ONG: todo huele a podrido.

del libro de Carlos Gil Las ONG en España. De la apariencia a la realidad,
Catarata, Madrid, 2005, pgs.135 a 158
El 20 de mayo del año 2000 el ciudadano de Guinea-Bissau Antonio Augusto Fonseca, se encontraba de vacaciones en Arrecife de Lanzarote con su hermana, siendo detenido de forma violenta por la policía al serle requerida su documentación. A la mañana siguiente, su hermana, al interesarse por el paradero de su familiar tuvo conocimiento de que Antonio Augusto estaba muerto, encontrándose en el depósito de cadáveres de la localidad. El estado que presentaba el cadáver era tan lamentable que decidieron tomar fotografías, en las que se reflejaban golpes por todas partes, sangre en la ropa y los zapatos, en los dedos, con la cara amoratada y en la parte derecha presentaba un hundimiento según testimonios recogidos por la prensa en aquellas fechas. El parte policial achacaba su muerte a que de repente se encontró mal, por lo que de manera urgente se requirió la presencia de la Cruz Roja, sin que pudieran hacer nada para reanimarle, certificando su muerte. Las declaraciones posteriores de la Cruz Roja confirmaron este relato policial, señalando que en el parte médico de sus facultativos se recogía la muerte por sobredosis. Por el contrario, el estado del fallecido llevó a los familiares a solicitar nuevos informes forenses que confirmaron la existencia de graves traumatismos en el cuerpo, incluyendo la existencia de un edema pulmonar agudo. Diferentes forenses avalaron en la investigación judicial abierta con posterioridad la tesis de la existencia de malos tratos en el fallecido, mientras que la Cruz Roja en todo momento apoyó la tesis policial.

En el informe realizado por Amnistía Internacional en España para el año 2001 esta organización humanitaria recogía este caso como ejemplo de muertes bajo custodia. El informe señalaba cómo en la segunda autopsia realizada al cadáver concluyó de forma inequívoca que se observaba una lesión mortal causada por un golpe dado con un objeto contundente a nivel del núcleo carotideo en el lado derecho del cuello. En ningún momento Cruz Roja se retractó de sus declaraciones iniciales ni pidió disculpas a la familia, mientras que por el contrario, el ministro del Interior apoyó su descargo de culpabilidad sobre las fuerzas policiales ante el Congreso de les Diputados en los informes realizados inicialmente por esta ONG.

Ni un céntimo para Cuba
La aplicación que se hace del extraño principio de apoliticismo ha llevado también a ONG a situaciones cuando menos contradictorias, como las que ha protagonizado MSF [Médicos Sin Fronteras] en relación con Cuba. En enero de 1997 y ante la decisión tomada por el Gobierno del PP respecto a este país que le llevó a suspender cualquier ayuda humanitaria y apoyar de forma generosa a grupos y organizaciones anticastristas, algunos de ellos con actividades violentas a sus espaldas, un grupo de organizaciones no gubernamentales de toda España decidieron formar un Grupo de Trabajo de Cuba para elaborar un manifiesto común y promover distintas actividades en las que se informara a la opinión pública de la necesidad de mantener la ayuda a la población de esta isla, duramente castigada por años de embargo y en situación extremadamente precaria. Recordemos que una de las primeras decisiones en política internacional adoptada por el Gobierno de José María Aznar en el año 1996 fue precisamente el endurecimiento de su política hacia Cuba, con un apoyo total al bloqueo mantenido por los Estados Unidos hacia esta isla, en el marco de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense. Fueron muchos los sectores que protestaron por esta profunda involución, en la medida en que las consecuencias de cualquier disminución de ayuda a Cuba serían soportadas por el pueblo cubano y no contribuirían al proceso de democratización, tal y como expresaron responsables de la Coordinadora de ONGD, lo que era incluso compartido por algunos responsables políticos del propio Gobierno, como el entonces secretario de Estado de Cooperación Internacional, Fernando Villalonga. El manifiesto final, contrario a la suspensión de esta ayuda, fue suscrito por más de una treintena de ONG, reflexionando sobre estos extremos, y que concluía con una petición con la que se podía estar o no de acuerdo, pero perfectamente correcta en su planteamiento formal, como era: Rechazamos cualquier forma de bloqueo o injerencia sobre este país, y demandamos el restablecimiento de las buenas relaciones y desarrollo de una política de cooperación en todos los ámbitos.

Médicos Sin Fronteras se vende al PP
Médicos Sin Fronteras, que participó desde el principio en este grupo de trabajo, finalmente se descolgó del mismo, renunciando a participar en la mesa redonda de presentación prevista, alegando: No podemos adherimos al mismo [al comunicado] ni participar en la mesa del acto en torno a Cuba por tener ambos contenidos políticos que nuestra definición de ONG apolítica no nos permite asumir.

Una curiosa manera de aplicar sus principios y de entender la política que no se ha llevado a cabo en otras muchas situaciones y conflictos con anterioridad. En momentos así, resultan llamativos algunos de los eslóganes utilizados por esta gran ONG, en frases del tipo podemos estar por encima de la política, del dinero y del poder, como si estuvieran incluso por encima del bien y del mal o no formaran parte de esta sociedad a la que pertenecen. Esto lleva a que, en ocasiones, responsables de esta ONG se lleguen a considerar de forma paradójica por encima de los responsables políticos, a modo de una casta superior, como si no pertenecieran a la misma sociedad y el mismo grupo humano, haciendo declaraciones del tipo las ONG y la sociedad debemos ser más listos que los políticos.

