En el marco de la jornada de homenaje a Néstor Kirchner organizada el por gobierno, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, tanto Alberto Fernández -en el acto realizado en Morón- como Cristina Kirchner -a través de su cuenta de Twitter- destacaron el pago de USD 9.800 millones al FMI, ejecutado por el expresidente en diciembre del 2005, mostrándolo como un supuesto gesto de soberanía nacional. Sin embargo, esta política de rescate de la deuda usuraria está en la base de la quiebra estatal, fuente de innumerables privaciones para las mayorías populares.
Los voceros oficiales preconizan haberle pagado en efectivo al FMI en aquella ocasión, con el argumento de que a partir de entonces se puso fin a la tutela del organismo sobre las cuentas nacionales. No obstante, significó un drenaje de las reservas líquidas del Banco Central, las cuales disminuyeron de USD 28.000 millones a USD 18.575 millones. Es decir, en lugar de destinar esa suma de dinero para emprender un rumbo de desarrollo nacional y resolver las necesidades sociales, se priorizó rescatar una deuda ilegítima. Hipoteca que se arrastra desde el golpe de Aramburu en 1956 y que fue multiplicada por la dictadura genocida del 76, época en la cual, además, se estatizó una deuda privada por USD 14 mil millones. A su turno, esta sangría de divisas al servicio del pago de la deuda terminó con un cepo cambiario en 2011, como respuesta del gobierno de CFK al derrumbe de las reservas del BCRA.
De esta manera, Néstor Kirchner se convirtió en el presidente que más dinero le pagó al FMI. A los USD 9.800 millones hay que sumarle otros USD 13.212 millones abonados al organismo entre 2003 y 2005, en concepto de capital e intereses. Las prioridades eran muy claras: a modo de ejemplo, el primer gobierno kirchnerista utilizó USD 2.160 millones -$6.200 millones al cambio de ese momento- para pagarle al FMI entre enero y diciembre de 2005, cifra superior a los $5.082 millones presupuestados ese año para educación y a los $3.370 millones asignados para viviendas (Universidad Torcuato Di Tella, 2005).
Esta política, sin embargo, no redundó en un desendeudamiento del país. Por el contrario, la deuda pública pasó de USD 126.400 millones en 2006 a USD 240.000 millones en septiembre de 2015, cuando finalizaba el segundo mandato presidencial de CFK. Sucede que la deuda es impagable debido a su carácter usurario, donde cada aplazamiento va acumulando nuevos intereses. El kirchnerismo, lejos de desendeudarse, lo que hizo a partir de 2008 fue canjear los títulos de deuda en manos de privados por nuevas deudas contraídas con el Banco Central y la Anses, las cuales son más fáciles de refinanciar por tratarse de un endeudamiento intraestatal. Por otro lado, a contramano del relato oficial, los megacanjes del 2005 y 2010 incrementaron el caudal de deuda, ya que la quita fue compensada por los cupones atados al crecimiento del PBI que otorgó el gobierno. Finalmente, se trató de una enorme concesión a los acreedores que habían comprado esos bonos defaulteados a precio de remate.
Este vaciamiento sistemático de las arcas del Estado en beneficio del capital financiero entró en colisión con una merma en el ingreso de dólares al país, como producto del descenso de los precios internacionales de las commodities. Así es como la clase capitalista comenzó a bregar por la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento para financiarse. El kirchnerismo había preparado las condiciones para reingresar al mercado de crédito internacional; en ese sentido, llevó adelante los megacanjes de 2005 y 2010, le pagó al FMI y arregló con el Club de París en 2014. Macri continuó la tarea pagándole a los Fondos Buitre y luego, en 2018, contrajo el préstamo con el FMI por la friolera de USD 45.000 millones.
Ahora, el Frente de Todos se apresta a rescatar esta estafa a partir de un acuerdo con el FMI, al cual ya le pagó, desde que asumió en 2020, vencimientos por USD 3.863 millones. La afirmación de Alberto Fernández, en su discurso en el acto en Morón, de que “no cerramos un acuerdo con el FMI porque no nos vamos a arrodillar para pagar una deuda” es una impostura, ya que las exigencias gubernamentales en la negociación giran en torno a la eliminación de la sobretasa -que, por otra parte, viene reconociendo en cada pago- y a la extensión de los plazos, sin embargo, el oficialismo pretende pagar la totalidad del monto adeudado a pesar de su carácter fraudulento. A su vez, la reestructuración en puertas se hará sobre la base de cumplir con la receta del FMI, que incluye un mayor ajuste sobre el gasto público, a fin de mostrar garantías de pago, y las mentadas reformas “estructurales” (laboral y jubilatoria).
Además, es sabido que los “planes económicos” auspiciados por el Fondo han derivado en profundas crisis a lo largo de la historia de nuestro país, agravando las condiciones de vida del pueblo trabajador. Sin ir más lejos, el FMI apoyó el “Plan Austral” y el “Plan Primavera” de Alfonsín, que culminó en la hiperinflación de 1989, y la convertibilidad del menemismo (blindaje incluido), que desembocó en el default del 2001.
Un nuevo acuerdo con el FMI solo beneficiará a una minoría social. Persigue la finalidad de contraer nueva deuda en dólares para pagar deuda vieja, lo que constituye un callejón sin salida. Como contrapartida, implicará un duro golpe para la población trabajadora y dará lugar a un mayor sometimiento nacional.
En síntesis, en 2006 se “fueron del país las oficinas del Fondo”, pero no sin antes llevarse un botín extraordinario, para luego regresar, años después, con más ajuste bajo el brazo. Como vemos, la bancarrota nacional es producto de haberle pagado sistemáticamente al FMI, orientación que el gobierno está decidido a perpetuar.
Por lo tanto, para salir de la encerrona planteada debemos romper definitivamente con esta usina del imperialismo, repudiar la deuda usuraria y nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior, de modo tal que podamos cortar con el saqueo nacional y destinar los recursos en desarrollar al país y resolver las demandas de nuestro pueblo, víctima de sucesivos agravios por parte de todos los gobiernos. El sábado copemos la Plaza de la Izquierda para reforzar una salida política de los trabajadores a la crisis.
Sofía Hart
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