la salud lucharon contra esa tendencia destructiva y por medio de huelgas extraordinarias -como la que tuvo lugar en el propio Garrahan en 2005. Más recientemente, en 2024, el Hospital protagonizó un reguero de huelgas por el salario. 
 En cambio, algunos 'observadores' colocaron otra alerta: advierten sobre un cambio de tendencia en el movimiento de las masas. Apenas unos días atrás, una movilización de delegados de numerosas líneas de colectivos se dirigió a la sede de la UTA, a repudiar un acuerdo salarial que dejaba sus salarios básicos por debajo de la pobreza. Lo mismo ocurría con los maestros de la provincia de Buenos Aires, que se sirvieron de un paro decretado por la FEB para rechazar masivamente otro acuerdo salarial ruinoso -esta vez, entre el “nac y pop” Kicillof y Baradel. En Catamarca, 20.000 maestros y estudiantes autoconvocados derrotaban la tentativa del gobernador Jalil de implementar una reforma educativa reaccionaria, ya ¨consensuada¨ con la burocracia sindical docente. Mientras tanto, los profesionales en discapacidad salían a las calles para denunciar el colapso de un sistema de tercerización de prestaciones en estado de fundición. Hasta los actores, que suelen sintonizar el ánimo popular, protagonizaron su propio piquete contra el cierre del Instituto Nacional del Teatro. En La Salada, la tentativa de dejar en la calle a miles de feriantes, en protección de un puñado de marcas extranjeras, desató una rebelión en Puente La Noria. 
 No se trata solamente de movilizaciones o paros. Su denominador común es haberse levantado contra el bloqueo de las burocracias tradicionales, y, en algún caso, también de la 'izquierda'. En el Garrahan, los residentes lograron un recule del gobierno con la huelga indefinida. Luego, una votación reñida de la asamblea de trabajadores del Hospital estuvo cerca de rechazar la conciliación obligatoria oficial. Los delegados de los colectivos, por su propia iniciativa, convirtieron a su último paro en una huelga activa, con piquetes y cortes donde se reclamaba la huelga por tiempo indeterminado hasta arrancar el salario de 2.500.000 pesos. Es el mismo salario que reclaman los residentes.
 La ruta de la reacción obrera se levanta contra la miseria salarial oficial. Pero también contra la férrea colaboración de la burocracia sindical con la política de cepo al salario y liquidación del derecho laboral. Entre renuncias y retiros -Pablo Moyano, Daer- la CGT ha desaparecido del escenario político. Presentó un amparo en la Justicia para defender un derecho que no ejerce -el derecho a huelga. Antes que el magistrado suspenda el reaccionario decreto oficial, los residentes y trabajadores de la Salud se habían encargado de convertirlo en una hoja al viento. 


 Impasse por “arriba”

 Los opinólogos semioficialistas le advierten al gobierno: que la “estabilidad económica” no sea empañada por la “inquietud social”. Uno de los mayores sostenedores de Milei-Caputo, Ricardo Arriazu, se sumó a las alarmas: estudien la economía, pero también la “sociología”, dice el ex asesor de Martínez de Hoz-Videla y Menem-Cavallo. Lo que no perciben estos ´estudiosos´ es que la olla a presión por abajo se alimenta al mismo tiempo de un impasse que crece por arriba y en las vacilaciones políticas que genera. El supuesto “equilibrio” macroeconómico que saludan los ‘economochantas’ es un fraude: el préstamo del FMI no ha servido más que para financiar una monumental salida de capitales -importaciones, turismo, intereses de deuda pública y privada. La tentativa de acumular reservas con emisión de deuda ha terminado en un papelón financiero, pues el gobierno consiguió 1000 millones de dólares a costa de pagar tasas propias de un país en default. A pesar de los elogios de Trump y Georgieva, el capital internacional ha dejado a la Argentina en compás de espera, al menos, hasta las elecciones de octubre. Lo mismo vale para los dólares del “colchón”. Este impasse económico lo pagan los de abajo, pues la recesión se prolonga, las suspensiones y despidos siguen a la orden del día, la caída del consumo popular no cesa y la “baja” inflación resulta gigantesca para salarios y jubilaciones virtualmente congelados. Las horas extras y las changas marchan en retirada -con excepción del Uber, que se ha convertido en la changa preferida de obreros industriales, maestros y hasta profesores universitarios. 