Poco tiempo después, Médicos Sin Fronteras decidió abandonar su labor de cooperación con Cuba, alegando excesivos controles gubernamentales a su labor. MSF parece no sólo considerarse como apolítica, sino por encima de cualquier administración y de las competencias que le son propias, ya que en otras ocasiones se ha manifestado contraria a los controles administrativos y contables a los que tiene que hacer frente cualquier organización receptora de fondos públicos. Así, en el año 1998, la Generalitat Valenciana inició un procedimiento para reclamar a esta misma ONG la devolución de 62 millones de pesetas, concedidos en el año 1996 para financiar actuaciones de emergencia con motivo de la crisis de los Grandes Lagos, que no fueron destinados a este fin y que no fueron convenientemente justificados. Ante las numerosas deficiencias detectadas en el expediente de justificación aportado por MSF ante los interventores de la Generalitat Valenciana, la delegada de esta organización en la Comunidad Valenciana y Murcia, Toni Civera, invitó al interventor a que fuera digno y justo y a que procurase soslayar las bobadas y los comentarios inconvenientes del estilo este informe no me gusta. Ante estos hechos, Médicos Sin Fronteras montó un amplio despliegue mediático para informar de su generosa labor humanitaria y de la improcedencia de esta reclamación administrativa, recurriendo a grupos políticos de la oposición para hacer interpelaciones y preguntas parlamentarias.

Finalmente, a pesar de la gravedad de los hechos señalados por los interventores públicos (como facturas que no identifican el gasto, ausencia de justificación en los costes de personal aplicados o descripción de los mismos, abultadas dietas sin justificar, etc.), el Consell de la Generalitat Valenciana decidió dar marcha atrás y pedir a esta ONG que aportara un informe complementario que justificara el destino final de la subvención concedida, aunque no se hubiera aplicado al proyecto inicial solicitado [...]

Dime quién te financia y te diré quién eres
Esto lleva a situaciones contradictorias en las que, por un lado, se justifica la independencia sobre la base de la pluralidad en las fuentes de financiación (lo que llevaría a cuestionar lo contrario, es decir, que puedan ser independientes aquellas otras organizaciones con una menor pluralidad, si bien sería muy prolijo adentrarse en conocer las proporciones que serían válidas para esta ONG o la naturaleza de los programas y el carácter de los donantes), si bien, al mismo tiempo, no se deja de criticar a aquellas administraciones que no financian los proyectos que son presentados por estas mismas organizaciones.

El verdadero dilema es comprobar cómo algunas ONG apelan hoy día a un falso apoliticismo, en un campo y un ámbito en los que su actuación se debe precisamente a la política. Algunos autores han señalado cómo El síndrome del dinero fácil ha terminado transformando el movimiento de las ONG hasta el extremo de que una autocensura ha penetrado en este sector, en el que para evitar la creación de demasiadas ondas políticas, las ONG evitan y prohiben las cuestiones políticas y controvertidas, moderando sus críticas a los gobiernos y a los donantes [...]

Dime también para qué te financian
Otro buen ejemplo de las contradicciones en las que caen numerosas ONG tiene que ver con la naturaleza de los programas para los que obtienen financiación y las entidades que la proporcionan. En los últimos años, el mayor protagonismo tomado por la financiación de programas de ayuda humanitaria y de emergencia como respuesta a las numerosas catástrofes, guerras, terremotos, huracanes, conflictos, inundaciones y demás calamidades que de forma reiterada se repiten en numerosos países del Sur, ha llevado a que sea considerado por muchas ONG como una fuente de financiación privilegiada de importantes instituciones multilaterales, como ECHO (Oficina Humanitaria de la Unión Europea, en sus siglas inglesas), donde abunda el dinero y los recursos, en muchas ocasiones con escasas exigencias de control y supervisión. Este hecho ha lleva a ciertas ONG a dirigir sus actuaciones preferentes hacia este tipo de intervenciones, de donde pueden obtener un volumen de dinero muy importante, difícil de acceder de otros donantes, mucho más severos en sus controles administrativos. Así, un número reducido de entidades [que] concentra la mayor parte de la recaudación de fondos privados y tienen en la ayuda de emergencia la principal o una de las principales actividades. En 1999 sólo seis organizaciones -Cáritas, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Acción Contra el Hambre (ACF), Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad y ANESVAD concentraron el 81 por ciento de la ayuda de emergencia ejecutada por las ONG.

Pero esta ayuda de emergencia tiene cada vez más servidumbres, en la medida que se ha convertido en la coartada sociopolítica para facilitar, legitimar y permitir abiertamente un intervencionismo militar de nuevo cuño, de la mano de las Fuerzas Armadas y de otras alianzas y coaliciones militares. Muchas de las ONG que participan en estos programas humanitarios no están al servicio de las poblaciones a las que dicen servir, sino que forman parte de las estrategias y los planes militares de las fuerzas ocupantes (con mandato o no de Naciones Unidas), cuando no llevan a cabo operaciones propagandísticas desmedidas. Sin embargo, ni su estructura organizativa está preparada para ello, ni cuentan con los recursos técnicos y humanos que posibiliten su correcta intervención en estos escenarios tan complejos. De hecho, buena parte de éstas venían utilizando, en muchos de sus programas, a Objetores de Conciencia que realizaban la Prestación Social Sustitutoria, lo que generó no pocos problemas y contradicciones, al convertirse en trabajadores sin coste alguno, explotados y sin derechos, bajo un régimen laboral cuasi marcial, viéndose implicados en acciones nada humanitarias de apoyo a fuerzas contendientes.

