sábado, abril 11, 2015

Cambio de régimen: un acto criminal contra Iraq

La invasión estadounidense de Iraq se basó en mentiras y ha dado lugar a horrores innombrables. Es hora de que se asuman responsabilidades, dice el ex representante de Naciones Unidas en Iraq, Hans von Sponeck.
Los textos de Naciones Unidas no contienen ninguna referencia al “cambio de régimen” ni tampoco los compendios legales. El cambio de régimen es una expresión acuñada por los gobiernos occidentales, especialmente los de Estados Unidos, para describir una política que no está recogida en el derecho internacional.
El cambio de régimen inducido desde el exterior jamás ha resuelto los conflictos internacionales. Por el contrario, los ha intensificado dondequiera que se ha intentado aplicar. Las víctimas son siempre civiles inocentes. Ente los muchos ejemplos que existen destaca el de Iraq.
Después de años de cooperación clandestina entre espías estadounidenses y grupos de oposición iraquíes, el Congreso de Estados Unidos se puso en evidencia al aprobar la denominada Iraq Liberation Act (Ley de Liberación de Iraq) por la que se declaraba que la política de Estados Unidos debía “apoyar los esfuerzos para eliminar el régimen encabezado por Sadam Hussein”.
La Ley fue firmada por Bill Clinton el 31 de octubre de 1998. Cinco años más tarde, en marzo de 2003, el sucesor presidencial de Clinton, George W. Bush, envió las tropas estadounidenses al país.
Estados Unidos legitimó esa invasión insistiendo en que el Iraq de Sadam albergaba armas de destrucción masiva y que cooperaba con redes terroristas, al-Qaeda incluida.

La política del miedo

Los think-tanks estadounidenses promovieron el miedo. Algunas de las declaraciones emitidas públicamente sostenían que “[...] Debido a la capacidad limitada de las fuerzas militares convencionales iraquíes, sus programas de armas de destrucción masiva amenazan con desarrollarse aún más”, y que “[...] Existe [...]una sospecha general de que Iraq está trabajando en diversos planes de contingencia terrorista por si Sadam estima necesario atacar Estados Unidos”.
El Gobierno de Bush acogió con entusiasmo estas insinuaciones formuladas por presuntos académicos como Kenneth Pollack, un compañero del Consejo de Relaciones Exteriores que se identifica en la portada de su libro The Threatening Storm (La tormenta amenazante, 2002) como “uno de los principales expertos del mundo en Iraq”.
Que Iraq no tenía armas de destrucción masiva es ya un hecho de la Historia, tal y como declaró el viceprimer Ministro iraquí, Tariq Aziz, ante varios inspectores jefes de armamento de Naciones Unidas, entre ellos, Richard Butler y Hans Blix, el primero un adepto a los intereses estadounidenses. De hecho, algunos inspectores de armamento de Naciones Unidas confirmaron que desde 1995 Iraq no era una amenaza.
Los vínculos con grupos terroristas tampoco se pudieron demostrar; muchos sabían que esas acusaciones eran falsas incluso antes de la invasión. Iraq, una república laica, no tenía ningún interés en aliarse con grupos fundamentalistas como Al-Qaeda.
Sin las armas de destrucción masiva y sin esas invenciones terroristas no habría existido ninguna base sobre la que las autoridades estadounidenses pudieran sostener que Iraq representaba “una amenaza para muchos de sus vecinos si no concurren las fuerzas de Estados Unidos”.
Los hechos son tercos. En trece años de sanciones el gobierno de Sadam se mantuvo firmemente en su lugar, el programa “petróleo por alimentos” de Naciones Unidas se convirtió en una herramienta política, y el pueblo iraquí quedó expuesto a un “daño colateral inevitable”.
John Negroponte, embajador de Estados Unidos, no dudó en confirmarlo ante el Senado de su país en abril de 2004: “A pesar de que el flujo de bienes humanitarios y civiles a Iraq fue un asunto de gran importancia para el Gobierno de Estados Unidos, hay que destacar que aún mayor preocupación causó durante todo el período de las sanciones asegurarse de que no se permitiera importar ningún producto que pudiera [...] contribuir al programa de armas de destrucción masiva de Iraq”.
Tras la invasión de 2003 y el levantamiento de las sanciones se conoció la degradación de la miseria humana. Según UNICEF, en 2002, 132 bebés iraquíes de cada mil morían antes de cumplir cinco años; solamente Afganistán superaba esta cifra.
Los bienes asistenciales que importaba Iraq en el marco del programa petróleo por alimentos desarrollado entre 1996 y 2003 ascendieron a sólo 185 dólares por persona y año.

Naciones Unidas estimaba en aquel periodo que entre el 60% y 75% de la población dependía del apoyo de ese organismo internacional.