 Elecciones

 Este escenario social explosivo tiene lugar en las vísperas de las elecciones nacionales y cuando ya han transcurrido varios comicios en las provincias. El protagonista de estos turnos electorales ha sido el ausentismo, que ha golpeado por sobre todas las cosas a una oposición perdedora -el pejotakirchnerismo y “la izquierda nacional y popular”. El fastidio popular le dio las espaldas a los que colaboraron con el gobierno liberticida desde el Congreso Nacional y las gobernaciones, trasladando a los trabajadores de las provincias el ajuste de Milei-Caputo. Naturalmente, la abstención es expresión de otro impasse político, en este caso, del movimiento de las masas. Pero es la que empieza a ´descongelarse' con las luchas del Garrahan, Catamarca, los choferes y tantos otros. Es necesario abonar este cambio de tendencia, por un lado, desarrollando activamente las autoconvocatorias y coordinadoras, huelgas y movilizaciones; por el otro, desenvolviendo ante los luchadores las implicancias políticas de su lucha, en medio de un escenario nacional y mundial surcado por crisis políticas y financieras y guerras imperialistas. Vamos a la campaña electoral en medio de este escenario político excepcional. 

 Marcelo Ramal 
 03/06/2025

Resiliencia y Revolución: Ser Mujer en la Cuba Bloqueada

Raúl Castro: Una vida dedicada a la Revolución y a Cuba

lunes, junio 02, 2025

Hipotecas macro y microeconómicas: aumenta el endeudamiento familiar para comer


La realidad de la economía “liberticida” de Milei y Caputo. 

 Las familias trabajadoras de la Argentina tienen que endeudarse cada vez más para comprar alimentos, según lo indican sin atenuantes una serie de recientes informes estadísticos. 
 En primer lugar, el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) informa que según un relevamiento hecho durante mayo de 2025 en las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 91% de las familias argentinas se encuentra endeudada y al menos el 65% de ellas posee entre 2-3 deudas en simultáneo. Luego, que el 58% de estas deudas contraídas con tarjetas de crédito se destina específicamente a la compra de alimentos, reflejando que en la Argentina “libertaria” de Milei y Caputo no se puede comer sin endeudarse. Una parte considerable de estas deudas (el 73%) se originó en 2024, luego de la brutal devaluación de diciembre del 2023.
 Siguiendo este informe, las tarjetas de crédito se destacan como el principal instrumento de financiación, representando el 30.5% del total de la deuda de los hogares, un aumento de casi 5 puntos porcentuales respecto a 2024. Otras categorías significativas incluyen servicios privados (10.5%), “fiado” en comercios (8.8%), impuestos, tasas y expensas (8.5%), préstamos de familiares/amigos (8.4%) y alquiler (8%). De nuevo, como la plata no alcanza a fin de mes, se deben hipotecar en forma creciente distintos consumos. 
 Otro informe de la consultora EcoGo basada en datos del Banco Central afirma que este año el crédito tomado por los hogares alcanzó el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), siendo el nivel más alto registrado desde el 2018, y que los hogares tienen una deuda equivalente a entre 20% y 30% de sus ingresos mensuales, con una tendencia creciente. 
 Este crecimiento del endeudamiento proviene de los créditos otorgados por la proliferación de billeteras virtuales - “plataformas fintech” encabezadas por Mercado Pago-, que se suman como opción a la tarjeta de crédito o préstamos bancarios por la facilidad en que se puede solicitar un préstamo. Su contracara menos comentada son sus considerables costos financieros porque las tasas son superiores a la de los bancos. Efectivamente, según los informes, quienes recurren a estos créditos son quienes integran la llamada “economía informal” es decir, laburantes no registrados, cuentapropistas, monotributistas, etc. A este nuevo proceso de confiscación de los ingresos –mayores costos financieros ante el cuadro de precariedad laboral- se lo quiere presentar como una “inclusión financiera”. En muchos casos, el endeudamiento que se toma por estos medios es para hacer frente a otras deudas con entidades bancarias, lo cual se denomina “endeudamiento circular”. Se expande así un ciclo peligroso de endeudamiento de las finanzas personales.
 Al respecto, los informes reflejan precisamente el crecimiento en la mora de los pagos de los créditos. Se estima que un 76% de las deudas se encuentran en situación de impago, sea en mora simple o judicial. Una gran mayoría, el 56% de los hogares, tiene que destinar entre el 40% y el 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Según la consultora Empiria, se registra una disminución de los gastos fijos en el consumo de las familias como el transporte, cuyo gasto bajó 1,5% en términos reales, la energía (electricidad y gas) con una retracción de 2,3% y el agua, con una caída de 2,6%. En el primer trimestre de este año el ingreso disponible de los hogares cayó 1,3% con respecto al último trimestre de 2024. Según el INDEC, la pérdida de los ingresos del mes de marzo explica la caída de la actividad que se retrajo 1,8% con respecto a febrero. Pero como los servicios básicos solo pueden disminuirse hasta un cierto umbral, la única salida que queda es recurrir a la deuda. 
 Este cuadro es un indicador incontrastable del empobrecimiento generalizado del plan económico del gobierno de Milei, que se está enmascarando con la llamada “expansión del crédito”, un verdadero espejismo financiero porque no es un síntoma de expansión de inversiones, ni siquiera del consumo. Mientras los trabajadores hipotecan su futuro, Milei-Caputo fomentan las criptoestafas, la especulación financiera y ofrecen tasas de intereses siderales a los usureros locales e internacionales. 

