sábado, marzo 26, 2022

La “receta” antiinflacionaria del Instituto Patria, un saludo a la bandera


El kirchnerismo no tiene un planteo alternativo al FMI y a sus políticas inflacionarias. 

 El Instituto Patria, centro de investigación y usina del pensamiento K fundado y presidido por Cristina Kirchner, acaba de publicar un paper titulado “Precio de los Alimentos e Intervención Directa del Estado Nacional, Análisis y recomendaciones preliminares”, el cual contiene una serie de prescripciones para bajar la inflación en alimentos de aquí a 2023. El reporte no solo plantea medidas de dudosa aplicación ya que van en sentido contrario a la orientación del gobierno, sino que además, la receta que brinda es limitada puesto que no sale de los márgenes del programa impuesto por el FMI, con lo que tampoco significaría una solución al alza inflacionaria. 
 Una cuestión llamativa del informe es que los autores no ocultan los apetitos electorales que motivaron su elaboración, al afirmar que “consideramos que el control de la inflación de los alimentos y otros productos que integran la canasta básica será una de las variables principales que definirá el resultado de las elecciones 2023”. El kirchnerismo es consciente que la disparada en los alimentos funciona como catalizador del descontento popular, y, por lo tanto, omitiendo que son corresponsables de los altos índices de pobreza, buscan mostrarse como los portadores de la solución a la carestía acuciante y como un factor de presión al interior del gobierno para que este tome medidas más “radicalizadas”. Toda una maniobra en pos de desligarse de los costos políticos del ajuste dictado por el FMI, pero sin presentar un programa alternativo. Al punto tal, que este paper lo dan a conocer un día después del 24 de Marzo, donde el sector kirchnerista dejó de lado sus supuestas recriminaciones a la gestión presidencial para confluir en el acto oficialista donde cualquier crítica al acuerdo arribado con el Fondo estuvo completamente ausente. 
 En ese sentido el texto comienza diciendo que “a las múltiples causas que dan origen al proceso inflacionario para el conjunto de los bienes transables (déficit fiscal, emisión monetaria, cotización del dólar, expectativas económicas, entre las principales)”, en el caso de los alimentos se sumaría “la existencia de mercados internacionales de futuro para todos y cada uno de las commodities de origen agropecuaria, la estructura monopólica que caracteriza tanto a los exportadores de esos commodities, como a los productores de alimentos” y factores ligados a la estacionalidad y eventos climáticos. Sin embargo, en ningún momento se cuestiona que, mientras el FMI promueve “bajar” la inflación disminuyendo la emisión monetaria a partir de ajustar el gasto público, propicia la suba del dólar sin reparar en sus efectos inflacionarios. Por otra parte, el paper lejos está de proponer terminar con el control privado del comercio exterior o avanzar en la apertura de los libros de los pulpos alimenticios, en función de combatir el impacto que tiene el precio de las commodities en los precios internos y la concentración económica mencionada. 
 Entonces, en lugar de abordar esos aspectos que están en el corazón del espiral inflacionario, el informe se va por la tangente, centrándose en cuestiones laterales para evitar ir al hueso del problema, lo que significaría una confrontación a fondo con el gran capital y el FMI, algo que el kirchnerismo no está dispuesto a hacer. En el camino, cae en el ridículo de proponer el reforzamiento de iniciativas que ya están vigentes, como la Ley de Góndolas, Precios Cuidados y los fideicomisos, y que han dado sobradas muestras de su fracaso a la hora de controlar los precios. 
 Por otra parte, el Instituto Patria plantea dejar intacto el secreto comercial de los capitalistas formadores de precios que intervienen en toda la cadena de valor, y, en lugar de abrir sus libros a fin de evaluar los costos reales, pretende reducir costos de logística e intermediación a partir de montar “canales cortos de comercialización”, léase, ferias en los barrios que vendan alimentos más baratos. Una reedición del anodino Mercado Federal Ambulante, que, a la luz de la experiencia, no evitó ningún aumento. 