El autodenominado Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
El MPDL es una de las organizaciones españolas que más ha venido destacando en este campo, habiendo mantenido numerosos conflictos relacionados con estos jóvenes obligados a trabajar en escenarios en conflicto de forma gratuita, utilizándose para ello los programas que ha promovido. Muchos de estos Objetores llegaron a denunciar numerosas y graves irregularidades a su vuelta a España, acusando a esta ONG de trato vejatorio e incompetencia interpretando que nuestra presencia en Bosnia-Herzegovina y Croacia ha sido un gesto innecesario, motivado únicamente a que el MPDL se lance al estrellato y consiga cada vez mayores subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales. Pero no fue el único problema de importancia que tuvo esta organización en el desempeño de sus programas de ayuda humanitaria. Ya con anterioridad, en 1994, diversos medios de comunicación se hicieron eco de un sinfín de irregularidades, mala gestión, dejadez y desinterés en programas llevados a cabo en Bosnia con financiación de la ayuda humanitaria europea. En este año, ACNUR tuvo que retirar los sistemas de comunicación a la ONG de Francisca Sahuquillo, ya que eran utilizados para transmitir conversaciones personales y hasta recetas de cocina, llegando a poner en peligro de muerte a un convoy de la ONU atacado en Jablanica, al estar usándose irresponsablemente las frecuencias de emergencia para estos menesteres durante la ofensiva.

Pero la actuación más controvertida cometida por esta ONG tuvo lugar el 24 de marzo de 1999, fecha en que la OTAN comienza su bombardeo contra Serbia y Montenegro. Ese mismo día, el MPDL anuncia con un gran despliegue mediático el envío de un convoy de ayuda a Kosovo, figurando en la propaganda que la donación era para los refugiados albanokosovares de Trebinje, en Montenegro, recaudando para ello dinero en ayuntamientos y por medio de anuncios en la prensa. Pero al conocerse el verdadero destino final de este convoy y de los recursos recaudados por el MPDL, diversas organizaciones españolas, entre ellas SOS Balkanes, emitieron una nota de prensa en la que denunciaban la falsedad del supuesto convoy de ayuda humanitaria. Según esta nota de prensa: Trebinje está en la República de Srpska, en Bosnia y Herzegovina, siendo la sede de uno de los acuartelamientos de las tropas españolas de la SFOR. Difícilmente podía llegar algún refugiado albanokosovar a Trebinje, en Serbia, donde estaban las tropas que cometían en aquellos momentos los asesinatos y la limpieza étnica que todas las televisiones retransmitían. Los camiones recogidos en España acabaron en los almacenes de la Cruz Roja de Serbia en Trebinje, distribuyéndose la ayuda que contenían en las localidades de Rozaje y Plav. Es decir, la ayuda humanitaria recogida por el MPDL no sólo no se entregó a los supuestos refugiados albanokosovares a los que iba a destinarse, sino que se puso en manos de las tropas genocidas mandadas por Radovan Karadic, buscado aún hoy por el Tribunal Penal Internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia por genocidio contra esta misma población albanokosovar.

La presencia creciente de ONG con los ejércitos
Lógicamente, las instituciones patrocinadoras de tanta ayuda humanitaria y de emergencia desean rentabilizar al máximo la participación y el concurso de las organizaciones no gubernamentales, que proporcionan con ello una magnífica ocasión para otorgar una mayor legitimidad a instituciones que, como en el caso del ejército, están fuertemente cuestionados en numerosos países occidentales. De forma cada vez más frecuente se organizan todo tipo de zafarranchos militares en los que se desea contar con ONG, como testimonios elocuentes de su cercanía con la sociedad. Ya sea en desfiles o maniobras, en ejercicios militares o paradas, la participación de ONG es un decorativo fondo buscado por ejércitos y coaliciones militares que aporta notas de color en los ejércitos europeos. Así, sea desde la OTAN o desde los propios ejércitos nacionales, las operaciones militares en las que han sido invitadas a participar e intervenir determinadas ONG se han sucedido en los últimos años. En el año 1997, la OTAN realizó las mayores maniobras militares desde la guerra fría con el nombre de Strong Resolve, y en las que participaron de forma decisiva las ONG españolas más relevantes en materia humanitaria. El mismo ejemplo ha seguido el ejército español, que ha incorporado en sus operaciones la participación de diferentes ONG humanitarias, como sucedió en los ejercicios Eolo 2000, unas maniobras que tuvieron lugar en junio de ese año, y en las que participaron más de 15.000 soldados, basadas en un supuesto que incluía la atención a refugiados y la repatriación de ciudadanos europeos por parte de las organizaciones participantes.

En España, las Fuerzas Armadas han tratado de utilizar a fondo la colaboración e implicación de las ONG para intentar lavar su imagen y ofrecer un perfil aparentemente más bondadoso, especialmente entre los jóvenes a los que se dirigen las campañas de reclutamiento para el nuevo ejército profesional. Así, en el año 2000, coincidiendo con los preparativos de la celebración del día de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Federico Trillo, anunció que muchas ONG participarán en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas a través de una exposición en la que Defensa pretende mostrar la implicación del Ejército en misiones internacionales de paz y su colaboración con las ONG. El ministro reiteraba que algunas entidades sociales participarían en los actos, dando por hecho la participación, entre otras, de Cruz Roja, a la que se sumaron también el MPDL, la Fundación Cánovas del Castillo y CODESPA, insistiendo en que el acto mostraría la complementariedad entre el ejército y las ONG en las misiones humanitarias y de pacificación. Sin embargo, la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo, la Federación de ONG para la paz, junto a otras importantes organizaciones, como Intermón, Médicos Mundi, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, mostraron su rechazo a la celebración del desfile militar y a la instrumentalización que se pretendía hacer de las ONG participantes.

