“El veto es una facultad constitucional, hay que dejar de patalear”, dijo Máximo Kirchner en un acto que encabezó el viernes pasado en el club Atenas de La Plata. Fue un respaldo al gobierno que reprime a los jubilados, y una convocatoria a dejar pasar el veto anunciado a la ley de financiamiento universitario, cuando se prepara una masiva manifestación para enfrentarlo. En concreto, llamó a darle la espalda a la lucha popular contra Milei.
El veto es una facultad que tienen los presidentes para rechazar total o parcialmente la promulgación de leyes o decretos provenientes del Congreso. No obstante, en Argentina, así como también en otros países, el Congreso puede rechazar los vetos si reúne 2/3 de los votos en ambas cámaras para hacerlo; en última instancia, la marcha de los acontecimientos siempre estará condicionada por la rosca entre los partidos del régimen, el propio desarrollo de la crisis política y económica, y por la lucha de clases. Para vetar el aumento a los jubilados, Milei compró los votos de varios legisladores, ofreciéndoles cargos jerárquicos en distintas dependencias estatales; y contó con la complicidad de las burocracias peronistas de la CGT y las CTAs, que no convocaron un paro en defensa de las jubilaciones. El presidente anunció que vetará la ley que estipula un aumento del presupuesto universitario y busca reunir el apoyo de una parte de la oposición (PRO-UCR) para lograrlo.
Los vetos son parte del arsenal de superpoderes que tiene el presidente. En Argentina reina un régimen presidencialista, fuertemente autoritario, en el que el Jefe de Estado puede decidir despóticamente la validez de una ley y dictar otras a través de la promulgación de decretos de necesidad y urgencia. El autoritarismo y el bonapartismo del régimen político argentino se reforzó en 1994 tras la implementación de la reforma constitucional negociada en el Pacto de Olivos entre radicales y peronistas, que estableció la posibilidad de que el gobierno de turno sea reelegido en los comicios nacionales, revalidó los DNU (el presidente puede utilizarlos para declarar el estado de sitio o legislar en materia laboral), posibilitó la aplicación parcial de leyes por parte del Ejecutivo e instauró el balotaje.
Los gobiernos han utilizado los vetos para hacer primar el ajuste y los ataques de la clase capitalista contra los trabajadores. CFK vetó el 82% móvil para los jubilados diciendo que su implementación iba a conducir a la Argentina al default. Milei vetó el aumento de los haberes y quiere hacer lo mismo contra el incremento del presupuesto universitario votado hace poco en el Congreso para lograr el déficit cero y garantizar el pago de la deuda externa. Estamos ante un régimen que busca reunir a toda costa los recursos para garantizar el enriquecimiento de un puñado de parásitos capitalistas y acreedores internacionales. En su momento, Alfonsín usó el veto para eliminar la Ley de Estabilidad que protegía a los trabajadores bancarios. Menem y De la Rúa también recurrieron a vetazos para atacar a los jubilados y Macri hizo lo propio para denegar una ley antidespidos. Y la lista sigue.
Todo esto delata el carácter antidemocrático de la democracia capitalista. Con 87 diputados (en la cámara hay 257) que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria, Milei impuso la voluntad de los capitalistas y su gobierno de atacar a los jubilados y los trabajadores activos. Que el presidente pueda disponer de estas facultades reaccionarias no quita que el parlamento actual sea una usina de los capitalistas para hacer pasar leyes que refuerzan su poderío y aumentan sus ganancias a costa de la pobreza y la indigencia de la mayoría del pueblo. Los trabajadores solo podremos hacer primar nuestros intereses sociales si destruimos este régimen y ponemos en pie uno nuevo en el que seamos la clase dominante.
También demuestra el carácter reaccionario de la orientación del kirchnerismo, que quiere evitar que el pueblo salga a las calles para derrotar el plan motosierra del gobierno criminal-libertario. En esta línea, Cristina viene de reunirse con sindicalistas, a los que llamó a no impulsar planes de lucha porque enfrentarían “a los trabajadores con la sociedad“. Una posición derechista, antisindical y antihuelga funcional al gobierno Milei.
El 2 de octubre será la segunda marcha nacional educativa y posiblemente se discuta en el Congreso el veto de Milei al aumento del presupuesto universitario. La clave para los trabajadores y la juventud es hacer todo lo contrario a lo que pregonan Cristina y su hijo. Hay que salir a luchar para derrotar el veto y defender la educación pública y militar para organizar una movilización popular que una a los trabajadores y tenga como objetivo derrotar al gobierno antiobrero y a sus cómplices.
Nazareno Suozzi
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