 Emiliano Fabris 
 02/06/2025

La lucha del Garrahan, punta de lanza de los trabajadores en su conjunto


El gobierno liberticida de Javier Milei viene profundizando la crisis del sistema sanitario, dejándolo en una situación terminal. La falta de inversión afecta directamente no sólo a los salarios, sino también a la calidad de atención que reciben los trabajadores y sus hijos. 
 La política sanitaria de ´achique´, no solo afecta la falta de calidad de atención de salud sino que vulnera derechos básicos como el derecho a una vida digna. 
 Más allá de las desigualdades históricas, la atención en salud en nuestro país fue siempre considerada ejemplar en toda la región, y reconocida globalmente, no sólo por la universalidad del sistema sino por la calidad del recurso humano. Desde el arribo del gobierno liberticida, el deterioro del sistema alcanzó, niveles alarmantes. El abandono, la desinversión y el desvío de fondos, están asociados a un proyecto de desmantelamiento del sistema sanitario público, en beneficio del capital privado

Ataque a las infancias: con los chicos no 

 Durante el transcurso de este año el gobierno ha mostrado su cara más salvaje, su desprecio a todos los derechos de la clase trabajadora, en particular los de salud, los de las mujeres y los de las infancias.
 Desmanteló el Plan ENIA, el programa nacional para prevenir el embarazo no intencional en adolescentes; profundizó los despidos y cierres de programas en Niñez, desmanteló el ministerio de la Mujer, mantiene acéfala la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
 Otro hecho intolerable es el vaciamiento y persecución que se está dando en el hospital Garrahan, único centro de referencia pediátrica para Latinoamérica. Si bien el gobierno señala la pérdida económica que supone el mantenimiento del hospital en las condiciones en las que se encuentra, es de mencionar que, desde el año 2017, se vienen haciendo recortes de personal cuando la facturación se vio incrementada, permitiendo lo que las autoridades del hospital llaman “un equilibrio”. Los trabajadores denuncian el congelamiento de los salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral. No es casual que, desde diciembre de 2023, los trabajadores del Garrahan vengan realizando medidas de fuerza, contabilizando a la fecha diez paros. 
 Más allá de estos recortes y todo lo mencionado, en el Garrahan se reciben 600.000 consultas por año y se realizan 10.000 cirugías. Según el Instituto de Lucha contra el Cáncer, entre 2000 y 2015, aumentó la tasa de sobrevida en niños con enfermedades terminales; y entre 2015 y 2020, se sostuvieron los guarismos a pesar de la pandemia. Estos datos los compartieron los mismos trabajadores. En cambio, se ha incrementado el tiempo de espera para la atención de pacientes crónicos, pasando de 4 a 8 meses. Los trabajadores mencionaron también la falta de instrumentos de trabajo. Por ejemplo, en el hospital existen sóloi dos tensiómetros especiales para medir datos necesarios en los niños y adolescentes trasplantados. Este y otros materiales faltantes son indispensables para los diagnósticos y seguimientos en patologías gravísimas. 
 El 60 por ciento de la población asistida del hospital tiene obra social o prepaga, dando por tierra el discurso del gobierno libertario de que el problema es el ´equilibrio fiscal´. No es que que no hay plata o que no alcance: esto es un plan sistemático contra a las familias trabajadoras y sus hijos. 
 Pero los trabajadores en pie de lucha iluminan el camino para combatir a un gobierno enemigo de los logros históricos de la clase obrera argentina, conquistados con la organización y la lucha. 
 La falta de inversión en el sistema sanitario que paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor es un manotazo de ahogado que tiene como objetivo ´honrar´ las acreencias del capital financiero.
 Por un nuevo régimen social donde el acceso a la salud y la vida digna sean una prioridad. 

 Silvia Allocati 
 02/06/2025

Milei firma el decreto contra los migrantes


Trump el pequeño. 

