Los centros penitenciarios privados en Estados Unidos son una fuente constante de ingresos económicos, de los cuales se benefician los dueños de estas prisiones, al tiempo que cometen violaciones a los derechos humanos con los reclusos.
El Gobierno paga a los propietarios o gestores de las cárceles por prisionero, lo que incentiva a que las empresas vinculadas a la actividad vean esto como un «gran negocio».
En general, la cifra de reclusos de EE. UU., considerada la mayor del mundo, con alrededor de 1 767 200 presos, supera a la de China, Brasil y la India, también en posiciones de liderazgo, en ese orden, según Fact Protocol, un sistema de verificación para enfrentar las noticias falsas y la desinformación.
El investigador Raúl Guillermo Benítez, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró a la agencia de noticias Xinhua que al menos 120 000 reos están en prisiones manejadas por compañías no estatales pues en la nación la ley permite a los gobiernos locales rentar las cárceles a privados, y que ellos sean los administradores.
«Esto es un círculo vicioso, porque muchos gobernantes se ponen en contacto con los dueños de estas empresas y tienen intereses pactados», señaló.
Guillermo Benítez subrayó que las principales víctimas son personas de bajos ingresos y minorías étnicas, lo que convierte a estas prácticas en discriminatorias, que violentan los derechos humanos.
Datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ice, por su sigla en inglés) refieren que, para finales de enero de 2022, cuando la pandemia de la COVID-19, más de 3 000 inmigrantes detenidos en prisiones no estatales estaban contagiados, dato que refleja la falta de cuidados médicos a esos reclusos.
Las cárceles estadounidenses son un negocio en el que el mismo Estado permite que sus ciudadanos sean sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud. Por otra parte, la paga a los presos, por trabajar, es de 0,23 centavos de dólar la hora, según Global Research, y si se niegan, los encierran en celdas de aislamiento.
Otros estudios de organizaciones independientes de derechos humanos dentro del propio EE. UU. demuestran, también, que la seguridad en cárceles privadas es inferior a las públicas, y que los asaltos o incidentes internos en muchos casos se han duplicado.
O sea, no solo son encarcelados, sino que ni siquiera estarán seguros mientras esperan la llegada de su libertad.
El problema es antiguo. Desde inicios del siglo XXI, la Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades de Connecticut incluyó en un informe la preocupación de sus ciudadanos en relación con muchos aspectos del trato que recibían los presos.
Otro ejemplo fue, desde inicios del 2000, cuando el Proyecto Nacional de Prisiones y la sección de Connecticut de la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles presentó una demanda alegando que los presos del estado de Virginia, encarcelados en Wallens Ridge, eran objeto de castigos crueles y arbitrarios que violaban la constitución estadounidense.
La política penitenciaria estadounidense es un engranaje clave de su sistema económico. Las cárceles ocupan el tercer lugar como fuente de mano de obra, en tanto los derechos humanos de los presos quedan a expensas del dueño de su prisión... ni siquiera del Estado. Son ironías del país que dice ser guardián de los derechos humanos universales.
Jessica Escandell Nuviola | internet@granma.cu
28 de julio de 2024 23:07:18
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