Bolsonaro, jefe de una banda fascista enquistada en el poder civil y militar

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y 33 militares y asesores de su gobierno fueron acusados por el fiscal Paulo Gonet, por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal, entre otros delitos. Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de cárcel. La acusación se basa en una investigación de la Policía Federal que concluyó en noviembre pasado. El informe de 900 páginas describe una compleja red orquestada desde la Presidencia para desconocer la derrota electoral ante Luiz Inacio “Lula” da Silva, que incluía el asesinato del binomio presidencial Lula-Gerardo Alckmin y del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes. Entre los imputados se encuentran el militar retirado Walter Braga Netto, que fue candidato a vicepresidente en 2022, junto a varios de sus ministros y un antiguo jefe de la Marina. Braga Netto, preso desde noviembre pasado, junto a otros cuatro militares por intentar influir en las investigaciones. Es el primer general de cuatro estrellas encarcelado en la historia del país.

 Uno de los principales aportes que ha recibido la justicia brasileña ha sido la confesión del teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, excolaborador de Bolsonaro. 

Barbosa revela una amplia red de connivencia entre servicios secretos, fuerzas armadas y funcionarios civiles. Su testimonio sido reproducido por los principales medios del país. Barbosa detalla todos los vaivenes de la tentativa golpista y las divergencias y contradicciones al interior de la camarilla de conspiradores. Precisamente fueron esas divisiones las que determinaron el fracaso del golpe. Por eso Lula ha dicho que “hay que distinguir voluntades individuales de la actitud de las Fuerzas Armadas”. 

 La defensa de Bolsonaro ha impugnado el testimonio de Barbosa Cid. Acusa a Moraes, además, de parcialidad y prejuzgamiento, en una causa que investiga un presunto intento de asesinato contra su propia persona. 

 Moraes, en el pasado reciente, ocupó un lugar clave en las investigaciones del “lava jato” que habilitaron el golpe de Estado contra Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula en 2018. Desde 2022, sin embargo, se convirtió en impulsor de las causas contra Bolsonaro. Como presidente del TSE, dictó la suspensión de derechos políticos para Bolsonaro hasta 2030, por “abuso de poder”. También dictó múltiples bloqueos a cuentas de la plataforma X que emiten posiciones fascistas en favor de Bolsonaro o defienden la intentona golpista. 

 En el campo político, Bolsonaro y sus hijos se encuentran a la ofensiva de eliminar o reformar la ley de “Ficha Limpia”, impulsada por ellos mismos en 2010 contra la corrupción del PT. Denuncian que “Ficha Limpia” es utilizada para “censurar a los candidatos de la derecha”. 

 La ofensiva judicial contra Bolsonaro tiene lugar en vísperas de la contienda electoral presidencial de 2026. Bolsonaro busca sortear las trabas judiciales para candidatearse nuevamente. Espera capitalizar en Brasil el ascenso de la derecha internacional. Las encuestas ofrecen hoy una leve ventaja de intención de voto a Bolsonaro sobre Lula, lo que ha encendido las expectativas de la derecha y las alarmas del gobierno.

 La única que puede derrotar a los golpistas definitivamente es la clase obrera brasileña. La lucha por la cárcel a los golpistas es el primer peldaño para defender las libertades democráticas contra la barbarie del capital.

 Joaquín Antúnez 

 24/02/2025