 El gobierno dio curso al decreto que oficializa la reforma migratoria en el país, publicado el día jueves en el Boletín Oficial con el número 366/2025 y la firma del presidente Javier Milei. Este endurecimiento en casi todos los ítems modifica el acceso a la salud, la educación y libertades civiles básicas para los extranjeros y migrantes. Con esta reforma, todo inmigrante con alguna condena será expulsado, toda entrada por paso ilegal implicará la expulsión, se cobrará el servicio de salud y también la educación. En este sentido, salvo emergencias “se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”. Para entrar al país “deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso y que cuentan con un seguro de salud”, consagrando un impedimento para acceder a la salud pública a todos los no residentes. La categoría de residencia precaria tendrá 90 días de validez y puede ser revocada unilateralmente por migraciones. Aclara que el mayor rigor no violará el ‘principio de reunificación familiar’ que pueda afectar una cancelación de residencia o impedimento de ingreso, un agregado incorporado bajo premisa de la Iglesia. Una definición difícil de respetar ante una deportación y que puede llevar a disputas, prorroga de plazos o una judicialización. 
 En el decreto se improvisan definiciones que no tienen respaldo o consenso entre los especialistas. El DNU pone como antecedente la Ley de Migraciones del kirchnerismo votada en el 2003 que “regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas en el país”. Según el gobierno, la actual jurisprudencia es laxa ya que “reconoce numerosos derechos a quienes hubieren ingresado o permanecido de forma irregular en el territorio nacional” y que las diferentes categorías de residencia “no tienen relevancia en lo que refiere al acceso a la salud y a la educación entre otros derechos”. Para Milei, reconocer derechos elementales a una población en tránsito sería un vicio jurídico. Los libertarios quieren reescribir el derecho migratorio y el derecho internacional. 
 Seguido a esto, Milei ensaya otro exabrupto sin respaldo al “desalentar el ‘turismo de natalidad’ una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente”. El delirante planteo ultrarreaccionario deduce que los padres planificarían un embarazo con el fin de obtener los “beneficios” de vivir en Argentina permanentemente, un país con uno de los índices de pobreza más alto de Latinoamérica. Un planteo que va de la mano de los “tours sanitarios” que ya sugirió Manuel Adorni.

 Primeras repercusiones 

El antecedente de este ataque a los migrantes fue el agite derechista del propio Ministerio de Capital Humano en ocasión de la movilización de organizaciones de desocupados en diciembre del 2023, en donde anunció que se retiraría cualquier beneficio o plan social al que salga a luchar y que para los extranjeros esto podría llevar a la deportación, bajo título de “el que corta no cobra”. Desde ahí en adelante, los episodios de violencia y represión policial en barrios populares son cada vez más habituales. El más reciente fue en la localidad de Quilmes, donde un niño fue seriamente herido mientras se encontraba en un comedor del Polo Obrero. Poco antes en Bajo Flores un vecino y compañero del Polo Tendencia casi pierde un ojo en plena calle en un allanamiento descontrolado. El día de ayer fueron reprimidos los vecinos de la Villa 1-11-14 que protestaron en la Av. Perito Moreno ante la falta de luz. 
 Esto muestra una política de conjunto desde Kicillof a Milei-Bullrich, pasando por los gobernadores de las provincias norteñas, en un ataque con foco en los barrios donde viven en mayor número los migrantes de países limítrofes. 
 A pesar de esta campaña, en medios como Clarín volcaron la realidad migratoria del país, en contraste con los mitos y elucubraciones xenófobas de los liberticidas. En Argentina los extranjeros son el 4,2 %, el INDEC en sus últimas publicaciones viene mostrando una caída en número y un viraje en procedencia. En el censo 2010 los inmigrantes fueron unos 2 millones de los 46 millones totales, casi repitiendo la cifra del censo del 2001 y cayendo un 0,2 %. 
 El cambio en la última década fue la llegada de migrantes desde Venezuela, siendo el tercer país en cantidad detrás de Paraguay y Bolivia. Del total de 1.947.862 extranjeros censados el 27 % son paraguayos, los primeros, aunque en caída del 3 %. Segundo los procedentes de Bolivia en un 17 % y luego los venezolanos en un 8,4 %, unos 163.000 en su mayoría jóvenes de menos de 30 años. Del total de extranjeros la mitad se encuentra en la provincia de Buenos Aires y el 22 % en la ciudad de Buenos Aires. 
 En 2023 los migrantes que hicieron la ciudadanía fueron 188.162, en el 2024 cayeron a 156.791 y hasta abril de este año solo fueron 52.010. Los números indican lo contrario a la crisis migratoria que deforma Milei.

