Tras largas negociaciones, una serie de prebendas y numerosas modificaciones, la reforma previsional ajustadora que promueve el gobierno de Jair Bolsonaro logró anteayer en Diputados una de las primeras cuatro votaciones favorables con al menos tres quintos de los votos que -por tratarse de una enmienda constitucional- requiere para su aprobación final. Luego de ello se negociaban otros puntos en debate, en la perspectiva de avanzar hacia una segunda votación en la cámara lo antes posible, tras lo cual pasaría a dos votaciones en el Senado.
El texto, aprobado con 379 votos a favor y 131 en contra, incluye el establecimiento de una edad mínima de jubilación, que será de 65 años para los hombres y 57 para las mujeres, fuertes modificaciones a la baja en el cálculo de las jubilaciones futuras y tiempos mínimos de contribución en el sector privado de 20 y 15 años (y de 40 para recibir el 100% de la media salarial, en un país donde la extendida informalidad hace a muchísimos imposible sumar tantos aportes). El severo golpe contra las masas brasileñas queda cifrado en el “ahorro” previsto de 240.000 millones de dólares para los próximos 10 años, y en la “euforia” con la que los mercados brasileños recibieron la votación. Mientras el gobierno fundamenta este hachazo en la necesidad de recortar el “déficit fiscal”, él y sus antecesores han permitido que las deudas de las empresas privadas, bancos y fundaciones con la seguridad social se triplicasen entre 2008 y 2018.
Sacudido por la debacle económica (con un virtual estancamiento y 13 millones de desocupados), los choques que no cesan al interior del gabinete (y ya se llevaron puestos a cuatro de sus miembros) y los escándalos como el del titular de justicia Sergio Moro por la manipulación en el caso Lava Jato, Bolsonaro necesitaba a como dé lugar que la reforma avance para dar muestras de firmeza. En esa desesperación, con la presión en contrario de las grandes movilizaciones educativas y obreras de estos meses contra el ajuste y la reforma, debió dejar en el camino elementos clave del proyecto original, en primer lugar la instauración de un sistema de capitalización privado, y también la afectación de la reforma sobre las cajas jubilatorias de los Estados y municipios. “Esos cambios provocaron una disminución del ahorro fiscal proyectado de unos 75.000 millones de dólares en una década, pero podrían ser reintroducidos en el Senado”, señala el corresponsal de Clarín (11/7).
De conjunto, ante la necesidad reglamentaria de obtener tres quintos de los votos, esta primera aprobación fue precedida por un festival de prebendas: exenciones multimillonarias al agronegocio, cuyos representantes tienen más de 150 bancas; y una liberación de fondos de más de “unos 1.500 millones de dólares (…) a los distritos de diputados que estaban indecisos” (La Nación, 11/7).
Las concesiones han supuesto también grandes beneficios jubilatorios para los y las agentes de las fuerzas represivas –con un gran peso en las bases parlamentarias del bolsonarismo-, que terminaban de definirse por estas horas. En la otra vereda, se debatían también consideraciones especiales sobre el régimen jubilatorio de la docencia, que han protagonizado fuertes movilizaciones contra el gobierno.
La oposición
La sesión contó con los votos en contra del PT de Lula y del PSOL. Sin embargo, tanto los engrases mentados como otras concesiones sirvieron para comprar el apoyo de los gobernadores, entre los que se incluyen varios del PT. En esta órbita centroizquierdista, por su parte, la reforma de Bolsonaro se hizo con 8 votos del PDT (de 27) y 11 del PSB; sus direcciones debieron salir a anunciar la expulsión de los diputados.
El punto central es que la huelga general del 14 de junio mostró la enorme disposición popular a enfrentar la reforma previsional y el ajuste del gobierno, como lo hicieran en la previa las marchas nacionales educativas. En lugar de profundizar este curso de lucha, explotando a su vez el escenario de entuertos del gobierno fascistoide, luego de aquellas jornadas la Central Única dos Trabalhadores petista y las otras grandes centrales sindicales han llevado adelante una política de desmovilización, permitiendo el avance de la reforma. La superación de estas direcciones por parte de los trabajadores aparece como una clave en la lucha para vencer al gobierno, imponiendo en lo inmediato un nuevo paro general por el retiro del proyecto.
“Lo que Brasil vote finalmente sentará un precedente para la Argentina, frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno de Cambiemos o el que le suceda, asuma una reforma jubilatoria por su cuenta”, destacaba ayer Perfil, luego de señalar meses atrás que “Bolsonaro corre el riesgo de que le pase lo mismo que a Mauricio Macri en 2017: obtener una reforma previsional que se quede a mitad de camino” (1/3). Ya en ocasión de la reforma laboral en el país vecino, las patronales locales destacaban que si no se copiaba aquí ese curso negrero no podrían competir.
Esta “agenda pendiente” contra los jubilados implica el aumento de la edad jubilatoria, un peor cálculo de movilidad y la baja de los haberes iniciales. Que no es privativa del gobierno lo dejó claro el economista de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen, quien días atrás subrayó que el plan de refinanciación que le plantean al FMI “va a poner en el centro de la escena la reforma previsional, que es el principal rubro de gasto público y con la indexación más agresiva. Es un problemón y la Argentina tiene que resolverlo” (ídem, 26/6).
De un lado y del otro de la frontera, los trabajadores tienen planteada una lucha a fondo por sus conquistas, sobrepasando a las direcciones conciliadoras y entreguistas del movimiento obrero y abriendo un camino de movilización hasta derrotar a los regímenes del FMI y sus reformas.
Tomás Eps
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