Desde hace una semana Puerto Rico están convulsionadas por una oleada de movilizaciones contra el gobernador Rosello. El ultimátum de las calles para que renuncie vence este domingo.
Desde hace una semana las calles de Puerto Rico están convulsionadas por una oleada de movilizaciones. Decenas, o quizás algunos cientos de miles piden a gritos la renuncia del gobernador Ricardo Roselló. La nota de color, obviamente, la han dado las celebrities, esos inconfundibles latinos que cantan en spanglish, como Ricky Martin y René Pérez Joglar (Residente). El rapero del momento, Bad Bunny, compuso el hitazo de la rebelión, que se titula nada menos que “Afilando los cuchillos”.
Lo que disparó esta oleada de indignación fue la filtración de conversaciones de un grupo de chat que tenía el gobernador con ministros, funcionarios de alto rango y su círculo político íntimo, hechas públicas por el Centro de Periodismo Investigativo.
Con una mezcla de estupor y rabia, los portorriqueños accedieron a unas 900 páginas que resumen un año de intercambios de mensajes políticos irónicos, bromas misóginas y homofóbicas, insultos a periodistas y a políticos opositores (como la alcaldesa de San Juan, la capital) y hasta chistes de mal gusto sobre las políticas de austeridad y los muertos del Huracán María, que asoló la isla en septiembre de 2017.
El domingo 21 de julio vence el ultimátum que la movilización le dio al gobernador para que renuncie. Por ahora, Roselló sigue atornillado a su cargo, pero ha perdido el apoyo de sus aliados externos -en particular del Partido Demócrata, al que adhiere Roselló, pero también republicanos en Estados Unidos- y de su base de sustentación interna, empezando por el Partido Nuevo Progresista al que pertenece. A esta altura el hombre es un muerto político. Que haya sobrevivido solo se explica porque quienes lo siguen en la línea de sucesión estaban todos en el mismo grupo de Telegram por lo que tuvieron que renunciar y están ahora bajo investigación.
El escándalo ya tiene sus hashtags de rigor: #Telegramgate; #Chatgate; #Rickyleaks y seguramente en los próximos días seguirá la lista.
Pero más allá de cómo se llame, esta filtración fue solo la punta del iceberg de un descontento profundo que se viene acumulando y que ha alcanzado punto de ebullición.
Esta revuelta, que aún está en pleno desarrollo, se inscribe sin dudas en la situación de dependencia colonial de Puerto Rico, aunque su causa eficiente sean las durísimas condiciones de existencia de la mayoría de la población que está lejos de vivir como los ricos y famosos. La relación entre ambas temporalidades es evidente pero no son necesariamente la misma cosa.
Puerto Rico es parte del territorio norteamericano –cedido a Estados Unidos como botín por España a fines del siglo XIX- pero su estatus es de “estado libre asociado”, lo que significa una posición más cercana a una colonia, con un gobierno propio pero sin ningún tipo de soberanía. Esto implica que como no es un estado federado, no vota por ejemplo el presidente de Estados Unidos (que es elegido por los estados y no por el voto directo) ni tampoco tiene representación en el Congreso, excepto un observador sin voto. Desde 1917 Estados Unidos les concedió la ciudadanía, pero son ciudadanos de segunda clase, que a menudo son blanco de los mismos ataques que sufren los inmigrantes (ilegales o no) como se ha visto en los tuits racistas que el presidente Donald Trump le dedicó a las cuatro congresistas díscolas del partido demócrata, entre las que se encuentra Alexandra Ocasio Cortez.
Como se puede leer en otra nota de La Izquierda Diario, Puerto Rico atraviesa una situación de coloniaje recargado desde que se ha declarado en quiebra, quedando bajo la tutela de una “maldita junta” que supervisa la liquidación de los activos de la isla –como la privatización de la empresa de energía y del sistema educativo- y la aplicación de un durísimo programa de ajuste para pagar su deuda impagable a los buitres de siempre, es decir, a los fondos de inversión de Wall Street.
El devenir político de Puerto Rico es un problema interno de la política norteamericana, empezando porque la población boricua en Estados Unidos ya asciende a 5,5 millones (contra 3,2 millones que viven en la isla), concentrada principalmente en Florida, un estado estratégico que puede hacer la diferencia en una elección peleada y polarizada.
Como se sabe Trump reclama el crédito por haber denunciado al gobierno de Roselló, que está aliado a los demócratas pero tuvo funcionarios afines al gobierno republicano, por su impericia tras el Huracán María. El presidente norteamericano recurrió como es su costumbre a una fake news: dijo que Estados Unidos le había dado 91.000 millones de dólares a Puerto Rico, más que Estados como Texas y Florida combinados. Pero en verdad, la cifra de la ayuda está muy lejos de ese monto y fue entregada a cuenta gotas. Claro que esto no exime al gobierno de Roselló, que durante mucho tiempo negó incluso la altísima cifra de muertos en el Huracán.
Los demócratas –desde el establishment hasta los “insurgentes”- también le soltaron la mano a Roselló. Ocasio Cortez, que viene de una familia de origen portorriqueño, pidió también su renuncia.
Tanto republicanos como demócratas tienen en sus plataformas la propuesta de transformar a Puerto Rico en el estado número 51, porque de esa forma aportaría senadores y votos en el colegio electoral, que cada cual cuenta en su haber. Este cálculo electoral choca con el razonamiento de quienes se oponen con el argumento de que Estados Unidos no necesita incorporar un nuevo estado que es más pobre que Mississippi, y que tiene más que ver con América Latina que con la principal potencia imperialista.
Los dos principales partidos que se alternan en el gobierno de Puerto Rico se han encargado de gestionar el estatus colonial de la isla. Ambos han tejido lazos que los unen tanto a sus amos coloniales como a las familias ricas y las elites locales.
Mientas el Partido Nuevo Progresista del actual gobernador vende el humo de transformar a la isla en un estado plenamente integrado a Estados Unidos, el Partido Popular Democrático defiende los supuestos beneficios de ser un “estado libre asociado” como si se tratara de un pacto en igualdad de condiciones. Muy lejos en las preferencias está el Partido Independentista Puertorriqueño que plantea la independencia pero de manera retórica y sin ningún programa serio para verdaderamente liberarse del tutelaje colonial.
Esta no es la primera vez que la isla entra en estado de rebelión. Para nombrar solo dos antecedentes cercanos en el tiempo, las movilizaciones actuales se comparan con las protestas de 2001 contra los ejercicios de la marina de Estados Unidos en Vieques, y con las protestas del movimiento estudiantil en 2010 y nuevamente en 2018 contra la privatización de la educación y la austeridad.
El arte de los partidos tradicionales y de sus aliados en Estados Unidos será que la protesta se detenga en la renuncia del “gobierno corrupto” y no cuestione el estatus colonial. Pero aún está por verse si lo lograrán. La crisis aún tiene final abierto.
Claudia Cinatti
Sábado 20 de julio | 15:31
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