La participación de ONG en los ejercicios de la OTAN Strong Resolve
Revista Española de Defensa, núm. 122, abril de 1998
La OTAN del futuro se pone a prueba en la Península Ibérica con Strong Resolve: el mayor ejercicio de la Alianza Atlántica desde el final de la guerra fría ha concluido con éxito. Durante dos semanas, cabe congratularse de la significativa contribución de España a hacer historia, con un generoso despliegue de personal y de medios, el Ejército de Tierra. la Armada y el Ejército de Aire, han colaborado de una manera eficaz en el desarrollo de la Crisis Sur, orientada a convertir a la Alianza Atlántica en el eje central de la seguridad europea y la cooperación cívico militar. Una parte importante de la Strong Resolve 1997 se ha centrado enponer a prueba los aspectos civiles dentro de una operación de mantenimiento de la paz. Esta faceta del entrenamiento multinacional ha presentado como principal novedad la participación de hombres y mujeres pertenecientes a organismos humanitarios internacionales (Cruz Roja, ACNUR) y de una Organización No Gubernamental (el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). La inclusión de personal civil en el adiestramiento militar es el resultado de la experiencia recogida en las misiones de paz desarrolladas en todo el mundo y que han puesto de manifiesto la necesidad de una estrecha coordinación entre los militares y las organizaciones humanitarias. El campo de maniobras de San Gregorio, más concretamente la zona conocida como Hoya de los Borrachos, fue el escenario elegido para ensayar la atención a personas desplazadas en un centro de acogida.

El alto grado de simulación y de realismo alcanzado durante el ejercicio ha sorprendido a todos los mandos de la Alianza. Más de 150 soldados que vestían de chándal militar y un peto rojo para distinguirse como refugiados (algunos de ellos ofrecieron interpretaciones dignas de consumados actores) fueron escoltados por efectivos españoles y eslovenos hasta las cercanías del centro de evacuación, donde los integrantes de Cruz Roja y el MPDL se afanaban en hacerles más llevaderos los rigurosos trámites necesarios para la acogida. Todos actuaban conforme a un minucioso guión, preparado con meses de antelación para dar mayor verosimilitud al ejercicio. Los soldados vienen muy mentalizados, muy metidos en su papel, aseguraba Yolanda Barberán, una de los 80 voluntarios de la Cruz Roja que intervienen en Strong Resolve.

El personal de las organizaciones humanitarias se ha integrado muy bien, explicó el teniente coronel Hermenegildo Tomé, que mandaba la ONG ficticia, Urgel sin fronteras, compuestas para la ocasión por personal de la Brigada de Infantería Ligera IV. Han cumplido perfectamente con su labor, pese a las pocas facilidades que se pueden encontrar en un lugar tan inhóspito como San Gregorio, agregó.

Entre los participantes en Strong Resolve 1997 se encontraban muchos veteranos en misiones humanitarias, como los componentes de la X Bandera de la Legión, unidad que formó parte de los contingentes multinacionales desplegados en Bosnia y Albania. Entre las ONG también había personal curtido en este tipo de escenarios, como el miembro del MPDL, Fernando Ruiz, quien ya había trabajado en campos de refugiados en la antigua Yugoslavia. Aunque la situación no es comparable, el nivel de realismo del ejercicio ha sido muy alto -explica- lo que nos ha permitido enfrentamos a situaciones muy similares a las que se pueden dar en las zonas donde la ayuda internacional es indispensable.

Las ONG monopolistas
Resulta paradójico que la ONG que dispone de mayores recursos mundiales sea precisamente Cruz Roja, con 540 millones de euros, organización que insiste en tener los mayores niveles de independencia, neutralidad, imparcialidad y voluntariado. Tengamos en cuenta que sólo Cruz Roja gestionaría cada año más dinero que el valor total del PIB de los 22 países más pobres del mundo. Le sigue CARE International, que dispone de una cantidad ligeramente inferior, de 500 millones de euros anuales, mientras que, en tercer lugar, estaría el consorcio internacional OXFAM, con 300 millones de euros. Esto significa que las tres primeras ONG en volumen de recursos, dispondrían al año de más de 1.340 millones de euros, un volumen mayor de recursos que el PIB anual de los 50 países más pobres del mundo.

Pero si tomamos en consideración los presupuestos anuales de las diez mayores ONG mundiales (Cruz Roja, CARE International, OXFAM, Save the Children, Greenpeace, Caritas France-Secours Catholique, Médicos Sin Fronteras, World Wild Fund, Médicos del Mundo, Handicap International), éstos se elevarían a más de 2.000 millones de euros, un valor superior al PIB anual de 65 países. Bueno es, por tanto, que tomemos en consideración también la extraordinaria importancia económica y financiera de las ONG en el escenario mundial, que se han convertido en algunos casos en instituciones mucho más poderosas que algunos de los pobres países en los que intervienen, lo que crea una notable paradoja: en esos países los gobiernos tienen muchos menos recursos que numerosas organizaciones que allí intervienen, las entidades sociales no gubernamentales manejan mucho más dinero que los Estados, lo que lleva a que muchas políticas sean decididas por éstas, a través de su influencia sobre los programas económicos y sociales que llevan cabo.

Por otro lado, la disponibilidad de recursos económicos cada vez más importantes en manos de estas organizaciones les otorga un poder excepcional y nuevo, cargado de ideología en su empleo y distribución. Las ONG toman opciones muy concretas al emplear su dinero y promover unos u otros programas, en unos u otros países, hacia unos sectores de población determinados. Cada vez es más frecuente que se utilice el marchamo ONG como aval o garantía incuestionable de las iniciativas que se promueven, a pesar de su creciente desnaturalización y pérdida de principios básicos, al tiempo que se utiliza la capacidad de estas organizaciones para obtener recursos al servicio de operaciones profundamente irregulares [...]

