La ficción de Pol-Ka, la demanda de Moyano y la campaña antisindical del gobierno.
La demanda de Hugo Moyano contra Adrián Suar por El Tigre Verón volvió a colocar hoy a la nueva miniserie de Pol-Ka en la tapa de los diarios. El abogado del dirigente camionero alega que la producción se basó en su vida personal sin consentimiento (por lo que exige el pago de una multa y una participación en las ganancias), y señala que la serie “tiene como objetivo mostrarlo como una persona delictiva”.
La denuncia va a tono con la de otros tantos líderes de la burocracia sindical, que han puesto el grito en el cielo por este retrato de un dirigente gremial envuelto en un entramado mafioso, de violencia y extorsiones.
En la ficción, Miguel Verón, “El Tigre” (Julio Chavez), es un ex boxeador devenido en secretario general del sindicato de los trabajadores de la carne, próximo a elecciones y con la paritarias en puerta. Su método de intervención característico es el apriete, la violencia, la intriga y la fuerza de choque, y los negociados y corruptelas atraviesan su gestión. Verón tiene cuentas off-shore de plata negra del sindicato, a nombre de sus hijos “Justina” (Sofía Gala) -que también está en la mutual del gremio- y “Juando” (Esteban Masturini). Un tercer hijo, “Fabito” (Marco Antonio Caponi), forma también parte del gremio y es patrón de un taller textil clandestino con mano de obra semi-esclava.
Como sinuosamente reconoce el abogado de Moyano, los popes sindicales le han dado el guión para ello. ¿Quién puede negar que quienes dirigen los sindicatos están envueltos en negociados delictivos a espaldas de sus afiliados? El prontuario de la burocracia es bien abultado, y basta mencionar los desmanejos de Moyano en Independiente y el involucramiento de varios popes en el escándalo de Panamá Papers, entre ellos el fallecido “Momo” Venegas (de UATRE), Guillermo Pereyra (del sindicato petrolero) y Omar Maturano (de La Fraternidad, conductores de trenes).
Prioridades
La serie recoge la persecución, el espionaje y hasta la violencia física hacia la lista opositora por parte del oficialismo, con barrabravas, patotas y demás grupos de choque (algo que sufrimos cotidianamente quienes enfrentamos a la burocracia), así como la existencia de irregularidades en los padrones electorales (como hemos denunciado las listas clasistas y antiburocráticas en numerosas oportunidades en gremiales como la CTA-Yasky, ATE Mendoza y SADEM, entre otras).
Sin embargo, la cuestión de las reivindicaciones sindicales tiende a quedar relegada, priorizándose el aspecto policial –con la investigación sobre la actividad criminal de Verón que lleva adelante la fiscal Lorena Raimundi (con una destacada actuación de Muriel Santa Ana)-, así como el drama familiar.
En esta línea, los trabajadores aparecen en los piquetes y los bloqueos de las plantas solo como apéndices de las decisiones de la dirigencia sindical. A pesar de las críticas de la oposición del sindicato, no hay una intervención autónoma de los trabajadores (la serie elige mostrar como única oposición organizada a aquella que termina cooptada por la patronal de la empresa). No hay asambleas, no se ve a las plantas deliberando sobre los despidos o las paritarias. Las elecciones gremiales son medidas por encuestas pero no se ven los debates que se procesan por lo bajo.
Ante todo, el gran ausente en la ficción es el Estado. Por fuera de la intervención judicial, no aparece como actor, ello incluso en medio del conflicto paritario. Pero tanto la corrupción como, sobre todo, la entrega de las conquistas de los trabajadores por parte de la burocracia, son inexplicables sin la complicidad entre esta y el poder político, al que le garantiza la contención del movimiento obrero a cambio de numerosas contraprestaciones. Cualquier intento de explicar la descomposición de la burocracia sin atender a esta subordinación al Estado, defensor de los intereses de los capitalistas, queda necesariamente trunco.
Este retrato sesgado va a tono con el momento de estreno de la serie, cuando el gobierno y las patronales, montándose sobre el desprestigio de esta burocracia sindical, desenvuelven una furiosa campaña contra la organización gremial de los trabajadores, con el objetivo de allanar la reforma laboral flexibilizadora, ya sea en paquete o por partes (que aparece, aunque brevemente, en la producción televisiva).
Desde sectores de la burocracia protestaron en un comunicado por esta “estigmatización” intencionada de la serie, ello cuando entre sus firmantes (donde priman los impulsores de la fórmula Fernández-Fernández) aparecen varios de quienes pactaron tres leyes de reforma laboral con Macri. Finalmente, este plan de flexibilización aparece al tope los reclamos de la burguesía nacional y del FMI, con el que tanto Macri como el PJ se han comprometido a cumplir.
Las campañas negreras de las patronales y sus partidos refuerzan la necesidad de luchar para sacarnos de encima a la burocracia descompuesta, por una nueva dirección en el movimiento obrero, democrática, clasista y antiburocrática, y con la perspectiva de una transformación social de raíz.
Nacho Artero
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