 Leonardo Perna
 01/06/2025

domingo, junio 01, 2025

El asesinato de Neruda


Un reciente informe forense detectó agentes tóxicos en el cuerpo de Pablo Neruda, lo que refuerza la hipótesis sostenida por la familia del poeta, el Partido Comunista de Chile y varios peritos internacionales que apuntan al régimen de Augusto Pinochet por la muerte por envenenamiento del Premio Nobel de Literatura 1971. 

 Se conoció un nuevo informe forense que da cuenta de la detección de agentes tóxicos en el cuerpo de Pablo Neruda, lo que refuerza la hipótesis sostenida durante varios años por la familia del poeta, el Partido Comunista de Chile (PCCh) y varios peritos internacionales que apuntan al régimen de Augusto Pinochet por el asesinato por envenenamiento del Premio Nobel de Literatura 1971, hecho que fue perpetrado a pocos días del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. 
 Cabe recordar que aunque el caso había sido cerrado, oportunamente la Corte de Apelaciones ordenó su reapertura, lo que habilitó que se lleven adelante diferentes pericias para las que se emplearon técnicas que aún no estaban disponibles durante las últimas décadas del siglo pasado. Así las cosas y en el contexto de las investigaciones ordenadas por el juzgado interviniente, quedó establecido que los restos mortales de Neruda presentan “una concentración inusual de agentes tóxicos”, algo que llevó a que el propio gobierno chileno, por medio de su ministro de Justicia Jaime Gajardo, reconociera que pese a que “todavía no se pueden esclarecer” las circunstancias exactas del fallecimiento del dirigente del PCCh, existe una posibilidad seria de que “no muriera por causas naturales”. Y, en este sentido, hizo hincapié en que resulta “fundamental que logremos saber realmente qué fue lo que pasó”. 
 Desde que en febrero de 2024 el Poder Judicial de Chile decidiera reabrir la investigación para determinar si Neruda murió por el cáncer de próstata que padecía o si fue asesinado por la dictadura, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó que se reabra el caso y que se realicen siete diligencias que “podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos”. Entre ellas aparece un peritaje caligráfico del certificado de defunción, la revisión de las conclusiones del panel internacional de expertos de las universidades de McMaster y Copenhague, y el interrogatorio al médico y ex oficial del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, que durante 2021 fue condenado por su responsabilidad penal en el asesinato del locutor y militante del PCCh Archivaldo Morales.

 Nuestra Propuesta, 1/05/2025

La bota de Trump y la presión por las patentes farmacéuticas en Argentina


¿Por qué vino el secretario de Salud de Trump a reunirse con Milei?