Advertencias ignoradas y desatendidas

La tragedia para el pueblo iraquí, para el derecho internacional y para el prestigio de Naciones Unidas es que hubo voces internas de la secretaría de la ONU en Bagdad y en Nueva York, así como de algunos miembros del Consejo de Seguridad, que venían advirtiendo de las consecuencias de tales políticas.
Esas voces fuero acalladas por Washington y Londres en favor de un cambio de régimen bilateral e intransigente dictado por puro interés.
No se escatimaron medios para asegurar al máximo su encubrimiento:

* Se alentó la falsificación de los hechos, una gravísima traba para la misión de la ONU en Iraq;

* A menudo se compró el apoyo político con sobornos;

* La obtención de suministros se convirtió en un proceso burocrático tortuoso para garantizar largas demoras;

* Los bienes solicitados se bloqueaban con frecuencia por motivos espurios;

* Se enviaron agentes para infiltrarse en las misiones de la ONU en Iraq;

* Se amenazó al personal de la ONU que se oponía a las políticas de Estados Unidos y de Reino Unido.

El valiente embajador de Brasil ante la ONU en Nueva York, Celso Amorim, utilizó la presidencia de Brasil del Consejo de Seguridad para examinar las condiciones humanas en Iraq.
En 1999 convocó un comité sobre Iraq para evaluar la adecuación del programa de petróleo por alimentos. Poco después, Amorim fue trasladado fuera de Nueva York bajo una fuerte presión de Washington.
Tras la publicación del informe del comité, el representante permanente de Malasia ante Naciones Unidas, Dato Agam Hasmy, se dirigió al Consejo de Seguridad en un discurso que permanecerá para siempre como un honorable y poderoso testimonio de coraje:
Qué ironía que la misma política que supuestamente debería de servir para desarmar a Iraq de sus armas de destrucción masiva se haya convertido en un arma de destrucción masiva.
En 2003 se eliminó al gobierno de Sadam Husein e Iraq fue “liberado”. Según las autoridades estadounidenses Iraq podía finalmente optar por la democracia. En 2015, 12 años después de la invasión y cuatro años desde el final de la ocupación, Iraq se enfrenta a dificultades incontables a escala nacional, regional, local y de sus individuos.
Aunque se presenta a la organización del Estado Islámico como “la” cuestión de Iraq, existen otros problemas gravísimos. Las guerras, el sectarismo, el conflicto civil y la delincuencia sacuden los cimientos del país.
Muchos niños no asisten a la escuela, el sistema educativo está penetrado por las divisiones confesionales, los académicos iraquíes han sido víctimas de secuestros, extorsiones y asesinatos indiscriminados, Iraq se ha convertido en uno de los puntos de tránsito de opio y cannabis, millones de niños iraquíes son huérfanos y se estima que hay un millón de hogares encabezados por mujeres.
Los responsables se han negado a aceptar su responsabilidad. Se han vuelto mudos o insisten en la infamia de que la “perspectiva de conjunto” justificó los medios.
Se exculpan a si mismos de las condiciones en que se halla Iraq hoy en día. Se desentienden de su contribución a la destrucción de las infraestructuras físicas y sociales de Iraq por haber usado municiones prohibidas como el uranio empobrecido y el fósforo blanco, de la brutalidad y la terrible tortura infligida durante los ocho años de ocupación.

Tortura y mentiras

Nadie puede olvidar las fotografías de Satar Jabar, “el hombre encapuchado de Abu Ghraib”.
El informe de evaluación del Senado estadounidense sobre las torturas practicadas por la CIA, publicado en diciembre de 2014 por el senador estadounidense Diane Feinstein –un acto valiente de necesidad– confirma de manera detallada que las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” se utilizaron de manera generalizada.
El informe corrobora que la falsificación deliberada de los hechos y de los acontecimientos por parte de las autoridades estadounidenses, especialmente de la CIA, se intensificó después del 11-S.
El informe sobre la tortura señala que gran parte de la llamada “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos se justificó y se legitimó mediante acusaciones que eran absolutamente falsas.
La publicación de este informe sobre la tortura ha animado a la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur a presentar dos volúmenes de pruebas de torturas al recién nombrado fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya.
Esta información se ha recopilado gracias a prisioneros que fueron torturados en Abu Ghraib, Bagram y Guantánamo.
Gracias a informes como este, que ponen al descubierto los crímenes cometidos en nombre del “cambio de régimen” y de la “guerra contra el terrorismo” ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas.
Trece años después de la invasión se ha producido una transformación en la toma de decisiones internacionales desde el unilateralismo de Estados Unidos a la multipolaridad. Ello proporciona nuevas e importantes perspectivas para acabar con la impunidad.

Hans Von Sponeck, diplomático alemán, fue Coordinador Humanitario de Naciones Unidas para Iraq con rango de Secretario General Adjunto desde 1998 hasta 2000, cuando dimitió en protesta por la abyecta política de sanciones aplicada por Naciones Unidas contra la población y el Estado de Iraq. Ha publicado en castellano Autopsia de Iraq, en Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, 2007.

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