Compraventa de esclavos
Posiblemente, uno de los casos mundiales más llamativos que vienen siendo protagonizados por el uso que una ONG hace de su poder económico sea la actuación que lleva a cabo en Sudán la organización Solidaridad Cristiana Internacional (Christian Solidarity International, CSI, en sus siglas inglesas), comprando la liberación de esclavos. Esta ONG, con sede en Zurich, Suiza y con oficinas en 16 países, ha hecho de esta actividad una auténtica cruzada religiosa que lleva a cabo con el soporte económico de las donaciones millonarias que recibe de sectores protestantes ultraconservadores de Europa y principalmente de Estados Unidos.

La labor que lleva a cabo está muy relacionada con sus propios orígenes. En el año 1975, el reverendo Hans J. Stückelberg, presidente y visionario de CSI, trató de difundir la religión católica en la Rusia comunista de entonces, sufriendo -según él- todo tipo de persecuciones y humillaciones, lo que le llevó finalmente en 1977 a fundar esta ONG para poder extender así la religión católica por todo el mundo. De hecho, todas sus intervenciones tienen como hilo conductor el deseo de frenar el avance de otras religiones, favoreciendo con ello el avance de su particular y personal visión de la religión. Su página web, recoge fielmente la cruzada de esta organización por la religión cristiana de raíz protestante, con continuas alusiones a citas del Génesis mezcladas con frases en las que reivindica una y otra vez la libertad religiosa y la ayuda a las víctimas de la libertad religiosa. De hecho, su polémico Programa de Liberación de Esclavos se inserta en una auténtica cruzada contra el Islam, como ellos mismos recogen en distintos documentos de esta web.

Sudán mantiene, prácticamente desde su independencia en el año 1955, una cruenta guerra civil que tiene mucho de tribal, en un país donde se hablan 400 lenguas, de religión mayoritariamente musulmana, pero donde también hay una fuerte práctica de religiones animistas, manteniéndose un sector cristiano muy minoritario introducido por los colonos y exploradores en el siglo XIX. En ese contexto, se viene sucediendo una guerra abierta entre el Gobierno Islamista Sudanés y el Ejército Popular de Liberación de Sudán, que encarnan un conflicto entre islamistas y cristianos promovido por diferentes líderes tribales, donde las atrocidades propias de una guerra civil se suceden desde hace décadas. Ya en el año 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU denunció un auténtico aluvión de brutalidades, como los asesinatos masivos, la trata de esclavos, la destrucción de aldeas, los trabajos forzados, el tráfico de niños, el secuestro y el internamiento forzado, entre otras muchas. Personas como Gaspar Biro, investigador de la Comisión de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Sudán, ha denunciado un alarmante incremento en los casos de esclavitud desde febrero de 1994.

Ante esta situación, Solidaridad Cristiana Internacional se propuso proceder a la liberación de algunos de estos esclavos católicos que venían siendo apresados por las tropas musulmanas en Sudán. Para ello, miembros de esta ONG negociaron con los líderes islamistas hasta acordar el precio por cada uno de los esclavos, fijado en 100 dólares (unos 90 euros), cantidad que sería abonada por John Eiber, adjunto a la presidencia de CSI. De esta forma, desde 1995 se han realizado unas 35 operaciones distintas que han permitido comprar la libertad de unas 5.000 personas. El procedimiento utilizado es bastante sencillo, ya que los responsables de CSI recaudan el dinero entre sus donantes y lo llevan personalmente y en efectivo hasta Sudán, donde lo abonan a los diferentes intermediarios que intervienen en la venta. En ese momento, las personas liberadas pasan a pertenecer a esta ONG, siguiendo en procesión a sus líderes que los van depositando por las diferentes aldeas del país.

Tan peculiar método de actuación ha merecido la crítica de otras ONG, siendo acusados de denigrar al ser humano favoreciendo que se multiplique la captura de esclavos como un nuevo deporte en el país ante la seguridad de que CSI llegará un día con dinero para comprarlos, alentando así la captura de más esclavos e incluso creando una subida en el precio que se ha ido pagando por su liberación, sin despreciar aquellas otras críticas que sostienen que Solidaridad Cristiana Internacional ha entrado con dinero en un conflicto extraordinariamente complejo, favoreciendo en alguna medida con su actuación el mantenimiento del mismo. Las críticas de la organización internacional Human Rigthts Watch se han centrado en que haya extranjeros con los bolsillos llenos y dispuestos a pagar para redimir a los esclavos solamente puede estimular a quienes carecen absolutamente de escrúpulos y ven en todo esto un negocio (33). En el mismo sentido, la organización African Rights, con sede en Londres, considera que al pagar fuertes sumas de dinero se están elevando los precios y condenando a otros cuyas familias cada vez tendrán que pagar más para que vuelvan a casa. En definitiva, un severo correctivo a la forma y al fondo de la actuación de esta organización no gubernamental suiza.

Tenemos así una actuación extraordinariamente contradictoria, en la que podemos afirmar siguiendo la máxima de Maquiavelo, que el fin, en modo alguno, justifica los medios. En primer lugar, estamos ante una organización estrictamente confesional cuya labor es una cruzada de nuevo cuño. Sin duda, esta entidad ha adoptado la fórmula de ONG para obtener mayor simpatía hacia su labor y también para poder recaudar más recursos económicos de sus donantes, no siendo casual que su sede esté precisamente en Suiza. Pero lo más llamativo es la aceptación resignada que hacen de que un ser humano puede comprarse, de su extrema cosificación a través del dinero, porque tan rechazable es la captura de una persona como su adquisición como si de una simple mercancía se tratara. Desde el momento en que alguien se sienta a comprar seres humanos, aunque sea para su liberación, está vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nadie puede negar que la esclavitud, en cualquiera de sus formas, es una brutalidad que debe ser erradicada, pero parece más lógico que se utilice para ello toda la fuerza del derecho internacional y las competencias de las instituciones multilaterales con atribuciones para desterrar por completo estas prácticas, en lugar de estimularlas generando una recompensa por estas capturas. Con mayor motivo cuando esta ONG tiene el reconocimiento de Naciones Unidas y goza de estatus consultivo. Si acabamos por aceptar que la vida humana se puede comprar por 100 dólares en cualquier país, poco habremos hecho por cambiar situaciones tan injustas, porque al final todo se reducirá simplemente a la cantidad de dinero que se tenga para pagar a cualquier criminal.