 La visita a la Argentina del secretario de Salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr., para reunirse con Milei, forma parte de la agenda de presiones del imperialismo yanqui y de los problemas que plantea la subordinación completa del gobierno argentino. Si bien lo que más trascendió es la imitación criolla de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, entre los temas principales por los que vino a apretar está el de las patentes y la propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Un negocio multimillonario en el que tienen puesto el ojo los pulpos estadounidenses. 
 El funcionario se suma así a otros que visitaron Argentina en las últimas semanas, como el secretario del Tesoro Scott Bessent y el jefe del Comando Sur Alvin Holsey, lo cual fue destacado por los medios de comunicación como importantes muestras de respaldo a Milei por parte del tío del norte. Pero decir que es un apoyo equivale a contar la mitad de la verdad: lo cierto es Trump se cobra caro el acuerdo con el FMI y en medio de las negociaciones abiertas por los aranceles uno de los puntos de presión es abrir el mercado farmacéutico argentino. 
 Tanto es así que incluso el extenso documento del gobierno norteamericano sobre aranceles recíprocos entre los Estados, que los funcionarios "libertarios" negocian bajo un acuerdo de confidencialidad, cuestiona que en los sectores farmacéutico y agroquímico "el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina", algo que catalogan como favorable a un "uso comercial desleal". 
 En concreto, el emisario yanqui presionó por la derogación de tres resoluciones de 2012 que modificaron la ley de patentes, la cual fue sancionada durante el gobierno de Menem bajo idéntica presión del entonces embajador de Estados Unidos Terence Todman. Esa norma de los '90 otorgaba los derechos de una licencia de fabricación exclusiva durante 20 años. Las resoluciones posteriores restringieron el otorgamiento de patentes a laboratorios extranjeros, por lo que permite a las farmacéuticas locales fabricar y vender medicamentos sin pagarles derechos de propiedad intelectual o regalías. 
 Es una pulseada millonaria en la que confrontan multinacionales nucleadas en Caeme (Pfizer, Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer) y laboratorios nacionales agrupados en Cilfa (Roemmers, Elea Phoenix, Bagó, Richmond, Andrómaco). La disputa viene de arrastre, al punto que los medios reseñan una división en el elenco gobernante, con el ministro de salud Lugones jugando para los pulpos locales y Sutirzenegger para los gigantes de afuera; eso estaría trabando la salida de un decreto para congraciarse con las exigencias norteamericanas. 
 Es una tesis verosímil si atendemos que el propio gobierno dio marcha atrás con la medida contemplada en el megadecreto 70/23 que establecía la denominación genérica de medicamentos en las recetas, y terminó habilitando la "sugerencia de un nombre o marca comercial". De hecho, en la Argentina solo existe un mercado farmacéutico de productos de marca.
 La presión revela que la visita no tenía nada que ver con asuntos sanitarios sino simplemente de negocios. Al momento de su designación, Kennedy Jr. (hijo de un exsenador y sobrino del expresidente John F. Kennedy) fue criticado en su país por ser un activista antivacunas, recordado por oponerse a la inyección contra el sarampión en Samoa y vincular el autismo con vacunas infantiles. En su paso por Argentina reprendió el uso de ciertas vacunas contra el Covid-19 alegando la falta de etapas de prueba, podemos imaginar con el único fin de blindar un mercado para Pfizer, Moderna y otras firmas norteamericanas. 
 La pandemia de coronavirus es justamente un buen ejemplo de cómo las patentes que dan a los laboratorios derechos exclusivos para fabricar y comercializar productos farmacéuticos son antagónicas con las necesidades sociales de salubridad. Grandes multinacionales facturaron miles de millones de dólares con una producción restringida a sus capacidades y a los precios que pagaban los Estados por ellas, cuando en última instancia se apropian de la labor de científicos y trabajadores en universidades y centros de investigación financiados por los Estados. 
 El viaje de la comitiva de Trump se inscribe en la guerra comercial. Incluso la principal asociación empresaria del sector, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, declaró que "para reducir costos para los estadounidenses debemos abordar los motivos reales de los precios elevados: otros países no pagan su parte". El tema está en la agenda del mandatario derechista, en el marco de un intento por evitar un salto inflacionario en productos de consumo masivo. Según la consultora Iqvia, Estados Unidos es el principal mercado farmacéutico del mundo con una participación superior al 50%. 
 Que los funcionarios de Milei presenten esto como una tema de salud pública es realmente otra de sus estafas. No solo porque tiene como telón de fondo un jugoso negocio por el que se frotan las manos un puñado de multinacionales, sino porque son justamente los responsables del mayor desquicio sanitario ocasionado por las propias farmacéuticas. A fin de año Estados Unidos demandó a la mayor cadena de farmacias del país, CVS, por violar la legislación y favorecer la venta de opioides; mismo tema por el que en enero el laboratorio Purdue Pharma fue condenado a pagar nada menos que 7.400 millones a sus demandantes; y en abril otro fallo conminó a farmacéutica Mylan a pagar 355 millones de dólares. Nada de chiquitas.
 En definitiva, la apertura comercial a merced de los pulpos imperialistas no va a tener beneficio alguno para la población, y sí mayores riesgos sanitarios simplemente para congraciarse con Trump. Si es verdad que hoy los medicamentos y tratamientos médicos escapan cada vez más a lo que puede costear un laburante, más cuando se ajusta en salud pública y se recortan las coberturas de Pami a los jubilados, la única salida es una producción estatal bajo control de trabajadores y científicos que realmente desarrolle una oferta de genéricos y no una competencia de mercado. Eso, de la mano de defender la salubridad de la población con acceso a alimentación y hábitos saludables, algo contrapuesto a vivir trabajando por salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes.

 Iván Hirsch

La crisis de deuda de Japón, el mayor acreedor de Estados Unidos


La deuda del “primer mundo” no encuentra compradores. 
 Caída de los bonos y del mercado accionario.

 En Japón se encendieron todas las alertas cuando en la licitación de bonos a 40 años, este miércoles 28 de mayo, mostró menor demanda que el promedio de los últimos meses, lo que provocó una caída de todos los bonos y del mercado accionario. Todos recordaron el derrumbe de agosto 2024, cuando el Banco Central subió las tasas de interés y produjo una caída de todos los mercados. Un lunes negro originado en la bolsa de Tokio se expandió por todo el planeta. 
 Lo ocurrido en Japón tuvo su antecedente en Estados Unidos, cuando hace dos semanas la licitación de bonos de 20 años no tuvo compradores y el faltante de demanda elevó las tasas de interés. El rendimiento de los bonos se disparó y alcanzó 5,104%, un aumento significativo en comparación con el rendimiento promedio del 4,613% de subastas anteriores. 
 “La situación fiscal de nuestro país es sin duda extremadamente mala (...) peor que la de Grecia”, dijo el primer ministro de Japón, para advertir a los parlamentarios que el país no puede permitirse financiar recortes de impuestos mediante emisión de deuda. Es una respuesta ante la creciente demanda de estímulos fiscales de los candidatos a las elecciones de julio a la cámara alta. 
 La semana pasada se informó que el PIB se redujo en el último trimestre de 2024, y los analistas argumentan que una recesión es un riesgo real, en un cuadro de aumento de la inflación. 
 Luego de la escasa demanda en la venta de bonos, las tasas de los bonos a 40 años alcanzaron máximos no vistos en dos décadas. 

