Una cumbre proimperialista y antiobrera

La apertura económica que se consagra a través del tratado Mercosur-Unión Europea va a acentuar la primarización de la economía latinoamericana.

La cumbre del Mercosur que se realiza en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y los presidentes de Uruguay, Paraguay y Bolivia, es el escenario para alentar a nivel continental una ofensiva capitalista de grandes proporciones, encabezada por la puesta en marcha de reformas laborales, jubilatorias y tributarias. Esta agenda es la que viene reclamando el FMI y figura en los memorándums que ha ido enviando a la Argentina y, de un modo general, en sus intercambios y negociaciones con el resto de los países latinoamericanos.
No se nos puede escapar que los consensos que se cocinan en la cumbre cuentan con el aval de presidentes de cuño ideológico diferente: tanto de los exponentes de la derecha latinoamericana como de los llamados “nacionales y populares” y “progresistas”. Esta circunstancia es muy aleccionadora porque demuestra que no hay una diferencia de principios de clase entre unos y otros. El nacionalismo burgués y la centroizquierda han sido incapaces de hacer frente a las tendencias dislocadoras y disolventes de la crisis mundial; han terminado sucumbiendo a las presiones del gran capital, pactando con el FMI y convirtiéndose en un vehículo de sus dictados. Basta como botón de muestra el derrotero del gobierno sandinista de Ortega, o del PT en Brasil.
La prensa argentina ha llamado la atención de la impostura de Evo Morales, que participaría como invitado estelar en la “contracumbre” de Rosario -auspiciada por un espectro variopinto de fuerzas del arco progresista-, para luego marchar a Santa Fe y brindar su respaldo a la cumbre antiobrera. Aunque todo indica que Evo ha cambiado de planes y llegaría directamente a la Cumbre, tal contradicción no debería sorprender a nadie, porque tanto Tabaré Vázquez como Evo vienen de saludar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, cuando es imposible disimular que el mismo va a reforzar la condición semicolonial de América Latina. Evo declaró que “la finalización de dichas negociaciones demuestra el espíritu de integración existente entre ambos bloques, en especial, en momentos de incertidumbre del Sistema Multilateral de Comercio” (Perfil, 15/7)
El cónclave en repudio al neoliberalismo que se realiza en Rosario no será la única “contra cumbre”. En Santa Fe tiene lugar un “encuentro de los pueblos por la integración nacional”, organizado por la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Santa Fe (Festean), bajo la consigna “Juntos somos inconquistables”. Entre los asistentes figura el ex canciller Jorge Taiana, quien también tendrá que hacer un equilibrio complicado, ya que durante sus años como canciller de Néstor Kirchner trabajó en pos del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que el kirchnerismo ahora rechaza.
La apertura económica que se consagra a través de este tratado va a acentuar la primarización de la economía latinoamericana y a facilitar un desembarco y una penetración aún mayor del capital europeo y del imperialismo en la vida económica del país y de la región, y va a acentuar la dependencia tecnológica y una mayor tutela del imperialismo en el plano político, diplomático y militar.
Para “equilibrar” el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, los gobiernos de Brasil y Argentina impulsan otro tratado de apertura comercial de características coloniales, con Trump. Simultáneamente, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo está de gira por la región, con una agenda de reforzamiento represivo y de mayor alineamiento de Latinoamérica detrás del imperialismo yanqui contra Irán (decreto de Macri contra Hezbollah) y el venezolano Maduro, contra el cual los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil cocinan una declaración. La misma no sería firmada por Uruguay ni por Bolivia, quienes apoyan negociaciones no públicas en curso para conciliar una transición y eventuales elecciones con Maduro.