Las ONG fantasmas del PP en Valencia
Ya en España, uno de los hechos que mayor estupor han causado, debido a la capacidad para generar ONG alrededor de intereses económicos muy diversos se ha dado en la Comunidad Valenciana, con motivo de la creación por parte de poderosos sectores del Gobierno regional del Partido Popular de una red de ONG fantasmas, que han servido de tapadera para la captación de fondos públicos empleados en financiar distintas iniciativas políticas, muchas de las cuales, con el tiempo se han demostrado esencialmente corruptas. En el año 1996, con la llegada al Gobierno central del Partido Popular, se procede a nombrar a nuevos responsables políticos en las más altas instituciones del Estado. En toda el área de la Cooperación Internacional (que engloba a la secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, SECIPI, y la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI) son designadas personas procedentes de la Comunidad Valenciana, donde el PP bajo el mando de Eduardo Zaplana, gobernaba con mayoría absoluta. Así, al frente de la SECIPI se sitúa a Fernando Villalonga, hermano del presidente de Telefónica y ex conseller de Educación del gobierno valenciano, mientras que en la AECI se nombra a una persona muy controvertida (34), Luis Espinosa, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana. La mayoría absoluta conseguida por Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana en 1995 y el dominio de toda el área de la cooperación española por parte del PP valenciano ponen los mimbres para empezar a generar una compleja trama de creación de ONG ficticias, alimentadas, promovidas, gobernadas, dirigidas y subvencionadas por todo este sector de la derecha valenciana desde el Gobierno central y autonómico.

A partir del año 1997, desde la AECI y desde la dirección general de Cooperación de la Generalitat Valenciana, se empiezan a subvencionar con cantidades muy importantes a ONG de nuevo cuño y recién creadas, sin experiencia ni trayectoria en el campo de la cooperación internacional, algunas de las cuales ni siquiera tenían existencia legal. Entre estas nuevas organizaciones no gubernamentales se encontraban Pueblos Fraternos, puesta en marcha por ex colaboradores del secretario general de la AECI, Luis Espinosa, como el gerente de la empresa de Aguas de la Diputación de Valencia; la asociación Valencianos por Nicaragua, vinculada personalmente a Armando Mena, asesor personal para temas de cooperación del presidente de la Diputación de Valencia y nombrado más tarde conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana; la ONG Amerrisque, que tenía el mismo domicilio social que la anterior asociación en el despacho del asesor del presidente de la Diputación de Valencia; así como España Plus entidad fundada en la misma fecha que la anterior asociación y compartiendo también responsables y oficinas. Para cerrar el círculo, otra ONG más pequeña, Proyecto África comparte también domicilio con España Plus en sus inicios.

Todas estas organizaciones contaban en sus juntas directivas con destacados responsables políticos del Partido Popular valenciano, empezando a recibir importantes subvenciones públicas antes incluso de disponer de existencia legal. Así, la primera subvención concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Pueblos Fraternos por importe de 11 millones de pesetas para el envío de libros a Mozambique, es de fecha 29 de enero de 1997, según aparece publicado en el BOE; mientras que dos días después es cuando esta ONG se registró en el Ministerio del Interior y tres semanas más tarde lo hizo ante la Generalitat Valenciana. Obviamente, para recibir en enero esta subvención debió presentarla varios meses antes, en el año anterior. No obstante, estas subvenciones eran tramitadas a través de la llamada Convocatoria Abierta y Permanente, que dependía directa y discrecionalmente del presidente de la AECI, ya que éstas no cumplían los requisitos mínimos exigidos en las convocatorias ordinarias en cuanto a experiencia y antigüedad fijada por la propia administración pública al resto de las ONG para poder siquiera ser susceptibles de subvención, que se establece entre otros requisitos en un mínimo de seis años de experiencia contrastada.

En muy poco tiempo, todas estas ONG valencianas pasaron a encontrarse entre las que mayores recursos recibieron, con cantidades superiores a las recibidas por otras muchas organizaciones con años de experiencia así como con implantación y presencia en numerosos países. De este modo, Pueblos Fraternos obtuvo en tres años cerca de 1.000 millones de pesetas sólo del Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a otros 137 millones más de la Diputación de Valencia. El papel que desempeña Armando Mena en todo este entramado es absolutamente clave, generando una relación muy estrecha con el presidente de Nicaragua en aquellos años, Arnoldo Alemán, hoy condenado por corrupción (entre otras cosas por haberse apropiado de importantes partidas de la ayuda internacional que recibía). Armando Mena fue fiscal durante la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, pasando a ser nombrado asesor personal para temas de cooperación del presidente de la Diputación de Valencia tras su llegada a España. Su intervención fue decisiva para que la Generalitat Valenciana y su presidente, Eduardo Zaplana, establecieran una relación personal muy estrecha con Arnoldo Alemán, llevándose a cabo visitas institucionales de máximo nivel en Nicaragua y en España. En una de estas visitas, acompañado de un séquito de 3o personas, el entonces presidente Zaplana llegó a calificar al presidente Arnoldo Alemán de hermano.