 Japón es el principal poseedor de deuda de Estados Unidos 

 Aunque es uno de los países del “primer mundo” que tiene el ratio deuda/PIB más alto, en torno al 250%, Japón a sido el mayor comprador extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos y actualmente el que más bonos acumula.
 Aunque ya ese nivel de deuda ubica a Japón como el más endeudado del G7, el total de la deuda es superior. Según Ray Dalio, el administrador de uno de los fondos más importantes del mundo (Bridgewater Associates), la carga real de la deuda de Japón si se incluye la deuda privada rondaba el 449% en relación con su PIB . 
 Este nivel de deuda da crecientes señales de que es insostenible. Hace años que Japón no tiene suficientes inversores que demanden su deuda. Por eso fue suplantada por el banco central (Bank of Japan), que acumula más de la mitad de las emisiones del Estado y grandes cantidades de acciones compradas para sostener el mercado. 
 Japón posee 1,13 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense y es el principal inversor del mundo, luego de desplazar al banco central de China -que hace años está reduciendo sus tenencias de deuda de Estados Unidos y pasó de 1,3 billones a 0,73 billones de dólares. 
 De allí que el Financial Times informa que, siendo el mayor tenedor de bonos del Tesoro, sus transacciones son vigiladas de cerca y se consideran un indicador de compra o venta de deuda del gobierno estadounidense. La reciente liquidación que realizaron los fondos de Japón en abril marca una de las mayores salidas de bonos de deuda desde 2005. 

 El fin de la bicicleta financiera también hunde a la industria exportadora 

El banco central de Japón mantuvo las tasas de interés en bajos niveles (en terreno negativo) y produjo una demanda artificial de bonos y acciones financiadas por endeudamiento del Estado. Esto facilitó una bicicleta financiera internacional (“carry trade”) que generó demanda de bonos y acciones en Estados Unidos. 
 Las operaciones de carry trade son una bicicleta internacional que realizan bancos y grandes inversores que tienen la capacidad de endeudarse en mercados de bajas tasas de interés como Japón -hasta ahora- para apostar en mercados con mayor rentabilidad, como Estados Unidos, con tasas de interés superiores y con un rendimiento de las acciones de Wall Street en suba. 
 Además, Japón llevó a una devaluación del yen que facilitó las exportaciones de la industria automotriz y electrónica, lo que fortaleció a las grandes empresas japonesas que durante años exportaron al mercado internacional. 
 Este circulo virtuoso de bajas tasas de interés, devaluación del yen y promoción de las exportaciones esta llegando a su etapa final. 
 El Banco de Japón redujo los tipos de interés a cero y comenzó a comprar bonos en masa luego del derrumbe de la bolsa de Tokio y la crisis inmobiliaria iniciada en 1989; una estrategia que luego imitó Estados Unidos durante la crisis de 2008. Japón inició el subsidio del capital financiero desde el Estado, luego fue imitada en Estados Unidos en planes de la Reserva Federal conocidas como QE (facilidades cualitativas), que consistieron en bajar la tasa de interés y comprar deuda del Estado y bonos hipotecarios, beneficiando a Wall Street y los operadores inmobiliarios. 
 Las subas de tasas de interés está produciendo el fin de esta bicicleta. Como revelan bancos japoneses que comienzan a vender sus tenencias de bonos del Tesoro ante la acumulación de pérdidas crecientes. Uno de los mayores inversores institucionales de Japón, Norinchukin Bank, vendió 63.000 millones de dólares, principalmente bonos gubernamentales estadounidenses y europeos, para mitigar los riesgos asociado a altas tasas de interés en Estados Unidos y Europa. 
 La íntima relación entre Tokio y Wall Street quedó en evidencia en agosto de 2024 cuando la caída de la bolsa de Tokio (más de 8% en una jornada) se expandió a todo el mundo, luego que el banco central japonés subiera las tasas de interés encareciendo el financiamiento de grandes operadores de “carry trade” que se vieron obligados a vender bonos y acciones en Wall Street y cubrir sus deudas. 