Reformas en marcha

Todo esto debería ser seguido con atención por los trabajadores y jóvenes del país porque revela los límites insalvables del nacionalismo burgués y de la centroizquierda, en momentos en que nuevamente aparece en escena el kirchnerismo y el PJ unidos y pretenden presentarse como una alternativa superadora de la derecha. La yunta Fernández-Fernández plantea respetar los compromisos con el FMI y renegociación de la deuda, pero “con crecimiento y sin ajuste”. El modelo a imitar seria el portugués: omiten el hecho de que el acuerdo pactado con el FMI por el país lusitano debutó con privaciones y sacrificios sin precedentes, superiores a los de la crisis de 2000-2001 en Argentina. El desempleo en Portugal se elevó al 25% y aún en la actualidad asciende al 18%, hubo un recorte de los salarios nominales y una gran extensión del trabajo precario; el país se convirtió en uno de los paraísos de la flexibilidad laboral.
El planteo de Alberto y Cristina de una transición indolora y de que habría chances de gambetear los costos sociales que implica el pacto con el FMI se ha revelado infundada. Syriza, que en su momento hizo migas con el kirchnerismo, dando lugar a elogios recíprocos entre ambas fuerzas, es un claro ejemplo de que no hay punto de conciliación posible entre las necesidades populares y las exigencias del gran capital. El sometimiento y capitulación de la izquierda ha abierto el paso a la derecha, que ha vuelto al poder en Grecia de manos de Nueva Democracia. Ya los asesores de la dupla Alberto y Cristina han abierto el paraguas advirtiendo que en el años próximos será necesario postergar una distribución de los ingresos y una recomposición de los salarios.
El FMI ha recortado sus pronósticos económicos para Argentina, lo cual muestra a las claras que lejos de “crecimiento” lo que se vaticina es una descoloración económica y, más aún, una prolongación de la recesión en curso. Pero lo más importante es que las recomendaciones del Fondo apuntan a lo que denominan las reformas estructurales. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es utilizado como punta de lanza para acelerar dichas reformas. Con el argumento de que es necesario mejorar la competitividad, se plantea reducir el costo laboral, el costo impositivo y los costos jubilatorios. La burguesía argentina ha tenido una reacción desigual frente al anuncio del acuerdo Mercosur-Unión Europea (hay franjas de ella que tienen recelos frente al riesgo de una competencia ruinosa del exterior), pero coincide en lo que se refiere a la implementación de estas reformas. El hecho de que la reforma previsional haya sido sancionada en la Cámara de Diputados en Brasil actúa como un poderoso factor de presión para que se apruebe en Argentina. Lo mismo ocurre con la reforma laboral, aprobada bajo el gobierno de Temer. La clase capitalista argentina, por otra parte, no se priva de agitar el fantasma de Brasil, y señalar que los cambios han pasado a ser imprescindibles para no ser barridos por los competidores cariocas.
Alberto Fernández ha dicho que rechaza una reforma laboral, pero esto es engañoso pues no se puede ignorar que el antiguo jefe de gabinete de Néstor viene advirtiendo sobre un atraso cambiario y por lo tanto fisgoneando una gran devaluación. Esto significa dolarizar los precios y pesificar los salarios, lo que ya está ocurriendo bajo el impacto de la devaluación implementada en este último año -o sea, una nueva y enorme confiscación de la población. Una devaluación permite licuar el gasto público y los salarios de los trabajadores del Estado, lograr un superávit fiscal y comercial, y por esta vía, reunir los recursos para pagar la deuda. Esta es la receta que aplicó el kirchnerismo al comienzo de su mandato. La garantía para hacer pasar esta política es un pacto social (un "contrato ciudadano", utilizando las palabras de Cristina) que, como ya ha ocurrido en el pasado, servirá para frenar las demandas salariales. No hay que olvidar, además, que la reactivación kirchnerista de la que se jacta y toma como modelo Alberto Fernández se ha basado en una enorme precarización laboral, con un 40% de trabajo en negro, una extensión de la tercerización y de la flexibilidad en las condiciones de trabajo -muchas de las cuales han sido incorporadas en los convenios del trabajo, incluidos los gremios liderados por dirigentes gremiales kirchneristas- y un 50% de los salarios por debajo de la línea de pobreza. Los K no sólo mantuvieron las rebajas de los aportes patronales implementados por Cavallo sino que las ampliaron. En caso de un triunfo pejota-kirchnerista, esta orientación flexibilizadora va a seguir en los convenios por rama con la complicidad de la burocracia, y es campo orégano para luego avanzar a una reforma laboral en regla.
Un lugar especial en la hoja de ruta en marcha lo ocupa la reforma impositiva. Un reciente memorándum del FMI ha vuelto a la carga sobre el punto y plantea eliminar los impuestos distorsivos, entre los que se incluye suprimir “las retenciones a las exportaciones y los impuestos al cheque y el trabajo” (La Nación, 17/7). Uno de los pilares es reducir los aportes patronales, lo cual traería un desfinanciamiento del Anses y aumentaría el déficit previsional. Esto tiene el visto bueno de la UIA y de otras cámaras empresarias que agregan la necesidad de suprimir el impuesto a los bienes personales, derogar el impuesto a las rentas financiera y reemplazar el impuesto a los ingresos brutos por uno a las ventas. Es fácil percibir que esas podas entran en contradicción con el propósito de achicar el déficit fiscal. Este bache pretende ser sustituido por un aumento de los impuestos al consumo, empezando por la supresión de exenciones del IVA que gozan artículos básicos y de primera necesidad.

Puentes abiertos

El capital internacional tiene volcadas sus preferencias a favor de Macri. Desconfía de los K, pero “esto no significa que los puentes estén rotos o se les cierren las puertas. Al contrario. En las últimas semanas, en el Departamento de Estado se hicieron gestiones ante importantes bancos de inversión para que representantes del kirchnerismo fueran recibidos en Washington para que expusieran sus planes. Lo mismo pasó con empresas y otras agencias de la administración” (La Nación, 12/7). Esto coincide con las señales que viene dando la dupla F-F, de que no está dispuesta a sacar los pies del plato. Kicillof salió al ruedo a aclarar que el “control de capitales” que deslizó de ningún modo representaba un retorno al cepo cambiario.
El programa de Macri y el de Fernández-Fernández representan dos variantes para que la crisis la paguen los trabajadores. La campaña del Frente de Izquierda-Unidad tiene por función denunciar estos planes reaccionarios que se están cocinando entre los capitalistas, el gobierno y la oposición patronal, oponiendo un programa de salida de los trabajadores. El programa del FIT-Unidad plantea organizar la lucha contra la reforma laboral, unida a la batalla por la ruptura con el FMI, el repudio al pago de deuda y la reorganización social integral a favor de los intereses de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas. Con este programa llamamos a impulsar la lucha y a conquistar el voto a favor de la izquierda, para separar a los trabajadores de las fuerzas patronales, y construir una alternativa política obrera y socialista.

Pablo Heller