Algunos titulares del fin de semana le dieron relevancia a uno de los pocos proyectos legislativos que superan la “grieta” entre el gobierno y la oposición macrista. Se trata de la iniciativa para reformar la ley de concursos y quiebras, en vistas de que la reapertura de los juzgados comerciales vendría con “una catarata de juicios, ejecuciones y demandas contra empresas que no pueden pagar sus deudas” (La Nación, 26/7).
Los autores de estos proyectos -sean kirchneristas, macristas o lavagnistas- coinciden en sus puntos centrales. El primero de ellos es la suspensión por 90 días de las declaraciones de quiebra y ejecuciones de bienes; el segundo punto prorroga por seis meses la llamada “exclusividad” del deudor para formular propuestas de acuerdos en el marco de los concursos preventivos y, por lo tanto, evitar una precipitación de quiebras u ofertas hostiles por parte de acreedores. La tercera cuestión impulsa acuerdos extrajudiciales preventivos, con la pretensión de que las empresas involucradas puedan continuar con sus operaciones corrientes – en primer lugar, con el acceso al crédito.
Las informaciones periodísticas señalan que las cámaras empresariales han “implorado” (sic) la rápida sanción de esta reforma, para suspender las consecuencias de una cadena de insolvencias que se considera inminentes. 60.000 empresas cerraron sus puertas en los últimos meses, y otras 18.000 dejaron de hacer aportes a la seguridad social. Desde comienzo de años, perdieron sus trabajos 2 millones de personas, entre formales e informales.
Lo único que ´aporta´ la ley en cuestión es la postergación de una bancarrota extendida. La suspensión de ejecuciones y los “arreglos” oficiosos prorrogan en el tiempo un desenlace, pero no aportan ningún elemento de salida. En las informaciones periodísticas, nada se dice de los créditos laborales, o sea las deudas salariales, más allá de las previsionales, que también son con los trabajadores.
Más allá de la postergación de las quiebras, el gobierno “de todos” no tiene nada en la mano. Los capitalistas exigen el rescate del Estado, pero no admiten admitir una apertura de sus cuentas a los trabajadores o al estado.
La dilatación en el tiempo del régimen de quiebras posterga, también, el estallido de una lucha de buitres al interior de la clase capitalista. Un rápido arreglo de deuda permitirá a los fondos externos comprar activos industriales, comerciales o inmobiliarios a ´moneda de quiebra´, o financiar a la oligarquía financiera argentina para hacerlo en su beneficio. El arreglo de la deuda es visto como una red de seguridad para devaluar la moneda.
En lo inmediato, el gobierno anuncia un plan de emergencia para “reactivar la demanda desde el Estado”. Pero el estado esta quebrado. El nuevo “Plan Procrear” apenas activará las partidas de vivienda que no fueron ejecutadas en estos meses, y chocará con la insolvencia general de los posibles “sujetos de crédito” – trabajadores despedidos o precarizados.
Las relaciones sociales capitalistas, paralizadas, se han vuelto una mochila demasiado pesada para el conjunto de la sociedad. La fracción más poderosa del capital lo entiende muy bien. Por eso vuelve a meter en la agenda el tema de la ‘seguridad’
Al rescate imposible de los capitalistas, le oponemos un programa: nacionalizar sin resarcimiento a la gran industria y a la banca, plan económico único, elaborado por un congreso de trabajadores.
Marcelo Ramal
27/07/2020
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