 Los aranceles de Trump complicaron aún más un escenario tormentoso 

La relación de Japón con Estados Unidos ahora entra en un terreno pedregoso debido a los aranceles que aplicó Trump a todo el mundo, y también a Japón. 
 Cuando fueron anunciados los aranceles a comienzos de abril, grandes inversores japoneses en bonos internacionales (empresas de seguros, fondos de pensión, etc) se deshicieron de más de 21.000 millones de dólares en bonos internacionales, que incluyen bonos de Estados Unidos. Fue cuando los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump sacudieron los mercados internacionales en una señal de cómo la turbulencia de Wall Street se extendió por todo el mundo. 
 Los aranceles han contribuido a la contracción de la economía tanto Japón como Estados Unidos. La primera se redujo un 0,2% y la segunda un 0,3%. O sea que ambos países tendrán menor recaudación impositiva y dificultades para financiarlos con emisiones de deuda en un escenario de subas de tasas de interés. 
 El agotamiento de los subsidios al capital financiero tiene signos de agotamiento y un desenlace cercano. Los centros del capitalismo “desarrollado” son el origen de una nueva crisis financiera.

 Sergio Rivero

Las elecciones regionales venezolanas


Baja participación electoral y división de la derecha.
 Los comicios fueron el 25 de mayo 

Según los resultados oficiales difundidos por la cadena Telesur (27/5), el oficialismo se quedó con 23 de las 24 gobernaciones en disputa y con más de dos tercios de los diputados (253, sobre un total de 285) en juego en las elecciones regionales del domingo 25. Recuperó tres provincias que estaban en manos opositoras (Barinas, Nueva Esparta y Zulia), pero perdió Cojedes. Se eligió también un gobernador para el Esequibo, región rica en petróleo en disputa con Guyana. La oposición de derecha se dividió entre un ala que boicoteó los comicios (la que lidera María Corina Machado) y otra que optó por participar (Alianza Democrática, de Timoteo Zambrano, que logró 13 bancas y, lo que es más significativo, un frente de Henrique Capriles y el gobernador saliente de Zulia, Manuel Rosales, que obtuvo el tercer lugar, con 11 diputados propios). 
 El gobierno de Nicolás Maduro se apresuró a señalar que estas elecciones mostraron la “fortaleza de la democracia venezolana”, pero, incluso si se toman como referencia las cuestionadas cifras oficiales, la participación fue bajísima, de apenas el 43 por ciento, en la misma línea que las regionales de 2021, que habían marcado, a su vez, un desplome de veinte puntos respecto a elecciones previas. El régimen venezolano no se ha plebiscitado, como en sus mejores momentos, sino que arrastra una crisis de legitimidad, por decir lo menos. El Partido Comunista, que rompió con el gobierno hace algunos años, denunció una “parodia electoral” marcada por la intervención judicial de partidos, las proscripciones y las inhabilitaciones. 
 Lo que compensa en gran medida la baja participación, para el oficialismo, es la crisis de la oposición derechista, que le permite mantenerse -ante la ausencia de una variante de recambio- en el poder. Todas las estrategias de esa oposición de derecha han fracasado. Después de la frustrada tentativa golpista de Juan Guaidó, no logró llevar a Edmundo González Urrutia a la presidencia por la vía electoral, tras los comicios del 28J de 2024, que denunció como fraudulentos. Ahora, teniendo en cuenta ese antecedente, Machado llamó a la abstención, pero Capriles consideró esa táctica como estéril y se propuso conquistar bancas y gobernaciones, sin gran éxito, como atestiguan los resultados. 
 En estas condiciones, el imperialismo está volviendo a apretar las clavijas sobre Venezuela. Además de revocar el estatus de protección temporal de 350 mil migrantes, el presidente Donald Trump relanzó la política de sabotaje petrolero. En marzo frenó la autorización de varias compañías multinacionales para exportar crudo venezolano, y ahora dejó caer la licencia de Chevron. Amenazó, también, con imponer aranceles a aquellos que compren crudo a Caracas. En las críticas condiciones económicas y sociales de Venezuela, y teniendo en cuenta, además, su dependencia extrema del petróleo, estas medidas terminarán agravando la situación de las masas. El rechazo a las sanciones imperialistas debe ser contundente. Sin embargo, no hay que perder de vista que la línea que desenvuelve Maduro consiste en el ajuste, la persecución de los sectores obreros en lucha y la reprivatización petrolera, por medio de asociaciones y acuerdos leoninos con el capital extranjero. 
 Sigue planteado, por todo esto, el desarrollo de una intervención política independiente de los trabajadores contra el régimen de Maduro y la oposición proimperialista.

 Gustavo Montenegro