 Luego, el documento esboza un plan de incentivos a los pequeños productores en función de aumentar la oferta de alimentos, y, al mismo tiempo, “defender la competencia”. Por otro lado, defiende la suba de retenciones a los granos como mecanismo para desacoplar los precios internos de los internacionales. Sin embargo, son dos cuestiones que están completamente por fuera de la agenda gubernamental, orientada a congraciarse con el capital agrario, fuente de divisas para pagarle al FMI. A su turno, el kirchnerismo no explica de dónde provendrán los recursos para llevar adelante esas políticas pretendidamente “keynesianas” sin romper con el Fondo, teniendo en cuenta que el rescate de esa deuda impagable no hará más que acentuar la quiebra del Estado, sin embargo, el ala cristinista se propone pagarla en su totalidad. Con lo que la simple mención de esas medidas resulta poco serio, reduciéndose a un mero “saludo a la bandera”.
 Es tan inconsistente la “receta antiinflacionaria” del kirchnerismo, que en un momento desestima la posibilidad de crear una Empresa Nacional de Alimentos (ENA) -pensada en contraposición a la estructura monopólica imperante en la industria alimenticia- dado que “que generaría una enorme burocracia, requeriría una inversión difícil de financiar y no llegaría a materializarse para 2023”, reconociendo que para que dicha empresa tenga alguna incidencia debería acaparar una porción importante del mercado y eso requiere un nivel de financiamiento estatal que es incompatible con el ajuste que el exige el FMI. A su vez, el texto afirma de manera bochornosa que la existencia de una ENA “no garantiza en modo alguno el control de los precios al consumidor final de sus productos. YPF es un ejemplo, tanto de eficiencia empresaria, como de la inutilidad de ese objetivo”, refiriéndose a que la petrolera “de bandera” se encuentra a la cabeza de los naftazos. Una confesión verdaderamente autoincriminatoria por parte de quienes presentaban la mayoría estatal de YPF como un acto de soberanía nacional al servicio del pueblo. Más aún considerando que el presidente de YPF Pablo González, autor de los sucesivos aumentos del combustible, pertenece a la fracción kirchnerista de la coalición gobernante, al igual que los escribientes del Instituto Patria.
 Como si esto fuera poco, luego de admitir que la creación de una Empresa Nacional de Alimentos en realidad no servía para nada y que ni siquiera hay condiciones para financiarla, los autores recomiendan “replicar la experiencia de pequeñas empresas estatales provinciales que producen o comercializan alimentos” sabiendo de antemano que no serán efectivas para bajar los pecios y que quedarán condenadas a la marginalidad ante la falta de recursos. A todas luces, el nivel de improvisación y “sarasa” no podría ser mayor.
 Como vemos, la mentada “Intervención Directa del Estado Nacional” que propone el Instituto Patria para reducir la inflación en alimentos es lisa y llanamente una estafa a los fines de disimular que el kirchnerismo no deja de ser una corriente subordinada al FMI, y, por consiguiente, es incapaz de oponerse de manera consecuente a la hoja de ruta trazada por el organismo, la cual está repleta de políticas inflacionarias. A pesar de que busquen diferenciarse, la “guerra” contra la inflación del riñón cristinista es igual de falaz que la anunciada por Alberto Fernández. 
 Solo será antiinflacionario un programa que incluya la nacionalización del comercio exterior y la banca bajo control obrero para, entre otras cosas, desacoplar los precios internos de los internacionales y frenar la fuga de capitales, y la apertura de los libros de la cadena comercial a fin de evitar sobreprecios. Es decir, un programa de los trabajadores orientado a reorganizar económicamente el país sobre nuevas bases, contemplando la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda. Esos mismos trabajadores que deben ganar las calles de inmediato en defensa de sus ingresos, por un salario mínimo de $130 mil, paritarias sin techo con aumentos indexados a la inflación y la abolición de impuestos al consumo como el IVA. Un planteamiento ajeno al kirchnerismo y a todas las fuerzas políticas del régimen que empobrecen a la población.

 Sofía Hart

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