Todo ello intensificó, si cabe aún más, los proyectos subvencionados a esta trama de ONG valencianas del PP, especialmente con proyectos en Nicaragua. Así, en el año 1998 la Generalitat Valenciana y la AECI subvencionan de forma extraordinaria un hospital en Managua por q,5o millones de pesetas, que a su finalización es entregado para su gestión al presidente Arnoldo Alemán. Distintas informaciones dieron cuenta del abandono de las instalaciones por el gobierno de Alemán desde el momento mismo de recibir la infraestructura, a pesar de que el presidente colocó un cartel a la entrada del edificio en el que se atribuía personalmente el mérito de su construcción. Las obras fueron visitadas en su inicio por Luis Espinosa, como máximo responsable de la AECI, que fue acompañado por el propio presidente de Nicaragua, como muestra del máximo respaldo que España daba al proyecto. Otra de las actuaciones importantes llevadas a cabo en Nicaragua fue la construcción de 200 casas para damnificados por el huracán Mitch en el año 1998, auspiciado por la Diputación de Valencia con 100 millones de pesetas. Sin embargo, a finales del año 2001 todavía faltaban por construir 35 de las viviendas acordadas, mientras que las 15 edificadas mostraban graves deficiencias, carecían de luz eléctrica y agua potable, además de estar edificadas en una zona de alto riesgo por peligro de desprendimientos. Por si fuera poco, distintas informaciones dieron cuenta que el gobierno de Arnoldo Alemán incumplió su compromiso de urbanizar la zona, arreglarlas infraestructuras y llevar las conducciones de agua y luz, manteniéndose toda la zona en un completo abandono y en condiciones de insalubridad manifiestas.

Los jueces no se quieren enterar de la corrupción
Las elevadas subvenciones recibidas, en muy pocos años, por este entramado valenciano de ONG del Partido Popular, el favoritismo con el que venía siendo tratado por diferentes administraciones públicas, la ineficiencia manifiesta en muchas de sus actuaciones multimillonarias, la ausencia de una masa crítica de técnicos y profesionales solventes frente a la dependencia directa ejercida por conocidos militantes del PP valenciano, así como las sospechas de actuaciones irregulares, generaron una dinámica insoportable, llevando a los responsables de todo este entramado ficticio a tomar una decisión tan drástica como espectacular. Cuatro años después de su creación, en el año 2001, todas estas ONG habían desaparecido, fueron borradas de los registros públicos y todos sus despachos y oficinas desmanteladas, en lo que se puede considerar como uno de los mayores escándalos protagonizados por ONG en España. Todas ellas abandonaron de forma precipitada los locales que ocupaban, sin dejar constancia de su nueva dirección, siendo borradas también de los registros oficiales. Sin embargo, la vinculación de estas ONG con la cúpula del Partido Popular ha quedado patente a lo largo de los pocos años que han estado en funcionamiento, siendo defendidas de forma numantina por numerosos dirigentes de este Partido. Así, todavía en estos momentos en la página web del PP y en diferentes memorias oficiales se deja constancia de la activa participación de ONG como Pueblos Fraternos en diferentes programas promovidos por el PP, como el de fortalecimiento institucional y formación política iberoamericana, en el que participan todas las organizaciones vinculadas a este partido.

Este caso demuestra bien a las claras la capacidad que tienen los partidos políticos en el poder de forzar la aparición de ONG ficticias, alimentadas por una financiación privilegiada, siendo capaz de situarlas en muy poco tiempo en el primer plano institucional. La capacidad de los poderes públicos de otorgar sustanciosos recursos económicos a las ONG genera tentaciones de crear organizaciones ficticias, desde las que tratar de tener una posición destacada en el mundo de la solidaridad y la cooperación internacional. Al mismo tiempo, la relación tan estrecha que se teje con frecuencia entre el poder político y algunas ONG crea espacios de intersección difícilmente identificables al servicio de simples estrategias partidarias y el apoyo ofrecido al régimen corrupto de Arnoldo Alemán por los responsables del Partido Popular en el gobierno central y valenciano es un buen ejemplo de ello.

Sin embargo, uno de los aspectos más deseo razonadores en todo este caso posiblemente sea que no se conoce que ningún juzgado ni fiscalía u órgano de control público haya abierto siquiera una investigación preliminar sobre lo que es, a todas luces, uno de los casos más turbios en las ONG de nuestro país, con miles de millones de pesetas en entredicho. Tampoco se tiene noticia que ninguna otra organización no gubernamental haya manifestado públicamente su extrañeza por este caso o haya pedido responsabilidades, a pesar de que, en privado, la gran mayoría han venido expresando su malestar ante esta situación de evidente irregularidad. Todo ello evidencia que en España queda todavía mucho camino por recorrer para garantizar unos niveles homogéneos de transparencia y limpieza en el mundo de las ONG.

