El insostenible intento de separar a dueños corruptos de empresas “impolutas”.
El oficialista diario Clarín (6/11) dice, con conocimiento de causa, que el gobierno quiere “encapsular” el tema de los “cuadernos” de las coimas del memorioso Oscar Centeno, el ex chofer del Ministerio de Planificación en la época de Julio De Vido, que inculpa a funcionarios K, pero también a empresarios de los principales grupos y bancos del país, amigos o cercanos a la camarilla gobernante, “aislando” de la acusación a las empresas cuyos directivos o accionistas estén enredadas en los escándalos de corrupción.
En ese camino, el jefe de los abogados del Estado, Bernardo Saravia Frías, dictaminó hace unos días que las empresas cuyos “socios, directivos o representantes están siendo procesados por la presunta comisión de ilícitos” no deben quedar inhabilitadas para intervenir en la realización de obras públicas.
Es que las salpicaduras que reciben los Roggio, los Roca, los Cartellone, los Calcaterra y los Eurnekian, hace tambalear el andamiaje de negocios de los sectores concentrados de la burguesía nacional y golpea el esquema -ideado por el gobierno- de los proyectos de Participación Público Privada (PPP), donde esos grupos, que están acusados de ‘cartelización’, y de esquilmar al Estado con sobreprecios y repartir coimas entre los funcionarios, tendrían un papel central en este mecanismo para la realización de obras públicas de infraestructura.
Saravia Frías dijo que el escándalo obliga a defender más que nunca el principio de inocencia, para no caer "en una caza de brujas". El dictamen fue en respuesta a una presentación de las empresas Benito Roggio e Hijos y José Cartellone Construcciones para participar en una obra de ampliación del río Salado, pero resulta que Roggio fue procesado con prisión preventiva y admitió que pagó coimas para quedarse con contratos para su empresa.
Cartellone, por su parte, fue mencionado por el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, como uno de los beneficiarios del “club de la obra pública” que se repartía de manera cartelizada los contratos de construcción, obviamente en favor de su grupo.
Es de una inconsistencia absoluta intentar separar los actos de corrupción de los dueños o altos directivos de las empresas de la responsabilidad de éstas. Es obvio que los ilícitos, al igual que todas las decisiones de las empresas, los llevan a cabo personas concretas, pero para que las mismas obtengan o multipliquen sus ganancias y es de allí de donde sale el dinero para “aceitar” a los funcionarios.
El escándalo de los cuadernos que, en un primer momento aparecía como un fuerte golpe para los K por sus hechos de corrupción, a medida que fueron pasando las hojas, fue cobrando un alcance que golpea fuerte sobre los planes oficiales. La misma nota de Clarín destaca que en el gobierno temen, desde que aparecieron las anotaciones del chofer, por las “consecuencias económicas que traería la investigación en un cuadro de recesión” como el que se viene profundizando cada día más.
Esta preocupación por cerrar los agujeros que dejan al descubierto la crisis oficial, hace que el gobierno no espere los resultados de la tramitación en la Justicia. Así actuó también en el caso del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, asociado a Odebrecht, la empresa acusada por múltiples casos de corrupción, a la que, por medio de una comisión oficial ad hoc, “dictaminó” que no habían incurrido en ningún delito en la cuestionada obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Pero las causas siguen abiertas aquí y ahora se pueden extender a los Estados Unidos, con la intervención de organismos oficiales de ese país que recalaron hace unos días en la Argentina para iniciar el proceso de investigación de varios de los grandes grupos argentinos que cotizan en la bolsa de Nueva York. La crisis sigue su curso y golpea fuerte sobre el gobierno.
Nelson Marinelli
No hay comentarios.:
Publicar un comentario