Los cabrones que atienden a los negros
Todo esto resulta muy sorprendente ante la relación de amor y odio que la derecha siempre ha tenido con las ONG, viéndolas primero como enemigos a batir que acogían a peligrosos revoluciona ríos, pasando después a crear con pasión múltiples ONG al servicio directo de sus intereses y actuando con ellas como si de empresas particulares se tratara. Así, en el año 1997, un senador del PP [Benet] llegó a llamar cabrones a las ONG por atender a los negros, sin que fuera expedientado o sancionado públicamente por estos insultos. Sin embargo, con la llegada del PP al gobierno, han sido numerosas las ONG creadas desde este partido político, pasando a gozar de los favores y subvenciones públicas de forma muy abultada, como en el caso de la Fundación Iberoamérica Europa, presidida por el diputado del PP y presidente de la Comisión del Cooperación del Congreso, Pablo Izquierdo. Este diputado, en sus numerosas intervenciones en el Parlamento, vino haciendo, gala de un exigente nivel de control y supervisión hacia la labor de las ONG para evitar situaciones de irregularidad y abuso. Sin embargo, tras el cambio de Gobierno en el año 2004, ha llevado a que se conozcan numerosas situaciones de abuso, favoritismo y descontrol en su propia ONG y protagonizadas por él mismo, como cargar el alquiler de lujosos pisos para su disfrute personal, imputar gastos de bares de copas y de alterne, incluir como gastos de funcionamiento de su ONG comidas en restaurantes de lujo, viajes vacacionales a Italia o carísimos puros, utilizar las cuentas corrientes previstas para programas de ayuda humanitaria para sacar con las tarjetas del cajero automático cantidades prácticamente diarias para gastos ordinarios hasta superar los 3.000 euros, cargar a la ONG gastos por los que ya cobraba en concepto de dietas como parlamentario, etc. Tengamos en cuenta que sólo la organización de la que hablamos, presidida por el diputado Izquierdo, anterior jefe de Prensa del ex presidente Aznar, en la que también llegó a ser vicepresidenta su mujer, recibió durante los años de gobierno de este partido más de 18 millones de euros. Todos estos hechos son una auténtica declaración de principios sobre la visión y el papel real que se tiene de las ONG en determinados ámbitos del PP y de la derecha española, defensoras de una ortodoxia neoliberal.

La actitud de este cualificado diputado del Partido Popular, anterior presidente de la Comisión de Cooperación de Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Congreso de los Diputados y presidente de una destacada ONG vinculada a este partido resulta suficientemente elocuente del grado de utilización de las organizaciones no gubernamentales por parte de sectores de la derecha neoliberal. Así, han trabajado por debilitar toda la capacidad movilizadora de este sector, reduciéndolo a simples instituciones subsidiarias, gestoras de servicios públicos transferidos mediante las políticas privatizadoras llevadas a cabo en los últimos años. Al mismo tiempo, han venido apelando a una reducción de gastos dirigidos a estas organizaciones por considerarlos como ineficientes para estimular la economía y el libre mercado, defendiendo la reducción de subvenciones generadoras de todo tipo de servidumbres. Y, por si fuera poco, han trabajado para conseguir un desarme ideológico en las ONG con el que desactivar cualquier contestación a las políticas llevadas a cabo desde diferentes gobiernos. El mismo ex diputado, Pablo Izquierdo, defendía en un curioso opúsculo publicado por la fundación del PP, Cánovas del Castillo: La utilización de los recursos de la cooperación con fines políticos es un grave inconveniente para el futuro y la eficacia de la cooperación. La neutralidad política de la cooperación es fundamental. Neutralidad en la administración y también en los diferentes actores de la cooperación. Neutralidad e independencia en las ONG e instituciones plurales de la sociedad [...]

El informe del Tribunal de Cuentas sobre las ONG
A finales del año 2004, se ha tenido acceso a un informe de una extraordinaria relevancia tanto por su contenido, como por la institución que lo ha realizado. Se trata del Informe de fiscalización de las subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), realizado por el Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes Generales que ejerce sus funciones por delegación de ellas, según el artículo 136 de la Constitución Española. Esta auditoría entra con detenimiento a analizar el programa de subvenciones a las ONG que trabajan en el campo de la cooperación internacional, otorgadas por el organismo especializado en esta materia y que cuenta con la mayor partida presupuestaria para subvencionar a ONG de desarrollo de todo el Estado.

Los datos contenidos en este informe y referidos básicamente a la concesión, gestión, seguimiento y evaluación del programa de subvenciones a ONG de la cooperación española no pueden ser más concluyentes al poner de manifiesto la parcialidad y discrecionalidad en la implementación de este programa de subvenciones; el favoritismo con que se viene gestionando; la ausencia de criterios en su aplicación; la vulneración de buena parte de las normas legales y de auditoría elaboradas por la Intervención General del Estado en lo referido a subvenciones públicas; la falta de registros y soportes documentales básicos sobre buena parte de los programas financiados; la vulneración de principios básicos en el ordenamiento legal como la objetividad, igualdad de oportunidades y la libre concurrencia; la ausencia de criterios básicos de evaluación y seguimiento sobre las acciones financiadas; el favoritismo y el amiguismo con que se viene aplicando y que llega incluso a financiar actividades ajenas a la AOD a algunas ONG; la aplicación de criterios no homogéneos en la baremación de los programas subvencionados; la concentración de una parte importante de las ayudas en muy pocos beneficiados; la inexistencia de soportes documentales justificantes de las acciones llevadas a cabo; y, en definitiva, la utilización tan negligente que de unos recursos tan importantes se ha venido haciendo en los últimos años, y que para el año 2001 han ascendido a 238.232.949 millones de euros en las subvenciones ordinarias, junto a otros 9.850.686 millones más recibidos como donaciones e ingresos de campañas ante distintas catástrofes humanitarias, haciendo un total cercano a los 250 millones de euros solo para el año anteriormente mencionado.

No hay ninguna duda de que el poder que muchos gobiernos tienen sobre las ONG a través de su financiación y subvención está generando una destrucción paulatina de las señas de identidad de muchas de estas organizaciones, cada vez más dependientes de estos recursos, obligándolas a compartir su espacio de trabajo con otras nuevas, creadas de manera oportunista para financiar actividades y propósitos espúreos al servicio de algunos gobernantes.

La financiación en las ONG se ha convertido así en la cara y la cruz de las mismas, y posiblemente haya que hacer una seria reflexión sobre los límites que deben establecerse en los Estados contemporáneos para evitar que ésta sea el origen de importantes recursos discrecionales en manos de los responsables políticos de turno, con una extraordinaria capacidad de destrucción del tejido asociativo y alteración de sus dinámicas de intervención social.